Versión taquigráfica de sesión de Impuesto al cheque

REPÚBLICA ARGENTINA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA (PROVISIONAL) CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión –Sesión ordinaria - 14 y 15 de abril de 2010 Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, D. Julio César Cleto Cobos, del señor presidente provisional del H. Senado, senador José Juan Bautista Pampuro, del señor vicepresidente del H. Senado, senador Juan Carlos Marino y del señor presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador Daniel Fernando Filmus. Secretarios: señor D. Juan Héctor Estrada y señor D. Antonio Benigno Rins Prosecretarios: señor D. Juan J. Canals, señor D. Mario Daniele y señor D. Gustavo Carlos Vélez

SUMARIO
1. IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
2. MANIFESTACIONES
3. PLAN DE LABOR
4. ACUERDO. PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (P.E.-445/09)
5. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA
6. PLAN DE LABOR (Continuación)
7. MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTO A LOS DÉBITOS
Y CRÉDITOS BANCARIOS (O.D. N° 02/10)
8. MANIFESTACIONES
9. LEY DE MEDIACIÓN (O.D. N° 54/10)
10. CARGOS BANCARIOS DE OPERACIONES REALIZADAS SOBRE LAS CUENTAS SUELDO (C.D.-96/09)
11. CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE TRATADOS INTERNACIONALES (O.D. N° 24/10) (O.D. N° 25/10) (P.E.-368/09)
12. MANIFESTACIONES
13. PROYECTO DE LEY SOBRE USO DE RESERVAS. MOCIÓN DE PREFERENCIA (DNU 2010) (DNU 298)
14. EXPRESIÓN DE PESAR POR ACCIDENTE AÉREO
15.. APÉNDICE.

I. ACTAS DE VOTACIÓN II. INSERCIONES Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el resto figura en el Apéndice.
14 y 15 de abril de 2010 Versión Provisional
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 40 del miércoles 14 de abril de 2010: Sr. Presidente. – Habiendo quórum, comenzamos con la sesión. 1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito al señor senador por San Luis Alberto Rodríguez Saá a izar la bandera Nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor senador Rodríguez Saá procede a izar la bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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MANIFESTACIONES
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales. Sr. Morales. – Señor presidente: en labor parlamentaria, intentamos la posibilidad de un acuerdo e, inclusive, un cambio en el orden del día con el que se llega a esta sesión en cumplimiento de los artículos 27 y 28 del Reglamento de la Cámara. Dicho artículos establecen que cualquier cambio en el orden temático de las cuestiones a tratar deberá ser aprobado por el pleno, que acaba de alcanzar el quórum, para llevar adelante la presente sesión en la que vamos a lograr abordar muchos temas que son importantes para la agenda del gobierno nacional, de la oposición y de la gente. Esto fue lo conversado en la reunión de labor parlamentaria. Si bien nos tenemos que ajustar al orden del día planteado, quiero decir que se ha confeccionado un acta de labor parlamentaria que deberá ser ratificada en este ámbito en tanto y en cuanto contemos con la presencia de todos los senadores que se encuentran en la casa. Si se ha alcanzado el quórum, no hay motivos para que no estén presentes los senadores del Frente para la Victoria que se encuentran en la casa y, así, avancemos en el debate de los distintos temas previstos para el día de la fecha. El orden temático aprobado para la sesión de hoy es el siguiente: tratamiento del proyecto de ley por el que se modifica la 25.413, Ley de Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios; tratamiento del pliego de la licenciada Mercedes Marcó del Pont, por el que se propone su designación como presidenta del Banco Central de la República Argentina; y, finalmente, una serie de proyectos de resolución. Entre esos proyecto de resolución, se encuentra, en primer lugar, uno vinculado con el artículo 9° de la Carta Orgánica del Banco Central; en segundo término, un proyecto de resolución por el que se solicita la interpelación al señor ministro de Economía; y, en tercer lugar, una serie de proyectos vinculados con el decreto de necesidad y urgencia 2010. Desde la oposición, hemos atendido las peticiones y los planteos del oficialismo en oportunidad de aprobarse la estructura de las comisiones. Se había aprobado una integración de ocho representantes del Senado, con cinco miembros de la oposición y tres miembros del oficialismo. En ese sentido, frente a un planteo judicial, se accedió a una petición concreta por la cual se modificó aquella composición y se designa a cuatro miembros de cada sector. Esto fue producto de una resolución firmada por el señor presidente, porque así lo dispuso colectivamente el pleno de esta Cámara.
Ayer se realizó una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía y Finanzas en la que se decidió levantar el tratamiento, en el día de la fecha, del decreto de necesidad y urgencia 298. Es decir, se decidió eliminar un tema conflictivo y aprobar una agenda para los próximos quince días, que consta en el acta de labor parlamentaria que esperamos pueda ser suscripta por el Frente para la Victoria. Dijimos:

“Bueno; no tratemos el decreto de necesidad y urgencia, y tratamos todo el tema de reserva de aquí a quince días o en la próxima sesión”. Inclusive, con un proyecto de ley que tenga que ver con el uso de reservas: decretos y proyecto de ley de uso de reservas. Esta es otra actitud, desde la oposición, para buscar bajar las tensiones que tienen que ver, en este momento histórico, con la reestructuración del poder en el Senado que surge de la última elección. No es casual ni siquiera menos importante lo que está pasando: la tensión que se ha generado en el Senado en cuanto a temas propuestos tanto por la agenda planteada por el gobierno como por la de la oposición. Esta tensión tiene que ver con que se está discutiendo el poder para que, una vez que termine convalidada la estructura de funcionamiento del Senado, se puedan discutir este año asuntos planteados por el gobierno pero, también, por la oposición. Este es el mandato que tenemos los opositores, surgido de la última elección. La gente, el pueblo argentino ha pedido mayor institucionalidad, límite a los abusos, tratar leyes de superpoderes, tratar el tema del Consejo de la Magistratura y considerar el tema del INDEC. Son temas que tienen que ver con el clima de tensión que se está generando, así que no es casual este debate. Se tiene que resolver y tener un desenlace. De hecho, esperamos que lo tenga hoy. También habíamos planteado modificar el Orden del Día. Hoy estábamos dispuestos a tratar, primero, el pliego de Marcó del Pont y, luego, considerar el proyecto de ley de coparticipación del impuesto al cheque. También, había una petición con relación a tres comisiones integradas por seis miembros del oficialismo; también, trabajando la propuesta para que mejoremos la participación del oficialismo. Es decir que, en cuatro temas centrales que tienen que ver con el funcionamiento del Senado, de este Cuerpo, y, también con el Orden del Día de la sesión de hoy, hemos tenido la actitud de acceder al tratamiento de estos temas…
– Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. – ¿Pide una interrupción, senadora Negre de Alonso? Sr. Rodríguez Saá. – Es que se ha superado el momento dramático que se vivía. Que continúe la sesión, señor presidente. Sr. Presidente. – Muy bien.

PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – Continúe, senador Morales. Sr. Morales. – El tema es que estábamos viendo que se está ejerciendo algún tipo de presión sobre una senadora que ha venido y que tiene la predisposición de debatir. De hecho, invitamos a los colegas que están en el salón “Eva Perón” y en el salón “Arturo U. Illia” a que vengan para que podamos tratar estos temas. Como habíamos propuesto en la reunión de labor parlamentaria, y atendiendo a la predisposición de la oposición, queremos proponer al pleno el cambio del orden temático: primero, el tratamiento del pliego del Marcó del Pont; luego, el proyecto de ley de coparticipación del impuesto al cheque. Sr. Rodríguez Saá. – ¡Pido la palabra! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Respetemos las instituciones! El Secretario Parlamentario es secretario de todo el Senado. ¡Siéntese en su lugar y no ejerza presiones! Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi. Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: quiero aclarar que estoy aquí por mi propia cuenta y riesgo. No tiene nada que ver mi gobernador, mi marido, mi hijo ni mis compañeros.
Yo creo que para defender a nuestra primera mandataria, a quien estoy muy agradecida por las cuantiosas obras que nos dio a los formoseños así como por todos los planes y todas las ayudas –nunca se ha invertido en mi provincia como ahora–, para defenderla a ella, que es nuestra primera mandataria, creo que la peor manera de hacerlo es no sesionar, es que no tengamos Congreso. Estoy sola; tengo miedo pero me voy a quedar aquí todos los miércoles. (Aplausos.) Sr. Presidente. – ¿Tiene algo más para agregar, senadora? Sra. Bortolozzi de Bogado. – Nada más, señor presidente. Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Morales. Sr. Morales. – Señor presidente: propongo, concretamente, que se cambie el orden de los temas y se ponga a consideración inmediatamente el pliego de la licenciada Marcó del Pont. Además, como moción de orden, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, que sea sin debate. Por lo tanto, en primer lugar, solicito la moción de orden y, luego, que se ponga el tema a consideración. Sr. Presidente. – En consideración la moción del señor senador Morales… Sr. Pichetto. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. Sr. Pichetto. – Indudablemente, al estar constituido el quórum, nosotros vamos a participar de esta sesión. Lógicamente, en primer lugar, queremos plantear que nuestra voluntad ha sido siempre el compromiso de sesionar en este Senado. Por supuesto, en la imposición de la agenda, la oposición tenía que tener el número. En esta oportunidad, lo ha tenido. Ha constituido el quórum y el número, y puede imponer una agenda donde se encuentra incluido el proyecto de ley de distribución del sistema de cheques en la Argentina, que, sin dudas, afecta el financiamiento del Estado nacional. En consecuencia, en este sentido, vamos a participar del debate. Además, también queremos también expresar y fundamentar el pliego de Marcó del Pont. No lo vamos a tratar sin debate, señor presidente. Me parece que la importancia que tiene el cargo nos obliga a hacer una fundamentación. Es por ello que el presidente de la comisión –de nuestro bloque–, el senador Guinle, va a dar a conocer la fundamentación de por qué consideramos importante y primordial que nuestro país tenga convalidada, legitimada, una conducción del Banco Central que tiene que ver con la imagen de la Argentina. Realmente, sería muy grave que aquí, en el Senado, le diéramos la espalda a la presidenta de la Nación con esta nominación. Sabemos de las condiciones y cualidades que tiene Mercedes Marcó del Pont. Sabemos que es una muy buena funcionaria. Por lo tanto, nos parecería realmente un hecho muy lesionante para la marcha del país que el pliego de Marcó del Pont fuera rechazado esta tarde, aprovechando un número circunstancial. Digo esto porque aquí, hay que terminar con la hipocresía, señor presidente. ¿Por qué no estábamos sesionando? Porque, en primer lugar, no teníamos la representación que nuestro bloque se merecía en términos de los porcentuales. En segundo término, porque querían imponer una agenda para la cual no tenían la mayoría. ¿Y saben por qué hoy accedieron a todo esto? Porque saben y conocen que el bloque del Frente para la Victoria tiene un senador menos, por una dificultad que ha tenido el señor senador Jenefes para arribar al país.
Por lo tanto, este es el apuro y el motivo por el cual quieren aprovechar esta coyuntura para lesionar nuevamente al país y voltear el pliego de Marcó del Pont. No es que tengan vocación democrática o porque hayan accedido a todo lo que hemos pedido: lo hacen porque vieron la oportunidad de que el pliego de Marcó del Pont se pueda caer en una votación muy exigida donde usted, señor presidente, va a tener que definir nuevamente con su voto y desempatar. Pero como acá también ha participado una senadora de nuestro bloque y ha dado quórum, indudablemente, estamos frente a la realidad de tener que discutir este tema, afrontar las consecuencias que esto significa y resolver esta cuestión hoy, esperando que se actúe con responsabilidad y con un sentido de pertenencia al país, frente a un tema de estas características. Voy a solicitar que se fundamente el tema del pliego de Marcó del Pont y que sea el presidente de la Comisión de Acuerdos –como se hace con todos los pliegos, cumpliendo con la tradición de esta Cámara de que este tema debería haber sido siempre el primero en tratarse–, el senador Guinle, quien exprese los correspondientes fundamentos. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales. Sr. Morales. – Señor presidente: había planteado una moción para que se aplique el artículo 140 del Reglamento sin debate; pero es un tema muy importante dado que estamos tratando, nada más ni nada menos, que la posible nominación de la presidenta del Banco Central de la República Argentina. Así que nos parece bien que el presidente de la Comisión de Acuerdos, entonces, comience con la fundamentación. Luego, nosotros expresaremos los argumentos que sostienen el rechazo de este pliego. Sr. Presidente. – Primero, debo someter a consideración las modificaciones del plan de labor. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Tiene la palabra el señor senador Pichetto. Sr. Pichetto. – Señor presidente: pido que por Secretaría se den a conocer cuáles son las modificaciones del plan de labor. Sr. Presidente. – Las anunció el señor senador Morales, a quien le pido, por favor, que las repita. Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros venimos con un orden del día votado en cumplimiento de los artículos 27 y 28 del Reglamento. Allí se prevé el tratamiento, primero, del proyecto de modificación de la ley 25.413 –ley de impuesto al cheque–; luego, el pliego de Marcó del Pont y otras resoluciones, inclusive el decreto 2010 del Poder Ejecutivo. En este plan de labor para el que fuimos convocados, decimos cambiar el orden: tratar primero el pliego de Marcó del Pont y, luego, el proyecto referido al impuesto al cheque. Esta es la única propuesta que formulamos y lo que pedimos que fuera sometido a consideración. Sra. Escudero. – ¡Ya se votó! Sr. Morales. – Ya se votó. Ya se aprobó el cambio del plan de labor, así que lo estamos tratando.

ACUERDO
P.E.-445/09
PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero. Sra. Escudero. – Señor presidente: hay dos dictámenes con relación al pliego de Marcó del Pont, uno de mayoría y otro de minoría. Como el Reglamento establece, primero se debe fundamentar el dictamen de mayoría y, posteriormente, el de minoría. El dictamen que firmó el presidente de la comisión es el de minoría. Por lo tanto, corresponde primero fundar el dictamen de la mayoría.
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Sr. Presidente. – Para fundamentarlo, tiene la palabra la señora senadora Escudero. Sra. Escudero. – Señor presidente: esta no es una cuestión personal o relativa a las capacidades de la licenciada Marcó del Pont. Aquí se tratar de cumplir y hacer cumplir la Constitución nacional, que es el juramento que se nos ha tomado en este recinto. Lo actuado por la licenciada Marcó del Pont el día 1º de marzo, fugar reservas de los argentinos del Banco Central sin un marco legal que lo autorizara, ha violado el artículo 31 de la Constitución nacional, en cuanto establece la jerarquía y la supremacía constitucional y la jerarquía de las fuentes de Derecho; también, el 99 inciso 3) de la Constitución nacional, que prohíbe al Poder Ejecutivo legislar y que cercena la atribución de control que el Poder Legislativo titulariza. No existen, en el caso del uso de las reservas por el decreto 298, las situaciones de necesidad ni de urgencia respectivas. No había necesidad, porque el Congreso estaba inaugurando sus sesiones ordinarias; y no había urgencia, porque los vencimientos importantes de la deuda argentina operaban en el segundo semestre. Se ha violado el artículo 75, inciso 6), de la Constitución nacional, que establece que el Congreso es el que reglamenta el Banco Central, con independencia política monetaria. Se ha violado el artículo 75, inciso 8), de la Constitución nacional, que establece que sólo el Congreso autoriza el presupuesto. Se ha decidido prescindir del Congreso, tomando una medida absolutamente improvisada. Se ha violado el artículo 75, inciso 19), de la Constitución, que establece que el Congreso defiende el valor de la moneda. Se ha violado el artículo 66 de la Constitución, que establece que cada Cámara dicta su Reglamento, porque el Poder Ejecutivo se ha tomado la atribución de crear una comisión. Veamos ahora cómo fue el cronograma de esta decisión sobre el uso de reservas. La ley de presupuesto 2010 se aprobó el 12 de noviembre; el decreto de necesidad y urgencia 2010, el 14 de diciembre, un día hábil después de vencida la prórroga de sesiones ordinarias. Se ha decidido, entonces, prescindir del Congreso e improvisar. Pero Marcó del Pont ha violado también la propia Carta Orgánica del Banco Central. Ha violado el artículo 3°, que establece que no puede tomar decisiones que excedan lo autorizado en la Carta Orgánica sin un pronunciamiento expreso del Congreso. Ha violado la Carta Orgánica en cuanto ha confesado –y lo hizo aquí, públicamente, cuando concurrió a la Comisión de Acuerdos– que aceptó que recibió instrucciones del Poder Ejecutivo. Lo dijo claramente; dijo que ya venía trabajando con el ministro de Economía para ver cómo usaba las reservas. Y aceptó que, el domingo previo a la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta la notificó sobre el decreto 298 que dictaría, lo que generó que ella disparara una serie de acciones obedeciendo al Poder Ejecutivo, situación absoluta y expresamente prohibida por la Carta Orgánica del Banco Central. Ha violado el artículo 6° de la ley 23.928, que sólo autoriza el uso de reservas para el pago de organismos financieros internacionales, siempre y cuando tuviera efecto monetario neutro. Ha violado el artículo 19 de la Carta Orgánica del Banco Central, que prohíbe expresamente al Banco Central financiar al Tesoro, salvo adelantos transitorios, como establece el artículo 20, por no más del 12 por ciento de la base monetaria y con un reembolso en doce meses. Ha violado el artículo 33 de la Carta Orgánica, que establece que las reservas deben invertirse en papeles de reconocida solvencia y liquidez.
También ha violado decisiones judiciales. Estaban vigentes sentencias judiciales que prohibían el uso de reservas hasta tanto hubiera un pronunciamiento expreso del Congreso. En la causa Pinedo, se establece claramente que la ejecución del decreto es susceptible de tornar ineficaz la intervención posterior del órgano con competencia constitucional sobre la materia. Es decir, lo que la Justicia estaba diciendo es “primero debe pronunciarse en forma expresa el Congreso”. Marcó del Pont fue el instrumento, el instrumento de la violación constitucional y del avasallamiento de competencias exclusivas de este Congreso. Marcó del Pont –cuando vino a la Comisión de Acuerdos– nos dijo que el lunes estaba convocada la reunión de directorio a las doce y que se hicieron todos los pasos operativos. Lo cierto es que el decreto que ella estaba ejecutando durante toda la mañana del lunes entró en vigencia el lunes a las 17, hora de su publicación. Quiere decir que todo lo actuado con anterioridad a la hora 17 fue sin un marco legal vigente; sin siquiera un marco legal vigente, aunque ese marco legal fuera de dudosa constitucionalidad. A las 18 y 34, señor presidente, se habían transferido 6.500 millones de dólares: realmente, una conducta absolutamente reprochable, increíble. ¡Increíble que se haya cumplido esta conducta reprochable, inconstitucional, en la cara de los legisladores en Asamblea Legislativa! Ha confesado tener una absoluta fragilidad en cuanto al asesoramiento legal. Ella dice: “con la celeridad que amerita un decreto de necesidad y urgencia”, como si un decreto de necesidad y urgencia fuera más importante que la Constitución nacional, más importante que la Carta Orgánica del Banco Central, más importante que cualquier ley. No hay obediencia debida, señor presidente: cualquier decreto de necesidad y urgencia obliga, como cualquier ley, a un funcionario público, a examinar la legalidad y la legitimidad. Sr. Presidente. – Discúlpeme, señora senadora. Pido silencio en la sala. Sra. Escudero. – Además, existe un dictamen de la Gerencia de Estudios y Dictámenes del Banco Central que recomendaba al presidente de dicha entidad a aguardar el pronunciamiento expreso del Congreso para disponer de las reservas. Pero en su visita, Marcó del Pont hizo otra confusión realmente increíble: ella dijo, muy suelta de cuerpo, que no está de acuerdo con la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Por qué? Porque responde a otro modelo con el que ella no coincide. Entonces, ¿cómo es posible que este Senado le dé el acuerdo para presidir el Banco Central a una persona que está en contra de su carta orgánica. No la aplicó ni la va a cumplir porque está en contra; ella no cree en la independencia del Banco Central y está en contra de su Carta Orgánica. Entonces, en vez de presentar un proyecto de ley y venir a debatir las modificaciones a esa Carta Orgánica, lo que hace es violar abiertamente esa normativa, sosteniendo que es para otro modelo. Yo quiero decir por qué es importante que el Banco Central sea independiente. Lo es porque esa entidad es la que debe custodiar el valor de la moneda, cuidar el ciclo económico y no responder a las demandas del ciclo político. Tenemos mucha experiencia en la Argentina acerca de lo mal que nos fue cada vez que el Banco Central se convirtió en el financiador de las necesidades de caja del Tesoro nacional. Las necesidades de caja del Poder Ejecutivo son infinitas. De modo que, si nosotros permitimos que cualquier presidente eche mano a las reservas del Banco Central, volveremos a tiempos que los argentinos no queremos recordar: 1989, 4.924 por ciento de inflación; 1991, 1.344 por ciento de inflación. Fueron esos períodos hiperinflacionarios los que llevaron, tanto en la modificación constitucional de 1994 como en la sanción de la Carta Orgánica del Banco Central, a dotarlo de independencia en la Argentina. Y cualquier modificación de esa independencia deberá pasar, después de una discusión abierta y de cara a la sociedad, por este Congreso.
Pero, además, esto atenta contra la custodia del valor de la moneda y la inflación, que es, en la actualidad, una de las peores amenazas que tiene la economía argentina. Cuando el gasto público se descontrola y se gasta por encima de los recursos genuinos, hay un endeudamiento crónico, un freno al crecimiento, aumenta la pobreza y se amplía la brecha entre ricos y pobres. El artículo 6° de la Ley de Convertibilidad está vigente y exige un efecto monetario neutro. No se puede modificar el dinero en circulación para usarlo en reservas. Únicamente si hay mayor crecimiento del PBI, el Banco Central puede emitir mayor circulante, pero no se puede invertir la ecuación. Porque si yo emito mayor circulante y si no hay un crecimiento de la economía, estoy generando una espiral inflacionaria. También quiero decir aquí que este tema es diferente al del pago anticipado al Fondo Monetario Internacional. En ese momento, se impuso que tenía efecto monetario neutro: se pagaba a un organismo internacional, que en cualquier momento nos puede dar un préstamo si caemos en una necesidad financiera. Las reservas entran en riesgo de embargo; no es así cuando se paga solamente a organismos internacionales de crédito. Yo quiero recordar que cuando se dicta el decreto que autoriza el pago al Fondo Monetario Internacional, al día siguiente, se convoca a sesiones de este Congreso. Estábamos en sesiones extraordinarias y al día siguiente, se incorpora el tema en sesiones extraordinarias. Se convoca a las dos Cámaras y, a los cinco días, cada Cámara se expresa y lo apoya, y diez días después se realiza el pago. Es decir, no hubo ningún movimiento del Banco Central hasta que este Congreso se expidió. Se nos dice también que con este uso de reservas bajarán las tasas de mercado. En realidad, una señal de garantía de pago de títulos durante un año de ninguna manera genera certeza y credibilidad, que es lo que hace bajar el índice de riesgo país y, en consecuencia, la tasa de interés. Se ha debilitado la política cambiaria, y esto también tiene un impacto en los activos y pasivos del Banco Central. Quiero detallar a continuación, de acuerdo con datos al 31 de marzo de este año, cuál es la situación de las reservas. No sé por qué en la página del Banco Central siguen apareciendo como parte de las reservas totales estos 6.500 millones de dólares que ya salieron de la institución; están en una cuenta del Tesoro y, sin embargo, siguen apareciendo como parte de las reservas. Las reservas son de 47.460 millones de dólares, pero si descontamos la base monetaria, nos quedan 15.829 millones de reservas de libre disponibilidad. A su vez, si descontamos este pago, nos quedan 9.260 millones. La deuda que tiene tomada el Banco Central en Lebacs y en Nobacs asciende a 12.102 millones de dólares. Quiere decir que hay un saldo negativo de 2.842 millones de dólares en la cuenta del Banco Central. Quiero reflexionar también sobre cómo afecta al país cada una de estas decisiones que se toman tratando de saltear las instituciones, violando la Constitución, violando las leyes vigentes y violando la independencia del Banco Central. En 2005 ó 2006, el riesgo país era más o menos el mismo en la Argentina que en el Brasil, el Uruguay y Chile. Al 13 de abril, la Argentina está en 624 puntos, el Brasil en 179, Colombia en 171 y el Uruguay en 191. Estamos un poquito más abajo de Ecuador y Venezuela. Esa es la realidad, y ese es el impacto que tiene este riesgo país sobre las tasas de interés: la Argentina tiene que pagar un 11 ó 12 por ciento, y el Brasil, Chile y el Uruguay, un 5 ó 6 por ciento.
Esas son las cosas que tenemos que discutir, señor presidente. Y si hoy, este Congreso da la señal de dar el acuerdo a quien ha violado la Constitución, a quien ha violado las leyes vigentes, a quien ha violado la propia Carta Orgánica del Banco Central, estaremos dando una señal más de que, en la Argentina, la institucionalidad no existe, de que, en la Argentina, no hay reglas de juego, de que, en la Argentina, las autoridades hacen lo que se les da la gana y de que, en la Argentina, el Banco Central se ha tornado en una herramienta del Tesoro, en una caja más a la que acude el Poder Ejecutivo cuando tiene necesidades y de cara, fundamentalmente, a las elecciones del año próximo. Quiero recordar aquí también que este cambio de actitud con relación al Banco Central, con relación al uso de reservas, ha generado un embargo importantísimo de las reservas en Nueva York. Por eso, quiero llamar a la reflexión, porque creo que si la Argentina no vuelve al respeto de la ley, del estado de derecho y de las instituciones, seguimos dando señales muy confusas, y el panorama de mediano y de largo plazo es muy negro para los argentinos. Por eso, señor presidente, por haber jurado en este recinto respetar y hacer respetar la Constitución, no puedo acompañar el pliego de quien siente que puede violar la Ley Orgánica del Banco Central, las leyes vigentes y, fundamentalmente, la Constitución Nacional. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guinle. Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad, escuché muy poco sobre el pliego de Marcó del Pont, y escuché disquisiciones respecto de los DNU 2010 y 298. No escuché la ristra de artículos del Código Penal que se habían leído en ausencia de la funcionaria. Y, realmente, esa ristra de artículos del Código Penal no se ha reiterado. Resulta que, ahora, se mencionan violaciones de la Carta Orgánica del Banco Central y supuestas violaciones a la Constitución Nacional. Pero muy poco se ha hablado del pliego de Marcó del Pont. No se entiende por qué la oposición no le preguntó por todas las cosas que hoy se mencionan sobre políticas del Banco Central y sobre sus funciones. No se entiende por qué la oposición se cerró en un trámite absolutamente nulo, en clara violación no sólo de las normas constitucionales sino, inclusive, del propio Reglamento de la Cámara. Algún senador decía que es increíble que hayan hecho las cosas tan mal con una mayoría tan clara como la que tuvieron en la comisión luego de aquel arrebato en la primera sesión del Cuerpo. A partir de aquel arrebato de las comisiones, quedaron con una mayoría clara, y ese senador se preguntaba cómo habían podido cometer tantos errores, cómo produjeron tremendas violaciones a los reglamentos, por qué no se hicieron las cosas bien, por qué no se respetó el derecho de defensa de la funcionaria propuesta. También, se preguntaba por qué no se le corrió traslado de la impugnación que se le había formulado el 2 de marzo y por qué no se le hizo conocer ese cargo. Otro cuestionamiento de ese senador era por qué se invitó a la impugnante a venir con un “co-equiper” para hablar en una sesión sin haber traído a la funcionaria, en una situación anómala y, también, violatoria de las normas de la Cámara. Uno trata de encontrar explicaciones a todas estas cosas. Ese senador, con muy buena fe, no las encontraba. Cómo se podían cometer tantos errores decía ese senador. Pero, por más buena fe que tuviera, nunca iba a encontrar explicaciones a esas acciones. En realidad, fue tal el arrebato y tal la sensación de ir por todo, que se violaron reglamentos, el respeto a las primeras minorías, las proporcionalidades, el debido proceso y el derecho de defensa de la funcionaria. Es que, realmente, se iba por todo. Hay una regla básica que pareciera cuesta entender. La oposición, en aquella primera sesión, alcanzó los 37 votos, lo cual la habilitaba al quórum y a la mayoría absoluta para tomar decisiones. A partir de esa primera elección, uno creía que algo había sido aprendido por todos: existen el arco opositor, el sector oficialista y los sectores independientes. Esto daba a entender una verdad de Perogrullo: para imponer una medida, hay que tener los votos. Entonces, si uno quiere imponer una agenda, debe tener el número; de lo contrario, no puede hacerlo. Este es el abecé. Si uno quiere imponer y no acordar, debe tener el número; si no tiene el número, debe acordar. Esta es una regla básica de funcionamiento del Parlamento.
