Conclusiones de la IV Conferencia Nacional de Jueces

Más de 600 magistrados de todo el país participaron de la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces, que se realizó durante los días 2 y 3 de septiembre en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires.

En el acto de cierre fueron leídas las conclusiones del encuentro. El documento afirma que “todos los magistrados presentes en la conferencia nacional de jueces declaran en forma unánime que la independencia del poder judicial es una garantía del ciudadano para que sus derechos sean respetados y se pongan límites a los poderes para un adecuado equilibrio republicano”.

Asimismo, el documento asegura que “resulta imprescindible aumentar la cantidad de jueces en todas las jurisdicciones, siguiendo para ello criterios objetivos basados en la cantidad de causas, consultándose a tales fines a todos los poderes judiciales”.

En tanto, durante la jornada también se presentaron dos proyectos: uno de ellos impulsa la creación de un Fondo Estructural para el desarrollo de la Justicia, que “consiste en la creación de un instrumento de desarrollo que a su vez se compadezca con el sistema jurídico, político federal, que esté disponible para ser utilizado por las provincias pero sin afectar la autonomía de estas, y que a su vez se ligue con parámetros objetivos que puedan permitir el avance de los programas “por tramo” y con monitoreo de resultados”.

Por otro lado, el otro proyecto garantiza la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, y propone “cambios de la legislación vigente, los cuales permitirán ampliar los alcances de la autarquía judicial para darle un real significado y dar efectividad al desempeño del Poder Judicial en el contexto de un real equilibrio entre poderes, necesario para acentuar la vigencia del Estado de Derecho y, con él, la de los Derechos Humanos”.

