Aunque prosperara en la Legislatura la reforma del Código de Convivencia propuesta por el jefe de gobierno, Mauricio Macri, para endurecer las penas contra quienes cortan calles, la modificación podría no tener efectos prácticos.
Sucede que, según cifras oficiales del Ministerio Público, de las causas iniciadas entre 2006 y 2009 por obstaculizar la circulación de vehículos en la vía pública, el 75,6% concluyó con el archivo de las actuaciones.
Si bien el total de casos por obstrucción de la vía pública engloba tanto las protestas callejeras como, por ejemplo, la presencia de volquetes que también traban el tránsito, voceros de la Fiscalía General de la ciudad admitieron que la mayoría de las causas corresponden a cortes de calle y que la alta proporción de expedientes archivados obedece a que, en muchas ocasiones, se termina descubriendo que los manifestantes habían dado algún tipo de aviso, aunque no necesariamente al gobierno de la ciudad, criterio que defiende el Ministerio Público porteño.
Los fiscales, según admitieron las fuentes, también archivan causas cuando se trata de cortes de carácter barrial o de menor magnitud, en los que no existió demasiada afectación de la circulación.
No fue, sin embargo, lo que ocurrió ayer cuando organizaciones piqueteras reclamaron frente al Ministerio de Desarrollo Social, razón por la cual estuvo cortada la Avenida 9 de Julio, en ambas manos, buena parte de la tarde.
Entre los motivos que originan el archivo de los casos por cortes de calle, figuran además la dificultades de prueba, especialmente cuando la policía labra actas sin identificar a los manifestantes, o sea, los tilda de NN. Excepto cuando el acta va acompañada de una filmación, explicaron, la identificación posterior de los participantes de una marcha es un trámite complicado.
En su artículo 78, el código en vigor prevé para quienes cortan la calle obstruyendo el tránsito penas de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o una multa de $ 200 a 1000.
La propuesta que Macri remitió a la Legislatura prohíbe en toda la ciudad de Buenos Aires participar en manifestaciones con el rostro cubierto y castiga con arresto de cinco a 20 días a los infractores.
Además, agrava las penas por la portación de palos, bastones, fierros o cadenas durante las marchas, y las sitúa entre los 10 y los 40 días de arresto.
En virtud de las cifras expuestas sobre la evolución de las denuncias al respecto, resulta difícil estimar cuánto podrán avanzar los fiscales sobre las modificaciones que ahora propone el Poder Ejecutivo.
Además del 75,6% de causas archivadas, otro 21,34% de los expedientes por obstaculizar la circulación fue recalificado de contravención a figuras consideradas faltas, como "depósito de materiales en la vía pública", "ocupación de aceras" y "abandono de materiales", entre otros. Estos casos, obviamente, son los relacionados con la colocación de volquetes o de otros objetos sobre aceras y calzadas, y no con protestas callejeras.
Según los datos oficiales, sólo el 0,45% de los casos, en promedio, fue elevado a juicio en 2006, 2007 y en 2009, mientras que en 2008 ninguno llegó a esa instancia.
Choque de derechos
Pero hay más. Si bien no existen datos estadísticos, las fuentes aseguraron que de esas escasas imputaciones que llegan a juicio, el 70% concluye en una absolución, porque los jueces suelen considerar los otros derechos constitucionales involucrados en las manifestaciones: el de peticionar ante las autoridades y el de reunión. O bien, por la supuesta ambigüedad existente sobre a qué autoridad se debe dar aviso.
Así sucedió con el piquetero Luis D´Elía, que en noviembre de 2009 fue absuelto por la Justicia porteña por la marcha que organizó de Liniers a Plaza de Mayo para reclamar lugares en las listas de diputados en las últimas elecciones legislativas.
En su fallo, la jueza contravencional Cristina Lara sostuvo que "hay confusión" y "desconcierto" entre los actores judiciales acerca de a quién hay que avisar antes de realizar una manifestación.
Esta "flexibilidad" de los jueces, dijeron los interlocutores de la Fiscalía General de la ciudad, condiciona la actuación de los fiscales que, en cierta medida, optan por conducir las causas no tanto a juicio, sino a la suspensión del proceso a prueba ( probation ).
Según las cifras proporcionadas a LA NACION, entre 2007 y 2009 el 24,7% de los casos en promedio derivó en esta salida, o sea, en la aplicación como castigo de trabajos comunitarios.
En ese sentido, entre 2008 y 2009 se impusieron reglas de conducta que retribuyeron a la comunidad en más de 150 horas de trabajo comunitario y más de 16.000 pesos en donaciones a entidades sociales.
Por ejemplo, los sancionados realizaron tareas de refacción, pintura, instalación de grifería, cableado y luz en el Centro de Atención Nº 8 y en diez aulas de la Escuela Nº 13 Dr. Alfredo Lanari.
También debieron realizar viajes gratuitos en taxi para personas mayores de edad alojadas en geriátricos del gobierno porteño, dictar cursos sobre prevención y seguridad laboral en la construcción, diseño de materiales y papelería informativa y realizar inspecciones de seguridad en 1317 obras de construcción de la Capital.
ANTECEDENTES
Marzo de 2010
Dirigentes rurales
El juez Javier Buján absolvió a Luciano Miguens, Alfredo De Angeli y otros dos dirigentes rurales por obstaculizar la circulación en una marcha, en agosto de 2009 frente al Congreso, por considerar que la autoría de la contravención no estaba probada.
Noviembre de 2009
Luis D´Elía
La jueza Cristina Lara absolvió a Luis D´Elía por la marcha que organizó de Liniers a Plaza de Mayo, para reclamar lugares en las listas de diputados en las últimas elecciones legislativas. Consideró que "hay confusión" y "desconcierto" entre los actores judiciales acerca de a quién hay que avisar antes de realizar una manifestación.
Octubre de 2009
Corte en la autopista Illia
La jueza María Martínez absolvió a dirigentes barriales por el corte de las dos manos de la autopista Illia, que protagonizaron junto con vecinos de las villas 31 y 31 bis, el 19 de noviembre de 2008, durante nueve horas y media.
Abril de 2009
Corte en la General Paz
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña revocó un fallo que había absuelto a siete sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por cortar una colectora de la General Paz durante cinco días. Los condenó a trabajo de utilidad pública por tres días.
Diciembre de 2007
A pintar escuelas
Once dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) fueron condenados a pintar escuelas y a dar clases de seguridad laboral por haber intervenido en piquetes sorpresivos que paralizaron la Capital.
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