La oposición se encerró en este camino, y eso dio lugar a esa rara decisión violatoria de todos los reglamentos y garantías para juzgar a una funcionaria propuesta, sobre la cual, cada uno de los integrantes del arco opositor que hablaron de buena fe reconocieron que habían cambiado de opinión a partir de la actitud de la funcionaria frente al dictado del Decreto 298. No obstante ello, siempre le reconocieron antecedentes morales y personalidad intachable para ejercer la función. Como si esto no fuera poco, la mayoría de la comisión, sin presencia de la oposición, con una mayoría forzada y de manera absolutamente antirreglamentaria decidió el mismo día poner a disposición la consideración del pliego, en una convocatoria que se debe hacer en la sesión y con dos tercios de los votos –algo que no sucedió que es rarísimo–, y ese mismo día, sin respetar mínimamente el Reglamento, procedió a la ejecución del pliego. ¿Por qué digo que se ejecuta? Sé que a algunos no les gusta que diga que se ejecuta, pero realmente lo ejecutaron. Citaron a una funcionaria que, en realidad, contesta mediante una nota que tiene la voluntad de asistir, pero que tiene poco tiempo y que quiere dar explicaciones. Se recibe dicha nota y se resuelve que si no vino y no había cosa más importante que venir al Senado, en ese lapso, se le rechazaba el pliego. Obviamente, no se cumplió el procedimiento y no se cumplió tampoco con el proceso. Tampoco se le corrió traslado del cargo presentado por la diputada Carrió e, inclusive, como si no hubiera existido violación alguna en la misma reunión de comisión, la diputada asiste y modifica verbalmente el cargo que había interpuesto oportunamente. Es más. Asiste con un “co-equiper” que la ayuda en lo técnico a fundar el cargo, cuando, en verdad, los cargos, como es de práctica y aplicación analógica del Reglamento en la Comisión Acuerdos, se leen previo traslado al involucrado para que pueda contestar y ejercitar su derecho de defensa. Pero nada de esto fue lo que se hizo. Se elabora un dictamen nulo por inmotivado, diría Gordillo. Nulo porque no dice ni por qué niega el acuerdo. Niega el acuerdo en un par de líneas, y a otra cosa. La ejecución sumaria planteada, llevada adelante, y allá vamos. En realidad, el dictamen también es nulo por falta de motivación. Lo que llama la atención es que cuando la oposición luego accede a escuchar a la funcionaria, se niega a formularle preguntas. Por supuesto, se niega a levantar el dictamen ya firmado que, en realidad, constituía un prejuzgamiento, porque lo cierto es que ya se la había prejuzgado previamente, ya que en una conferencia de prensa se dijo que se iba a negar el acuerdo aún antes de negarlo formalmente. Entonces, no se levanta el dictamen; se la escucha con ese dictamen firmado, no se le hacen preguntas de ningún tipo ni se le plantean objeciones; es decir, no se dice absolutamente nada y, como dije, se sostiene el dictamen firmado. Me pregunto en esta Casa de las leyes que se menciona de manera tan rimbombante, en esto de mantener la calidad institucional, de respetar la Constitución y los derechos y garantías de las partes, ¿qué derecho y qué garantías se le respetaron a esta funcionaria propuesta por el Poder Ejecutivo? Absolutamente ninguno. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que, en realidad, el arco opositor, asumiendo los tremendos errores que cometió, tendría que votar a favor del pliego de Marcó del Pont, porque, en realidad, no tienen argumento para votar en contra o, por lo menos, no lo han podido exhibir ni plasmar en un procedimiento legítimo. No lo han hecho; absolutamente, no lo han hecho.
Por eso, el dictamen en minoría que nosotros suscribimos luego de escuchar a la funcionaria se hace cargo absolutamente de todo: funda el procedimiento, hace consideraciones respecto de la presencia de la funcionaria Marcó del Pont y, obviamente, hace mérito de las violaciones reglamentarias que se han cometido. Estas violaciones son de tal envergadura que es imposible considerar un dictamen que es absolutamente nulo y que le daba a la funcionaria involucrada posibilidades de judicializar todo el procedimiento. La presidenta en comisión del Banco Central, propuesta como presidenta del Banco Central, prefirió no judicializar la cuestión y quedar expuesta a la opinión de los senadores. Creo que algunos senadores en el plenario han empezado a razonar sobre las tropelías que se han cometido y a volver sobre sus pasos para reconocer que se ha cometido una barbaridad y que, a la hora de tratar el pliego de Marcó del Pont, no tienen otra posibilidad que votar a favor. Y no tienen otra posibilidad porque no han podido plasmar de ninguna manera las cuestiones que los han hecho prejuzgar, hablar de delitos, hablar de connivencia. No han podido probar absolutamente nada de eso en esta sede ni en sede judicial. Se les han caído uno a uno los argumentos para poder cuestionar la figura de Marcó del Pont. Señor presidente: en los años que llevo en este cuerpo, jamás he visto un procedimiento de esta naturaleza, sin el consentimiento de la totalidad del pleno, sin la anuencia del pleno para tomar una decisión. Acá se ha argumentado que, algunas veces, venían pedidos de acuerdos sobre la sesión para tratar, por ejemplo, los pliegos de las fuerzas armadas, cosa que es cierta. Se lograba la anuencia del pleno; se hizo hasta cuarto intermedio; se consideraron los pliegos, se aprobaron y se emitió dictamen de comisión; luego, se trajo al recinto con la anuencia del pleno. En este caso, un sector francamente en violación absoluta a todas las reglas, las más caras de la democrática, las más caras de la República –derecho de defensa, debido proceso– atacaron un pliego sin darle a alguien la posibilidad de que se defienda. Yo creo que hoy el pleno tiene la enorme posibilidad de revertir el gran error que el arco opositor, en conjunto, ha llevado adelante. Tiene la posibilidad de hacerlo y, obviamente, de avalar con su voto el pliego de Marcó del Pont, que es lo que propone el dictamen de minoría que hemos elevado a consideración del pleno. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Verna. Sr. Verna. – Señor presidente: es para fundamentar el voto del PJ La Pampa. Vamos a votar en forma negativa. Pese a lo que ha dicho el miembro informante del dictamen de minoría, nosotros sí tenemos observaciones con respecto a la doctora Marcó del Pont. Ella ha violado la Carta Orgánica del Banco Central. Por esa razón, vamos a votar en contra de su pliego. No ponemos en duda su capacidad profesional. Pero el doctor Favaloro, que ejerció en mi provincia, era un excelente profesional, y cada vez que hacía un trasplante cumplía con la legislación vigente. Ella puede ser una excelente profesional, pero no cumplió con la legislación vigente y no cumplió con la Carta Orgánica del Banco Central. Pero quizás por aquello de que lo cortés no quita lo valiente yo, que soy miembro de la Comisión de Acuerdos, coincido con el miembro informante de la minoría en que debimos haberle dado más tiempo a la doctora para que viniese a la comisión. También creo que ella debió esforzarse más para responder a la invitación que le había sido formulada. Considero que fue un error de nuestra parte no haber aprovechado la ocasión para sacarnos dudas que teníamos al respecto en lugar de no formularle preguntas. En eso sí le pido públicamente disculpas a la doctora Marcó del Pont, y le agradezco al compañero Guinle la posibilidad de decirlo en el recinto. Gracias, señor presidente. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Romero. Sr. Romero. – Señor presidente: no deseo reiterar los conceptos referidos a la violación a la Carta Orgánica y a la Constitución acerca de los que tan bien se han expresado quienes me han precedido en el uso de la palabra. Solamente quiero decir, en coincidencia con lo manifestado, que la licenciada Marcó del Pont es un instrumento de una política equivocada; y acá, lamentablemente vamos en un camino errado.
Quiero recordar brevemente cómo nace la Carta Orgánica. A comienzos del 89 vivíamos una época de inflación: de hiperinflación. No voy a incurrir en la chicana de culpar al gobierno del momento. ¡Somos los argentinos los que hemos venido reiterando ciclos de crisis en la Argentina! Hemos tenido ciclos de crisis institucionales, con los golpes militares, prácticamente durante cincuenta años: del 30 al 76. También hemos tenido crisis económicas en esa época, y tal vez más tiempo aún. De hecho, una de las causas que queda muy clara, antes de la finalización del gobierno del doctor Alfonsín, ya en el momento de la transición, era que no preservábamos el valor de la moneda; que había un total uso del Banco Central como parte del Tesoro o la caja. ¡Eso lo han hecho reiterados gobiernos! Se hizo en el 60, en el 70 y nuevamente a fines del 80. Lo cierto es que había que darle un corte. Yo presenté un proyecto, que fue después la Carta Orgánica del Banco Central, coincidiendo con la Ley de Reforma del Estado que enviara, ni bien asumiera la Presidencia, el doctor Menem, quien se encuentra presente acá. ¡Era angustiante ser legislador en esa época y sentir, aquí, a la vuelta del Congreso, el reclamo de los jubilados, de los empleados; el deterioro que la inflación provocaba sobre los salarios! También se dio en el momento de la transición hacia el nuevo gobierno que asumió en el 89. ¡Fue la solución a los reclamos del momento tener una Carta Orgánica del Banco Central autónomo; de un Banco Central independiente del Ministerio de Economía; independiente de la coyuntura! A esto es a lo que se quiere volver. Ideóloga y doctrinaria de esta teoría de la utilización del Banco Central para otros fines que no sean la preservación de la moneda es la propia licenciada Marcó del Pont, que lo ha expresado no sólo públicamente sino como legisladora, en proyectos que había presentado. ¡Esta no es una discusión teórica! Estamos viviendo en el país el crecimiento de la inflación. Creo que ayer reconoció que los precios suben el secretario Moreno, uno de los causantes de la política equivocada de crear las condiciones para que haya inflación sabiendo que históricamente –desde la época de los romanos hasta ahora- el control de precios no ha servido para nada: sólo para generar mercado negro y desalentar la inversión. ¡Ese es el punto, ese es el problema! Me refiero a que la Carta Orgánica dice una cosa, y es intención del gobierno y de la licenciada Marcó del Pont hacer lo contrario. Muchas veces hemos hablado de la demanda, de parar la inflación y de tener un Banco Central autónomo. De hecho, durante los últimos años hemos escuchado aquellas voces que vuelven a decir que no es malo tener inflación; que podemos vivir con inflación. Lamentablemente, yo no creo en eso: con inflación se vive mal; con inflación, el que tiene un salario fijo sufre las consecuencias todos los días en el supermercado y en el almacén. ¿Quiénes se benefician con la inflación? El Estado, quienes pueden subir los precios y quienes no tienen ingresos fijos. ¡No vengan a decir que esto fue la perpetuación de las políticas neoliberales, porque es una chicana! Alemania, después de la gran híper inflación previa y posterior a la guerra, tiene un banco central autónomo. La mayoría de los países que se han encausado –Australia, Nueva Zelanda, Canadá– no tienen deuda pública. Por su parte, la mayoría de los países organizados tienen bancos centrales autónomos y no tienen gobiernos neoliberales: a veces les toca gobernar a los liberales, a veces a los laboristas, y a veces a los socialistas. Pero no tocan el Banco Central como caja.
Aquí se ha tomado una política equivocada, porque no es utilizando las reservas del Banco Central como se solucionan los problemas. Hemos presentados proyectos. Hay varios para tratar. Creo que lo más razonable es que el país pueda pagar la deuda, pero sin tocar las reservas si no utilizándolas como garantía; pero esta es otra discusión, que se deberá dar la próxima semana. Lo que estamos diciendo es que hay causales que demuestran que estamos en el camino equivocado: que el gobierno está equivocado y que Marcó del Pont es parte de esa equivocación; que ya hemos vivido los argentinos situaciones de inflación creciente que terminaron en hiperinflación; que se angustia a la gente, por la suba de los precios; y que si el Senado no evita con un mensaje contundente que la actuación del gobierno y de Marcó del Pont es equivocada vamos a tener cada día mayor inflación; vamos a correr el riesgo de que el Banco Central vuelva a ser una la caja para financiar el festival de gastos, que es a lo que nos tiene acostumbrado el gobierno. – Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José Juan Bautista Pampuro. Sr. Romero. – Esta es otra causa que tiene que ver con el origen del error señalado; que explica por qué queremos que haya una carta orgánica que preserve el valor de la moneda; por qué queremos que el presidente del Banco Central coordine políticas, pero que no su ejecutor recibiendo instrucciones, como ha quedado probado aquí. Por las razones expuestas –y por muchas más–, señor presidente, voy a votar a favor del dictamen de la mayoría, que rechaza el pliego de la licenciada Marcó del Pont. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro. Sra. Estenssoro. – Señor presidente: el dictamen de mayoría de este Senado impugna y rechaza el pliego de la licenciada Mercedes Marcó del Pont. Seguramente, habría habido un dictamen favorable –y tal vez único– si ella conscientemente el 1º de marzo –ese lunes en que se inauguraban las sesiones ordinarias– no hubiera procedido a ejecutar un decreto de necesidad y urgencia incluso antes de que fuera publicado en el Boletín Oficial, violando el artículo 99, inciso 3), de la Constitución nacional que dice claramente que el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, y que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de leyes podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Evidentemente, si se estaban inaugurando las sesiones ordinarias, no había ninguna razón –como ya se ha dicho– para dictar un DNU de esta naturaleza, similar a otro que desde hacía tres meses mantenía en vilo a la sociedad y que ya contaba con fallos judiciales en contra. El artículo 99 de la Constitución también otorga al Congreso de la Nación el rol de ejercer el control de constitucionalidad a los DNU que dicte el Poder Ejecutivo. Es el Congreso el que tiene que definir si había necesidad y urgencia. Ya anoche –creo que no es un dato menor–, la Cámara de Diputados rechazó por nulidad absoluta el DNU 298 que, como un avasallamiento –ya no al Reglamento del Senado, senador Guinle: a la Constitución Nacional y a la jerarquía del Congreso de la Nación–; que con una sonrisa un poco sínica la presidenta Cristina Kirchner anunció durante su discurso inaugural, sin decir que era de necesidad y urgencia. La licenciada Marcó del Pont fue cómplice de este delito porque violó la Constitución y la Carta Orgánica del Banco Central. Voy a leer algunos de sus artículos. El 3°) dice que es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda; que en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional. La letra de la ley es absolutamente clara. Además, agrega que el banco no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar, sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales.

Sería impensable que aprobemos el pliego de una funcionaria en comisión que, con toda conciencia, violó la Constitución y la Carta Orgánica del banco que tiene que defender. También quiero agregar que en la impugnación que hizo la diputada Carrió a este pliego, en el día de la fecha estará enviando al presidente de la Comisión de Acuerdos y al del Senado de la Nación un escrito adicional considerando -como ya dije- el antecedente tan claro y rotundo de la votación que hubo en la Cámara de Diputados ayer por la que se rechazó por nulidad absoluta el DNU 298, lo cual implica que la funcionaria del Banco Central ha cometido un delito. Por todos estos motivos es imposible que este Senado pueda aprobar el pliego de la licenciada Marcó del Pont. Muchas gracias.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D. Julio César Cleto Cobos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Osuna. Sra. Osuna. – Gracias, señor presidente. Brevemente, quiero mencionar algunas cuestiones porque con preocupación vemos una serie de observaciones que están planteadas de mala fe y en base a mentiras, o lo están en base a la ignorancia. Lo digo porque acá se ha hecho referencia al incumplimiento de la Carta Orgánica por parte de la presidenta del Banco Central en comisión, cuestión que de ninguna manera es así. Y no lo fue a tal punto que efectivamente el artículo 11, que tiene pertinencia con relación a la cuestión que nosotros estamos analizando, que es el uso de las reservas para el pago de deuda, expresamente dice que cuando razones de urgencia fundadas así lo exijan el presidente podrá asimismo resolver asuntos reservados al Directorio, en consulta con el vicepresidente o con quien haga sus veces y por lo menos un director, debiendo dar cuenta a ese cuerpo en la primera oportunidad que el mismo se reúna de las resoluciones adoptadas en esta forma. De la misma facultad gozará quien lo reemplace. Habida cuenta del cumplimiento de este artículo, no sólo se evitó esta definición sino que la licenciada Marcó del Pont fue aún más exigente con el cumplimiento de esta condición y, efectivamente, se avanzó paso a paso por todos los procedimientos que eran necesarios para llegar a una resolución. Se contó con dos dictámenes de la Subgerencia General del Area Jurídica y de la Gerencia Principal de Estudios y Normas del Banco Central; esto, en relación a la Carta Orgánica. Respecto del cumplimiento de un decreto de necesidad y urgencia, la verdad es que me llama mucho la atención que sea planteada como una desobediencia cuando la Constitución, además, define los decretos de necesidad y urgencia como una norma de estatus constitucional, debe ser efectivamente así cumplido: y esto es lo que Marcó del Pont realizó. Acá dejo abierta una duda y una preocupación con respecto al pago con reservas. En realidad, me pregunto si no es posible que lo que efectivamente se hubiera preferido es que la Argentina se condicione con créditos internacionales a altas tasas como, por ejemplo, lo ha hecho el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace pocos días; y que sea esa una solución que la Argentina ya ha probado como la más viable o preferida por algunos de los senadores que han hecho uso de la palabra recientemente. Por otra parte, como… Sr. Verna. – ¿Me permite una interrupción? Sr. Presidente. – Discúlpeme, senadora: ¿le concede una interrupción al senador Verna? Sra. Osuna. – Ninguna. Sr. Presidente. – Muy bien.
Sra. Osuna. – Por otra parte, efectivamente, la señora Marcó del Pont en todo momento expresó su firme voluntad de presentarse. De hecho, así lo manifestó comunicándose con miembros de la comisión. Recuerdo que así lo hizo con el senador Rodríguez Sáa, quien llevó adelante la reunión donde se dio en primera instancia el análisis de su pliego. Se expresó claramente en función de hacerse presente y dar cuenta de todo lo actuado. No quiero decir nada más que esto porque entiendo que el presidente de mi bloque dará cuenta, en definitiva, de nuestra posición. Sí quiero dejar en claro que ha habido cumplimiento efectivo de la Carta Orgánica; que la acciones realizadas por el Banco Central en esta etapa tienen que ver, además, con un importante antecedente, cual es el decreto 1.599. Se trata de una acción de previsión y de resguardo efectivo de los intereses de nuestro país con respecto a la banca internacional, las consecuencias del endeudamiento y coherente con la política de desendeudamiento llevada adelante por este gobierno que, por otra parte, fue respaldada en el tratamiento de normas con amplias mayorías parlamentarias. Por último, sí una vez más quiero ratificar que la señora Marcó del Pont, en todo momento –y así lo expresó cuando tuvo oportunidad de presentarse por su pedido ante la comisión– tuvo voluntad de rendir cuentas ante el Senado de la Nación, como corresponde. Gracias, señor presidente. Sr. Presidente. – Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el señor senador Giustiniani. Sr. Giustiniani. – Señor presidente: vengo a expresar mi posición respecto de un tema que ha llamado la atención al país desde el mes de diciembre, y que ha significado que estemos enredados en este debate desde aquel momento. Pienso que muchas veces se confunden medios y fines. Acerca de esta cuestión, mi posición ha sido siempre la misma: no comparto que cualquier medio sea válido para conseguir un fin. El tema de los medios en democracia es un medio fundamental. Por lo tanto, las formas y los contenidos son cuestiones que tienen que estar totalmente vinculadas. En ese sentido, no podemos evitar un contexto en el cual en la asamblea en la Asamblea Legislativa que dio apertura a las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que venía precedida por un debate dado que algunos sectores de la oposición planteaban que no había que concurrir a esa reunión. Y quienes concurrimos estábamos convencidos de que teníamos que ir a escuchar el discurso de la presidenta de todos los argentinos, que era un hecho fundamental. Pero aquel día nos encontramos con que el principal anuncio en esa Asamblea Legislativa fue otro decreto de necesidad y urgencia. Me parece que fue lamentable usar esa jornada para anunciar un decreto de necesidad y urgencia sobre un tema que estaba en debate, como era el uso de las reservas para pagar deuda. Y aquel día no sucedió sólo eso, sino que además se anunció a la prensa, al finalizar el discurso, que ya se había hecho la transferencia de las reservas del Banco Central al Tesoro. Ante estos hechos, no se puede olvidar la cuestión de las formas. Ese es un elemento fundamental que nos hace marcar desde un lugar político y con pesar el rechazo del pliego de Marcó del Pont. Creo que el pliego hubiera podido ser aprobado por unanimidad o casi por unanimidad no sólo por los antecedentes de la licenciada Marcó del Pont, sino también por muchas de las ideas que ella profesa y que yo comparto.
A propósito, quiero señalar que en mi caso particular no he cambiado mi posición a lo largo de los años. Si bien se puede modificar de postura con el paso del tiempo, es importante reconocer esos cambios. ¿Usted sabe, señor presidente, que cuando se trató aquí el pliego del licenciado Martín Redrado se lo iba a hacer sin debate? Hace seis años se lo iba a considerar sin debate. En ese sentido, pido que se inserte la versión taquigráfica de aquella sesión, donde se puede ver que yo pedí la palabra cuando se estaba planteando que ese pliego se iba a aprobar por unanimidad. En aquella oportunidad levanté la mano para solicitar el uso de la palabra, la que se me concedió. Así fue que yo expliqué por qué iba a votar en contra del pliego de Martín Redrado: concretamente, por su trayectoria en el neoliberalismo, en la Comisión Nacional de Valores. Pensaba que si el país necesitaba interpretar una nueva etapa y se hablaba de establecer un punto de inflexión no podía ponerse al frente del Banco Central a quien llevaba adelante las concepciones que habían regido hasta ese momento. Ese pliego recibió un solo voto en contra. Fue un debate; mejor dicho, casi un debate, porque después de mis palabras los señores senadores Menem y Pichetto hicieron la defensa de Martín Redrado al frente del Banco Central. Ahora, después de seis años, parece que el gobierno se dio cuenta de que tenía en el Banco Central a un presidente con esa concepción ideológica. En realidad, no fue por eso que se lo removió sino porque después de seis años no obedeció. El día que no obedeció se decidió removerlo, después de haber estado seis años al frente de esa entidad y a pocos meses de finalizar su mandato. Y también después de seis años se dieron cuenta de que la carta orgánica del Banco Central tenía una matriz neoliberal. Antes de ello, desde la minoría, desde la oposición, vinimos sustentando esto durante muchos años y, finalmente, se promovió el juicio político al señor Pedro Pou, que estaba al frente del Banco Central de la República Argentina. Justamente, venimos desde ese lugar y con esas concepciones a plantear esta situación. Porque yo quiero recordar que se anunció el Fondo del Bicentenario, en el mes de diciembre, a pocos días de finalizar las sesiones en el Congreso de la Nación. No es casual tampoco que recordemos esto: un decreto de necesidad y urgencia a pocos días de cerrarse el período ordinario de sesiones del año pasado. ¿Sabe quién era el candidato a presidente del Banco Central de la República Argentina? El señor Mario Blejer. ¿Se acuerdan? Y no eran especulaciones de la prensa sino declaraciones del ministro de Economía. Entonces lo fundamental es definir conceptos, una programación hacia delante y que discutamos eso de fondo. ¿O es de izquierda ahora pagar con reservas la deuda externa? Sin poner siquiera en consideración lo que viene demorado, con el fallo del juez Ballesteros, de formar una Comisión Bicameral de Análisis de la Deuda Legítima e Ilegítima en la República Argentina. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en la constitución de esa comisión bicameral? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en serio, en vez de hacer un debate superficial, si realmente queremos modificar la función del Banco Central? Modificar en serio su carta orgánica. Desde el lugar que lo digo –y por eso disiento con muchas de las cosas que se plantearon– no concibo un Banco Central como caja de cristal ante un país. Concibo un Banco Central que tiene que estar en línea de un proyecto de programación económica sustentado por el Congreso de la Nación. Estos son los temas que siguen quedando pendientes; que en la Argentina del blanco o negro, de descalificaciones, dejamos al costado estos debates profundos que la el país necesita. Por eso, señor presidente, considero lamentable que hayamos llegado a estas situaciones como en tantos otros temas llegamos en nuestro país. Podríamos haber dado el debate de fondo de la deuda externa; el debate de fondo de las necesidades fiscales del 2010, donde todos los análisis económicos demuestran que va a ser un año mejor que el ejercicio pasado. Es decir que podríamos haber iniciado el 2010 en una Argentina con consensos básicos para salir adelante. Podríamos haber hecho eso para no para generar crispaciones innecesarias y una crisis política que ha puesto el funcionamiento del Congreso prácticamente en un punto límite: en el no funcionamiento; donde todos somos responsables de esta situación, pero donde el principal responsable es quien tiene la mayor responsabilidad.
Por eso convocamos a que el gobierno nacional, ante esta nueva realidad, llame a un diálogo constructivo y que en este Congreso no contemos el voto 37. Esa es la patética realidad que hemos tenido todas estas semanas, ante una sociedad que esta reclamando otras cosas. Por eso, señor presidente, creo que hacia delante quedan temas importantes y espero que lo podamos hacer desde la base del consenso, desde la base de la concertación, para poder construir un país más justo. Gracias. Sr. Presidente. – Gracias, senador. Tiene la palabra la señora senadora Díaz, por Tierra del Fuego. Sra. Díaz. – Gracias, señor presidente. Sólo quiero expresar el apoyo -nuestro voto positivo- al pliego de la licenciada Marcó del Pont no sólo por el alto prestigio profesional del que goza sino porque coincidimos con ella, desde lo político, en cuál debe ser la función y las competencias de un Banco Central; y, justamente, porque no tiene nada que ver su visión política con lo que fue el neoliberalismo. Por eso queremos hacer esta manifestación expresa de nuestro bloque. Gracias, señor presidente. Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla. Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: voy a ser breve. Creo que el objeto de este debate es ahondar en la idoneidad de la persona propuesta para el cargo, o no; y a una persona como la licenciada Marcó del Pont hay cuestiones jurídicas que no se le pueden pasar por alto. ¿A qué me refiero con esto? Hay que tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en cuanto a convalidar embargos dispuestos por jueces federales de ese país contra reservas de bancos centrales o no, desarrolló una doctrina por la cual reconoce indemnidad a las reservas de los bancos en tanto y en cuanto considere a los bancos centrales personas distintas de los Estados nacionales. La persona hoy propuesta para ocupar la presidencia del Banco Central ha puesto con sus actitudes en grave riesgo las reservas del país ante cualquier demanda de cualquier acreedor que se pueda iniciar en tribunales de otros países. Esta es la doctrina que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sostenido. Yo recuerdo que en los casos del Banco de Cuba, el default de Perú, si mal no recuerdo, del año 1994 y del Banco de Ecuador, por no preservarse esta independencia entre los bancos centrales y los Estados nacionales, fueron embargadas las reservas de esos países. Pero fíjese que esta confusión patrimonial es tan grosera, es tan burda, que en el propio DNU hay una confesión ficta de esta confusión patrimonial. Porque aquí no es, como se dijo recién, que la licenciada Marcó del Pont echó mano a facultades que están en la Carta Orgánica del Banco Central para, cuando razones de urgencia lo ameriten, poder disponer de determinadas cuestiones, sino que actuó como mandataria del Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo, en el DNU, es el que dice “te tomo las reservas y te doy una letra.” Ni siquiera han tomado los recaudos de darle a esto una forma contractual o una forma de convenio para, por lo menos, preservar en apariencia la independencia que tiene que tener el Banco Central del poder político. Creo que este es el error más grave que ha cometido la licenciada, que ha puesto en riesgo las reservas del país, por lo que la inhabilita para estar al frente del Banco Central, señor presidente. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales. Sr. Morales. – Gracias, señor presidente.
Venimos a debatir, entonces, dos dictámenes: uno de mayoría, que plantea el rechazo a la designación de la licenciada Marcó del Pont al frente del Banco Central de la República Argentina; y otro, de minoría, por su aprobación. Después de un largo debate; de planteos que se han hecho desde el oficialismo en cuanto al trámite llevado a cabo en la Comisión de Acuerdos –que ha sido sostenido por la mayoría y con participación de la propia candidata propuesta por parte del Poder Ejecutivo–, ha puesto en debate una serie de temas que tienen que ver con el dictado de decretos –de actos legisferantes por parte del Poder Ejecutivo–, que arrancan con el dictado del Decreto 210; el debate sobre el uso de las reservas y, en relación a esta decisión del Poder Ejecutivo, cuál ha sido el accionar del Banco Central durante todo este trámite que ha encarado el gobierno nacional sin participación del Congreso. Uno de los temas que se ha planteado como eje central de debate ha sido y es el de las reservas de libre disponibilidad. Este tema de debate, en la conceptualización de las reservas de libre disponibilidad, tiene sentido toda vez que depende de cuál sea la interpretación y si es que está sostenido en una ley vigente, puede colisionar con la Carta Orgánica del Banco Central o no. Dicha carta establece un concepto bastante claro, que tiene que ver con que las reservas deben garantizar la estabilidad monetaria y financiera, y también la estabilidad cambiaria. Entonces, son tres conceptos fundamentales que constituyen el núcleo de temas que tiene que preservar la autoridad monetaria, o las autoridades del Banco Central, cuando empezamos a hablar del uso de reservas. Este es el primer punto a debatir. Inclusive, señor presidente, en la iniciativa que hemos presentado, cambiamos el concepto de “reserva de libre disponibilidad” tal como viene del artículo 6 de la Ley de Convertibilidad. Lo había cambiado el Ejecutivo en el decreto 2010 al modificar el artículo 6°. Nosotros también planteamos la rediscusión sobre cuál es el nivel óptimo de reservas. ¿Son las que solamente sostienen la base monetaria o hay que prever también otros pasivos que tienen que ver con los encajes, LEBACs, NOBACs u operaciones de pase? Este es un debate que seguramente vamos a dar cuando tengamos que tratar los decretos de necesidad y urgencia, y el proyecto de ley. Nosotros tenemos una conceptualización sobre reservas de libre disponibilidad. Esto tiene que ver, entonces, con un concepto muy claro en la Carta Orgánica del Banco Central que no se puede incumplir; que las autoridades del Banco Central no pueden incumplir, no pueden desoír. Y allí hay algunos de los temas que tienen que ver con la autonomía respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Otro de los temas que se ha planteado es si la sanción del decreto 2010, y luego el decreto que lo reemplaza -que es el 298-, constituyen un acto administrativo legisferante cumpliendo el artículo 99, inciso 3), de la Constitución. Esto es: si realmente se corresponden con actos de estricta necesidad y urgencia. La verdad que hay dos líneas argumentales muy claras que destruyen la naturaleza de los decretos 2010 y 298 en cuanto a si son hechos de necesidad y urgencia: primero, con relación a la deuda. Estamos hablando de que el decreto es dictado después del 10 de diciembre del año pasado, y aun cuando podía el Poder Ejecutivo convocar al Congreso para que trate el tema de la utilización de reservas, el Poder Ejecutivo hizo todo lo contrario: eludió la convocatoria al Congreso para tratar un tema tan importante como es el del uso de las reservas y dicta este decreto. Es decir que va con dos acciones que tienen que ver con que lo que quería el Poder Ejecutivo, que era eludir la participación del Congreso de la Nación.