CONCLUSIONES DE LA IV CONFERENCIA NACIONAL DE JUECES.
BUENOS AIRES, SETIEMBRE DE 2010.
En la conferencia nacional de jueces se han reunido magistrados de todo el país y de
todas las instancias, los que, luego de un debate sobre los distintos tópicos del programa,
llegaron a las siguientes conclusiones:
CONCLUSIONES GENERALES.
Todos los magistrados presentes en la conferencia nacional de jueces declaran en
forma unánime que la independencia del poder judicial es una garantía del ciudadano para que
sus derechos sean respetados y se pongan límites a los poderes para un adecuado equilibrio
republicano. En este sentido, el poder judicial es la principal defensa que tienen los argentinos
para vivir en una sociedad igualitaria y en libertad a lo largo y ancho del país.
Para que esto sea posible necesitamos que los jueces sean elegidos por sistemas que
sean transparentes, donde el mérito prevalezca como criterio central, desplazando las
influencias políticas indebidas.
Asimismo, resulta imprescindible aumentar la cantidad de jueces en todas las
jurisdicciones, siguiendo para ello criterios objetivos basados en la cantidad de causas,
consultándose a tales fines a todos los poderes judiciales. Esta inmediación con el litigante es
fundamental para que el servicio de justicia tenga la irremplazable presencia de un juez
imparcial.
También resulta esencial que se cubran las vacantes de todos los juzgados y que se lo
haga de modo rápido, a fin de evitar los atrasos en la tramitación de las causas. Sin perjuicio de
admitir la relevancia de la designación de jueces subrogantes para cubrir necesidades
temporarias, no es posible que ello sea transformado en una regla que debilite la garantía de
estabilidad, porque esto perjudica a los propios justiciables.
Sostenemos que debe disminuirse la litigiosidad innecesaria y para ello consideramos
que deben existir menos discursos y leyes que no se aplican y más políticas públicas
destinadas a resolver los problemas concretos de los ciudadanos.
Los principios constitucionales de autonomía presupuestaria, inamovilidad en los cargos
y de intangibilidad de las remuneraciones constituyen los principios básicos en que se basa la
independencia del Poder Judicial. Su sostenimiento constituye, en última instancia, la defensa
del equilibrio de poderes diseñado por la Constitución Nacional.
En este sentido, se ha resuelto dialogar con los demás poderes del estado a fin de
impulsar dos proyectos de ley que se describen a continuación:
1) Propuesta de proyecto de ley de fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial
de la Nación, en el que se sostiene la autonomía presupuestaria del Poder Judicial así
como las facultades reglamentarias para el ordenamiento de superintendencia. (Se
encuentra disponible en la pagina del CIJ)
2) Propuesta de ley para la creación de un fondo estructural para el desarrollo de las
justicias provinciales . Es necesaria la presentación de un proyecto legislativo nacional
que establezca un fondo estructural para garantizar –en aquellas jurisdicciones que no
alcancen los mínimos suficientes- mecanismos de compensación que corrijan las
asimetrías con el fin de mejorar los tiempos procesales y la eficiencia en le manejo de
los recursos; incorporar tecnología necesaria y afinar la comunicación con la sociedad,
de modo tal de garantizar la tutela judicial efectiva, y lograr la auténtica realización del
valor justicia. Como se sostuvo en la II conferencia nacional de jueces, la autarquía
presupuestaria plena es garantía de la independencia judicial y “debe contar con pisos
porcentuales de mínima, normativamente establecidos, que garanticen efectivamente el
adecuado funcionamiento del poder judicial” (el proyecto se encuentra disponible en la
página del CIJ).
INFORMES SOBE LA EJECUCION DE LAS POLITICAS DE ESTADO APROBADAS EN LAS
CONFERENCIAS NACIONALES ANTERIORES.
ACCESO A JUSTICIA.
1. Las nuevas políticas publicas elaboradas por la CSJN ne materia de acceso a justicia y
violanecia domestica han permitido la implemnetacion de programas de información
publica y la adecuación del lenguaje de los medios de comunicación y dela población
sobre la tematica.
2. La mayoría de los jueces del país, en todos sus niveles, ha asumido un rol de liderazgo
en el proceso de cambio a fin de proporcionar mayor acceso a justicia.
3. Los jueces han tomado conciencia del reclamo de la ciudadanía y los medios de
comunicación en relación a una administración de justicia más rápida y eficaz y están
implementando diversos proyectos para dar una adecuada respuesta a todas las
necesidades.
4. La Comisión Nacional de Acceso a Justicia ha cumplido con éxito la primera etapa de
los objetivos fijados, que consistió en la elaboración de un mapa de situación que
permite conocer los sistemas y métodos de acceso a justicia existentes en las distintas
jurisdicciones del país.(Disponible en la página www.cij.gov.ar y www.csjn.gov.ar)
5. La Comisión se encuentra actualmente trabajando en la segunda etapa, que consiste en
la difusión de los métodos de acceso a justicia y promoción del diálogo entre las
distintas jurisdicciones, con el fin de colaborar en la implementación de aquellas
experiencias más exitosas.
6. Se ha realzado el papel de los jueces de paz de todo el país y se está cumpliendo con
la adecuada provisión de medios y capacitación.
7. La Oficina de Violencia Doméstica creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
arroja excelentes resultados y se está replicando en todas las provincias de nuestro
país, también con resultados muy satisfactorios.
8. Debe implementarse la mediación obligatoria en los juzgados federales de todo el país,
en cumplimiento del artículo 43 de la ley 26.589.
POLITICA DE GENERO.
En primer término la Dra. Carmen María Argibay contó algunas de las
actividades emprendidas por la oficina de la Mujer. Explicó que se había confeccionado un
mapa de género de la justicia argentina, mediante el cual se había detectado que si bien la
composición en todos los poder Judiciales, tanto en el orden nacional, federal como provincial
era mayoritariamente femenina, la distribución de cargos por sexo exhibía una segregación
vertical. Esto es, las mujeres no se encontraban representadas en los cargos más altos en la
misma proporción que los varones. Incluso muchos superiores tribunales de provincias y
cámaras tenían una integración exclusivamente masculina. Luego pidió al público atención y
se exhibió parte de una obra teatral “Balanza Rota” El espectáculo trató el tema de la
revictimización que sufren las mujeres víctimas de abuso sexual, violencia doméstica o
crímenes sexuales cuando acuden al sistema judicial. Finalmente refirió que la Unidad de
Capacitación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
trabajado para crear una herramienta que permita a los diferentes actores del sistema de
justicia hacer la necesaria reflexión conjunta para desterrar en toda práctica y/o relación
cualquier sesgo patriarcal que reproduzca la desigualdad.
Para ello, con el respaldo del Sistema de Naciones Undias en Argentina se desarrolló un plan
para incorporar la perspectiva de género en todo el país que dará inició el próximo lunes, del
que se exhibió un video explicativo.
GESTION E INFORMATICA.
En la comisión se informaron los avances sobre el plan de informatización de la justicia
federal y nacional, que es el más importante de la historia del país, impulsado en una acción
conjunta de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion y el Consejo de la Magistratura. Se
inauguró un data center con capacidad para concentrar la información de todo el país, un
sistema de notificaciones y pagos electrónicos, firma digital, se distribuyeron ocho mil
computadoras, doscientos scanners para comenzar la digitalización de expedientes y se hizo
una demostración de comunicación con los principales centros del país a través de
videoconferencias. Por otra parte se presentó el plan nacional de gestión, con los instrumentos
para una gestión moderna de los juzgados de todo el país. En el campo de las justicias
provinciales se mostraron las experiencias de mesa de entradas única realizado en la provincia
de mendoza, mientras que la provincia de buenos aires hizo un informe sobre los desarrollos
efectuados en el campo de la gestión.
PRENSA.
En la comisión Prensa y Poder Judicial se reafirmó que la relación con la prensa como
un medio para comunicarse con la sociedad es una política de estado del poder judicial. En ese
sentido se aprobó por unanimidad la importancia de la agencia de noticias del poder judicial
(CIJ), como un instrumento de transparencia informativa.
Se analizaron en dos paneles, integrados por jueces y periodistas, los avances en
materia de política comunicacional del Poder Judicial. Asimismo se presentó un informe
multimedia de la cobertura periodística que realizó el CIJ –la Agencia de Noticias del Poder
Judicial- en casos de alto impacto en la opinión pública como lo fueron Lapa, Cromañón,
Riachuelo y los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En el mismo marco se anunció la puesta en marcha de la primer delegación del CIJ en
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital.
Jueces y periodistas coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo que vienen
realizando tanto la Corte como el resto de los tribunales en materia de acercamiento
comunicacional a la sociedad.
Comisión de implementación de los derechos económicos/sociales
Es necesaria la implementación efectiva de los derecho económicos y sociales a través de
mecanismos de diálogo entre poderes e intrapoderes a fin de encontrar un puente entre la
decision judicial y su cumplimiento.