Atendiendo a la situación de endeudamiento y compromisos que vencen estén este año, está claro que después del segundo semestre están los compromisos más importantes. El ejemplo más claro de que no se trataba de una situación de necesidad y urgencia tiene que ver con lo que pasó. Durante cuatro meses estamos discutiendo el tema de la sanción del decreto. Hace recién dos semanas han podido utilizar las reservas y no se cayó nada; no pasó nada en el país. Es decir, se pudo cumplir con los compromisos que había en el primer trimestre. ¡Porque no era verdad que había que dictar un decreto eludiendo la participación del Congreso de la Nación por una razón de necesidad y urgencia! ¡No existe la tan mentada razón de necesidad y urgencia! Con ello, el carácter de excepcionalidad que requiere el inciso 3) del artículo 99 no existe; la real situación de necesidad y urgencia tampoco. También se dictó argumentando que era imposible la sanción de una ley. Ese argumento tampoco es cierto, señor presidente, porque estaba en facultad el Poder Ejecutivo de convocar al Congreso, y también la predisposición de todos de poder discutir el tratamiento del uso de las reservas. Entonces, estamos no sólo en presencia de un incumplimiento del inciso 3) del artículo 99 –no hay razones de necesidad y urgencia– sino que estamos frente a una cuestión que tiene que ver con la nulidad, señor presidente; esa nulidad del acto que ha sido planteada en varias presentaciones judiciales. De hecho, se avanzó especialmente en el decreto 2010. Por eso el Poder Ejecutivo –la presidenta– viene el 1° de marzo y dice: “Derogo, dejo sin efecto el decreto 2010, y sanciono otro decreto 298”, que es el mismo texto. Porque hasta allí había un avance judicial en donde el Poder Judicial había planteado claramente la ausencia de estos requisitos de necesidad y urgencia, y también la situación de nulidad de estos decretos como acto administrativo: porque no están los requisitos de necesidad y urgencia; porque son inexistentes; porque están dictados aun con la posibilidad de ser tratados por ley; y porque no contienen una motivación explícita suficiente aun en los fundamentos del decreto. Esto lo han dicho los jueces de primera instancia y la Cámara. Es decir que venía muy mal judicialmente el decreto 2010. Entonces, ese es el segundo tema que pone en debate: la cuestión de la necesidad y urgencia. Hay otro eje temático que se plantea vinculado con la Carta Orgánica, que es la letra, es decir, cuál es el compromiso, el título que se compromete a entregar el Estado al Banco Central a cambio de las reservas. Por eso, a nosotros nos pareció muy mal –incluso incumpliendo no sólo con la Carta Orgánica, sino frente a lo que pasó con la derogación de los decretos 2010 y 298– la eventualidad de la comisión de un delito de los funcionarios del Banco Central que actuaron aceleradamente, a sabiendas para cumplir una orden que no debían cumplir. Digo esto porque la letra, el instrumento que ofrece el Poder Ejecutivo, tanto en el Decreto 2010 como en el Decreto 298, tiene que ser visto por las autoridades del Banco Central, porque si no se garantizan y no se tutelan cuáles son los requisitos exigidos en la Carta Orgánica para los activos que tiene que recibir el Banco Central como contraprestación, hay incumplimiento a dicha Carta Orgánica. Entonces, se incumple con el artículo 33 de la Carta Orgánica que establece que los activos externos en depósitos u otras operaciones en bancos externos en papeles de reconocida solvencia y liquidez son los activos que puede recibir el Banco Central como contraprestación; en este caso, ceder reservas al Poder Ejecutivo nacional.
Está prohibido colocar en disponibilidad, en moneda local o extranjera, instrumentos que no gocen de inmediata liquidez. Por lo tanto, la iliquidez de la letra que ofrece el Poder Ejecutivo hace colisionar a las autoridades del Banco Central con las disposiciones de la Carta Orgánica. En consecuencia, esta letra que ofrece el Estado como contraprestación de las reservas no tiene ni mercado donde comercializar y es intransferible. Efectivamente, el Banco Central de la República Argentina no la puede comercializar, la tiene que guardar. En consecuencia, colisiona con las disposiciones de la Carta Orgánica del Banco Central. No
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posee precio de mercado, ni compra, ni venta; es decir que carece del elemento esencial de la liquidez. No posee cláusula de recompra; el Banco Central es el único tenedor. Señor presidente: hay un dictamen que es contundente en el expediente interno del Banco Central que ha desoído la propuesta para la Presidencia del Banco Central. En efecto, la auditoría externa ha advertido que si se utilizan las reservas por este mecanismo de decreto de necesidad y urgencia, sin la participación del Congreso de la Nación y utilizando esta letra, este instrumento que ofrece el Estado colisionando con la Carta Orgánica del Banco Central, puede haber modificaciones posteriores al cierre del ejercicio, en el balance, y puede haber responsabilidades de las autoridades del Banco Central. Todo esto está dicho en informes técnicos, en el expediente interno del Banco Central. Por lo tanto, el concepto de la libre disponibilidad, las razones de necesidad y urgencia y el instrumento que ofrece el Poder Ejecutivo realmente son las claves que hacen colisionar el accionar de Mercedes Marcó del Pont con la Carta Orgánica del Banco Central. Ahora bien, hay otras cuestiones. Acá ha sido bien detallado por parte de la senadora Escudero el incumplimiento a los distintos artículos de la Carta Orgánica, entre ellos los artículos 3°, 33, 19 inciso h) y el 20, así como también el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, como acabamos de decir. Pero hay otro tema, señor presidente. Cuando uno escucha todos los antecedentes de Mercedes Marcó del Pont y todos los requisitos planteados para que alguien pueda ejercer la Presidencia del Banco Central, en verdad, si uno cierra los ojos y la licenciada Marcó del Pont recién llegara a ocupar la Presidencia del Banco Central, toda su capacitación, sus títulos de grado y de posgrado la habilitarían para presidir el Banco Central. El problema está en su conducta, que es lo que nosotros objetamos. Nuestra objeción en este punto tiene que ver con su conducta. Nosotros decimos que el hecho de haber suplantado el Decreto 2010 por otro nuevo –el 298–, donde el artículo 1º tiene la misma redacción que los artículos 2º y 3º del decreto 2010, impugnado judicialmente, aun con resolución de Cámara en la cuestión de fondo. ¡No como la impugnación que hicimos del 298, donde en primera instancia, se resuelve una medida cautelar para que no se utilicen las reservas y luego la Cámara levanta esa medida cautelar y por eso, desde hace dos semanas, pueden utilizar las reservas! Pero la Cámara no se expide sobre la cuestión de fondo que nosotros planteamos. Como presentantes –desde el radicalismo somos uno de los que impugnamos el decreto 298– teníamos diez días hábiles para impugnar y plantear un recurso ante la Corte Suprema. No lo hicimos porque creemos que es el momento del Parlamento, señor presidente. Pero no está resuelta la cuestión de fondo que sí lo estaba en el 2010. Por eso el Poder Ejecutivo –la presidenta– deroga el 2010 y, a través de un ardid, a través de esta medida administrativa, se elude una resolución judicial. Entonces, nosotros decimos que la propuesta para la Presidencia del Banco Central de la República Argentina está incursa, eventualmente, en los delitos del 248 del Código Penal –incumplimiento de los deberes del funcionario público–, del 239 –desobediencia a un funcionario judicial; a una resolución judicial–. ¡A cualquier ciudadano común que no cumple con una orden judicial lo menos que le pasa es que le caiga la policía a la casa! Esto es lo que pasa; más aún, señor presidente, cuando se trata de un funcionario del que –nada más y nada menos– se pretende que presida el Banco Central de la República Argentina.
¿Cuál es la orden que se desobedece? La resolución de Cámara que impedía la utilización de las reservas en el decreto 2010. Y, a través de un ardid, el Poder Ejecutivo lo deroga y lo reemplaza por otro decreto para eludir esta orden judicial que le impedía la utilización de las reservas. Este es el tema que está en debate: el tema central, que tiene que
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ver con la conducta. Acerca del 298, que reemplaza al 2010, se ha dicho que tiene el mismo objeto: pagar a los mismos tenedores. El artículo 3º de ambos decretos tiene el mismo texto. Se plantea el mismo instrumento de pago que ofrece el Banco Central contra las reservas que otorga el Poder Ejecutivo. No se admite razón de necesidad y urgencia. Desnaturaliza lo dispuesto en la Constitución Nacional respecto de este tipo de actos administrativos. Esta línea de argumentos planteados por la Justicia en el 2010 es también aplicable al 298. Este es el problema: que la propuesta para presidenta del Banco Central actuó con dolo y con ardid. Con respecto a esto que estamos diciendo, señor presidente, ¡cuidado! Ayer, la Cámara de Diputados trató el rechazo del decreto 298 con una resolución que está siendo notificada ahora. El presiente del bloque de la Unión Cívica Radical, ayer, planteó que no sólo se trata –como dice el texto de la resolución– del rechazo del decreto 298 sino también de la nulidad. Entonces, la conceptualización de la nulidad como acto administrativo planteado por la Cámara de Diputados lleva directamente a que los bloques que votaron por el rechazo del decreto 298 tengan que presentar una denuncia penal en contra de la funcionaria propuesta y de los funcionarios del Banco Central de la República Argentina a quienes, como bien dijera la senadora Escudero, rápidamente –en una hora, como dijo el senador Verna en la sesión-; les bastó una hora para realizar todas las operaciones a efectos de transferir 4.300 millones de dólares, señor presidente, que es el monto que aparece en el decreto 298. ¡De esto estamos hablando! Estamos hablando de que el Banco Central de la República Argentina es una creación del Congreso establecida en el artículo 75, inciso 6), de la Constitución que textualmente dice, como atribución del Congreso, “Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como bancos nacionales.” ¿Por qué le reserva la creación del Banco Central para la emisión de la moneda al Congreso de la Nación y por qué la Constitución no se la reserva como facultad al Poder Ejecutivo? Porque establece, en este sistema republicano de división de poderes, el estricto control de un poder sobre el otro, y otorga este control al Congreso de la Nación. Entonces, hay una materia de control que está vinculada con esta orden que la Constitución le da al Congreso, de crear el banco para la emisión de la moneda. Es sólo el Congreso el que está habilitado. Porque la única manera que éste tiene de controlar al Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta los recursos que se recaudan con los impuestos que se le cobran al pueblo argentino, es a través de la aprobación de las leyes de impuestos. Pero ¿cómo hace el Congreso de la Nación para controlar el otro impuesto, que no está en leyes, que es informal y que, por ello, no está escrito, que es el impuesto inflacionario, el impuesto que cae con mayor peso sobre el bolsillo de los trabajadores argentinos? Justamente, por medio de la facultad del Congreso de la Nación de crear el banco para emitir la moneda. Por eso se indica al Parlamento que debe cuidar el valor de la moneda. Porque de lo contrario, se genera un impuesto que no pasa por el Congreso Nacional.
Entonces, no es casual que el Parlamento deba crear el banco y no es casual que los jueces hayan dicho: “cuidado, este es un decreto de necesidad y urgencia, no es cualquier acto administrativo, y no sólo tiene necesariamente que cumplir con la Constitución”; es decir, tienen que estar demostradas las razones de necesidad y urgencia. Por eso, los jueces siempre dijeron que si el Congreso puede expedirse, lo tiene que hacer. Porque éste debe controlar cada movimiento y cada modificación, aún por decreto de necesidad y urgencia, de la Carta Orgánica del Banco Central. Por ello la Constitución manda al Congreso en tal
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sentido y por ello colisiona con esa Carta Orgánica el accionar de Mercedes Marcó del Pont. En virtud de ello, no le podemos dar el acuerdo. Porque el acto de otorgar un acuerdo es un acto institucionalmente alto, que tiene que ver con una designación compleja, como la que tratamos. ¿Por qué la presidenta del Banco Central tiene que ser sometida a una designación como acto complejo del Poder Ejecutivo y del Congreso? Porque se trata de lo que se trata: nada más ni nada menos, que de presidir el banco que emite la moneda, que es la ultima ratio de control –desde el Congreso– del pueblo argentino para evitar la aplicación del impuesto inflacionario. Entonces, en esto radica el tema en debate, señor presidente. Aquí se ha incumplido con la Carta Orgánica del Banco Central y se ha incumplido con el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución. Y el problema es que nosotros perdimos la confianza. En este acto complejo del Poder Ejecutivo y del Congreso, nosotros ejercemos el control. Y en nuestra facultad de ejercicio del control, nosotros no podemos otorgar el acuerdo a una funcionaria propuesta que, desde nuestro punto de vista, ha cometido delitos. Porque, por lo menos, ha cometido el delito tipificado por el artículo 248 del Código Penal, relativo al incumplimiento de los deberes de funcionario público, y ha desobedecido una orden judicial. Por ende, le tiene que caer, con esta decisión, el peso que le cae al ciudadano común cuando no cumple una orden de un juez. Y también, dicha funcionaria podría estar incursa en el delito de malversación de caudales públicos, previsto por el artículo 260 del Código Penal. Esto no lo decimos nosotros, solamente. Tal vez se puede tomar como una expresión parcial del bloque de la Unión Cívica Radical y de otros bloques de la oposición. Pero la Cámara de Diputados acaba de resolver ayer también en este sentido. Y no solamente ha rechazado sino que ha expresado la nulidad del acto administrativo, lo cual complica la situación penal de Mercedes Marcó del Pont. Con lo cual, sería una irresponsabilidad otorgarle el acuerdo. Estas son las razones que tienen que ver con su conducta. Y nosotros juzgamos la conducta. Porque en el acto de otorgamiento de un acuerdo, está también el aval de la confianza de este Congreso, de este Senado, que tiene que ver con las relaciones institucionales e interpersonales. Y aquí se ha quebrado el vínculo de la relación personal e institucional con Marcó del Pont como eventual presidenta del Banco Central. Entonces, frente a esta situación, que tiene que ver con su conducta, nosotros no podemos darle el aval. Por eso, vamos a rechazar su pliego. Sr. Presidente. – Señor senador Juez: por Secretaría me informan que usted había pedido la palabra. Se la voy a otorgar al senador Morales ahora, para respetar una costumbre de este cuerpo, y luego, si usted desea redondear algo en base a las apreciaciones que se realicen, senador Juez, le daré el uso de la palabra; de no ser así, hablará el senador Pichetto. Ha sido un error nuestro. Sr. Morales. – Le pido que lo respetemos permanentemente, porque no es la primera vez que pasa. Y después, al final, tiene que hablar el presidente de la primera minoría. Sr. Presidente. – Así es. Tiene la palabra el senador Juez. Sr. Juez. – Sugiero, señor presidente, que consiga para la senadora Morandini y para quien habla un traje “mimetizado” o alguna sirena, porque la palabra la pedimos hace una hora y media. Hace una hora y media que tengo ganas de ir al baño. Es correcto lo que dice el senador Morales. Corresponde a la primera minoría. No queremos un lugar que no nos corresponde. Siempre pedimos lo que nos corresponde. Coincido con el senador Morales. Después de todo lo que se ha dicho, quiero remarcar que hay dos conceptos.
Siento incomodidad, porque cuando se votó en este cuerpo la integración de las
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comisiones y, por esa decisión, en aquel momento me tocó integrar la de Acuerdos, pensé que iba a debutar acompañando el acuerdo de una mujer a la que le reconozco idoneidad, capacidad y profesionalismo. Y me incomodó la conducta del 3 de marzo, teniendo en consideración toda esa capacidad, idoneidad y profesionalismo que nadie puede poner en duda en este recinto. Reitero: no está en duda nada de eso, quiero decirlo para que quede claro y para salvaguardar el honor de Marcó del Pont. Ni siquiera se sospechó de su honor. Recién, el senador Morales se animó a introducir dos conceptos que son claves: la confianza y la conducta. Mercedes Marcó del Pont tiene idoneidad, capacidad y profesionalismo, pero eso tiene que ir acompañado por la conducta. Su inconducta del 1° de marzo hizo que su idoneidad, capacidad y profesionalismo no sean elementos a ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar su pliego. Y esto sucede en todos los órdenes de la vida. Es como si usted necesita tener certificado de antecedentes absolutamente inmaculados para acceder a un cargo y, mientras va a rendir ese examen o entregar su carpeta de antecedentes, choca en la esquina y le imputan lesiones leves culposas. Ya su planilla de antecedentes y su conducta no son las que se requieren para el cargo. No voy a entrar en discusiones monetaristas o puntuales. Acá se ha avanzado y, seguramente, los que han preopinado lo han hecho con mucha mayor capacidad que yo. Pensamos que esta posibilidad de discutir el pliego de Marcó del Pont no iba a llegar nunca. Ocurrió por el azar y gracias a la voluntad de una senadora oficialista que se animó a sentarse a discutir. Pensábamos que nunca lo íbamos a debatir, como muchas cosas que establece el temario. Hoy tuvimos una reunión maravillosa conducida por el presidente de la Comisión de Acuerdos, donde prestamos conformidad a pliegos de algunos generales, comodoros, brigadieres y almirantes. Fue una reunión muy inteligente, ordenada y conducida brillantemente por el presidente de la Comisión de Acuerdos. No son muchos los funcionarios que, conforme el artículo 82 del Reglamento, tienen que pasar por el acuerdo de este Senado. ¿Podía ignorar Mercedes Marcó del Pont, a cargo del Banco Central en carácter provisorio, que tenía que venir su pliego a buscar esa confianza de la que hablaba el senador Morales? No. Entonces, las violaciones no son un invento. Recién escuchaba a algunos senadores que hablaban de que es una malicia o una mala interpretación. Verdaderamente, la licenciada Marcó del Pont violó preceptos constitucionales a sabiendas. En aquella oportunidad, dije que, en la Comisión de Acuerdos, habíamos cometido algunas torpezas. Lo reconozco acá, nos habíamos manejado con alguna celeridad. ¿Pero podía la presencia de Marcó del Pont, inclusive a la hora que había sido citada, borrar su inconducta? No había forma. ¿Podía alguna pregunta que le formulara algún legislador oficialista u opositor reconducir su conducta a la decisión que había adoptado a las seis de la tarde, cuando ya había liberado las reservas y violado la Carta Orgánica y la Constitución? No había ninguna posibilidad.
La inconducta estaba manifiesta y consumada. Y como dice el senador Morales, esa inconducta es la que nos permite –y me permite, como integrante de la Comisión de Acuerdos, pero, particularmente, junto con la senadora Morandini, en representación del Frente Cívico de la provincia de Córdoba– entender y acompañar el dictamen claramente expuesto por la senadora Escudero, en el sentido de que no podemos prestarle acuerdo, porque el acuerdo es un acto de confianza, y esa confianza, lamentablemente, como decía el senador Giustiniani –a quien, seguramente, le hubiese encantado acompañar el pliego–, ese acto de confianza lo rompió nada más y nada menos que la principal interesada en tener la confianza del Parlamento para ocupar un cargo tan importante, como ser presidente del
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Banco Central. No es cualquier acto de desconfianza. El mejor proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central es de autoría de la ex diputada Mercedes Marcó del Pont. Lo decía con claridad la senadora Escudero. La Carta Orgánica actual de hecho no le gusta, porque conocemos su proyecto, pero debe respetarla porque para poder modificarla tendrían que haber sancionado un proyecto de ley. La Carta vigente es la que se debe respetar y la que no cumplió. Y ese acto de inconducta es lo que permitió este dictamen de mayoría que nosotros, en representación del Frente Cívico, venimos a acompañar. Lamentablemente, y lo digo como autocrítica general, expulsamos a personas brillantes, maravillosas, llenas de aptitudes. Las presiones políticas terminan poniéndolos en actos de inconducta que hoy nos incomodan. Particularmente, me incomoda sobremanera tener que decirle a la señora Mercedes Marcó del Pont que no está en condiciones de ser presidenta del Banco Central. Por eso, nosotros acompañamos el dictamen de mayoría de la Comisión de Acuerdos, porque su inconducta derivó en la pérdida de confianza que el Parlamento tiene que tener en el funcionario que, por el artículo 82, viene a buscar el acuerdo. En conclusión, señor presidente, desde la bancada del Frente Cívico de la provincia de Córdoba, vamos a acompañar el dictamen de mayoría emitido por la Comisión de Acuerdos, por el que se aconseja rechazar el pliego de la señora Mercedes Marcó del Pont para presidenta del Banco Central. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. Sr. Pichetto. – Gracias, presidente. Sr. Presidente. – El senador Filmus le pide una interrupción. Sr. Pichetto. – Cómo no. Sr. Filmus. – Seré muy breve, señor presidente. Originalmente, mi intervención tenía que ver con transmitir lo que muchos economistas, muchos académicos de las universidades argentinas –fundamentalmente, quienes integran el Grupo Fénix– me habían dicho que transmitiera respecto de la idoneidad académica, la trayectoria y la vocación de servicio público que tiene la licenciada Marcó del Pont que, como han dicho varios aquí, alcanza con creces para poder ocupar el cargo para el cual fue postulada. El senador Guinle planteó con profundidad cómo se incumplieron los requisitos necesarios para el avance de la ejecución del pliego. La senadora Blanca Osuna planteó con profundidad, también, por qué cumplió estrictamente con la Carta Orgánica. Quiero señalar dos aspectos que me parece hacen al centro de la cuestión. Escucho las dudas, los planteos del senador Morales y muchos más. Estuvo la señora Marcó del Pont aquí como para responder a todas las preguntas y yo estuve en la reunión donde nadie se animó hacer una sola pregunta. Era la posibilidad que tenían… Sr. Sanz. – Estábamos en el cierre… Sr. Filmus. – No, le pedí una interrupción para plantear… Sr. Presidente. – Está en el uso de la palabra para una interrupción al senador Pichetto, senador Filmus. Sr. Filmus . – Simplemente, voy a abreviar planteando dos cuestiones.
Estamos discutiendo dos cuestiones fundamentales. El senador por el Chubut lo planteó, y espero que el juez Griesa no haya escuchado sus reclamos y su posición, porque sus argumentos avalan la posición del embargo de los bienes de la Argentina en el exterior y está avalando a los fondos buitres. También, quiero plantear que el fondo de lo que estamos discutiendo –y lo han planteado los senadores Giustiniani, Juez y, a la inversa, el senador
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Romero– es qué papel le queremos dar al Banco Central de la República Argentina. Este es el tema central. Por lo tanto, avalar a Mercedes Marcó del Pont es avalar un papel activo del Banco Central en un modelo y en un proceso de desarrollo y, como se dijo acá, los que no están de acuerdo con ello, claramente, son los que tienen una posición contraria a la aprobación de su pliego. Sra. Escudero. – Señor presidente… Sr. Pichetto. – Tengo el uso de la palabra, señor presidente. Sr. Presidente. – Sí. Sr. Pichetto. – ¿Va a ser breve, señora senadora? Sra. Escudero. – Soy miembro informante. Sr. Pichetto. – No, está cerrando el debate. Señor presidente: nosotros solicitamos el cumplimiento del Reglamento y de la proporcionalidad por el respeto que nos debemos tener en orden a lo que representamos cada uno de nosotros desde los distintos espacios políticos. Ahí se enmarcó el fundamento central de los motivos por los cuales no bajábamos a este recinto a dar quórum, buscando que se articularan las comisiones con equidad, equilibrio y dando cumplimiento al Reglamento. A su vez, también es importante considerar el modelo de la sesión de hoy. Yo quiero que usted, señor presidente, le dé el uso de la palabra durante todas las sesiones a los senadores Juez y Morandini, pero para ello es necesario establecer un mecanismo de orden. Porque históricamente, aquí y en cualquier legislatura, los bloques mayoritarios han cerrado los debates. Así fue siempre, y eso no va en demérito de nadie. Porque si alteramos eso, la última palabra la puede tener, a lo mejor, alguien que representa menos en el esquema parlamentario. Concretamente, estamos pidiendo el respeto del Reglamento para trabajar con reglas. Aquí hubo un problema político que determinó que no nos pusiéramos de acuerdo en la agenda parlamentaria. Porque acá nadie tiene la mayoría y ningún sector le puede imponer al otro nada; incluso, un senador define si hay quórum o no. Indudablemente, nosotros no queríamos facilitar el tratamiento del tema de la ley del cheque para desfinanciar o vaciar de recursos al Estado nacional sin decir, a través de un debate serio y responsable, de dónde van a salir otras partidas para cubrir ese bache fiscal que se va a generar por esta ley. ¿Qué habíamos pedido? Sesionar durante la semana que viene y así permitir que la señora presidenta termine el ciclo de diálogo y de charlas que tiene programado con tres gobernadores, que son los de San Luis, del Chubut y no recuerdo quién es el otro… Es el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Macri. Además, de ese modo también le podríamos dar tiempo a la elaboración de alguna propuesta, si es que el Poder Ejecutivo considera, después de escuchar a cada uno de los gobernadores, alguna alternativa para poder consensuar y actuar con responsabilidad. Esto es lo que planteamos. Yo debo reconocer algo, porque así como a veces cuestiono algunas cosas, también quiero reconocer un gesto de parte de la Unión Cívica Radical y de senadores de otros partidos tendientes a asumir el compromiso de armar un cronograma con el objeto de que podamos debatir un proyecto de ley que autorice el uso de reservas al Poder Ejecutivo nacional. Porque hasta ahora, no había existido ninguna voluntad ni ninguna actitud en tal sentido, por lo que lo de ayer me pareció muy valioso e importante.
En tal sentido, fue muy importante el debate que nos dimos en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión, que presiden los senadores Calcagno y Laura Montero, respectivamente. Ese fue un debate importante que implica el funcionamiento del Senado, porque si bien no se ha sesionado, hemos trabajado
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permanentemente en las comisiones. Nunca hemos rehuido la discusión de los temas, sino que lo que existió aquí fue, indudablemente, un conflicto en orden a la agenda parlamentaria. Y quienes quieran imponer la agenda parlamentaria, tal como sostuvo el señor senador Guinle, deben tener el número necesario y formar quórum. Hoy lo han logrado y por eso vamos a discutir. El quórum se armó en el Senado y aquí estamos para debatir. A continuación, no quiero pasar por alto otra cuestión: me pareció lamentable la publicación que se hizo en los diarios. Eso no registra antecedentes, señor presidente. Para nosotros, ha sido un hecho lamentable. Además, no nos asusta: en verdad, le digo que si teníamos que pagar por esto el 20, el 30 ó el 50 por ciento de nuestras dietas hubiésemos estado dispuestos a pagarlo. No estamos acá por eso, sino porque ustedes armaron el quórum. Por ello, estamos dando este debate. Volviendo al tema en tratamiento, creo que la Argentina tiene que empezar a transitar un camino de racionalidad. Quiero preguntarme qué pasaría mañana porque la mayoría de los hombres y mujeres que están aquí tienen una fuerte concepción de lo que es el Estado. Muchos de ellos han sido gobernadores y han tenido responsabilidades institucionales. Aquí hay dos ex presidentes de la Nación, uno de ellos con funciones en esa semana dramática de fines de 2000. Todos sabemos lo que significan las razones de Estado, lo que los franceses definen como razón de Estado. Es decir, las responsabilidades que deben tenerse frente a las coyunturas históricas. ¿Qué sucedería si el Senado plantea el rechazo del pliego de la presidenta del Banco Central en el medio de un proceso de salida del default? Aclaro que son deudas que este gobierno no contrajo. Sin embargo, se tiene toda la intención de transitar un camino de desendeudamiento. Me parece que se juega con fuego en la Argentina. Es más, pienso que esa actitud es atentatoria de los intereses de esos partidos o alternativas políticas electorales que se quieren construir de cara a 2011, ya que se tendrían que hacer cargo de la repercusión negativa que esto implicaría y de la lesión enorme para el prestigio del país. Porque eso es lo que significaría perder al presidente del Banco Central en medio del proceso financiero del canje, proceso que, además, es exitoso y conveniente para la Argentina. Me pregunto si esto va a funcionar. De lo que se trata es de desenvolvernos en un ámbito donde la responsabilidad central de los senadores para con el país no sea la de producir una derrota. Me parece que lo sucedido desde el principio fue una lógica de funcionamiento que produjo trabas, donde los derechos de la primera minoría quedaron sometidos y donde el resultado que se quería lograr era más bien de un efecto mediático, de decir que se derrotó al gobierno más que de respetar el procedimiento correcto. Fíjese, señor presidente, en el procedimiento de la Comisión de Acuerdos. No he sido integrante de la Comisión de Acuerdos, pero me ha tocado participar en alguna reunión y no recuerdo un maltrato como el que recibió la presidenta del Banco Central; no hay antecedentes en el Senado de la Nación. Siempre hubo un ámbito de respeto en el que se ha recibido a jueces y a militares, más allá del resultado posterior de la decisión que se tomara con relación al pliego y a su pertinente aprobación. El respeto que se le da a la persona es el que significa tener valoración por la trayectoria que implica… – Murmullos en el recinto. Sr. Pichetto. – Señor presidente: le pido un poco de orden. Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Pichetto. – Me refería al respeto que debe imperar en el funcionamiento de la Comisión de Acuerdos. El cuidado de las formas, eso que tanto declaman. Casi diría que, a veces, hay una exacerbación de las formas por sobre el fondo. Sin embargo, cuando debe actuarse de manera cortés, responsable y educada, se emplaza a la presidenta del Banco Central para que
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concurra el mismo día en que se cerró la integración de las comisiones; día de sesión en el Senado de la Nación. Es por eso que la presidenta del Banco Central no estaba en condiciones de asistir en ese momento. Era dable esperar que la comisión, que había alcanzado una mayoría, la convocara para el día siguiente. Aquel día terminaron de imponer el número y procedieron a reunirse inmediatamente a continuación. En una hora, la emplazaron a constituirse en la Comisión de Acuerdos a efectos de examinar sus habilidades para el cargo. ¡Una hora! Creo que un delincuente confeso en la Argentina, un violador serial tiene más garantías extraordinarias que la actual presidenta del Banco Central. Y lo digo con dolor. Ahora bien, cuando la convocaron, ¿qué hicieron? No fueron capaces de hacerle una pregunta. La trataron despectivamente y con desprecio. Siento que, a veces, camina el desprecio en algunas exteriorizaciones que se hacen y se hicieron en el recinto ante nuestras ausencias. Como si nosotros no quisiéramos venir a debatir. Nosotros estamos dispuestos a debatir, claro que sí. Lo hemos hecho siempre, y cuando teníamos que conseguir el quórum para tratar un tema, lo conseguíamos y nunca se nos ocurrió hacer acusaciones o actuar agresivamente o con odio, porque no tenemos odio. No consideramos a nuestro adversario político un enemigo. Por lo menos, esa es mi visión de la política y de la vida. ¿Para qué la convocamos? Para nada, para despreciarla, para maltratarla. Hizo una exposición y dijeron que no había ningún tipo de pregunta para hacer. ¿Por qué la condenamos? El conjunto de delitos que ahora el senador Morales imputa en una confusa articulación legal –lo digo con respeto– se refieren a los mismos hechos por los que usted, señor presidente, cuando le tocó evaluar la conducta del señor Martín Redrado, dijo que había que despedirlo del Banco Central por desobedecer una orden emanada de un decreto de necesidad y urgencia firmado por la presidenta de la Nación. Sr. Presidente. – Perdón que lo interrumpa, pero no fue por esa razón, senador Pichetto. Sr. Pichetto. – El resultado y el efecto es el mismo. Y la verdad es que usted no tendría derecho a contestarme. Usted tiene que conducir el debate, no puede hacerse senador. Usted no fue elegido senador, fue elegido vicepresidente de esta Nación para cumplir ese rol. Sr. Presidente. – Me pareció conveniente aclararlo, para usted. Sr. Pichetto. – Está bien. Digo que el motivo por el que se lo despidió a Redrado fue por desobedecer las instrucciones emanadas de un decreto de necesidad y urgencia que tiene vigencia de ley. Ese fue el concepto y la articulación que se sostuvo. Además, ese fue el fundamento que determinó la salida de Martín Redrado. Y correctamente, estuvo bien despedido del Banco Central, porque creo que ese fue el origen de todos los problemas. Este proceso hubiera tenido otra historia si ese presidente del Banco Central hubiera cumplido con las instrucciones que surgen de un DNU que tiene marco constitucional. Escuché algunos discursos y hay algunos que tienen una memoria con una fragilidad extraordinaria. Son los mismos que en el gobierno del doctor De la Rúa, por un decreto de necesidad y urgencia, en el famoso “Megacanje”, endeudaron a la Argentina en 58 mil millones de dólares. ¡No la desendeudaron, la endeudaron! Determinaron uno de los más grandes endeudamientos que, además, determinó un proceso y una investigación que todavía está en curso en la Justicia. Fue una gran estafa al Estado argentino que determinó el procesamiento del ex presidente De la Rúa y del ex ministro Cavallo. Eso fue por decreto de necesidad y urgencia. Hubo varios decretos simples, entre ellos, el armado del “corralito”, una de las catástrofes que provocó 21 muertos en la Plaza de Mayo. Ahí no hubo ninguna preocupación formal de que debía hacerse en el marco de una ley, al igual que tampoco la hubo para endeudar a la Argentina en 58 mil millones.
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No voy a dar interrupciones, les pido que me disculpen. Estoy tratando de cerrar esto para que podamos votar. En este sentido, tenemos que lograr un proceso inteligente, tenemos que tener una visión de Estado, para darle a la presidenta los instrumentos que necesita para gobernar. No me canso de repetirlo; trato de tener un mensaje de coherencia, lo que digo aquí lo digo afuera en los medios: este es un sistema presidencialista. ¿Qué significa esto? Que el presidente debe tener los mecanismos para poder gobernar en la Argentina. Lo que hicieron ayer es un verdadero despropósito. Anoche llegué a escuchar, incluso, expresiones de algunos diputados, que no los voy a mencionar, que decían que con el voto de la Cámara de Diputados ya estaba derogado el DNU. Inventaron un artilugio legal para tratar de sortear la reglamentación de la ley de DNU y dijeron: “Ya está, ahora podemos denunciar”. Menos mal que hubo gente inteligente. Hoy lo escuché al diputado Gil Lavedra decir que el tema tiene que ir a debate en el Senado. Estamos en un sistema bicameral; tiene que haber discusión en ambas cámaras. ¿Qué es esto de que ya está con una sola cámara? Se votó en la Cámara de Diputados y tiene que venir acá, y vamos a discutirlo. Esperamos que podamos discutir primero el proyecto de ley, darle al Gobierno un instrumento, no descalzarlo en el proceso de canje, no afectarlo en el valor de los títulos. Esto sería lógico, racional, responsable. Vamos a ver si podemos caminar esa senda. Yo tengo esperanza todavía. Esto no quiere decir que le concedan todo al Gobierno, que no controlen, que no fiscalicen. La verdad es que, a veces, pienso –y también lo pienso en voz alta– que no sé si les conviene meter la mano en el proceso económico de la Argentina, intentar cambiar las leyes impositivas y querer modificar la relación Nación-provincias. Para hacer eso hay que gobernar el país. Para hacer eso hay que ganar las elecciones en 2011 y modelar un plan de gobierno integral porque, a veces, esos parches salen mal y alguien los paga. El 90 por ciento de los gobernadores, de todos los que yo he ido escuchando en las reuniones que han tenido con la presidenta, ha sostenido la conveniencia de no tocar la ley de impuesto al cheque. Si bien va a ser el debate que sigue, todos han dicho que no les conviene y que es preferible sostener el Plan de Asistencia Financiera. El gobernador de mi provincia, Miguel Saiz, lo ha dicho claramente. Él prefiere el Plan de Asistencia Financiera que implica casi 220 millones de pesos más, en un esquema de financiamiento precario que tiene la provincia. Deberíamos, en esta casa federal, convocar a los gobernadores para tratar este tema; sin embargo, este tema está puesto hoy en la agenda. Estas son las cosas que han determinado que no haya habido sesión. Creo que estamos frente a una funcionaria de una gran trayectoria; además, con un perfil desarrollista. Por primera vez, el Banco Central va a tener una funcionaria con un perfil que mira al país en su integralidad. Hoy, en el mundo –esto es importante, porque hay que analizar lo que está pasando globalmente–, también hay un fuerte debate. Es cierto que durante los 90, como bien dijo el senador Juan Carlos Romero, existía el concepto de blindar la autonomía de los bancos centrales. Esto signó una etapa en la línea de lo que fue el denominado Consenso de Washington y, después, también desde el punto de vista de mantener una estructura de moneda muy firme, que duró un tiempo importante en la Argentina. Pero en el mundo, esa tendencia está cambiando, y nosotros, como senadores, tenemos el deber de analizar lo que está ocurriendo y los debates que se están dando.
En el marco de la Reserva Federal y en el Congreso norteamericano, actualmente, hay una fuerte discusión. En el Congreso, en el Capitolio de Estados Unidos, hoy se está discutiendo fuertemente limitar la autonomía del Banco Central –de hecho, a Bernanke ya se
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lo han hecho saber los congresistas– y, fundamentalmente, el uso de los recursos del Tesoro y del Banco Central que se utilizaron en el marco de la crisis que allí se dio. El salvataje a los bancos en sumas realmente impresionantes y el salvataje a algunas empresas –para citar un ejemplo, la General Motors– indican un rol distinto en ese concepto rígido de la autonomía del Banco Central. Indudablemente, hay cambios estructurales en este pensamiento, y esto es lo que encierra un debate más profundo que tendrá que dar el Congreso en orden a lograr una carta orgánica que se adecue mucho más a una realidad cambiante en el mundo. Esto también está pasando en Europa, en el marco de una crisis profunda que tienen algunos países, en donde los recursos del Banco Central, en muchos casos, se colocan en el proceso económico y, en otros, también en el proceso de pagar endeudamiento. Porque ir a buscar recursos en el sector financiero es mucho más complicado y es mucho más caro, como lo ha demostrado el crédito que tomó el ingeniero Macri, quien por 220 millones de dólares tuvo que pagar el 13 por ciento anual. Entonces, me parece que tenemos el deber de abordar este tema con mayor profundidad intelectual en un debate mucho más serio sobre cuál es el rol que esperamos que tenga el Banco Central de cara a la Argentina. Y esto no es para el Gobierno actual, que como todo gobierno siempre tiene un límite en la periodicidad de los cambios que se van a dar. En 2011, habrá elecciones en la Argentina y la sociedad elegirá con su voto qué partido gobernará el país en la etapa próxima. Nosotros creemos que podemos seguir gobernando y estamos confiados pero, obviamente, la sociedad va a resolverlo con su voto. Ahora bien, los instrumentos que modelemos le servirán a la Argentina para poder pagar y desendeudarnos. Trabajar con un Banco Central al servicio del país, que piense en el desarrollo y en el crecimiento y no sólo en una de sus funciones clásicas, que es la de preservar el valor de la moneda, me parece que significa una nueva concepción. En ese sentido, Marcó del Pont expresa todo eso; muchas ideas que muchos senadores aquí sostienen. Con estos fundamentos, votaremos positivamente el pliego de la licenciada Marcó del Pont, convencidos de que es lo mejor para el país y que sería una tragedia para la Argentina que el pliego que la hace presidenta titular del Banco Central de la República Argentina no tuviera hoy el apoyo del Senado. Sr. Presidente. – Vamos a proceder a votar el despacho… Sra. Escudero. – Señor presidente: de acuerdo con lo que dispone el artículo 151 del Reglamento, como miembro informante tengo derecho a aclarar…
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Escudero. – Que se lea por Secretaría el artículo 151, por favor, porque no podemos permitir que aquí queden algunos argumentos que se dieron. Sr. Presidente. – Se dará lectura del artículo 151.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Mayans.- ¡Hagamos todos uso de la palabra, señor presidente!
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. – Señora senadora Escudero: siempre hemos tenido eso como norma. No sé lo que dice el Reglamento… Sra. Escudero. – Pedí la palabra antes…
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. – Que se lea el Reglamento. Sr. Pichetto. – Está para votar. Siempre ha sido así… Sra. Escudero. – Pido la palabra antes de votar.
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Sr. Presidente. – Por Secretaría, se dará lectura al artículo 151 y, después, voy a tomar la decisión. Por favor, léalo, señor secretario. Sr. Secretario (Estrada). – Artículo 151. Los miembros informantes de las comisiones tienen siempre el derecho de hacer uso de la palabra para replicar a discursos u observaciones que aún no hayan sido contestados por ellos. En caso de oposición entre el autor del proyecto y la comisión, aquél puede hablar en último término. Sr. Presidente. – Voy a someter a consideración la propuesta… Sra. Escudero. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero. Sra. Escudero. – Voy a retirar mi pedido de uso de la palabra a fin de que haya armonía. Ha sido muy difícil llegar a esta instancia de sesión, pero tengo razón cuando cito el artículo 151, porque así lo establece. Sr. Presidente. – En consideración, la propuesta de mayoría, que sería votar a favor del rechazo… Tiene la palabra el señor senador Menem. Sr. Menem. – Señor presidente: habida cuenta de lo que escuché en este debate y del amplio concepto que tengo de la señora presidenta del Banco Central, en esta oportunidad, me voy a abstener en lo que hace al voto correspondiente. Espero que todo salga bien. Escuché debates muy, pero muy importantes. Espero también que no le vaya a tocar en suerte desempatar a usted, señor presidente. (Risas.) Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar las inserciones solicitadas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.1 A continuación, corresponde votar la autorización para abstenerse solicitada por el señor senador Menem.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.1 Se procederá, entonces, a votar el despacho de mayoría que sería... Sr. Cabanchik. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik. Sr. Cabanchik. – Como no solemos votar esto por medios electrónicos, quisiera saber si en esta oportunidad se hará así. Sr. Presidente. – Sí. Sr. Pichetto. – Explique el sentido del voto, presidente. Sr. Presidente. – Se votará el rechazo. Si no se aprueba el rechazo porque hay menor número, se votará la otra propuesta, que es a favor de la designación. Sr. Pichetto. – Si votan por el rechazo, tienen que apretar el botón verde.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. – Así es. No sabía que hacía falta esa aclaración. (Risas.) Entonces, el botón verde es para el rechazo.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Escudero. – Que quede absolutamente claro que estamos votando el dictamen en mayoría, que promueve el rechazo del pliego. Por lo tanto, quienes apoyan el dictamen en mayoría, que no da acuerdo a Marcó del Pont, tienen que votar “verde”. Ese es el sentido del voto.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Senadora Morandini: ¿usted tiene el botón verde? Porque me dicen que no tiene botón verde y, en ese caso, lo puede hacer a viva voz... Sr. Mayans. – Señor presidente: yo quiero acompañar el voto de Marcó del Pont. Es rojo, en este caso. Sr. Presidente. – Los que estén de acuerdo en rechazar el pliego de Marcó del Pont sírvanse apretar el botón verde.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resulta empate... Falta el senador Torres. Sr. Presidente. – Senador Torres: sírvase manifestar su voto a viva voz. Sr. Torres. – Negativo. Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, resultan 34 votos afirmativos y 35 negativos. Sr. Petcoff Naidenoff. – Ahí dice otra cosa.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. – Tranquilícense, por favor. ¿Quién falta votar?
– Luego de unos instantes.
Sr. Presidente. – Se levantó el senador Torres durante la votación. No hay que levantarse. Hágalo a viva voz. Sr. Torres. – Ya voté. Rojo. Negativo. Sr. Presidente. – Entonces, hay que proceder a votar el segundo dictamen, la propuesta de la minoría, que expresa ahora el senador Guinle. Botón verde, para los que estén a favor del dictamen. Sr. Guinle. – Botón verde para votar el dictamen en minoría, que acepta el pliego de la licenciada Marcó del Pont. Sr. Presidente. – No se levanten, por favor.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. – Los que estén de acuerdo, el botón verde.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 35 votos afirmativos, 34 negativos y una abstención. Sr. Presidente. – Queda aprobado el pliego de la licenciada Marcó del Pont. Se harán las comunicaciones correspondientes. (Aplausos.) 5
DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá. Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en la sesión preparatoria, faltó ratificar al secretario de coordinación operativa, licenciado Gustavo Vélez, cuya propuesta ratificamos y pedimos que también sea ratificado por el cuerpo. Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo el cuerpo en tratarlo?
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la senadora Escudero. Sra. Escudero. – Se acaba de votar la decisión de incorporar el tema. Pedimos que, en una segunda votación, se ratifique a Vélez. Sr. Presidente. –Ya se habilitó el tema. En consideración. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.1
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PLAN DE LABOR
(Continuación)
Sr. Presidente. – Recuerdo que hay un tema que quedó pendiente, que creo es importante, que es la resolución que ad referendum incluyó la primera minoría. Así que en el momento en que se considere oportuno, me parece que es un tema para resolver. Igualmente, ha ingresado la justificación médica de la senadora Bongiorno, quien tiene problemas de salud, razón por la cual tiene reposo hasta el 30 de abril. Tiene la palabra el señor senador Morales. Sr. Morales. – Señor presidente: la idea sería seguir con el segundo tema que ha quedado planteado en esta sesión, que es el tratamiento de la modificación de la ley de impuesto al cheque. Posteriormente, vamos a mocionar, como hemos planteado en la reunión de labor parlamentaria, la inclusión del proyecto de ley de mediación, el 107/09, y el Orden del Día No. 55 del 2010, relativo a las cuentas sueldo. Entonces, pido que avancemos en este tratamiento y que luego se sometan a consideración todas las resoluciones de orden que por delegación ha dictado la Presidencia. 7
O.D. N° 02/10
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTO A LOS DÉBITOS
Y CRÉDITOS BANCARIOS
Sr. Presidente. – Continuamos con el orden del día de la sesión. Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos en distintos proyectos de ley de varios señores senadores por los que se modifica la ley de impuesto a los débitos y créditos bancarios. Tiene la palabra el señor senador Nikisch. Sr. Nikisch. – Señor presidente: este tema que vamos a debatir hoy es el impuesto a los créditos y débitos bancarios, comúnmente llamado impuesto al cheque. Está tratado en la ley 25.413, de competitividad, la cual, precisamente, en este mes de abril cumple nueve años de vigencia. Se trata de un impuesto creado junto con las retenciones a las exportaciones, en un momento difícil para la Argentina y de dificultades para la caja nacional, en el cual el Congreso de la Nación, a través del acompañamiento de diputados y senadores, resolvió dar esta herramienta al gobierno nacional para equilibrar las cuentas. En su momento, fue previsto para que los fondos fueran de emergencia pública. Luego, durante los diferentes años que se sucedieron, esa previsión fue cambiando –era una ley de corto plazo, que tendría una vigencia breve– y, año a año, fue siendo prorrogada, con algunos cambios. Así, ya en 2002 –al año siguiente–, el Congreso de la Nación decidió cambiar parte del destino de esos fondos, para que parte de esos recursos sean coparticipados. Es decir, que de ese 100 por ciento que disponía el gobierno nacional, se resolvió que un 15 por ciento se destinara a las provincias. Luego, en los años siguientes, se volvieron a efectuar prórrogas, pero planteándose que fueran directamente al Tesoro Nacional, y se cambió también el tema de la emergencia pública, por el hecho de consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico.
El año pasado, a fines de 2009 –cuando se volvió a tratar este tema– el oficialismo
1 Ver el Apéndice.
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planteó, concretamente, que esta ley debía ser prorrogada por dos años. Es decir que no se vuelve a prorrogar por un año, no se vuelve a discutir la condición de este impuesto, si es regresivo o no, si afecta al bolsillo de los argentinos o no, o si atenta contra las pequeñas y medianas empresas. Simplemente el oficialismo, con todas las letras, plantea la necesidad de una prórroga por dos años hasta la finalización del mandato de este gobierno. Hay muchos proyectos que se han presentado desde 2008. Por ejemplo, el del senador Juan Carlos Marino, el del senador Rodríguez Saá y otros, el de la ex senadora Sánchez, por Corrientes –provincia que hoy tiene serios problemas económicos–, y el de los senadores Verani y Rached, por Santiago del Estero. Son proyectos que no fueron tenidos en cuenta por el oficialismo para que la comisión pudiera haberlos tratado y analizado su viabilidad para ser discutidos aquí, en el recinto. Es decir, se suman en los últimos dos años a los cuatro años anteriores, en donde nunca se pudieron tratar temas que hicieran a las cajas de las provincias y a resolver los problemas de desfinanciamiento de los gobiernos provinciales y de las municipalidades. A partir del año 2010 y de esta nueva relación de fuerzas ha cambiado la historia. Y además del compromiso de la oposición en cuanto a viabilizar el tratamiento de todos los temas que vengan del Ejecutivo nacional, del oficialismo o de Diputados, tenemos la oportunidad de que nuestros proyectos que durante seis años han sido frenados en las comisiones, sean tratados en este recinto. Ni siquiera decimos que sean acompañados o aprobados. Hemos logrado después de muchos años que estos temas se debatan acá, en el Senado de la Nación. Y hay proyectos que se han incorporado el año pasado, como el que he presentado, además de uno del senador Viana, que marcan concretamente que esta iniciativa que hemos consensuado desde la oposición es la forma en que pretendemos tener la voz de nuestras provincias y de las más de 2.000 municipalidades y comunas de toda la Argentina. Sabemos concretamente –y lo hemos manifestado– que es un impuesto regresivo que atenta contra el desenvolvimiento de la economía y, fundamentalmente, de la economía de las pequeñas y medianas empresas. Lo hemos dicho y sostenido: sabemos que es un impuesto que debe ser reemplazado o eliminado. Me voy a permitir leer cuál fue la posición de la Unión Cívica Radical hace pocos años, en 2006, cuando se trató el tema del impuesto a los créditos y débitos bancarios y se planteaba nuevamente la prórroga. Decíamos en aquella oportunidad desde este bloque: todos coincidimos en que el impuesto a los créditos y débitos bancarios o impuesto al cheque es un gravamen malo; es un impuesto que nunca elegiríamos si tuviéramos la oportunidad de replantearnos nuestro sistema tributario. Es un impuesto malo porque alienta la utilización del efectivo, desalienta la utilización de los servicios bancarios y dificulta la formalización de una economía que ya de por sí es altamente informal, porque resulta más sencillo ocultar una transacción realizada en efectivo que una bancaria. Pero, además, es malo en la República Argentina porque la carga fiscal sobre el capital de trabajo que el impuesto genera es particularmente elevada para aquellas empresas menos integradas verticalmente, como son las pequeñas y medianas. Desde ese momento, siempre la Unión Cívica Radical ha tenido una posición. Y lo que queremos plantear concretamente en este proyecto de distribución de los recursos del impuesto al cheque es, primero, que hemos conseguido debatir. En segunda instancia hemos logrado que el gobierno nacional reconozca públicamente que hay que hablar de la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias.
Hace poco tiempo el ministro de Economía de la Nación manifestaba como al pasar que el problema de la coparticipación era un tema de los gobernadores. Después de que
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logramos que se instale en el debate público la necesidad de una nueva distribución de los recursos entre la Nación y las provincias, donde en estos últimos años la Nación se queda con 75 pesos de cada 100 que se recaudan y solamente llegan a las provincias 25, hemos conseguido que la presidenta convoque –lo manifestaba el presidente de la bancada oficialista– a una ronda de reuniones con los gobernadores. La pregunta es: si es una decisión política del Ejecutivo nacional, ¿por qué no lo ha hecho antes, en los años anteriores, cuando desde las gobernaciones y las intendencias se planteaba una realidad que mostraba déficit en nuestras cajas con una carga pesadísima de las deudas provinciales y municipales? Es decir que se ha avanzado, y mucho. Pero lo que llama poderosamente la atención es que apenas puesto a consideración este proyecto de ley consensuado las voces del Poder Ejecutivo manifestaban claramente que se desfinanciaría la caja del gobierno nacional. Y fueron más allá: la presidenta manifestó que esto dificultaría seguir atendiendo las demandas sociales y que, inclusive, se podría poner en peligro la asignación universal por hijo, cuestión que es totalmente errónea. Por un lado, porque los fondos para la asignación salen de la ANSeS y aquí estamos hablando de la caja del gobierno nacional. Y, en segundo término, porque esta coerción de crear temor en la sociedad para que se manifieste en contra de este proyecto de ley cambia abruptamente de un día para otro cuando la presidenta recibe en Olivos al primer grupo de gobernadores y, a la salida, en el informe oficial el ministro Randazzo dice que se va a evaluar la eliminación de este impuesto. Es decir que de desfinanciar la caja del gobierno nacional, de crear zozobra entre la gente, pasamos a pensar que es necesario eliminar este impuesto. Nosotros, desde esta bancada, acompañamos la eliminación de este impuesto. Cuando el gobierno nacional lo decida, nosotros vamos a acompañarlo pero, mientras tanto, queremos decir que vamos a seguir insistiendo hasta que no se cambie esta realidad. Pretendemos que los recursos sean coparticipados como corresponde, por ley.
La emergencia nacional, por la cual fue creado este impuesto, ha desaparecido de la Argentina. Durante años hemos escuchado hablar de la bonanza de la situación de la caja del gobierno nacional, donde el superávit fiscal, el superávit comercial y el incremento de las reservas muestran una fortaleza de la caja del gobierno nacional, que no es la misma que tienen las provincias. En este sentido, la coparticipación del impuesto al cheque no es una cuestión aislada sino que forma parte de la necesidad de rever toda la relación de la distribución de los recursos, porque en este sentido hay dos cuestiones que quiero señalar: por un lado, la coparticipación que lleve tranquilidad a las provincias y a los municipios; y, por otra parte, el hecho de que el gobierno nacional se niega a tratar un tema que no es menor, como es el endeudamiento de las provincias, deudas que son una carga muy pesada, una mochila difícil de llevar para la mayoría de las provincias, que con mucho esfuerzo en estos últimos seis años vienen cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal –o por lo menos en los cinco primeros años, salvo el de este año, en donde los gobiernos provinciales están liberados de cumplir la ley de responsabilidad fiscal 2009 y 2010. Durante cinco años los gobiernos provinciales hemos pagado la totalidad de los intereses de los vencimientos de la deuda y en promedio el 35 por ciento de los vencimientos de capital, reprogramando la deuda solamente en un 65 por ciento, que en su momento fue pesificada a razón de 1 dólar - 1,40 pesos. Es decir que cuando la Nación actualizó la deuda de las provincias incrementó ese saldo, de arranque, en un 40 por ciento. Y hasta el día de hoy nos sigue aplicando el CER, lo que difiere totalmente de la manera en que el gobierno nacional –al que hemos acompañado– ha refinanciado su deuda, con quitas y con mejores plazos. Es decir que la Nación fue acompañada por las provincias a través de sus diputados y senadores y públicamente por todos los partidos políticos para solucionar sus problemas de caja, pero no adopta la misma
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posición con relación a las deudas de las provincias. Nosotros creemos que esto se va a resolver con el tiempo porque hay otras iniciativas al respecto como, por ejemplo, la que ha surgido ahora a través de un proyecto de consenso para que los fondos de ATN, atesorados en el Ministerio del Interior y que son para emergencias en las provincias, puedan ser distribuidos y aplicados a las deudas de nuestras provincias. Acá se ha dicho, desde la Presidencia de la bancada oficialista, que la mayoría de los gobiernos justicialistas acompañan la no distribución del impuesto al cheque. Pero yo quiero decir que el ministro de Economía del gobierno justicialista del Chaco ha manifestado públicamente que para el Chaco la distribución del impuesto al cheque en cuestión de caja es neutra. Y si es neutra para la provincia del Chaco, también lo es para el gobierno nacional. Cabe aclarar aquí que esa no es la voz de la oposición, sino que es el propio ministro de Economía del gobierno justicialista de la provincia del Chaco quien manifiesta concretamente que el efecto sería neutro. Y en este caso es así porque la Nación dejaría de prestar atención a través del programa de asistencia financiera. En tal sentido, digo que prefiero la coparticipación del impuesto al cheque a pesar de que el gobierno nacional no nos asista con el programa de asistencia financiera, porque un economista - como el ministro de Economía de la provincia del Chaco –y un gobernador– que conoce mucho de economía y que ha estado muchos años al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este Senado –dicen que esto sería neutro–. En definitiva, lo que estamos pidiendo es que se nos refinancien las deudas y que se nos transfieran los fondos para que de esa manera la provincia pague la deuda que tiene, atienda los vencimientos de capital y de interés sin necesidad de que el gobierno nacional le facilite los fondos. Voy a solicitar la inserción de mi exposición, pero brevemente desde la bancada de la Unión Cívica Radical y con el consenso de todos los que han presentado proyectos sobre este tema pretendemos aprobar una norma que beneficiará, en definitiva, a los gobiernos provinciales y a los municipios y comunas de toda la Argentina. En conclusión, una norma que va a permitir tener una relación mucho más tranquila en lo que hace a la autonomía de las provincias, de no estar pendientes de la llegada o no de los recursos que hoy faltan en nuestras provincias. Esta es la causa de los atrasos salariales, de las huelgas en distintos ámbitos y de las necesidades de insumos en hospitales y en la prestación de diversos servicios. Esas cosas no se resuelven compensándolas con obras como pretende el gobierno nacional. Cuando falta un medicamento en un hospital o en un centro de salud en las provincias del norte argentino o en el conurbano no se compensa con una obra pública ni con más cemento. Lo que planteamos es que nuestros gobernadores, las legislaturas provinciales, los intendentes y los concejales sean quienes determinen de qué modo se harán las inversiones. Quiero dejar sentada mi satisfacción personal, y lo puedo decir por haber estado del otro lado del mostrador, porque por primera vez en muchos años se puede debatir la coparticipación de los fondos provenientes del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. Quizás en un tiempo no muy lejano se tenga la posibilidad de que los 9500 millones de ATN atesorados en las cuentas del Ministerio del Interior sirvan para pagar las deudas de las provincias. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Es un verdadero honor y un placer hablar a continuación del señor senador Nikisch. Creo que la primera vez que hablé en el Senado lo hice luego de él.
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De todas maneras, en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda tendremos oportunidad de continuar con este debate. Evidentemente, entiendo que cuando habla del consenso logrado, de lo que hace a la redistribución de los fondos proveniente del Impuesto de los Débitos y Créditos Bancarios o en la de los ATN alude al consenso del arco opositor puesto que, obviamente, como lo hemos expresado en la comisión, no compartimos esa postura. Precisamente, esa postura es la que trataré de exponer a lo largo de mi discurso. Sr. Presidente. – El senador Verna le solicita una interrupción. ¿La acepta? Sr. Calcagno y Maillmann. – Sí. Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Verna. Sr. Verna. – Señor presidente: por su intermedio, le solicito al señor miembro informante del bloque del Frente para la Victoria que vuelva a distinguir entre opositores y no oficialistas. Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Calcagno y Maillmann. Sr. Calcagno y Maillmann. – Es una distinción que, bajo la sabia recomendación del señor senador por La Pampa, me esforzaré en mantener de aquí en más. Ha sido un feroz ataque a mi cartesianismo que no perdonaré. Retomando el hilo de mi exposición, en esos debates de comisión, en los discursos que se pronuncian y en los programas de televisión y de radio hay como un relato que se ha instalado que es esto de Nación mala–provincias buenas o la reedición de un viejo superclásico que ha estructurado toda nuestra historia: la siempre conflictiva relación Nación–provincias. Recuerdo el libro de Juan Álvarez, un libro precursor de inicios del siglo XX, que por primera vez utilizaba la metodología económica en el análisis histórico, en el que hacía una correlación entre las tarifas de la Aduana de Buenos Aires y las guerras civiles. Era una correlación bastante interesante con los instrumentos de la época. La primer parte de lo que voy a intentar exponer va a ser, precisamente, superar esa cuestión casi de “superclásico” Nación-provincias, provincias-Nación, Nación mala-provincias buenas, que ha cobrado significación en el tratamiento de la ley del cheque. En efecto, cuando se habla de modelo, hay que reconocer que el modelo económico que se sigue desde el 2002/2003 no es un modelo de fracaso. De hecho, en ese período el producto bruto creció un 64,1 por ciento en términos reales. Eso ha incidido positivamente sobre los recursos provinciales. Por ejemplo, la recaudación provincial pasó de 14.300 millones de pesos a 45.400 millones de pesos entre 2003 y 2008. Nota al pie: este es también un vicio cartesianista, por el cual me excuso; es que todos los datos tienen como fuente la Subsecretaría de Dirección de Relaciones Económicas con las Provincias, salvo indicación en contrario. Entonces, este aumento de la recaudación provincial por ingresos brutos, inmobiliarios, sellos, automotores y otros impuestos es importante y también marca que las políticas macro seguidas a nivel nacional tienen un impacto positivo en las provincias –todos aquí lo sabemos– y a veces a nivel municipal. El senador Nikisch lo ha señalado con mucha pertinencia. A nivel provincial surgen problemas que sólo se pueden solucionar a nivel nacional. Cuando hay una brutal recesión, cuando hay tasas de desocupación del 24 ó 25 por ciento, tasas de subocupación de otro tanto, ¿qué va a hacer el pobre intendente? Él es el que recibe el problema pero no tiene los instrumentos para su solución.