Fondo Estructural para el desarrollo de la Justicia
Establecido el hecho de que es el Estado Nacional el primer responsable del
aseguramiento de las garantías judiciales contenidas en Tratados, Convenciones y Pactos
(8.1 C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C.y D., entre otros) y que no puede excusar el
incumplimiento amparado en las características propias de la organización federal, cabe
determinar qué se debe hacer frente a dicha situación ante realidades tan distintas y
complejas en todo el país. Por esta razón nace esta propuesta que tiene como objeto la
creación de un FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUSTICIA; el cual
estaría conformado con recursos de la recaudación primaria y se ofrecería como
disponible para las provincias contra presentación y aprobación de proyectos que
propongan mejoramiento en los estándares de aplicación de las garantías judiciales del
bloque de constitucionalidad. Así los proyectos estarían orientados a la mejora en el
acceso a la jurisdicción, en la tutela judicial efectiva, la disminución de los promedios
temporales de juzgamiento (mejora en los parámetros de plazo razonable) avances en la
separación de los roles procesales que distingan la función de la acusación e investigación
respecto de la función de juzgamiento (independencia e imparcialidad del juzgador)
Los sistemas judiciales en el país tienen aplicado sus presupuestos para sostener
el funcionamiento “de lo existente”, de modo que resulta hoy imposible encarar las
medidas de transición que permitan avanzar y profundizar en la demorada reforma judicial,
al punto de convertir a esta en una tarea voluntarista. De cada 100 pesos de presupuesto
se aplican, -en promedio- 82 pesos a pago de sueldos, 16 pesos a gastos corrientes de
funcionamiento y 2 pesos a bienes de capital, equipamiento y conservación de edificios.
Se aprecia claramente que este modelo rígido de distribución y ejecución presupuestaria
impide pasar las experiencias y proyectos de innovación y cambio, de la escala
experimental o “piloto” a una escala de impacto en las grandes cifras de la litigiosidad.
Así como en el siglo pasado la Nación se comprometió en el diseño y
sostenimiento de la educación publica (primeras décadas del siglo XX) y de la salud
publica no meramente hospitalaria (mediados del siglo XX) al punto de adecuar estas
funciones esenciales del Estado a la realidad social de la época, con la ideación de
aparatos inclusivos y de intervención temprana en estrategias de distintos niveles de
complejidad; entendemos que nos encontramos frente al tiempo histórico de la justicia, en
donde el desarrollo armónico y sostenido de los estándares mínimos de las garantías
judiciales en todo el país no puede quedar librado al exclusivo esfuerzo de las provincias
ni a variables, azarosas y desgobernadas sincronización.
El desafió consiste en la creación de un instrumento de desarrollo que a su vez se
compadezca con el sistema jurídico, político federal, que este disponible para ser utilizado
por las provincias pero sin afectar la autonomía de estas, y que a su vez se ligue con
parámetros objetivos que puedan permitir el avance de los programas “por tramo” y con
monitoreo de resultados.

FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Fortalecimiento de La Justicia

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