Es ahí en donde me parece que, superando esta cuestión Nación-provincias, provincias-Nación, deberíamos interrogarnos sobre esa articulación entre la política macro que se sigue y la política general del gobierno y sus efectos en las provincias. Porque a veces
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pareciera que las provincias son un planeta y el Estado nacional es otro. El Estado no tiene otro territorio que las provincias. Todos sabemos aquí que las provincias preexisten al Estado. ¡La pucha, si habré usado ese argumento para ganar alguna discusión con algún unitario recalcitrante que anduviera por ahí! Al mismo tiempo, la Nación es la suma de las provincias. Desde Aristóteles, el todo es, no sé si más, pero es diferente a la suma de las partes. En ese contexto, cuando analizamos cuál ha sido la pauta de distribución de los recursos de origen nacional de distribución automática, COPA y otros regímenes de asignación específica, vemos que ha aumentado entre el 2003 y el 2009 un 275 por ciento. A veces cuesta creerlo con todo este ambiente negativo que se ha instalado en algunos lugares. Las cifras están ahí: se pasó de 20.131 millones de pesos a 76 mil millones de pesos, es un poco menos porque estoy redondeando. Para 2010 se prevé un monto de 83 mil millones de pesos, lo que significa un aumento entre 2003 y 2010 del 315 por ciento, lo cual no me parece poco. Sigo en la argumentación acerca de qué hace la Nación con respecto a las provincias, su propio territorio, su alma, su sustancia. Luego, si vemos el tema de las transferencias directas, corrientes y de capital, aumentaron un 700 por ciento; pasaron de 2.300 millones a 19 mil millones de pesos. Hubo un aumento de más de 700 por ciento. Me parece que eso marca el interés que tiene la Nación en las provincias. Si sumamos los recursos de origen nacional de distribución automática y las transferencias directas, los recursos aumentaron para el período considerado, 2003/2009, un 323 por ciento. Estamos hablando de una cuestión directa. Esto no es para decir que está todo bien, todo bárbaro, y que no hay problemas. Sí me parece que hay que identificar los problemas, recuperar la polémica civilizada dentro de un debate; el arco opositor y los no oficialistas dicen una cuestión y nosotros decimos otra. Frente al aporte que usted ha hecho, me interesa hacer este otro aporte. Los porcentajes de aumento en lo que son las distribuciones automáticas han tenido un porcentaje sustancial de crecimiento entre 2003 y 2009. Podemos hablar del Programa de Financiamiento Ordenado que se creó al calor de la crisis en el 2002; los fondos que aportó, mientras funcionó, fueron de 2.300 a 2.400 millones. El Programa de Asistencia Financiera, que un poco retoma ese camino desde el 2005... Disculpen si me refiero tanto al escrito pero es para no perder la pertinencia de las cifras. Del 2005 al 2009 de 2.000 a 6.000 millones. Es decir, me parece que ahí también está marcada una cuestión de política macro, de política hacia las provincias, de una política que va dirigida a tratar de superar lo que se mencionaba acá sobre problemas que a veces se reciben a nivel municipal o provincial. Recordamos también que es por un efecto de política macro o de política nacional. No quiero ser economicista. Un senador el otro día me trató de economicista en un debate y todavía “no lo reté a duelo”. Por eso a veces digo política macro como política nacional, pero el rescate de las cuasimonedas es prácticamente una cuestión de orden nacional. Hubo un momento de disolución de la Argentina en el cual cada provincia tenía su violencia legítima –podríamos decir–, su policía, y tenía su moneda; entonces, ya habíamos vuelto quizás a los tiempos incluso anteriores a la Confederación, si acaso existieron. Eso fue un rescate que hizo la Nación, y está bien la unificación monetaria. Recién, durante el debate, se habló del tema de la independencia del Banco Central, pero es un atributo de la soberanía. Esto más allá de lo que pienso yo de la independencia del Banco Central, que poco tiene que ver con lo que se dijo. Pero, más allá de las cuestiones que se discutieron en ese momento, tener una moneda común es un atributo insustituible de la soberanía.
También me parece que por efecto del aumento del producto, por efecto del aumento
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en todo lo que es la transferencia en gasto corriente a las provincias, las provincias que tienen un problema de deuda que es innegable... Sra. Negre de Alonso. – Solicito una interrupción, presidente. Sr. Presidente. – Perdón... Sr. Calcagno y Maillmann. – Voy a terminar rápido y después podremos debatir... Sra. Negre de Alonso. – Es solamente para pedir una aclaración. Sr. Presidente. – Le están pidiendo una interrupción. Sr. Calcagno y Maillmann. – La acepto, presidente. Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. Sra. Negre de Alonso. – Quisiera saber si me puede aclarar qué quiso decir con eso de que habíamos vuelto al período anterior de la Confederación, si es que existió. No entendí si el senador se expresó mal; si quiso decir que la Confederación no existió o que nuestras provincias no existían con anterioridad. Le pido la aclaración porque yo soy senadora de una de las provincias que existían con anterioridad a la Confederación. Sr. Calcagno y Maillmann. – La señora senadora ha hecho una observación extremadamente pertinente. Quizá yo me expresé mal porque cuando uno va hilando las ideas en la cabeza a veces piensa otras cosas. Lejos estoy de erigirme contra el régimen de la Confederación, de sus principales pensadores, como Mariano Fragueiro, y del rol de su provincia en esa historia. Pero me parecía que lo que en épocas de la Confederación podía ser una manera de expresar una democracia quizá tumultuosa, pero real, veraz, sincera, en la crisis de 2001 era la disolución nacional. Nosotros ya no podíamos volver a esa configuración, que por cierto es muy seductora. Entonces, cuando yo digo que la Nación y la política nacional y la política macroeconómica han logrado mejorar una determinada cantidad de transferencias hacia las provincias, eso también ha mejorado el perfil de las deudas provinciales. No significa, de nuevo, que no haya problemas con las deudas provinciales; al contrario, lo hay, y es bueno debatirlo. Simplemente que de ser del 214 por ciento el endeudamiento provincial sobre el recurso corriente, ahora está alcanzando el 70 por ciento. Es un buen camino, es una buena señal, pero evidentemente es una cuestión que todavía queda para resolver. Otro aspecto que a mí personalmente me parece interesante y que también quería poner en el debate es que yo creo que en el presupuesto 2010 hay muchos artículos que se refieren a la condición provincial, y en particular hay tres artículos que me parece importante recordar: el 72, el 73 y el 74. El artículo 72 autoriza al Poder Ejecutivo a renegociar la reestructuración de las deudas con acreedores oficiales del exterior que las provincias le encomienden. Es un aspecto interesante. El artículo 73 incorpora el Programa de Asistencia Financiera a las Provincias para atender los déficit financieros y regularizar atrasos de Tesorería, salarios, servicios esenciales. Y el artículo 74 permite modificar las condiciones financieras de las deudas de las provincias con la Nación. Me parece que estos tres artículos son importantes, habida cuenta que si consideramos que el stock de deuda provincial es cercano a 11.000 millones y que el 70 por ciento está en manos del Estado, creo que les da a las provincias un determinado juego, quizá no como en la época de la Confederación, pero sí un determinado juego para poder tener esa posibilidad de re negociar su deuda.
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No me parece mal la política de desendeudamiento a nivel nacional y tampoco, obviamente, me parecería mal a nivel provincial, y sin duda que eso da más poder en el buen sentido de la palabra: poder para hacer cosas, no sólo en una lucha de poder a nuestro sistema federal. Otro de los aspectos que, a mi juicio, resulta importante dentro de lo que implica la política nacional y sus efectos provinciales, es la creación de empleo. Los empleos que se crean por una determinada política económica no van a un planeta que se llama “Estado nacional”. Esos empleos van a las provincias, existen en las provincias. Me refiero a las cifras del Ministerio de Trabajo, que arrojan 700.000 empleos o puestos de trabajo formales en la provincia de Buenos Aires; más de 500.000 en la Ciudad de Buenos Aires; casi 200.000 en Santa Fe y un poco más de 200.000 en Córdoba. En Santa Fe, sólo en el sector industrial, se crearon más de 49.000 puestos de trabajo. En efecto, no sólo es importante la creación del trabajo, sino también su calidad. Y, evidentemente, aquí hablamos de trabajo en blanco. Por lo tanto, creo reafirmar esta cuestión de necesaria articulación entre política macro a nivel nacional y resultado en las provincias. Tomemos como ejemplo la Asignación Universal por Hijo: los 180 pesos por hijo y los 720 pesos por hijo discapacitado no van a los niños del Estado nacional, sino a los niños argentinos que viven, se desarrollan y crecen en las provincias. La estimación de este año es de 7.000 millones de pesos que se destinarán a la Asignación Universal por Hijo, de los cuales la provincia que represento, Buenos Aires, recibirá 1.800 millones de pesos. Y esto es difícil compatibilizarlo, porque es un dinero del Estado nacional pero que, al mismo tiempo, va directo a las provincias. También podemos citar el Fondo Federal Solidario: 6.457 millones de pesos presupuestados para 2010, que se coparticipa el 30 por ciento. Entonces, me parece que no hay una indiferencia, una lejanía sideral entre lo que puede ser la política nacional y lo que son las necesidades provinciales, la política provincial. Por supuesto, todos quisiéramos que esto fuera más rápido y mejor; pero considero que no hay mejor política social que una buena política económica creadora de empleos. Digo esto para tratar de hablar –luego de todo este tiempo en el que los he aburrido– acerca de la cuestión de la Nación por un lado y las provincias por el otro. Ahora bien, me gustaría entrar más en el análisis del proyecto y explicitar por qué nosotros, evidentemente, no vamos a recomendar su aprobación. En primer lugar, por una cuestión que considero muy parecida con una anomalía institucional, dicho esto en un sentido cartesiano y no valorativo. La política económica, el programa general de gobierno, el plan de inversiones públicas lo define el Poder Ejecutivo nacional. Si el Parlamento se pone a decidir determinadas orientaciones en materia de política económica, quizá estaríamos ingresando a una especie de parlamentarismo que no quiere decir su nombre, que –como decía el senador Pichetto en el cierre del debate del tema anterior– no está contemplado en el andamiaje constitucional, por lo menos no de esta forma. Entonces, modificar una cuestión tan importante como un ingreso nacional sin hablar con el Poder Ejecutivo, sin tratarlo, sin debatirlo, sinceramente me parece un poco arriesgado y constituye una de las razones por las cuales nosotros no vamos a acompañar el proyecto de ley.
Los ingresos que se obtienen por este tributo son la quinta fuente de recursos de la Administración Nacional. Hasta se habla –a grosso modo, por supuesto– de 9.800 millones. Y eso equivale al presupuesto en Salud, 10.000 millones; a la Asignación Universal por Hijo ya mencionada; a la promoción y asistencia social, 7.000 millones; al equivalente de lo previsto a gastar en Ciencia y Técnica y en Vivienda y Urbanismo, 10.000 millones también;
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la mitad de lo que se presupuesta para Educación y Cultura; toda la movilidad jubilatoria de 2009. Entonces, cito esto para tener una idea de la magnitud de lo que hablamos, ya que cuando hablamos de miles de millones a veces puede ser una cuestión abstracta. Sin embargo, está bueno tener una corporización de lo que significa. Anteriormente, tuvimos la discusión sobre las reservas. Ahí ya son miles de millones de dólares y no estos 9.800 millones de pesos. No obstante, considero que es importante también decirlo para que aquellos que nos escuchan sepan de qué estamos hablando y cuál es la materialidad de las cosas. Las teorías crean realidad. Cuando uno piensa la inflación de un modo, toma determinadas soluciones; cuando la piensa de otro, toma otros instrumentos. Y cuando se piensa en financiamiento del Estado, según el lugar donde uno esté emplazado, también se tendrá una determinada visión y va a privilegiar determinados instrumentos por sobre otros. Esa, por suerte, es la gracia de la política. Otro aspecto que me parece un poco complejo en la presentación de este proyecto es que, en los hechos, va a institucionalizar una solución de emergencia como algo permanente. Una vez que se coparticipe la totalidad del impuesto al cheque, eso se va a considerar como ingreso corriente por parte de las provincias, con lo cual será absolutamente imposible volver sobre la cuestión y, quizás, hayamos abierto un par de pasillos más en el laberinto de la coparticipación. Me parece que eso va a obstaculizar la discusión de la coparticipación, tanto Nación-provincias como la coparticipación secundaria. Esto, los liberales, lo llamarían un efecto perverso, es decir, algo que se quería obtener de un modo en realidad va a generar un efecto no buscado, y es que nunca más se vuelva a discutir a fondo la coparticipación, que ya es bastante difícil de discutir. Hay informes de diversas organizaciones no gubernamentales, no todas ellas oficialistas, por cierto. Uno de ellos dice: “No caer en la tentación, coparticipar el impuesto al cheque es la peor solución.” Vale la pena detenerse un momento en la visión de esta organización no gubernamental, porque dice que esto va a ser un poderoso incentivo para que no se hable más de una nueva ley de coparticipación y para que se siga poniendo parche sobre parche, y que quizás no haya otro modo de hacerlo, pero que no parece una solución sustentable. Por otra parte, a modo de conclusión de esta larga intervención –me parecía que las apreciaciones y la posición del senador Nikisch no merecían menos-, también hay una cuestión compleja y es que, con esta ley, se va en contra de dos leyes importantes de la Argentina: la 25.917, ley de responsabilidad fiscal, y la 25.156, ley de administración financiera. ¿Por qué el tema de la responsabilidad fiscal? Porque si para un ejercicio fiscal –dice, en su artículo 17– se tomaran medidas de política tributaria que conlleven a una menor recaudación, se deberá justificar el aumento de recursos que la compense o, en caso contrario, se deberá adecuar el gasto presupuestado con ese financiamiento. Eso es algo que nosotros no vemos. Si bajamos de acá, ¿de dónde sacamos? Digo, si seguimos la ley de responsabilidad fiscal. Luego, la ley de administración financiera, la 24.156, en su artículo 18, establece que toda ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto general debe especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento. Acá, la intención, la imaginación del legislador no ha llegado a tanto como para pensar que, desde el Congreso de la Nación, se podía llegar a querer desfinanciar al Estado nacional en algún momento. Pero, nuevamente, ¿cuáles son los gastos que tenemos que recortar? Puesto que tenemos que mantener una cifra presupuestaria equilibrada y sostenible.
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Entonces, me parece que ir en contra de estas dos leyes no es algo que favorezca la posición que aboga por la aprobación de este proyecto que estamos examinando. Consideramos que el Presupuesto 2010 es equilibrado, no por mucho: 621 millones de pesos. Pero es equilibrado cuando uno lo compara con los déficit fiscales que tienen otros países desarrollados, que rondan el 7 y 12 por ciento del producto, déficit fiscales “machazos” producto de la crisis financiera internacional. Quizás eso me permite una pequeña digresión: a veces Nación y provincias no son dos planetas distintos, pero el mundo tampoco es un planeta distinto y nosotros no tratamos la cuestión de la crisis internacional –no la tratamos, quiero decir, discursivamente-, quizás en toda su dimensión. Fue una crisis casi terminal del capitalismo global. Ahí no hubo empacho, con la Reserva Federal, para intervenir en miles de millones de dólares para salvar su sistema financiero.  Ocupa la Presidencia el presidente provisional del H. Senado, senador José J. B. Pampuro. Sr. Calcagno y Maillmann.- Entonces, lo que me parece un poco complejo es que, con esta ley, lo que se logra es que desaparezca ese equilibrio presupuestario y se nos empuje a un déficit. Así, surge inmediatamente lo que puede ser una lectura política, en el sentido de que se acabaron los superávit gemelos, que esta política no funcionó, que ha fallado y debemos probar otra cosa. Sin embargo, a mi juicio este es un ejercicio arriesgado. No me parece un ejercicio responsable empujar el presupuesto nacional al déficit. Por lo tanto, no vemos en ninguno de los proyectos alternativas de financiamiento. ¿O la idea es un ajuste fiscal? En la crisis de 2001, que fue una crisis terrible, casi terminal para la República, uno se estaba peleando por aquello que no existía. Peleábamos por la moneda nacional, habiendo catorce monedas. ¡Imagínense! Hoy, quizás, nos estamos peleando, pero porque los recursos existen, porque se puede hacer política sobre eso y porque se puede debatir como lo hacemos aquí, cada uno desde diferentes posiciones, yo defendiendo lo que creo correcto, que es el equilibrio presupuestario para el 2010, que esta ley pone seriamente en riesgo. No me parece que desfinanciar al gobierno nacional, sin proponer una fuente alternativa de financiamiento, sea la solución. Tampoco me parece que desfinanciar a la ANSeS en cerca de 1.000 millones por año sea tampoco la solución. Muchos de los señores senadores y las señoras senadoras defienden la idea del 82 por ciento móvil, que por cierto es atractiva, pero al mismo tiempo, si nosotros aprobamos esta iniciativa, cuya redacción termina en uno de sus párrafos en “ley 23.548, punto”, y no en “ley 23.548 y sus modificaciones complementarias”, estaremos sacando ese 15 por ciento que tiene como destino la ANSeS. Por lo tanto, me parece que no es una buena ley para la Argentina. No es una buena ley para la Nación, ni tampoco para las provincias, porque no puede haber provincias prósperas en una Nación desfinanciada. Y, a su vez, no podemos tener provincias con problemas financieros, para que la Nación pueda existir en plenitud.
Para terminar, señor presidente, quisiera recordar que en una época de la historia argentina se pensó algo, que creo que nadie en este recinto pensó jamás, ni pensará, es decir, que achicar el Estado significa agrandar la Nación. Yo no quisiera que surja, con el mejor modo posible y con las mejores intenciones, la idea de que achicar el Estado nacional implica agrandar las provincias. Quisiera que pasemos a pensar, de un juego de suma cero –yo gano lo que vos perdés–, a un juego de suma variable, donde podamos ganar todos. Porque los empleos que se crean, las asignaciones universales por hijo que se entregan, los planes que se dan, la prosperidad que se observa en muchas regiones del interior, es de todos los argentinos. Si el Estado hace una obra pública, el cemento –como recién mencionó el senador Nikisch–
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no es la solución; pero ayuda. El cemento construye; aunque tiene que existir algo alrededor de la construcción. Por eso, vamos a recomendar el rechazo de esta iniciativa, que implica achicar el Estado nacional o desfinanciarlo y hacer más grandes las provincias. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: la verdad es que he escuchado atentamente las palabras del senador que me precedió en el uso de la palabra. Él opina desde sus convicciones, desde su visión, y obviamente confronta tal vez con las visiones distintas del que existen respecto al principio de la división de los poderes y el federalismo. Una cosa es la legalidad, y otra la discrecionalidad.
La pregunta puntual que formulo es la siguiente. El senador realizó una defensa del impuesto al cheque, poniéndolo como uno de los impuestos centrales del gobierno nacional, en cuanto hace referencia a un sinnúmero de males que tendría la República Argentina si el Senado hoy avanza en la coparticipación de aproximadamente 10.000 millones de pesos entre las provincias, como plantea el régimen de coparticipación federal. No me queda claro, con respecto a lo que manifestó sobre la asignación universal por hijo y sobre desfinanciar a la ANSeS –poniendo a este impuesto en un plano central para el gobierno nacional– cuál es el alcance de las palabras del ministro de Economía, formuladas hace un par de días. Están en todos los medios de prensa. Textualmente, según el diario Clarín, por ejemplo, Boudou ha manifestado que la derogación total de este impuesto no traería aparejado ningún daño económico para la Nación, y mucho menos para las provincias. Porque es más, plantea que derogando este impuesto avanzaría la “bancarización” y la formalidad de la economía. Entonces lo que ustedes manifiestan absolutamente se contrapone o contradice con las expresiones del propio ministro. Por un lado, si se deroga el impuesto no ocurre absolutamente nada y trae beneficios a la Argentina, pero ustedes plantean que se viene la debacle en la economía argentina. Sr. Presidente. – Les informo que hay alrededor de 35 oradores. Vamos a empezar a poner el reloj respetando siempre lo que es costumbre, 10 minutos por orador; y quienes son presidentes de bloque tienen derecho a más tiempo. Estamos hablando de 8 horas, como mínimo, si respetamos 10 minutos cada uno. Sra. Fellner. – Señor presidente: ¿se puede leer la lista? Sr. Presidente. – Cómo no. Sr. Secretario (Estrada). – El orden en que continúan los oradores es el siguiente: Pérez Alsina, Verna, Reutemann, Estenssoro, Viana, Basualdo, Vigo, Di Perna, Juez, Torres, Corregido, Mansilla, Mayans, Corradi de Beltrán, Artaza, Iturrez de Cappellini, Negre de Alonso, Fellner, Petcoff Naidenoff, Parrilli, Guinle, Colazo, Morandini, Pérsico, Lores, José Martínez, Osuna, Riofrío, Fuentes, Romero, Gioja, Giustiniani, Morales y Pichetto. Sr. Presidente. – Hay que agregar al senador Viana, que me había pedido el uso de la palabra, y a la senadora Quintela también. Sr. Roldán. – No se me nombró… Sr. Cano. – A mí tampoco. Sr. Marino. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino. – Hoy habíamos conversado en nuestro bloque de que hablara un senador por bancada. Soy autor de uno de los proyectos, como otros senadores. No se me ha nombrado. Quisiera participar y explayarme, pero también con una salvedad: si los presidentes de bloque se ponen de acuerdo para que haya un orador por bloque, no tengo problemas; de lo contrario,
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siendo autor de un proyecto, no voy a dejar de hablar. Sr. Mayans. – Señor presidente: teniendo en cuenta el tema que estamos tratando, creo que cada senador querrá opinar. Me gustaría que todos quienes quieran hablar lo hagan y dejen el testimonio de lo que vamos a hacer con el tema del impuesto al cheque. Sr. Morales. – Ya se leyó la lista de inscriptos. Mociono que se cierre la lista de oradores. Sr. Presidente. – Faltan los senadores Viana, Quintela, Cimadevilla, Mestre, Torres, Marino, Cano y Rojkes de Alperovich. Sr. Mayans. – Me gustaría que no se declare el cierre del debate todavía, porque todos van a querer participar. Quisiera que se espere un momento más para hacerlo. De nuestro bloque faltan algunos senadores. Sr. Presidente. – Hay una moción de orden. Sr. Morales. – Señor presidente: planteo una moción para que cerremos la lista de oradores. Sr. Presidente. – Si se sientan los senadores Cano y Roldán, podemos votar.
– Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. – Tenemos quórum, procedemos a la votación.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina. Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: a fin de contribuir con lo que usted ha pedido voy a ser lo más breve posible, tratando de no hacer un discurso sino de dar algunos conceptos –con sus verdaderos fundamentos–, en contraposición respetuosa a lo que ha manifestado el senador Calcagno y Maillmann para decir por qué tenemos que aprobar esto. En primer lugar, estamos sesionando no por imposición de una minoría sino porque es nuestra obligación hacerlo y tratar los temas que nos ha pedido la sociedad. Gracias a Dios hoy tenemos quórum y espero que se repita en las próximas sesiones. Creo que tratar el proyecto de ley de impuesto al cheque no es un tema de números; comparto mucho las cifras a las que se refirieron los senadores preopinantes. Estamos hablando de montos muy grandes. Si consideramos desde marzo de 2002 hasta 2009, se trataron prácticamente de casi 100 mil millones de pesos; algunos hablan de 95 mil millones de pesos. Según la coparticipación que se hubiera hecho, ello habría sido muy importante para las provincias. Acá estamos tratando y empezando a discutir un tema de concepto, de federalismo y de respeto a la Constitución.
– Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. – Les ruego silencio, porque si no distraen al orador. Sr. Pérez Alsina. – No debemos olvidarnos del principio federal que se viene desvirtuando, pero no desde este gobierno sino desde hace mucho tiempo. Y nuestro principio federal, según lo designado por la Constitución Nacional, es que las provincias conservan todo el poder que no hayan delegado a la Nación. Está en la Constitución; acordémonos de las normativas del Presupuesto.
Por lo tanto, allí discrepo –o mejor dicho no concuerdo– con el senador Calcagno y Maillmann en cuanto al sistema presidencialista del que tanto se está hablando últimamente. El nuestro es un sistema presidencialista, pero dentro de lo que dice nuestra Constitución de lo que es una República. Y en la República existe la verdadera división de poderes, según lo que determina la Constitución y no debemos olvidarnos de que cuando hablamos de presupuesto, nuestra Constitución dice claramente que es el Congreso el que aprueba el programa general de gobierno y el plan de inversiones públicas. No nos olvidemos de eso. Lo aprueba, por supuesto, a propuesta de lo que manda el Ejecutivo, pero lo aprueba, lo modifica y lo cambia. Y no nos olvidemos de que el artículo 75, inciso 2., dice que debemos tener en
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esa distribución criterios objetivos de reparto según las necesidades de las provincias. No voy a citar aquí textualmente la Constitución en aras de la brevedad. Entonces, ese es el principio que debemos revertir; y no se trata de un tema de monto o de desfinanciar a la Nación. Porque si tenemos en cuenta los montos que cualquier Poder Ejecutivo puede remitir discrecionalmente a las provincias vamos a ver que es bastante más de lo que teóricamente estaríamos sacando en este caso. Y, en verdad, no estamos sacando, sino que estamos distribuyendo, que es algo absolutamente distinto a desfinanciar, dándole a las provincias un monto por el cual cumplamos aquella máxima de Alberdi que dice que sin finanzas no hay gobierno. Y si las provincias no tienen finanzas en forma autónoma no pueden gobernar según su criterio, sino prácticamente pidiendo permiso al presidente de la Nación, cualquiera sea este. Precisamente, esto es lo que tenemos que ir tratando de revertir de a poco y haciendo un cálculo absolutamente distinto, dándole a las provincias todo lo que les corresponde. Quienes estamos a favor de esta iniciativa no estamos diciendo que queremos un ajuste. Al revés: queremos una distribución que impida el ajuste en las provincias, el que en algunos casos lamentablemente ya se debe estar realizando por la falta de financiación. Parte de ese ajuste es ir a solicitar a las autoridades del Poder Ejecutivo nacional que le remitan fondos, dependiendo de la voluntad de un ministro, de un secretario o del presidente la decisión final sobre el envío de esos recursos. Yo pregunto: ¿eso es ajuste? Por supuesto que sí, a tenor de las provincias. Debemos tratar de lograr ese equilibrio famoso entre la Nación y las provincias. No estoy hablando sólo de fondos sino de conceptos. Debemos empezar a revertir esta situación que sufre desde hace mucho tiempo nuestra Nación. Yo concuerdo con las cifras que ha aportado el señor senador Nikisch: las provincias reciben 25 pesos de cada 100. Ese es un símbolo que marca que en realidad hoy no tenemos federalismo. Por eso debemos apoyar esta iniciativa. Por estos conceptos sostengo que debe aprobarse el proyecto de distribución del impuesto al cheque, para que se instrumente un concepto absolutamente federal. Quiero terminar estas palabras con un dato histórico. Quiero hacer una reflexión sobre el tema del quórum, que me preocupa, porque hoy estamos sesionando y creo que debemos seguir haciéndolo en las próximas semanas. Por ello, quiero aportar un dato histórico que no quise señalar antes para no interrumpir al doctor Pichetto. En ese sentido, en otra época, las Cámaras a nivel nacional tomaron medidas mucho más graves de las que adoptó este Senado. A partir de ahí surgió un principio supremo de conservación de las Cámaras; fíjense qué importante era el valor del quórum. Eso fue invocado en 1880 cuando legisladores de la provincia de Buenos Aires se negaban a dar quórum en forma permanente y sistemática, porque sostenían justamente que se les imponía agenda; fíjense que a veces la historia se repite. Se los compelió a sesionar y no lo hicieron; así se llegó a una medida mucho más grave a la de ahora –repito, en 1880–, que consistió en revocar los mandatos y convocar a una nueva elección; y así se integró el quórum el 4 de abril de 1880. Fíjense, entonces, que esto no es nuevo y, a veces, los argentinos repetimos la historia. Obviamente, no creo que se llegue ahora a esta situación porque creo que hay racionalidad y estamos cerca de lograr principios definitivos sobre las sesiones que queremos desarrollar. Señor presidente: en aras de lo que he dicho, yo creo que este proyecto debe ser aprobado. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: por esas pocas cosas que tiene la historia, quiero recordar que
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cuando se creó el impuesto al cheque fui el miembro informante de la mayoría, que no era el oficialismo. Digo esto porque, seguramente, me harán cargo de las cosas que señalé en ese debate; y les aseguro que las mantengo. Lo único que quiero resaltar al respecto es que debo reconocer que parecería que entonces el Senado era un poco más eficiente. Porque el proyecto de ley de creación del impuesto al cheque que teníamos en ese momento en consideración fue enviado por el gobierno de la Alianza con el título de “Ley de Competitividad”, que entró al Senado a las 12 y 45 y a las 17 y 15, es decir cuatro horas después, lo estábamos debatiendo. Como dijo el señor senador Nikisch, aquí hay algunos proyectos que fueron presentados hace muchos años y que no se han podido debatir. Por ende, me alegra que se haya podido poner estos temas a consideración del pleno de la Cámara. Lo señalé entonces y lo digo ahora. Se trata de un impuesto regresivo y no siento orgullo en ponerme a discutir su validez. También digo que participé en ocasión de discutirse la ratificación del acuerdo Nación–provincias la relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos. Me refiero al acuerdo que firmaron la Nación y las provincias el 27 de febrero de 2002, que luego fue ratificado por ley y que le dio participación a las provincias en la recaudación de este impuesto. Como hay muchos señores senadores anotados para hablar, seguramente de todas las provincias, me referiré solamente a los números de mi provincia. En La Pampa, por el llamado impuesto al cheque, se perciben 64 millones. Si se mantuviera la pauta presupuestaria y se coparticipara tal como lo proponemos, percibiríamos 220 millones de pesos; o sea que estaríamos ganando aproximadamente 160 millones de pesos. He escuchado al senador del Frente para la Victoria que se ha referido al esfuerzo que hace la Nación, lo cual figura en el presupuesto nacional, con los fondos del Programa de Asistencia Financiera. Mi provincia no forma parte del Programa de Asistencia Financiera porque no emitió deuda; por ende, no recibe asistencia. Tenemos el concepto de que los que hicieron la fiesta la tienen que pagar y no vemos por qué los pampeanos debemos pagar la fiesta que hicieron otros mientras se quedan con la plata del llamado impuesto al cheque y acuden graciosamente a la refinanciación que es totalmente discrecional. Se mencionó también que hay 6 mil millones provenientes del Fondo Agrario, el Fondo de la Soja, lo cual implica para las provincias un monto de poco más de 8 mil millones de pesos. Por tanto, aun si cambian uno por otro a nosotros nos sigue conviniendo. Algunos funcionarios que asistieron al Congreso, tal el caso del ministro Boudou, dijeron que a las provincias se las asistía con el pago a las cajas de jubilaciones. En mi provincia, la caja de jubilaciones es provincial. Es verdad que la provincia hizo un acuerdo con el gobierno nacional para adecuar los objetivos de nuestra caja y los del gobierno nacional en el sentido de tener las mismas condiciones de antigüedad y de edad para acceder a la jubilación. Eso implica para mi provincia la suma de 28 millones de pesos. Ello quiere decir que tampoco estamos dispuestos a cambiar este convenio de adecuación con la ANSeS, que reitero son 28 millones de pesos anuales, por una coparticipación que a mi provincia le significan 160 millones de pesos por año. Sí coincido con el señor senador Calcagno y Maillmann en que no hay una Nación mala y provincias buenas. Pero sí me llama la atención que en la comisión que presido, que es la de Coparticipación Federal de Impuestos, hay por lo menos siete ex gobernadores y todos firmaron el dictamen. Nosotros no coincidimos con que se desfinancia a la Nación ni tampoco con que se cae en una violación de la ley de responsabilidad fiscal.
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Si los señores senadores recuerdan el proyecto de presupuesto que votaron oportunamente sabrán que se estableció una pauta de crecimiento estimado para el producto bruto interno de 2,5 por ciento, pero todos dicen que el país este año va a lograr un crecimiento de entre 4 y 4,5 por ciento como mínimo. Esto implica que habrá una recaudación por parte del Estado que permitirá compensar los fondos que eventualmente sean girados a las provincias. Además, recuerdo a los señores senadores oficialistas que votaron el proyecto de presupuesto que, al analizar las contribuciones al Tesoro Nacional, figura una proveniente del Banco Central de la República Argentina de 60 millones de pesos. Cuando se analiza el flujo financiero que el gobierno ha estimado utilizar como adelantos transitorios del Banco Central, y a los que está autorizado, se advierte que prevé una pauta de 3 mil millones. Sin embargo, el Banco Central va a repetir la misma metodología que llevó adelante Martín Redrado. No creo que Marcó del Pont no responda de la misma manera que lo hizo Martín Redrado, cuando comparó las reservas de enero frente a diciembre, se fijó el valor del dólar en enero frente a diciembre, y eso lo consideró una ganancia. Aunque se trata de una ganancia que de acuerdo a las condiciones que exigen los contadores en los balances no se podría contabilizar, porque no fueron realizadas. Sin embargo, el Banco Central las contabilizó y sobre eso giró al gobierno nacional. Eso implica que este año le van a remitir al Poder Ejecutivo no menos de 15 mil millones de pesos. Por lo tanto, con esos 15 mil millones y con los fondos que va a generar el IVA –porque está sobradamente probado que la pauta inflacionaria va a estar en un piso del 20 por ciento y va a llegar a un horizonte del 25 por ciento–, el aumento de la recaudación va a superar con creces lo que las provincias puedan coparticipar. No es aquí donde estamos desfinanciando a la Nación. No es aquí donde estamos sacándole fondos a la Nación. Lo que le estamos sacando es discrecionalidad. En mi provincia me gusta que las obras las defina el gobernador, no De Vido o José López; en mi provincia me gusta que los fondos sean automáticos, porque eso nos permite planificar. No nos sentimos afectados por lo que ha dicho el senador que ha informado en nombre del bloque oficialista, que con el dinero de la Nación se están recuperando las monedas. Nosotros no emitimos moneda; nosotros no tenemos déficit. La Pampa es una provincia que siempre se administró bien y no tenemos por qué pagar el Patacón o la fiesta que hicieron quienes gastaron lo que no tenían. Finalmente, quiero resaltar que en 2002, siendo senador, recibimos la visita de un grupo de gobernadores justicialistas que estaban agrupados en el Frente Federal. Me acuerdo que de esa delegación formaban parte el entonces gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, y el doctor Juan Carlos Romero, que era el gobernador de Salta. Ellos venían a demandarnos a los senadores que hiciéramos coparticipable el impuesto al cheque. Por eso, comparto la satisfacción que deben tener estos senadores, entonces gobernadores –Juan Carlos Romero y Adolfo Rodríguez Saá–, ya que después de ocho años finalmente van a poder ver ratificado con su voto el pedido que entonces nos hicieran a quienes éramos integrantes del Senado. Y supongo que la misma satisfacción la va a tener el entonces gobernador por Santa Cruz, hoy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cuando pueda votar positivamente este proyecto de ley en oportunidad de considerarse en la Cámara de Diputados, porque él también vino a reclamar al Senado que se votase la coparticipación del impuesto al cheque. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Reutemann.
Sr. Reutemann. – Señor presidente: estamos en presencia de uno de los períodos en los que
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más se han concentrado los recursos financieros públicos en manos de la Nación en desmedro de las provincias argentinas. Tan así es que hace tiempo ha pasado de ser sólo un recuerdo el respeto normativo de transferir a las provincias, como mínimo, el 34 por ciento de los recursos que obliga la Ley de Coparticipación Federal. Además, la estructura tributaria y la generación de nuevas políticas recaudatorias han provocado un deterioro permanente de la afluencia de fondos a las provincias y han fijado, de alguna manera, un rumbo que fue aceptado –o quizá sea más apropiado decir “debió ser aceptado”– por las autoridades provinciales. Como senador y ex gobernador de una provincia generadora de riquezas de origen principalmente agropecuario y agroindustrial, por la que está entre las principales tributarias de los fondos a redistribuir, no puedo estar sino de acuerdo en la necesidad de ir restableciendo el equilibrio fiscal perdido. Cuando se creó el actual régimen para gravar los débitos y créditos bancarios en una coyuntura de emergencia económica y social gravísima confiábamos implícitamente en que el mismo iba a ser objeto de revisión y de eliminación gradual. Ello debido a que tiene efectos distorsivos en toda la cadena productiva y de comercialización y que tiende a desalentar la bancarización de las operaciones en detrimento de un acuerdo y control fiscal. Nada de esto ocurrió; el impuesto se sigue percibiendo y es la Nación la que se lleva la mayor parte de la recaudación. Tenemos entonces que reconocer que la estructura tributaria nacional no es la adecuada a los tiempos que corren. Por supuesto, entendemos que modificarla no es tarea sencilla y mucho menos rápida. Considero que esta es una gran oportunidad de darnos en el Congreso de la Nación, de una vez por todas, una gran discusión sobre esto, que es un debate federal. El poder originario está en las provincias y ellas son las que constituyen la Nación; y el objetivo central de este proyecto que estamos considerando es procurar a todas ellas más recursos para que los gobernadores puedan planificar con libertad y de acuerdo a las necesidades de sus regiones. Es por eso que adelanto mi voto positivo a esta iniciativa. No obstante esto, considero que hubiera sido conveniente intentar, previamente a la coparticipación de este impuesto, reducir la alícuota del mismo que recae sobre las Pymes, con el objeto de alternar la presión fiscal de este sector y promover la bancarización de la economía. Entiendo que la medida que proponemos sólo atenuará esta situación y, sin embargo, considero que una solución estructural de esta problemática sólo será alcanzada con la sanción de una nueva ley de coparticipación federal que devuelva a las provincias recursos que le son propios. En este contexto institucional resulta conveniente, además, que paulatinamente las mismas vayan recuperando capacidad financiera y la modificación que se propone mediante esta ley cumple acabadamente con ese propósito. Si tomamos el conjunto de las provincias argentinas, se estima que con la medida que hoy estamos impulsando se distribuirán unos 10.000 millones de pesos este año. Esa suma es muy relevante para los estados provinciales acuciados por necesidades fiscales imperiosas. En el caso de Santa Fe se obtendrían aproximadamente unos 900 millones de pesos, que evidentemente bien le vienen a las arcas provinciales. Actualmente las administraciones provinciales son las responsables de sostener los sistemas públicos de salud, de educación, de seguridad, de la Justicia, el desarrollo social y el estímulo a sus actividades productivas, y no deben depender de la discrecionalidad del poder de turno. La autonomía financiera permite mayor autonomía política y de gestión.
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Debemos comenzar a dar señales claras que reviertan el unitarismo fiscal vigente, ya que un federalismo sin una equilibrada y automática distribución de los recursos entre Nación y provincia no es federalismo. Igualmente, invito a mis pares de todas las fuerzas políticas, incluida la del oficialismo, a que en este Congreso de la Nación se siga dando el debate y se sancionen las leyes apropiadas asegurando la sustentabilidad fiscal de la Nación y de las provincias impulsando la reforma tributaria necesaria; reforma que debe asegurar la progresividad fiscal, la obtención de los recursos que sustenten la acción gubernamental y que sirvan de aliento a quienes producen y son generadores de empleo. Apelo para ello a que el Poder Ejecutivo nacional sea proactivo con las iniciativas que surgen de un Congreso que tiene la legitimidad de las elecciones del 28 de junio. Por todo ello, señor presidente, voy a acompañar este proyecto. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Viana. Sr. Viana. – Señor presidente: voy a hablar como uno de los autores de una de las iniciativas presentadas en septiembre del año pasado con respecto a este tema tan importante que es la coparticipación, comúnmente llamado impuesto al cheque. Lamentablemente, no tuve la oportunidad de discutirlo en la comisión respectiva, aunque es un debate que daremos hoy aquí con distintas visiones sobre cómo elaborar un dictamen. Sinceramente, considero que era importante hacerlo en la comisión. En ese sentido, me parece que la oposición y los sectores no oficialistas actuaron con demasiada prisa. Hoy tenemos que entender esta realidad política, que no existe una imposición de nadie, de un sector sobre otro. Y esto también viene a la par porque quiero rechazar terminantemente su solicitada convocándome a sesionar, porque entiendo –y he sido presidente de una legislatura–, que hay que buscar el consenso cuando no se tiene una mayoría para imponer. En efecto, los senadores estamos acá; había que buscar este acuerdo, este consenso, donde hay senadores que opinamos a favor de unos temas y otros en contra. Creo que hoy la Argentina necesita este debate tan importante, donde todos debemos entender y buscar los puntos de coincidencia por sobre las diferencias, porque es lo que espera nuestro país. Ahora bien, especialmente en este punto tengo una opinión distinta de la de mi bloque y mantengo las convicciones en función de que no es ni oportunismo político ni mucho menos. Digo esto, porque hay un proyecto que he presentado en septiembre del año pasado. Considero que era fundamental el debate sobre este asunto, luego de atravesar una crisis trascendental, donde las provincias cedimos derechos a la Nación en el marco de las crisis que sufrió nuestro país. Este impuesto, que considero totalmente distorsivo, toma aproximadamente 23 mil millones de pesos anuales de la producción nacional y muchos economistas dicen que es muy difícil de evadir, pero yo digo que es muy fácil de evitar. En efecto, con este impuesto lo que estamos fomentando es ponerle una carga mucho mayor a aquellas empresas que trabajan en blanco y trabajan en el país produciendo y generando la evasión por el otro lado; generando una evasión, porque es muy fácil de evitar cuando te dicen “No me abones en cheque, porque no quiero pagar el impuesto respectivo”. Entonces, partiendo de esa premisa, creo que esto debe tener un límite, un final, que considero que tiene que ser a fines de 2011, a efectos de que el nuevo presidente electo de los argentinos tenga la visión de que este impuesto no debe estar en la contemplación de la recaudación y no debe ser interpretado como el tercer o cuarto ítem de recaudación de nuestro país. Así haremos un gran aporte el desarrollo de nuestras Pymes y de nuestra economía nacional.
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Pero, en ese contexto, como creo que debe ser un impuesto transitorio –como debía haber sido desde un principio–, es que en su momento propuse un proyecto, ya que considero que las provincias debían recibir el aporte necesario que hacían en cada una de sus economías regionales. Pero también le daba el adicional de que era circunstancial que los municipios debían recibir una retribución extra en este impuesto. Y acá quiero plantear diferencias claras con el dictamen que tengo en mis manos, elaborado por la comisión, porque este menciona claramente una distribución utilizando los índices de coparticipación para redistribuir el total de lo recaudado del impuesto al cheque. Por otra parte, quiero hablar también de lo que pasa en mi provincia, como lo hizo el senador preopinante. Misiones hoy recibe 100 millones de pesos por el impuesto al cheque y no se coparticipa nada. Se queda en las arcas provinciales. Lo que nosotros proponemos, específicamente yo, en el dictamen es que Misiones reciba 400 millones de pesos. ¿Cómo no voy ponerme y no voy a defender estos intereses claros de mi provincia, que necesita esos recursos para cubrir déficit importantes? Y aquí hablo más allá de las diferencias políticas claras que tengo con el gobernador de Misiones, porque creo que esto va mucho más allá y tenemos que defender el interés de la provincia. Tenemos el doble de la tasa de natalidad del país y, lamentablemente, tenemos los índices de pobreza más altos de la Nación. Sin embargo, cuando miramos la coparticipación de Misiones con relación a la del Chaco –tenemos la misma cantidad de habitantes–, ésta última tiene aproximadamente 1,6 puntos de coparticipación más que Misiones. Esto es así porque mi provincia tiene un ritmo de crecimiento vegetativo que es el doble de la media nacional y, por lo tanto, estamos superando 1.200.000 personas en la provincia de Misiones, con un alto índice de pobreza. Por lo tanto, hoy veo la realidad de los municipios de la provincia, que apenas pueden pagarlos sueldos y subsistir con la coparticipación que tienen. Entonces, ¿cuál es la cuestión de fondo que planteo en esta distribución? Que la coparticipación debe hacerse a las provincias y a los municipios porque, como pasa en Misiones y puede pasar en otras provincias, el gobernador, que se queja de que la Nación mantiene la caja y no le envía los recursos, hace lo mismo con los intendentes y no les envía los recursos necesarios para que cada municipio pueda aplicar su política de desarrollo en la comuna. ¡Qué bueno sería que iniciáramos ese debate federal del que tanto escucho y con el que tantos se llenan la boca! Hablan del federalismo, de un país distinto, de que tenemos que dar mayor protección en todos los puntos del país. Creo que éste es el momento de empezar una discusión de fondo en este sentido. No me gustó entrar de esta manera, pero hay que utilizar los momentos en que debemos empezar a discutir, sin dejar de lado la Nación y los importantes recursos que ésta debe recibir, para no desfinanciarla. Pero creo que, con el crecimiento, con el nivel de recaudación que va a tener el país y con la utilización de las reservas por parte de la presidenta del Banco Central para pagar deudas –alrededor de unos 6 mil millones de dólares-, también tenemos que redistribuir estos recursos a las provincias, para que cada una se pueda desarrollar y planificar de la mejor manera posible, tal como dijeron los senadores aquí. Quiero ser bien claro en lo que planteo, porque este es un tema de fondo. Y ¿cuál es la diferencia con el proyecto presentado por la oposición hoy, que dice que únicamente toma los recursos y los distribuye en función de los artículos 3º y 4º de la ley de coparticipación?
Creo que hay que ser muy cauto. Lo que propongo y, luego, enviaré el texto a la Comisión –porque no tuve posibilidad de hacerlo en su seno–, es que sobre el total recaudado, como está en el pacto de 1994, el 15 por ciento vaya a la ANSeS. ¿Por qué digo que ese 15 por ciento debe ir a la ANSeS? Porque no hay que alentar la desfinanciación en un
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organismo que hoy está cumpliendo una función muy importante. Hablamos de la asignación universal por hijo, en la que todos estábamos de acuerdo; todo el arco político pedía esta asignación. Y hay otros aportes de este organismo que también son importantes. Hay que cederle lo que corresponde. Después, ello será materia de debate en el tratamiento de la Ley de Coparticipación. No se trata de discutir si corresponde ese 15 por ciento a la ANSeS o no. Pero éstas son las normas que tenemos hoy. Y sobre el resto, el monto restante, que se aplique la Ley de Coparticipación tal cual está previsto. ¿Qué dice, claramente? Que, en forma automática, la Nación se queda con el 42,34 por ciento y los índices menores –del 2 por ciento– que pasen en forma automática para las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y el 1 por ciento para el aporte del Tesoro Nacional a las provincias. Pero que esto sea establecido por la ley de coparticipación y de manera automática, porque si tenemos que firmar y esperar la aprobación de convenios con las provincias, lógicamente van a pasar los presupuestos y muchas provincias no recibirán lo que realmente les corresponde. Por otra parte, hago también un agregado especial, o sea, que del total de la coparticipación que llegue a la provincia por este impuesto, por esta única vez, el 50 por ciento se coparticipe a los municipios. Voy a dar un ejemplo gráfico: en mi provincia se van a recibir hoy 400 millones, aproximadamente. ¿Qué propongo yo? Que 200 millones vayan a Rentas Generales de la provincia, de modo tal que el gobernador duplique su presupuesto previsto para este año en materia de impuesto al cheque, y que 200 millones se coparticipen a cada uno de los municipios, de acuerdo a la ley de coparticipación de cada una de las provincias. ¿Por qué planteo esta cuestión? Creo que es fundamental que cada municipio, del lugar más alejado del país que fuera, pueda recibir estos fondos en forma directa, y que no caigan también en las manos de los gobernadores, para que no lo puedan administrar y manejar discrecionalmente. Hablo, especialmente, de lo que corresponde a mi provincia, que es de mi conocimiento. Entonces, señor presidente, este es un debate de fondo, que se anticipa a uno mucho mayor, que estamos esperando –por lo menos, como senadores de mi provincia–, relativo a la ley de coparticipación federal, la cual debe surgir de un acuerdo de todos los sectores políticos. Hoy la realidad política de este Congreso señala que es posible este debate, porque no hay una imposición de un sector sobre otro. Por eso, se debe lograr el consenso necesario, para que se sancione esa ley. Ella va a ayudar fuertemente al crecimiento y al fortalecimiento de las instituciones, si fuera una ley que se sancione más allá de un gobierno. Por eso, señor presidente, voy a acompañar este proyecto de ley en general. En el tratamiento en particular voy a acercar a Secretaría y a la comisión la redacción que propongo, que no tuve posibilidad de discutir en la comisión donde se trató es proyecto, porque es diferente claramente en sus objetivos y en cómo se distribuyen los recursos con relación al proyecto elaborado por la comisión. Señor presidente: muchas gracias; espero que empecemos un debate diferente para la Argentina. Sr. Presidente. – Senador: luego acerque la propuesta y la Presidencia la girará a la comisión. Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: hoy quiero ratificar lo que manifesté cuando tuvimos que votar la prórroga del impuesto al cheque el año pasado. En esa oportunidad, dije que estaba en desacuerdo con dicho impuesto, pero no porque no se coparticipaba, sino porque es un impuesto totalmente distorsivo, que pagan los que más necesitan. Realmente, el impuesto al
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cheque lo pagan los más pobres, y lo pagan cuatro o cinco veces. Siempre dije que nos diéramos la oportunidad por un año de no tener el impuesto al cheque. Puedo asegurar que aumentaría muchísimo el consumo y, por lo tanto, recaudaríamos más IVA y ganancias, impuestos que son realmente positivos para la economía. Pero, por lo pronto, como no se va a derogar el impuesto al cheque, prefiero que se coparticipe y que se respete el pacto federal. Dicho pacto, del cual tanto se ha hablado, preveía un 34 por ciento para las provincias y el resto para la Nación. Sin embargo, hoy a las provincias les llega el 23 por ciento. Cuando nosotros coparticipemos el impuesto al cheque, todavía no llegaremos al 34 por ciento que les corresponde a las provincias. Así que falta. El año pasado a las provincias llegaron, por coparticipación, 76.500 millones de pesos. Y también en las provincias, de otra manera, se distribuyeron 26 mil millones de pesos. Hoy, por el impuesto al cheque, la recaudación será de aproximadamente 10 mil millones. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a desfinanciar a la Nación, sin ninguna duda. La Nación, en vez de otorgar 26 mil millones por otros conceptos a las provincias, les dará 16 mil millones; y 10 mil millones como les corresponde. Porque hoy a algunas provincias amigas les da un poco más y otras veces, un poco menos. En cambio, ¿qué estamos pidiendo? Que se cumplan los pactos. ¿Por qué es tan difícil cumplir un pacto si en la vida lo primero que debe hacer uno es cumplir la palabra? Hoy tenemos el 34 por ciento que con el impuesto al cheque coparticipable tampoco lo vamos a cumplir. Y hay que seguir. Que la Nación haga las cosas como corresponde y que las provincias también. Acá no hay Nación mala ni provincias buenas. Hay buenos y malos administradores. A los gobernadores que administren bien les va a alcanzar el dinero y los presidentes que así lo hagan, también. Entonces, que la Nación dé a las provincias lo que corresponde y cumpla el rol que le cabe. A las provincias les va a llegar más dinero y se van a tener que hacer cargo de más cosas. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Vigo. Sra. Vigo. – Señor presidente: la verdad es que nunca me imaginé que en mi gestión de senadora de la Nación, en nombre de la provincia de Misiones, íbamos a estar tratando temas tan centrales como el que tiene que ver con el impuesto al cheque. En realidad, se trata de poder llegar a discutir una nueva ley de coparticipación federal. Porque lógicamente, como bien han señalado algunos colegas preopinantes, el impuesto al cheque es distorsivo y se originó justamente en medio de una crisis, fundamentalmente con la ley de competitividad de 2001. Creo que tomar decisiones en este momento exclusivamente por los fondos que comprenden a la ley de cheques también sería una medida absolutamente distorsiva. Porque la situación de las provincias es diferente. Coincido con el senador preopinante en que por ahí la cuestión no es solamente Nación-provincias o entre las provincias, sino que fundamentalmente tiene que ver con la cuestión de los dirigentes políticos. En ese sentido quiero hablar por mi provincia. En este momento, a Misiones no le conviene de ninguna manera votar esta nueva propuesta de la ley de cheques. ¿Por qué razón? Porque desde 2003 en Misiones está gobernando el Frente de la Renovación, que es un encuentro político diferente surgido del rompimiento de un sector del peronismo y un sector importante del radicalismo, que ha venido reconstruyendo la provincia.
Como bien señaló aquí el senador Viana, Misiones tiene una alta tasa de nacimiento,
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25 mil nacimientos por año, y a su vez siempre fue una provincia marginal. ¿Qué quiere decir marginal? Que nunca fue considerada dentro de la política nacional global; allí siempre hubo otras provincias; Misiones también podía pertenecer al Brasil, como aparecía en algunos mapas. Recién a partir de 2003 hemos iniciado una reconstrucción de la provincia, pero pesa sobre Misiones una deuda contraída anterior a 2003, que es de un poco más de 1200 millones de dólares. Y si bien esa deuda fue contraída por malos administradores que estuvieron antes, como bien señaló el senador Basualdo, nosotros debemos hacernos cargo con este nuevo gobierno. Pero a pesar de todo eso, hemos ido reconstruyendo la provincia y en este momento sería muy perjudicial para nosotros quebrar los acuerdos empeñados entre la Nación y la provincia de Misiones. Sí sería importante, teniendo en cuenta que una ley de coparticipación es la verdadera redistribución de los recursos de la Argentina, que realmente desde el Senado nosotros promovamos esa nueva iniciativa y convoquemos también a los gobernadores para que den su opinión, tal como nuestro jefe de bloque señaló en el punto anterior. En este momento, para la provincia de Misiones, no es cierto que ingresarían 400 millones de pesos a partir de la nueva distribución de la Ley del Impuesto al Cheque, porque nosotros tenemos una deuda muy grande. Van a entrar mucho menos; menos de la mitad de lo que está señalando acá el senador Viana. Entonces, no hay que tomar esta medida abrupta sin que se pueda hacer participar a todos los gobernadores; hay que hacer consultas adecuadas porque yo creo que no solamente la Nación está creciendo; están creciendo las provincias y también con medidas que han venido de la Nación. En el caso de Misiones, nosotros no hemos traspasado la caja de jubilaciones a la Nación, pero sí se benefician muchas mujeres, por ejemplo amas de casa, al igual que en toda la Argentina. En este sentido, se incluyeron más de un millón y medio de mujeres que han podido acceder a la jubilación a través de estas leyes de moratoria que se establecieron un par de años atrás. Y lo mismo ocurre con asignación universal por hijo. Entonces, todos esos son beneficios nacionales que están llegando a través de lo que hoy se está distribuyendo. Y también está el convenio que existe a través de este Plan de Financiamiento Ordenado –PAF; como se lo llama ahora–, por el cual Misiones debe recibir 400 millones de pesos, de los cuales no puede prescindir, porque se están haciendo obras. Además, nosotros en Misiones no sabemos a dónde fue la plata de esta deuda que se conformó en los años anteriores a 2003, Asimismo, lo correspondiente a las privatizaciones nacionales, tampoco sabemos a dónde fue a parar. Sostengo que es una medida con mucho grado de irresponsabilidad que en este momento nosotros digamos que sí vamos a coparticipar de una manera diferente el impuesto al cheque, porque eso significaría una bloqueo automático a toda una serie de convenios que se vienen realizando. Entonces, creo que deberíamos demorar este tratamiento, dar una oportunidad para poder conversar e invitar a todos los gobernadores. Aquí hay muchos senadores que son opositores a los gobiernos provinciales y, por ahí, están hablando por boca ajena, no están dirigiendo el manejo de los recursos en las provincias respectivas. Sé que acá hay ex gobernadores quienes a veces hablan y se quejan sobre la situación de las provincias, pero estuvieron gobernando hasta ayer nomás. De modo que estas crisis o situaciones sociales que estamos viviendo, sobre todo en las provincias del Norte, no son de ahora, de 2003 en adelante, sino que provienen de mucho tiempo atrás. Entonces, tomar ya una medida sobre el impuesto al cheque es actuar con revanchismo.
Aquí, hubo un senador que sostuvo que se debía respetar lo que se resolvió el 28 de
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junio de 2009. Yo creo que eso se trasluce acá en función de las votaciones y hay una mayoría de votos para aprobar determinados temas. Pero el plan de gobierno está en manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y quien quiera instrumentar otro plan de gobierno lo tendrá que someter a consideración del pueblo en las elecciones a realizarse en el 2011. Esto es elemental. Por estos motivos, adelanto mi voto negativo al proyecto de ley en tratamiento. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Juez. Sr. Juez. – Señor presidente: voy a ser muy breve. De la discusión anterior me quedó grabado en la memoria cuando el presidente del bloque del Frente para la Victoria dijo que él había participado en reuniones donde la mayoría de los gobernadores se había opuesto a la coparticipación del impuesto al cheque. Recién, la señora senadora preopinante dijo que muchos de los que estamos acá somos opositores. Y es cierto: nosotros ejercemos la primera minoría en la provincia de Córdoba, pero eso no nos aleja de la posibilidad de saber cuáles son las necesidades que tiene hoy nuestra provincia. Nuestro mandato tiene un profundo origen federal. En este recinto, salvo usted, señor presidente, todos los demás fuimos elegidos para representar al pueblo de nuestras provincias y tenemos la obligación y la responsabilidad, aunque seamos opositores en nuestras provincias a quienes gobiernan, de hablar por los que no pueden hacerlo. Probablemente, se incomoden algunos cuando digamos esto, pero hay un montón de gobernadores e intendentes que no pueden hablar, a los que no se les permite hablar, que no pueden reclamar y que se tienen que conformar con lo que les dan. A mí me tocó administrar la ciudad de Córdoba, que en población puede llegar a la misma cifra de cuatro o cinco provincias de la República Argentina. Y me tocó peregrinar y venir acá, al puerto, a conseguir cordón cuneta, desagües, cloacas, a mendigar. Incluso, le tocó a usted, señor presidente, gobernar Mendoza. Aquí hay muchos a los que nos tocó administrar cosas y sabemos lo que significa. No voy a entrar en los detalles técnicos de esta iniciativa. Seguramente, eso lo harán los senadores que han presentado proyectos en la materia. Tampoco voy a hablar de lo regresivo y distorsivo que es el impuesto al cheque, pero el reclamo federal que existe hoy en los pueblos del interior –digo esto para poner las cosas en su justo término– es la posibilidad cierta y concreta de poder hacerse de un recurso. No importa que este impuesto sea regresivo, sino que lo que importa es hacerse de un recurso para poder administrar. Tenemos un gobierno nacional que tiene un Ministerio de Educación y no tiene escuelas nacionales. Tenemos un gobierno nacional que tiene un Ministerio de Salud y no hay hospitales nacionales. El interior, ese interior profundo al que nos debemos todos los senadores porque de ahí venimos, debe pagar salarios y mantener la educación, la salud, la Justicia, la seguridad… ¡Ah, pero eso sí, cuando hay una obra pública hay que venir a mendigarla a Buenos Aires para que la haga la empresa que el gobierno designe! Y después tenemos que aceptar que nos digan, muy sueltos de palabra, que el gobierno reparta, que nunca se ha hecho tanto como en este gobierno y demás. Debo decirle, señor presidente, que mi provincia viene sistemáticamente resignando recursos que les son propios. Si contabilizamos desde 2001 a 2010, la provincia de Córdoba dejó de recibir 16 mil millones de pesos en concepto de impuesto al cheque. La deuda que tiene hoy la provincia de Córdoba es de 15.500 ó 16.000 millones de pesos, aproximadamente; o sea, un presupuesto y medio provincial. Entonces, quiero decirles que mi condición de senador opositor de la provincia de Córdoba no me obstaculiza; seguramente, los otros senadores por mi provincia harán el mismo reclamo, ya que reclamar con firmeza es la única posibilidad que tienen a su alcance.
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El señor senador Giustiniani armó una reunión maravillosa donde escuchamos a muchos expositores y todos coincidían en que la coparticipación total del producto de este impuesto es una forma casi lateral de entrarle a la gran discusión de la Argentina que todos nos debemos, que es tener una nueva coparticipación federal de impuestos. Es una discusión que no se puede soslayar, es una discusión que se requiere y se debate desde el interior, porque hay que ver cómo es la realidad política del interior de la República Argentina. Entonces, para no extenderme más y aprovechar los minutos, ya que hay una larga lista de oradores, en nombre del Frente Cívico de la provincia de Córdoba, quiero dejar sentado que acompañamos la sanción del proyecto de coparticipación del llamado impuesto al cheque. Lo hacemos porque entendemos que es una emergencia, una urgencia y una necesidad. El interior lo necesita. Escuchaba al señor senador Viana y me parece interesante prestar oídos a su propuesta. Quienes administran las comunas cuidan el mango hasta el centavo y lo deben “hacer de goma”. Es decir, me parece interesante ver la posibilidad de que los intendentes accedan directamente a los recursos. Señor presidente: quiero terminar diciendo que seguramente vamos a discutir por largas horas. La madrugada nos va a encontrar debatiendo, creyendo que la oposición quiere sacar ventaja en esta discusión. Pero no hay senador –y los desafío con la mano en el corazón– que diga que en su provincia se vive hoy una situación holgada; mirando a sus comprovincianos los desafío a que mañana, cuando regresen a sus provincias, puedan decirles con seriedad que verdaderamente vale mucho más la identificación partidaria que discutir lo que hoy necesitan los pueblos del interior. Este año es maravilloso, porque es el del Bicentenario. Este año deberíamos discutir cómo volvemos a ser un país federal, cómo la Argentina se recupera y cómo se reconstruye desde el interior hacia el puerto; y no como existe actualmente. Quiero decir con respeto que uno ha acompañado y ha aplaudido la asignación universal por hijo o algunas obras públicas que se hacen en el interior. Pero no alcanza. Eso significa para el interior nada más que una gota de agua en el desierto; son como monedas que terminan mendigando los gobernadores. Como representante del Frente Cívico de la provincia de Córdoba adelanto nuestro apoyo irrestricto a la coparticipación de los fondos del llamado impuesto al cheque como una medida excepcional, en la sabiduría de que debemos trabajar fuertemente para que este impuesto desaparezca y para que se confeccione una verdadera ley de coparticipación que les dé autonomía a las provincias y libertad a sus gobernantes. Señor presidente: los gobernantes de este país no tienen libertad para decidir qué obras públicas deben hacerse. No tienen libertad para decidir cómo administrar sus recursos. No decir estas cosas en el recinto es un acto de hipocresía que no voy a cometer y que no me voy a privar de decirlo como corresponde. Hoy en la Argentina vivimos en un país terriblemente unitario. Nuestros paisanos hoy necesitan recursos. La coparticipación de los fondos del llamado impuesto al cheque es una forma de entrarle a esas necesidades. Ojalá en este año del Bicentenario discutamos en serio este asunto. Escuchaba a uno de los señores senadores cuando comenzaba con su discurso, pero si no se hubiese instalado esta discusión de la coparticipación de estos fondos no tenga dudas de que difícilmente algún gobernador pueda ser invitado a comer bocaditos o un choricito o una costilla a la residencia de Olivos para discutir la coparticipación federal. A pocos gobernantes les interesa discutir la coparticipación federal. Vienen del interior con unos vaqueros gastados y unos mocasines rotos, se instalan en la Rosada, se encandilan con las luces del Obelisco y, a partir de ahí, gobiernan desde ese lugar y se olvidan de sus provincias.
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El interior la está viviendo mal, la está pasando mal, y necesita urgentemente echar mano a los recursos que permitan vivir con dignidad. La coparticipación de los fondos del llamado impuesto al cheque puede ser una alternativa que nos permita empezar a discutir el tema de fondo; es decir, lo que corresponde, lo que deberíamos hacer si fuéramos un país serio: buscar una nueva ley de coparticipación federal. – Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José Juan Bautista Pampuro. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli. Sra. Parrilli. – Señor presidente: la verdad es que mi exposición va a ser muy breve, ya que voy a solicitar autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones. De todas maneras, quisiera hacer una reflexión. Creo que esta Patria grande que estamos construyendo desde 2003 no nació de un repollo; hubo una política económica que hizo que hoy estemos discutiendo cómo repartimos los fondos. Antes de 2003 no había fondos para repartir. Realmente celebro que se esté dando esta discusión en el Senado. Pero estos fondos no nacieron de un repollo sino que existen porque hubo una política económica que lo llevó adelante. Entonces, plantear la antinomia entre Nación y provincias no me parece lo mejor para todos los argentinos. Voy a tomar las palabras del senador Calcagno y Maillmann cuando dice que no va a haber un país grande si no hay provincias que son grandes. También quiero traer al recinto las palabras de Monseñor De Nevares, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que fue obispo de mi provincia, y que cuando yo era muy joven siempre decía: “No te olvides, la Patria es la gente.” Entonces, cuando escucho estas cosas que tienen que ver con si esto es de la Nación o de las provincias, me pregunto dónde está la gente. Porque los casi 40 mil chicos de mi provincia que reciben la asignación familiar son la gente; los 40 mil jubilados y pensionados que están recibiendo este beneficio son la gente; y son la gente de nuestro país. Ayer cuando se discutía cómo íbamos a usar nuestras reservas decía que a veces tenemos que empezar a pensar el país desde todos los lugares; desde el Norte al Sur y desde el Este al Oeste. También ayer decía: “Ojo, estamos muy cerca de Chile.” Hoy esta desgracia les tocó a los chilenos, pero los neuquinos estamos muy cerca; la división no es la línea que figura en el mapa. En consecuencia, poner palos en la rueda a este gobierno, que está trabajando desde 2003 para que hoy podamos estar discutiendo cómo repartimos los fondos no es una muy buena noticia. Debemos debatir la coparticipación de impuestos, pero no para poner parches a la distribución de un tributo que se lo ha considerado recesivo en esta misma Cámara. Entonces, pensemos en una Patria grande que nos incluya a todos y no hagamos más parches; construyamos un país en serio y distribuyamos realmente la riqueza. Hoy también estuve en el Ministerio de Desarrollo Social con cincuenta emprendedores de mi provincia, de Villa Traful y de Villa la Angostura, que jamás habían pisado la Capital Federal y, sin embargo, hoy están recibiendo herramientas para poder trabajar. ¿Quién lo está haciendo? La Nación. ¿Dónde viven? En mi provincia. ¿Acaso la Nación tiene un perímetro determinado que no incluye a las provincias? ¿De qué estamos hablando? Las razones, desde mi provincia, a quien no beneficia este impuesto, las voy a dar en la inserción. Sra. Negre de Alonso. – ¿Me concede una interrupción? Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora: le están pidiendo una interrupción.
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Sra. Parrilli. – Ya termino. Simplemente quiero hacer una reflexión: es necesaria la ley de coparticipación; ya el ex presidente lo ha planteado así como también la presidenta. Trabajemos en proyectos de ley que sean sustentables en el tiempo, no pongamos palos en la rueda y dejemos que este gobierno siga construyendo para que nosotros también podamos discutir cómo distribuimos las riquezas. Porque les aseguro que en 2003 todas las provincias estaban pagando con Lecop y Patacones, pero fue la Nación la que salió a apoyarlas a cada una de ellas. No nos debemos crispar, tenemos que trabajar con tranquilidad y con la seriedad que el momento nos impone a todos los representantes de cada una de las provincias. Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora Negre de Alonso, ¿desea aclarar algo? Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: simplemente quiero hacer una aclaración y felicitar a la senadora por lograr traer a cincuenta emprendedores para que les den herramientas. Además, le quiero decir a la señora senadora que sí considero que para el Poder Ejecutivo existe un perímetro que mide a las provincias, porque San Luis, por ejemplo, no tiene obra pública, no tiene ATN, no tiene ningún envío de fondos extracoparticipables, ni tampoco tiene ese orgullo que tiene ella de traer cincuenta emprendedores para que les den las herramientas y los fondos para seguir adelante. Mi provincia no tiene nada; así que, sí hay un perímetro para medir, y por eso estamos peleando y luchando por esto. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Di Perna. Sra. Di Perna. – Yo vengo de una provincia... Sra. Parrilli. – ¿Puedo responder, presidente? Sr. Presidente (Pampuro). – Perdóneme, senadora. Le solicita una interrupción la senadora Parrilli. ¿La acepta? Sra. Di Perna. – Sí. Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Parrilli. Sra. Parrilli. – Yo le quiero preguntar a la senadora Negre de Alonso si en su provincia no hay jubilados, pensionados y gente que recibe las asignaciones familiares. Y, en todo caso, lo que tenemos que pensar es por qué no hay una relación entre su gobierno provincial y el gobierno nacional, porque desde 2003 hasta 2007 la provincia de Neuquén sufrió la falta de acuerdos entre el gobernador de mi provincia y la Nación, por lo cual muchos proyectos no se pudieron llegar adelante. Felizmente hoy tenemos un gobernador que hace acuerdos y que trabaja juntamente con el gobierno nacional y no es del mismo signo político. Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el uso de la palabra... Sra. Negre de Alonso. – Solicito una interrupción, presidente. Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Concede la interrupción, senadora? Sra. Di Perna. – Sí. Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de Alonso. Sra. Negre de Alonso. – Simplemente porque no nos atienden, presidente. Y como no nos queremos arrodillar ante el poder central y queremos defender el orgullo de ser puntanos, autónomos y soberanos no nos abren las puertas. Por eso es que no se pueden hacer acuerdos. Y los acuerdos que se han hecho con los 800 millones de dólares que nos secuestró el corralito no se cumplieron. Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el uso de la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Yo vengo de una provincia, la de Chubut, que está correctamente administrada, que tiene una equilibrada situación fiscal y, como compensación, el gobierno nacional no la hace partícipe del Programa de Asistencia Financiera y tampoco recibe aportes
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del Tesoro nacional. Nuestro gobernador ha reclamado en los dos últimos años, a veces en soledad, y fue invitado a esta casa, al Senado, a donde asistió juntamente con el gobernador de la provincia de San Luis para explicar la trascendencia que tiene para las provincias argentinas la coparticipación federal del impuesto al cheque. Esta coparticipación es un derecho de las provincias; es un derecho que les corresponde por la Constitución Nacional. El gobierno nacional esgrime como argumento que se va a desfinanciar la Nación. Esto es mentira. Es mentira que la Nación se desfinancie por coparticipar correctamente el impuesto al cheque. Las que están desfinanciadas son las provincias, porque debieron hacerse cargo de los costos de la salud y de la educación sin la correspondiente transferencia de recursos; y también debieron hacerse cargo de las deficiencias de la ANSeS. Entre 2003 y 2009, las provincias cedieron a la Nación 50 mil millones de dólares y recibieron en contraposición 25 mil millones de dólares. Es parcialmente cierto lo que dijo aquí el senador Calcagno y Maillmann, de que en este período se ha incrementado el porcentaje de transferencias de recursos de la Nación a las provincias. No obstante, esa es una verdad parcial, ya que también se han incrementado los fondos que las provincias dejaron de percibir. En este mismo período, los fondos que las provincias no recibieron fueron superiores y en mayor porcentaje; al margen de que la distribución de los fondos fue arbitraria y direccionada. También consideramos que en la coparticipación del impuesto al cheque, la forma que tiene la Nación de distribuir es una manera de disciplinar a los gobernadores y va en contra de la dignidad de las provincias. Hay otro tema que quiero mencionar y que no es menor, vinculado con la actual administración de estos fondos por parte del gobierno nacional: viola la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 3), ya que estos fondos son asignados al Tesoro Nacional para gastos generales. Entonces, existe una clara violación de la Constitución Nacional. Por estas razones, nosotros vamos a apoyar el proyecto de coparticipación del impuesto al cheque, en el conocimiento de que no es una solución definitiva para muchas provincias argentinas, pero que, en este momento, es un paso adelante y necesario para nuestro país. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Corregido. Sra. Corregido. – Señor presidente: tengo para mí una fábula de Augusto Monterroso que se llama Monólogo del Bien, que recuerdo ante cada situación en la que tengo que decidir sobre derechos que involucran a las demás personas. En este Monólogo del Bien, el Bien pensaba “Nada es tan simple; a veces yo me escondo detrás del Mal; y es cuando nos dormimos, perdemos el avión y resulta que el avión se cae y no se salva ni Dios. Pero a veces, el Mal se esconde detrás del Bien; y Abel se hace matar para que toda la Humanidad piense que Caín era malo”. Entonces, frente a este tema, me pregunto dónde está el Bien. Parece ser que en esta situación todos quienes están a favor de la coparticipación del cheque son los federales y quienes no estamos de acuerdo con la coparticipación del cheque somos unitarios; lo que tampoco considero cierto. Sinceramente, como se ha dicho acá, este es un mal impuesto que fue establecido por Cavallo en 2001. Parece ser que quienes componen el arco no oficialista u opositor quieren demostrarle al gobierno nacional cómo se gobierna en la distribución.
Ahora bien, una ha leído comentarios de especialistas y de personas que valora y se encuentra con que es un mal impuesto para distribuir y que, además, lo que se distribuye por
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la ley de coparticipación se lo está haciendo mal, inequitativamente, ya que se realiza con los criterios de 1988, que fueron fijados en momentos de la hiperinflación y de acuerdo con las situaciones y las facilidades de negociación de algunas provincias frente a otras. Entonces, con ese criterio de coparticipación, lo estamos haciendo mal. Así, hay provincias como las del Norte, que son las más postergadas, frente a otras que no lo son tanto. La verdad es que en estos criterios de coparticipación no se tiene en cuenta si las provincias tienen recaudación, si tienen posibilidades o regalías, si tienen una gran cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas, etcétera. Me parece que deberíamos tener en cuenta esos criterios. Eso es lo que plantea la Constitución: que la coparticipación tiene que hacerse teniendo presentes criterios de equidad para todas las provincias y para todos los habitantes. Quiero hacer referencia a algunas opiniones. El senador Calcagno y Maillmann ya mencionó al CIPEC, una organización de control de políticas públicas, que dice que coparticipar el impuesto al cheque es un error. Pero también quiero leer lo que decía la senadora Escudero -a quien aprecio y respeto profundamente- el 10 de diciembre de 2008. Cuando se hablaba de la prórroga del impuesto al cheque dijo que consideraba que es un mal impuesto, un impuesto regresivo, que no guarda proporción con la capacidad de riqueza del contribuyente, un impuesto que disminuye la recaudación en otros impuestos. En definitiva, es un impuesto que penaliza a quien está bancarizado y, de alguna manera, estimula la economía en negro. En un país en que el 50 por ciento de la economía no está bancarizada lo que deberíamos hacer es eliminar este impuesto y estimular la bancarización, porque de este modo estaríamos controlando mejor la economía. Por eso quiero decir que mi posición de no insistir en la modificación de las proporciones de coparticipación tiene que ver con esta concepción. Además, hacía referencia a una reunión con la multisectorial de empresas de Salta que sostenía que la coparticipación de este impuesto haría que se hiciera definitivo y no se fuera nunca. En verdad, creo que tendríamos que estar discutiendo acerca de sacarlo y no de dejarlo para siempre. Otras organizaciones también han opinado especialmente con relación a lo que ocurre en el Chaco. Por ejemplo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal ha elaborado un informe en el que dice que el Chaco se encuentra entre las siete provincias que se verían perjudicadas si se modificara el tributo impulsado por la oposición en el Congreso de la Nación. No sería neutro, como lo aseguró el ministro de Economía del Chaco –de hecho, ese ministro dijo que en el mejor de los casos iba a ser neutro, porque podía ocurrir que perdiéramos 80 millones– ni altamente positivo, como lo evaluó el senador radical chaqueño Roy Nikisch. Por su parte, el economista Nicolás Arceo, de CIFRA, dice que es necesario eliminar las brechas y que las regiones más pobres reciban más; que la situación no es tan simple porque algunos distritos dependen casi exclusivamente de los recursos coparticipables para sobrevivir, mientras que otras provincias tienen más posibilidades para generar recursos propios. La ley de coparticipación federal, vigente desde 1988, no considera criterios objetivos de distribución. La legislación que regía antes del último régimen militar, establecida en 1973, sí consideraba variables como la indigencia y la pobreza. Entonces, yo digo que seguir distribuyendo con inequidad no es bueno. De hecho, realmente me parece que estamos en el momento de plantearnos entre todos –gobernadores y legisladores–, con absoluta honestidad, una nueva ley de coparticipación. En el Partido Justicialista ya ha empezado a discutirse y me parece que tenemos que avanzar en ese sentido.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: estamos tratando un capítulo chico, que creo que es el primer escaloncito o paso de algo que nos debemos desde 1994 a la fecha. Me refiero a la relación Nación-provincias, a la distribución de los ingresos. Se trata de la eterna historia que siempre se ha discutido, creo que de distintas formas: a veces anualmente a través de distintos pactos fiscales en el marco de los cuales nos reuníamos mucho más seguido las provincias y donde, de alguna manera, expresábamos los problemas, que se iban actualizando. En 1994 dejamos subsistente la ley de coparticipación, 23.548. Pero fíjese, señor presidente, que antes hubo una reunión de las provincias en la que se reclamó solidaridad. Me acuerdo siempre –lo cito como un simple hecho, sin tanta bambolla– que las provincias dijimos: “Bueno, recurramos primero a nuestra solidaridad. ¿Por qué las provincias que somos productoras petroleras no nos bajamos los índices de coparticipación de la distribución secundaria a favor de otras?”. Me acuerdo que a Río Negro le bajaron un punto: de 3,56 a 2,56 por ciento. En aquel entonces –1991 ó 1992– significó más de 120 millones de pesos anuales. Esto le generó a la provincia un fortísimo dolor de cabeza. También se lo hicieron a Neuquén, a La Pampa, a Santa Cruz y a Chubut. ¡Fuimos solidarios! Resulta que nosotros queríamos reclamar solidaridad total de los argentinos, de la Nación y de las provincias. Pero esto que decíamos siempre quedaba en el tintero. Siempre venía el pacto fiscal. ¿Por qué? Porque la economía, en aquella época, “se llevaba puesta” a la política. Eran las dificultades económicas las que traían realmente la obstrucción de los andares políticos de quienes desempeñábamos distintos cargos. Recuerdo que desde la intendencia en adelante de lo único que se hablaba era de los números con los que terminábamos el día para ver cómo seguíamos al día siguiente. ¿Y qué pasó? Bueno; nos reuníamos los gobernadores con el gobierno nacional y con el presidente, e íbamos tratando de buscar una solución en momentos económicos muy difíciles. ¡Muy difíciles en general, no en particular! Y así llegamos –lo he repetido veinte veces; ustedes deben de estar cansados de escucharlo– al momento en que se nacionalizó la deuda de las provincias, allá por el 2002. Se nacionalizó esa deuda, como dijo aquí nuestro miembro informante, primero ya en forma diferente a los privados. Se nos nacionalizó la deuda a 1,40. Entonces, pasamos a tener un 40 por ciento más de deuda de la noche a la mañana aplicándole el CER, aplicándole los intereses, y llegó un momento en que pagamos muchos intereses pero igual no alcanzaba. Ahora bien; se buscaron soluciones provisorias como se siguen buscando con el POF, con el PAF, etcétera. En este momento, uno llega cansado a preguntar por qué no terminamos con esto de de una vez por todas si tenemos la oportunidad de hacerlo; pero no lo hacemos. Entonces, discutimos el cheque y en la Comisión de Coparticipación acabamos de emitir un dictamen dictamen –valga la redundancia– donde reclamamos la redistribución de los ATN no distribuidos y de los sobrantes que haya en el futuro. Ahí, sí incluimos un artículo que dice “hasta tanto no tengamos la solución, suspendemos el 31 de diciembre el pago de las deudas de capital e intereses que adeudamos a la Nación”. ¡Pero no es por capricho; no es para facilitar las cosas a los gobernadores dispendiosos y a los funcionarios nacionales que tan inteligentemente recaudan! Es simplemente para decir “basta”. ¿Por qué? Empezamos perdiendo el 40 por ciento; seguimos aportando por una ley -en aquel momento sacada provisoriamente por Cavallo- el 15 por ciento a la ANSeS. La ANSeS juega, va a un lado, se privatiza, vuelve al Estado. Cuando vuelve al Estado, decimos: “Bueno; para adelante vayamos reduciendo paulatinamente este 15 por ciento. Necesitamos colaborar: lo entendemos”.
Acá se nos dijo desde la Presidencia que no teníamos sensibilidad. No me incluyo,
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porque en uno de los proyectos del impuesto al cheque está el descuento del 15 por ciento de la totalidad. No sólo del 30 por ciento de las provincias que va a la masa coparticipable sino de todo lo que se recauda. De 20.000 millones de pesos sacamos el 15 por ciento, lo mandamos a la ANSeS y el resto lo distribuimos en los porcentajes establecidos por ley. Es lo lógico. ¡Nadie pide nada del otro mundo! ¡Nadie está cometiendo ningún crimen! Y, como contrapartida, tenemos que escuchar hablar de este tipo de confusiones que hay entre la política de ingreso y la de la deuda pública. Se confunde porque dicen: “No, yo voy a recibir menos porque no me van a asistir financieramente. Es decir, a pesar de que integro el Plan de Asistencia Financiera de la Nación, si reclamo el impuesto al cheque no me van a dar lo que corresponda a ese plan. Entonces, me entran a lo mejor 200 por el tema del cheque y me dejan de asistir los 150 más que necesito, que no es que ni más ni menos que plata de la provincia tomada por la Nación, y que se la vuelve a prestar a la provincia con intereses”. Ese es el Plan de Asistencia Financiera. ¿O acaso el 15 por ciento no es provincial? ¿O acaso no está en los diarios de hace cinco, seis o siete meses, la información acerca de que las provincias petroleras hemos aportado más de 24.000 millones para subsidiar el precio interno del combustible? Señor presidente: si a Río Negro le dieran el 12 por ciento de esos 24.000 millones, que es lo que le corresponde de sus regalías, tendría 2.600 millones, que es lo que debe a la Nación. Eso es lo que nos cuesta por año intereses; es lo que nos va generando intereses. De hecho, nos van prestando plata que es nuestra y nos cobran intereses. Y todavía pretender hacernos aparecer como que somos los malos y los que desfinanciamos a la Nación… ¿O es que acaso nos coparticipan el impuesto al combustible? ¿O es que acaso nos han actualizado los costos, cuando nos transfirieron los servicios de educación y salud? ¡Quiero que me nombren un hospital nacional, un colegio nacional! ¡Uno! Ahora se está hablando de la asignación universal, de los 180 pesos. Me parece fenomenal, mas no es universal. Pero no importa, es buena. Se paga esa asignación y hay que mandar a los chicos al colegio, ¿pero a qué colegio? ¿Quién lo construye? ¿Quién paga a los maestros? ¿De qué manera se pone en marcha todo esto? Y se dice después que nosotros no aportamos. ¡Y se nos trata de insensibles porque no tenemos en cuenta a los jubilados! ¡Es mentira! Los tenemos en cuenta mucho más. Yo apoyo el proyecto y la observación del senador Viana. Lo hago porque es justo y digo eso en mi proyecto. En su momento, en la redacción apurada tal vez no se tiene en cuenta; pero lo dice en alguna ley que ustedes van a ver sobre los recursos que se recaudan, donde a todo lo coparticipable hay que descontarle el 15 por ciento. O sea que no hace falta ni siquiera decirlo si es que consideramos coparticipable el impuesto al cheque. Por eso me duele cuando me dicen insensible, ¿por qué? Porque yo tengo grandes coincidencias con la presidenta. (Risas.) ¡No se rían: es así! Miren qué coincidencia tendré que en el 94 coincidimos cuando la presidenta dijo con respecto a la reforma constitucional de ese año, haciendo alusión a los servicios de educación y salud, que las provincias tienen más funciones vinculadas con la calidad de vida de la gente y menos dinero para solventarlas. ¿Cómo no va a haber provincias inviables si nos están federalizando los gastos y centralizando los recursos? Esta es la primera discusión que tendremos que llevar a cabo porque no se entiende que la Nación tenga un Ministerio de Educación sin escuelas y que le esté asignando recursos cuando al mismo tiempo retacea esa masa a las provincias que sí están haciendo frente a la educación.
¿Sabe, presidente? Río Negro fue la primera provincia piloto en educación hace cinco años, y le asignaron 10 millones de pesos de recursos. Son los mismos 10 millones que nos
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están pagando ahora. ¡Ni siquiera fueron actualizados! Si se hubieran actualizado, serían 70/ 80 millones. Pero no fue así, sigue lo mismo. Hablemos del tema de los empleados públicos. Hace veinte años, el 60 por ciento de los empleados públicos eran nacionales y el 40 por ciento eran provinciales. Hoy el 60 son provinciales y el 40 son nacionales porque hay una explosión y un desarrollo en muchísimas provincias. ¡Es cierto! Es así, es así… Señor presidente: nosotros estamos en el recinto del Senado, que debería ser la casa de todas la provincias. Me parece que esto de tratar el impuesto al cheque, de que después tratemos los ATN, de que estemos discutiendo “tengo uno más, tengo uno menos; ¡cuidado que este se va!”, de si empatamos y desempata el presidente, es como estar jugando a un juego de chicos. “Pues entonces, ¿quién lo tiene? El Gran Bonete”. Yo no busco al Gran Bonete: busco una cosa racional. Lo que quiero es sentarme y decir que acá hay una deuda que es de plomo para las provincias. ¡Dejemos de lado la historia! Nosotros, que somos defensores de las provincias, le echamos la culpa a los distintos gobiernos nacionales –no sólo a este: a todos los gobiernos nacionales– y, por el otro lado, el gobierno nacional sigue con su tendencia de tener la manija en la mano. No me quiero referir a nada que sea político porque si no enturbiaría la claridad que tengo en esta reflexión. Simplemente, quiero referirme a algo que es humano. ¿Cómo puede ser que nosotros no nos podamos sentar a una misma mesa y decir “esta es la deuda; este es el monto final que determinamos con esta quita, con esta no quita, con este tratamiento y con esta financiación, para que se pueda soportar sin necesidad de estar recurriendo a todos estos debates en cada uno de los puntos y andar entre las cortinas a ver si conseguimos un voto más, un voto menos; si nos lo quita el oficialismo, si nosotros somos la oposición? Pero, ¿esto qué es? ¿Es serio? No, no es serio. No, no es lo que uno quiere; no es a lo que uno aspira; no es lo que uno vino a hacer. No hay que buscar culpables. Es hora de que los argentinos busquemos soluciones. Yo no tengo ningún interés en saber quién tiene la culpa; tampoco es lindo pasar el tiempo ofendiéndonos. No puede ser que nos la pasemos hablando de 2001, de 2002 ó de 2003. Pareciera que estuviéramos todo el día cantándonos el tango “Cambalache” entre nosotros. Y no es así: este país no es “Cambalache”, sino que es un país de la “Gran Siete”. Señor presidente: tengo que votar a favor de este proyecto de coparticipación del impuesto al cheque por haber sido gobernador. Acá están presentes varios ex gobernadores. De paso, aprovecho esta oportunidad para saludar al amigo “Pocho” Angeloz, con quien en el pasado hemos peleado, codo a codo, por muchas cosas. Todos aquellos que hemos sido gobernadores, aunque algunos estemos en distintos bandos políticos y no opinemos, asentimos con la cabeza cuando hablamos de estas cosas. ¿Por qué? Porque lo vivimos. ¿Saben lo que es ser gobernador y estar todos los días con un teléfono en la mano tratando de conectarse con la Capital para hablar con los ministros, secretarios y directores a fin de averiguar cuándo va a llegar la partida de dinero para hacer frente a los gastos de la provincia. “Hoy no pagué a los maestros; mañana tengo que pagar a la Legislatura y pasado mañana a los judiciales”. “Me hacen paros y marchas”. ¡Uh! ¡Es bravo! Claro que es bravo…
Por ello, creo que hoy tenemos la obligación de votar a favor de este proyecto de coparticipación del impuesto al cheque, pero a mí mucho no me motiva. Por supuesto que no me gusta perder ni a las bolitas, pero esto no me genera ni alegría, ni seguridad, ni la convicción de que estemos actuando como debemos. Porque acá hay proyectos guardados, encajonados, que persiguen una solución definitiva y donde se tratan todos los temas. Pero no
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se los quiere tratar. El señor senador Verna me está mirando; él sabe que es así, porque ha tenido en sus manos esos proyectos. Entre los dos hemos tratado de insertarlos de a poco. Yo soy cómplice de un no oficialista. Así que en este caso un opositor y un no oficialista somos cómplices en la búsqueda de un beneficio para todos, y no de beneficio propio. Señor presidente: en este caso yo voy a votar de la misma manera que mi bloque. No obstante, quiero señalar que a mí no me parece ninguna solución, mucho menos después de haber escuchado dos cosas que he lamentado, sentido y dolido. La presidenta dijo que lo anula y queda anulado para todo. Pero, ¿hace falta o no? Yo creo que se trata de un impuesto distorsivo. ¿Quién no sabe so? ¿Quién no lo dice? Si todos los días tenemos empresarios amigos y hasta nosotros mismos, en nuestras pequeñas empresas, cada vez que nos sacan el 6 por mil del impuesto al cheque nos duele mucho. Pero fíjese, señor presidente, que eso no es lo que importa. Estamos discutiendo el impuesto al cheque convencidos de que no hay que abdicar y, encima, estamos ejerciendo ejercicios físicos, unos para no contradecir al gobierno central y otros para contradecirlo, en lugar de ponernos todos de acuerdo y decir “Che, basta, pongamos sobre la mesa la situación Nación-provincias y definámosla de una vez porque es nuestra misión en el Senado”. Esas son las cosas que sirven. Así que yo no voy a votar este proyecto de ley de coparticipación de impuesto al cheque con alegría porque para mí no es la solución. Es un andar, un planteo, está hecho. Yo integro un grupo donde no somos ni más ni menos federales que otros, pero lo que sí quiero decir es que esto no me deja satisfecho porque nuestra misión es mucho más importante. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Mansilla. Sr. Mansilla. – Señor presidente: no quiero dejar de opinar en este tema, y agradezco al plenario que me haya dado la posibilidad de hablar en una cuestión que nos afecta o nos beneficia desde distintos puntos de vista, ya sea que seamos oficialismo u oposición. Esta cuestión fue instalada por la prensa y por algunos senadores no oficialistas como la solución a las necesidades del momento de todas las provincias. Comparto con el senador Verani que la prioridad de las provincias hoy en día no es la llamada ley del cheque o la redistribución de sus fondos, porque todos sabemos que el fondo del asunto –y acá hay senadores que fueron intendentes, concejales, gobernadores algunos, presidentes otros– es un problema que va mucho más allá de una redistribución circunstancial, ya que se prevé un plazo de dos años; el año que viene se acaba. Se intentó instalar este tema para que quienes están a favor de la redistribución sean los buenos y los oficialistas seamos los que no queremos a nuestras provincias. Queríamos tener la oportunidad de explayarnos y decir por qué creemos que la llamada ley del cheque no es para nosotros una necesidad. Y lo voy fundamentar con números. A quienes tenemos obligaciones institucionales nos interesan las obras de cemento, nos interesa pagar los sueldos en tiempo y forma y, fundamentalmente, nos interesa tener previsibilidad cuando nos sentamos a realizar acuerdos salariales que nos permitan decir a nuestros empleados, que no son pocos en todas las provincias, que tienen asegurados sus ingresos. Lamentablemente, eso no lo podríamos hacer si no tuviéramos un gobierno nacional solidario. Eso hay que decirlo, señor presidente.
Comparto la posición de algunos senadores no oficialistas, como el caso de la senadora por San Luis, quien dijo que a su provincia le dan únicamente lo que le corresponde y no recibe ninguna obra por fuera de lo establecido. También debo ser sincero y contar la realidad de mi provincia. En 2003, mi provincia tenía los índices de mortalidad infantil más vergonzosos del país, tenía los índices de desocupación más altos de la media nacional y tenía
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serios problemas educativos. Las escuelas privadas no daban abasto, porque las públicas tenían clases solamente 60 ó 70 días al año. Esa es la situación que vivían la mayoría de las provincias. Quienes fuimos gobernadores o concejales conocemos la realidad. Pero hoy se quiere plantear este tema de la llamada ley del cheque como la solución para todas las provincias. Y no es así. Escuché hablar muy inteligentemente a algún senador acerca de que el problema de las provincias se dará cuando los 24 gobernadores que tienen la obligación institucional de conducir los destinos de sus Estados se sienten a arreglar la coparticipación federal de impuestos y solucionen los problemas de Misiones, que tiene la misma cantidad de habitantes que Formosa, pero posee 1,6 puntos menos de coparticipación que dicha provincia. Al ser Tucumán el quinto distrito electoral del país, querríamos tener una mejor coparticipación. Pero eso no depende de nosotros. Tenemos la obligación de acompañar a nuestras provincias, pero no tenemos el poder de imponer algo que no está a nuestro alcance. De todas formas, si quisiéramos hacerlo, deberíamos consultar a los que más ponen la cara, sean gobernadores, intendentes o delegados. He escuchado hablar alegremente de que los gobernadores llegan de vaqueros y se obnubilan con las luces de la Capital Federal. Yo vengo de una provincia de la que mi gobernador no llegó de vaquero y, mucho menos, se obnubiló con las luces de la Capital Federal. Quizás se pueda obnubilar por ser el primer gobernador reelecto de mi provincia en la etapa democrática con el casi 80 por ciento de los votos. Pero es él quien define las obras públicas de mi provincia y no De Vido o José López. Es él quien conduce los destinos de mi provincia. Sr. Presidente (Pampuro). – La señora senadora Bortolozzi le solicita una interrupción, ¿la autoriza? Sr. Mansilla. – Está autorizada, señor presidente. Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Bortolozzi. Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: quiero comentarle al senador Mansilla que mi provincia −Formosa− tiene ese índice a partir del cálculo de la coparticipación secundaria. En esa época, el 54 por ciento le correspondía a las provincias y el 46 por ciento a la Nación. Posteriormente, para la determinación de la coparticipación secundaria, es decir, cuánto se le daba a cada provincia de esa suma, se tuvieron en cuenta varios índices, como el de necesidades básicas insatisfechas. Por lo tanto, no pueden compararse, en relación con los índices de pobreza, de indigencia y de desarrollo, a Tucumán con Formosa. Tenemos esa distribución secundaria de la coparticipación −o "la copa", como solemos decir− gracias al licenciado Luis Prol, quien peleó por ella juntamente con la gente de Jujuy. Y les comento que Luis Prol, que trabajaba con la senadora Estenssoro, falleció. Como los viejos nos acordamos de los mejores tiempos, quise aclararles a los más jóvenes cómo fue ese tema de bonanza y de federalismo para nuestras provincias. Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Mansilla. Sr. Mansilla. – Señor presidente: nada más quiero aclarar que me referí a la situación actual, y que no me quiero salir del eje de la problemática. Hoy por hoy, nosotros creemos, como provincia, que tenemos otras prioridades. Actualmente, tenemos para firmar el PAF −el Plan de Asistencia Financiera− por casi 580 millones de pesos al año, y tenemos adjudicados −con obras en ejecución− casi 600 millones por fuera de lo que es la coparticipación. Y hablo únicamente de la situación de mi provincia −no lo hago respecto de otras− porque quiero dar los argumentos, como representante de Tucumán, de la posición que asumiré.
Si se aprueba la ley del cheque −evidentemente, debemos pensar que se trata de
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recursos federales que salen de un mismo lugar−, nosotros recibiríamos 500 millones de pesos más que lo que percibimos actualmente, pero perderíamos 600 millones de pesos. No quiero ser egoísta; estoy planteando la situación de mi provincia, y quiero hacerlo con una situación real. En la época de bonanza de la que hablan algunos senadores, yo fui intendente y concejal. En oportunidad de ser concejal de un pueblo muy chico de mi provincia −de casi 50 mil habitantes−, pasó un año y medio y no podíamos cobrar los sueldos ni los empleados ni los funcionarios. Por lo tanto, no sé dónde estaba la mejor época en ese momento. Creo que hoy, teniendo la posibilidad de conversar seriamente o de charlar con personas que ocuparon cargos institucionales y que saben lo que es la responsabilidad de conducir un municipio, una provincia o el país, debemos darles a ellos una herramienta que les sea útil y no mediatizar tanto la cuestión. En ese sentido… No voy a conceder interrupciones, señor presidente. Sr. Presidente (Pampuro). – Continúe. Sr. Mansilla. – En ese sentido, quiero dejar sentada nuestra posición en cuanto a que eso influyó en que hayamos mejorado en estos últimos seis años los índices, tanto de salud como de educación, de obras públicas, etcétera; índices que a nosotros nos estaban haciendo pasar mucha pena cuando comenzamos la gestión. Por ejemplo, Tucumán tiene el Instituto de la Vivienda, que es un ente a través del cual se construyen viviendas en la provincia. Tiene 50 años, y a 44 años de su creación, se hicieron 20 mil viviendas. En los últimos seis años de gobierno, llevamos, entre viviendas y mejoramiento habitacional, 36 mil obras que están en ejecución, y vamos a llegar al final del mandato con 58 mil. Solamente les estoy dando un número, señor presidente. En educación, fuimos la primera provincia en reinserción escolar después de los dos primeros años de mandato del ex presidente Néstor Kirchner. Así mejoramos en todos los índices. Seguramente, en algunas provincias mejoraron más y en otras menos. Quiero decir que nosotros venimos siendo coherentes y vamos a seguir siéndolo. Hoy, la situación seguramente cambió. Veo el mapa electoral del Senado después del 28 de junio y me tengo que retrotraer al mapa electoral cuando se eligieron gobernadores, intendentes y presidente en 2007. Muchos de los que hoy se hacen llamar “no oficialistas” son opositores y ex oficialistas. Voy a dar el ejemplo, primero, dando los argumentos que vengo desarrollando, y después, señalando que escuché palabras como “discreción”, “intolerancia” y “distorsión”. Son palabras que subestiman a los que tienen obligación institucional. Y a los hechos me remito, señor presidente. En la última elección, el 80 o el 90 por ciento de los gobernadores acompañaron a la presidenta que actualmente conduce el país y al actual vicepresidente. Se hizo un acuerdo no tan sólo con el justicialismo sino también con otros partidos que en ese momento no eran oficialistas. Es el caso de las provincias de Mendoza, Santiago del Estero y Corrientes. Hicimos un núcleo que se presentó en esas elecciones y nos dio el apoyo la mayoría de la gente en la Argentina; casi un 43 por ciento votó ese proyecto político.
Hoy, escucho que en dos años nunca pasó nada en la Argentina o que desde hace muy poco cambió mucho, cosa que los que estamos apoyando este proyecto político no creemos. Por eso voy a dejar sentada la posición de una provincia que le debe mucho a la Nación. Hemos tenido experiencia con gobiernos anteriores, siendo yo intendente, con los cuales no tuvimos un plan nacional. Nosotros no integramos fórmula con ese partido, y no los critico. Es más, en la última elección apoyamos una fórmula y hoy tenemos algunos gobernadores y un vicepresidente de otro partido. Algunos siguen integrando este proyecto político y otros no. Eso me autoridad para decir que, por coherencia, vamos a acompañar al oficialismo en esto de decir que la redistribución que se está haciendo se la hace, por lo menos en lo que
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respecta a Tucumán, en la forma que pretendemos. Seguramente, voy a decir algo que algunos senadores tocaron. Sr. Presidente. (Pampuro) – Vaya terminando, por favor. Sr. Mansilla. – Me refiero al tema de no dar quórum en la sesión anterior. Primero, creo que es una posibilidad que tenemos todos de pensar que estratégicamente vamos a utilizar una herramienta que nos corresponde utilizar a los senadores. A mí no me van a amedrentar, ya lo dije en mi provincia, ni a amenazar con sacar el 20 por ciento para hacerme bajar al recinto. Bajé porque el no oficialismo consiguió el quórum. Y cuando tenga que bajar a perjudicar a mi país y a mi provincia, a la cual estoy tratando de representar lo más dignamente, no lo voy a hacer por más que me descuenten el ciento por ciento. Por último, abusando del tiempo, quiero decir que, seguramente, me van a juzgar en el futuro por capaz o por incapaz; seguramente, me van a juzgar por lo que he hecho o por lo que no he hecho, pero nunca me van a juzgar por oportunista. Por lo tanto, no van a tener la posibilidad de que me digan que fui un traidor. Sr. Presidente. (Pampuro) – Tiene la palabra el señor senador Mestre. El senador Cano le solicita una interrupción. ¿Se la concede? Sr. Mestre. – Sí. Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Cano. Sr. Cano. — Simplemente, para hacer una aclaración acerca de lo que mencionó el senador Mansilla en referencia a la provincia de Tucumán, a sus índices de mortalidad infantil, de pobreza y demás. Quiero dejar asentado que el ministro de Economía de esa provincia durante la gestión que él mencionó es el actual gobernador. Y, por otra parte, quiero decir también que está tan bien Tucumán que, hace aproximadamente un mes, el Poder Legislativo sancionó una norma por la cual se habilita al gobierno a emitir 100 millones de dólares en CONSADEP, es decir, títulos públicos. Son 400 millones de pesos que van a incrementar la deuda pública provincial. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Mestre. Sr. Mestre. – Bueno... Sr. Mansilla. – Solicito una interrupción, presidente. Sr. Presidente (Pampuro). – Le pide una interrupción el senador Mansilla. ¿Se la concede? Sr. Mestre. – Cómo no. Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Mansilla. Sr. Mansilla. – La verdad es que yo escucho hablar al senador Cano… No me quería remitir a los resultados electorales, pero tengo que decir que el gobernador del que está hablando el senador Cano fue ratificado por casi el 80 por ciento de los votos en la elección en la cual se lo reeligió. Fue el primer gobernador reelecto en la provincia y, en la última elección –en la cual al proyecto al que pertenezco no le fue tan bien en el país–, sacamos más del 50 por ciento de los votos. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Mestre. Sr. Mestre. – Señor presidente: quiero hacer uso de la palabra en primera instancia aquí, en el Senado de la Nación, para acompañar la aprobación del proyecto que el miembro de la mayoría ha expresado en la necesidad de modificar la distribución actual del impuesto a los débitos y a los créditos bancarios, en la necesidad que tienen las diferentes provincias de la Argentina de volver a recomponer, de volver a restituir ni más ni menos que el deteriorado sistema federal que tiene la Argentina.
En este caso, nos estamos refiriendo a la Constitución nacional en su artículo 1°, el que expresa claramente que el sistema de gobierno que adopta nuestro país es el representativo, el republicano y el federal. Federal significa descentralizar el poder. Federal
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significa pesos y contrapesos que la misma Constitución expresa. Ya se ha dicho mucho sobre esto hoy aquí. Se ha expresado que las provincias datan con anterioridad a la constitución de la República Argentina y, sinceramente, creo que, en la fecha en la que nos encontramos, a 200 años de la constitución del primer gobierno patrio, estamos iniciando el camino de volver a reivindicar a la Constitución nacional como la ley principal y fundamental que tenemos los argentinos. Es necesario hacer una aclaración que no escapa al conocimiento de la ley 23.548, de Coparticipación Federal, en la cual la distribución que se realizaba era del 42 por ciento para la Nación y del 54 por ciento para las provincias. Lamentablemente, esta ley no se cumple. Su artículo 7° expresa claramente la necesidad de cumplir en forma obligatoria con el 34 por ciento, que tampoco se cumple. Y, sinceramente, esa ley es la que permitía que las diferentes provincias puedan ser administradas a través de las políticas federales con recursos y atender las diferentes necesidades. Voy a introducir en este momento del debate dos temas que para mí son fundamentales, del presente, pero más aún del futuro. Estoy haciendo referencia a lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo, así como también a los 2.200.000 jubilados nuevos incumpliendo normas pero que, en el fondo, han significado beneficios para los argentinos. El problema son las formas, porque no se ha tomado debida nota de cómo se iban a implementar estas políticas. Todos los días encontramos el reclamo en los diarios, en las radios, en la televisión, de aquellos padres que asisten a la escuela intentando buscar allí un lugar para poder cobrar esa asignación por hijo. Asimismo, muchas veces encontramos la incapacidad, la imposibilidad por parte de los gobiernos provinciales de atender a estos reclamos. ¿Por qué hago mención a esto? Cuando se pensó –imagino– la solución para estos 2.200.000 jubilados, no se pensó cómo se iba a poder abordar la cuestión de los recursos en el tiempo. Y si bien esto se vincula con otra jurisdicción, lo que estamos planteando de fondo es la imposibilidad de discutir en el ámbito del Congreso Nacional las políticas necesarias relacionadas con los recursos. Por supuesto, esto va atado a la necesidad que tenemos de discutir una nueva ley de coparticipación federal. Pero no hay que confundir a la gente. No es un tema menor poder discutir la ley de coparticipación federal, porque requiere de un convenio, requiere que los gobernadores firmen, requiere que las legislaturas provinciales, también, se comprometan. Evidentemente, será muy difícil poder materializar todo esto. Por eso, decimos que el impuesto al cheque, con esta modificación que vamos a introducir, mínimamente es empezar ese sendero y ese camino de reconstruir el federalismo. Es dable destacar que, conforme al actual sistema de coparticipación de este impuesto, las provincias sólo reciben el 15 por ciento y no el 50 por ciento que se establecía o que debería establecerse, tal como nosotros lo estamos planteando. Los recursos cedidos, los recursos perdidos por las provincias superan los 55 mil millones de pesos. Y, ¡vaya paradoja!, el total de deuda del conjunto de las provincias asciende aproximadamente a los 100.000 millones de pesos. Son datos para reflejar la distorsión, son datos para reflejar la discrecionalidad y la matriz que tiene esta discusión hoy, aquí, en el Congreso.
En efecto, discutimos la Constitución y el federalismo, pero también discutimos una forma de hacer política, una forma de detentar el poder, una forma que significa centralismo, ¡hacer arrodillar a los gobernadores!, ¡hacer arrodillar a los intendentes!, ¡hacerles perder la dignidad! Se trata de ir a solicitarles los recursos para ver si tal o cual dirigente o funcionario decide, de acuerdo al antojo, a la connivencia política, a las necesidades del momento, dar la posibilidad de la construcción de tal o cual obra, o los recursos para la prestación de tal o cual servicio en las diferentes provincias de la Argentina. ¡Y esto no lo podemos permitir! ¡No lo
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podemos permitir! Creemos que es necesario dar una discusión racional que sea el disparador para que discutamos un sistema tributario que sea progresivo. Esta llamada “ley del cheque” es un impuesto distorsivo. ¡Lo sabemos! Y creemos que, en el mediano plazo, se debería tomar, tal vez, a cuenta de IVA y de ganancias y, en un plazo no muy lejano, eliminarlo, por supuesto. Pero también consideramos que este es uno de los grandes inconvenientes que tiene la Argentina, que necesita que nosotros lo debatamos aquí para que iniciemos el camino para intentar resolver mínimamente los problemas de los argentinos. Quiero finalizar expresando la necesidad de fortalecer la infraestructura institucional que tiene nuestro país. Cuando analicé la cantidad de recursos que van a ir a las diferentes provincias –en mi caso, a la provincia de Córdoba–, me tomé el trabajo de hacer algunas comparaciones para que el ciudadano común entienda lo que significan estos recursos para esa provincia. Estamos hablando, aproximadamente, de 1.500 millones de pesos. Para que tengamos una dimensión de lo que esto significa, esa cifra permitiría la construcción de 40 hospitales; posibilitaría, también, la construcción de 13 plantas depuradoras de cloacas. Señor presidente: yo vengo de una ciudad, la ciudad de Córdoba, donde sólo al 37 por ciento de los vecinos se les presta el servicio de tratamiento de efluentes cloacales. Imagínense lo que significan estos recursos para mi ciudad: 13 plantas depuradoras con las cuales se resolvería definitivamente el problema. Y como si esto fuera poco, doy un ejemplo más para que la ciudadanía entienda a qué nos referimos: con los 1.500 millones que van a estar en manos del gobierno de la provincia, se podría construir una autovía cuyo trazado una San Francisco con Villa María y llegue hasta Río Cuarto, posibilitando un corredor bioceánico que facilite el transporte, el turismo y las diferentes necesidades de la producción y de las economías regionales de mi provincia. Por último, señor presidente, creo que éste es un dato que, en lo personal, siendo el senador más joven de este cuerpo, tomo como un festejo. Me refiero a que hoy, a cuatro meses de venir aquí a jurar, el hecho de discutir, debatir y brindar mis ideas, así como defender la Constitución nacional con sus preceptos más importantes, que son la República y el federalismo, no cabe ninguna duda, es un dato de orgullo y de festejo. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Corradi de Beltrán. Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: teniendo en cuenta el tiempo, quiero referirme a por qué voy a votar en contra de este proyecto de ley. Lo hago con el ánimo de clarificar la idea de que quienes están a favor de la modificación de esta ley quieren fondos para la provincia y de que quienes están en contra no quieren el aporte a las provincias. Creo que ésta es la razón por la cual la lista de oradores es bastante larga. Cada senador quiere emitir su opinión como representante, justamente, de su provincia La ley de débitos y créditos ha sido creada en 2001 con fines exclusivamente fiscales, o sea, recaudatorios, porque en ese momento, en la República Argentina, teníamos la necesidad de hacer frente a la crisis. No se tuvo en cuenta la capacidad contributiva de quien iba a aportar para este impuesto, y hoy forma parte de la masa coparticipable. Si bien es cierto que, actualmente, se aplican el 30 y el 70 por ciento para la distribución, nosotros tenemos la idea de que tendríamos que avanzar en una modificación de la Ley de Coparticipación ya que, en este momento, es inoportuna la modificación de esta ley.
Nosotros, a fines de 2009, hemos votado una ley de presupuesto. Dicho presupuesto está siendo ejecutado. Hemos asignado, en ese momento, los recursos necesarios para hacer frente a los gastos que forman parte de ese presupuesto, que hoy está en vigencia. En este momento, con dicho presupuesto en vigencia, modificar los recursos con que cuenta el Estado para hacer frente a su política de gastos significa desfinanciar al Poder Ejecutivo
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nacional. Esto lo quiero ratificar, porque hay quienes lo niegan. Y no es difícil darse cuenta de que quitar 10.000 millones –suma que, aproximadamente, se calcula tendría que ser derivada o coparticipada a las provincias a partir de la sanción de este proyecto– se va a traducir en una reducción de los recursos afectados a los gastos. O sea que habría que analizar qué se reprime, o qué gastos se van a dejar de ejecutar, o qué obras se dejarán de construir, o qué servicios se dejarán de prestar, a partir de la reducción de esos recursos por parte de la Nación. Sostengo que no podemos hacer esto ahora, sin tener en cuenta la participación de los gobiernos de las provincias. Esto lo vengo sosteniendo, porque si analizamos cómo ha nacido la ley de coparticipación, comprobaremos que es una ley convenio que ha partido de un acuerdo entre el gobierno nacional y cada uno de los gobernadores, luego de lo cual se han realizado distintos pactos fiscales en 1992 y 1993, pero siempre con la participación de los gobiernos provinciales. Vale decir que cada vez que tengamos que hablar de la distribución o de participación de los recursos nacionales a las provincias, tendremos que contar con la opinión, la participación o el protagonismo de los gobiernos de las provincias. Es allí donde ha surgido esta ley convenio, en el marco de la cual cada gobernador –como ha dicho otro senador que me precedió en el uso de la palabra– tiene la capacidad de determinar o de sugerir los parámetros o indicadores necesarios para fijar los índices de coparticipación: será población, serán recursos o será la capacidad para obtener o recibir los recursos, pero es un debate que deberán producir los gobiernos de las provincias. Señor presidente: creo que tendríamos que considerar inoportuna en este momento la modificación de la Ley de Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, y proponernos, como han planteado otros senadores, la modificación de la ley de coparticipación federal, la cual nos estamos debiendo. Pero no podemos hacer esto a mitad de año, porque no podemos en un año en el que estamos ejecutando un presupuesto, modificar las reglas del juego.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D. Julio César Cleto Cobos.
Sra. Corradi de Beltrán. – Por lo tanto, señor presidente, voy a votar en contra de este proyecto de ley, porque considero que, si se decide por mayoría modificar la ley y hacer coparticipable el impuesto a los débitos y créditos bancarios de acuerdo con los porcentajes de la ley de coparticipación –desfinanciando al Estado nacional–, tendríamos que pensar en cómo vamos a contrarrestar esa pérdida. En las comisiones de Presupuesto y Hacienda y en otras hay proyectos que tienden a crear leyes. Entonces, ¿por qué no comenzar a pensar en el impuesto a las ganancias para que sea tributado por los jueces? ¿Por qué no pensar ya en la posibilidad de crear una ley sobre la renta financiera? No podemos nosotros suprimir, crear o modificar leyes que vayan a reducir los recursos, sin pensar en cómo vamos a contrarrestar esa pérdida en los recursos nacionales, para hacer frente a los gastos ya aprobados en el presupuesto 2009. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Artaza. Sr. Artaza. – Señor presidente: antes de referirme al tema que nos está ocupando ahora, quiero hacer una aclaración. Creo que el señor senador Viana hizo referencia a la citación que había hecho el presidente del Senado haciendo cumplir el artículo 27. Fue una decisión que no fue personal del presidente del Senado, sino que ha sido acompañada por todo el cuerpo.
Es cierto que esta ley quizá no sea la gran solución para las provincias. Ya se ha dicho acá hasta el cansancio que es distorsiva. ¿Pero qué vamos a hace hacer? ¿Vamos a continuar en esta dependencia que tienen hoy las provincias y los gobernadores para avanzar con sus proyectos? Creo que tenemos una gran oportunidad para que esto sea el comienzo de un
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reparto federal de las provincias que han cedido recursos a la Nación. Y la cesión de recursos al Estado nacional siempre ha significado subdesarrollo, mayor pobreza y mayor dependencia para nuestras provincias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar así en lugar de ser este el comienzo del reparto, de la distribución de estos recursos y luego seguir con los Aportes del Tesoro Nacional, que se manejan en forma discrecional? ¿Vamos a continuar en esta posición? Quizá, por mi profesión, me toca recorrer cada ciudad de cada provincia de la Argentina. Y digo con todo respeto que, a veces, escucho afirmaciones que no condicen con la realidad, con la pobreza ni con la dependencia económica y política que tienen las provincias argentinas. Tenemos una gran oportunidad hoy de que esto sea el comienzo de un auténtico federalismo que quede tangible y no solamente expresado en la letra de la Constitución de la Nación. Mi provincia, Corrientes, tiene índices gravísimos de desnutrición infantil, y su gobernador está luchando hoy para revertir esta situación. Y ningún gobernador puede avanzar con ningún proyecto político que no sea acercarse institucionalmente al gobierno nacional. En cada una de sus provincias, quienes los votaron los estarán escuchando o viendo hablar del federalismo, de que no podemos seguir dependiendo de la forma discrecional en la cual maneja los fondos el gobierno nacional. Respetuosamente, quiero decirles que no hallo la razón por la cual, hoy, como han expresado algunos senadores, como el senador Verani, los legisladores que representamos a las provincias no tenemos la suficiente inteligencia para hacer un acuerdo nacional y federal que incluya no desfinanciar al Estado nacional y sacar a las provincias de esta dependencia vergonzosa que tienen. Desafío la inteligencia de todos ustedes para llegar a un acuerdo de una política pública que signifique el desendeudamiento de las provincias. Esa deuda la estamos pagando con la pobreza de nuestra gente, que está en el medio, presionada por el gobierno nacional permanentemente. No tenemos que olvidar, señores senadores –y le hablo también al Poder Ejecutivo de la Nación–, que adelante, atrás y al costado, a la derecha o a la izquierda, está la gente de nuestras provincias que sufre la pobreza y el subdesarrollo y sigue esperando con incertidumbre que cada veinticinco días vengan los gobernadores a solicitar fondos para las provincias. Ustedes tienen hoy la oportunidad –hablo a todos los senadores– de revertir esta situación con coraje. Y a los gobernadores que están negociando con sus diferentes senadores les pido coraje para revertir esta situación. No nos pasemos el tiempo hablando del federalismo y de la pobreza de nuestras provincias y después, cuando hay que definir, como hoy, no tomamos esta decisión. Lo digo con respeto. Tenemos que desafiar nuestra inteligencia. Este día tiene que ser una bisagra donde comience el reparto de estos tributos para nuestras provincias, inteligentemente, sin desfinanciar la Nación. Hoy deberíamos tener también, como lo ha expresado el senador Verna, a la propia presidenta de la Nación, que ha sido senadora representando a Santa Cruz, o al ex gobernador de esa provincia, hoy máximo referente del oficialismo, también acompañando esta situación. Y mirar más allá, mirar hacia el futuro y no estar trabajando permanentemente en las próximas elecciones.
Quiero hacer esta reflexión porque los tres o cuatro temas que vamos a tratar hoy tienen que ver con los bancos, esta desesperación que tenemos en el propio Congreso de la Nación que ha sido capaz de anular y suspender la Ley de Intangibilidad de los Depósitos estafando a toda la sociedad vergonzosamente, a la cual le pido perdón haciéndome cargo, ya que estoy aquí, en el Senado, por los miles de muertos que ha causado y todavía no han
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recuperado su ahorro. Cuando decimos que este es un impuesto distorsivo, no nos vayamos lejos de los bancos, respecto de los cuales, en el mundo entero, hay una desesperación por salvarlos, desde Obama hasta la Comunidad Económica Europea. Acá, en la Argentina, los hemos subvencionado y todavía hoy lo estamos pagando. Estamos desesperados por sacar un DNU, una ley que pague los 2.592 millones de dólares a los banqueros en los Boden 2012, que en su mayoría tienen los banqueros. Estamos desesperados, sin pensar en las deudas de las provincias, en los pobres, en cada uno de los que están contemplándolos en sus provincias. Hermanos argentinos: en nombre de los pobres de la Argentina, en nombre de los que están esperando en sus provincias, les pido que reflexionemos y podamos llegar a un acuerdo, a una política pública permanente de desendeudamiento de los argentinos; no pensemos cómo le vamos a pagar a los banqueros con reservas. Ya le hemos pagado al Fondo Monetario Internacional 10 mil millones de dólares y fui uno de los pocos que hizo presentaciones judiciales para oponerme, porque se le pagó sin pasar por el Congreso de la Nación. Fue una decisión del Poder Ejecutivo que, después, envió al proyecto al Congreso, faltando a la Constitución de la Nación. No volvamos a repetirlo de nuevo. Les hago un pedido de reflexión, porque hoy tenemos una gran oportunidad para nuestras provincias argentinas, para salir de la dependencia, de la dependencia económica y la dependencia política. No les queda otra a los gobernadores. Y ustedes saben en su fuero íntimo que están siguiendo el pedido de un jefe político, porque en el fondo de su alma, pensando en cada uno de los que nos votaron, estarían acompañando hoy abrir una puerta, no sólo para el federalismo, sino para salir del subdesarrollo de nuestras provincias, para terminar con este destino sudamericano de tristeza. Seguramente, gane quien gane hoy esta votación, ya nos pondremos a trabajar alegremente para sacar una ley que salve a los banqueros que tienen en su poder los Boden 2012. Hace apenas tres meses, Redrado ya pagó, con este gobierno, 2500 millones de dólares, y si suman los 10.000 millones del Fondo Monetario Internacional… Y después tenemos la hipocresía de hablar de pobreza y de que no hay soluciones. No nos vayamos de los cajeros de los bancos, nomás. Para reemplazar este impuesto, podríamos pensar en algún momento en establecer un impuesto a los banqueros a los cuales el Congreso salvó. ¿Ustedes se acuerdan que fueron compensados e indemnizados antes que los docentes, antes que los estatales, antes que los pobres, antes que los jubilados, en el medio de la crisis? Yo no me olvido, porque tengo un informe de la Fundación Favaloro sobre las veinte mil muertes que causaron el corralón y el corralito. Y no me olvido de mi provincia endeudada, de las provincias argentinas. No me olvido de un nordeste argentino, que si pudiera contar con este recurso, podría tener gas natural y eso significa industrialización, eso significa empleo, significa que podamos tener posibilidades de igualdad en el Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, en donde no tenemos gas natural, y no es un dato menor, porque está en las puertas de Paso de Los Libres el gas que podría traernos el desarrollo y podría alcanzar después a esas provincias. Los invito a que reflexionemos. Como decía Verani, no es la solución, pero es un paso muy importante. Les voy a pedir un esfuerzo desde el fondo del alma de cada uno de ustedes. Quizás, a corto plazo, puedan responder a un jefe político que también, en su fuero íntimo, debería estar festejando si hoy votamos este impuesto para repartir a las provincias, porque la propia presidenta de la Nación lo ha defendido en su momento y el referente principal del oficialismo también. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Apelo a todos ustedes y les pido un esfuerzo patriótico y federal: los 200 años de historia no deben marcar la confrontación sino el encuentro de los argentinos.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Iturrez de Capellini. Sra. Iturrez de Capellini. – Voy a ser muy breve, señor presidente. Me voy a dirigir, principalmente, a los ciudadanos de Santiago del Estero, a quienes estoy representando. En ese sentido, señalo que el voto que voy a emitir será en contra de este proyecto de coparticipación del impuesto al cheque. Muy rápidamente, voy a fundamentar mi posición, dirigiéndome –repito– a los santiagueños, porque a ellos debo darles cuenta. Con fecha 12 de noviembre de 2009, esta Cámara aprobó el presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio 2010. Es decir que la voluntad de los parlamentarios se puso de manifiesto en esa ocasión, y claro está que la misma está en plena ejecución. Por ende, debemos respetar esa ley que estableció las reglas de juego por el tiempo que la votamos. En segundo lugar, la coparticipación sigue siendo un tema de acuerdo entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo nacional. Sí debemos intervenir los parlamentarios, pero no es un tema central para nosotros sino para cada uno de nuestros gobernadores. Votar a favor de esta iniciativa significaría, sin duda, desfinanciar a la Nación y sólo perseguiría el objeto de hacerle creer a los santiagueños que estaríamos inyectando virtualmente más plata a la provincia. En ese sentido, recordando lo expresado por mi gobernador –que no es peronista, sino que pertenece al partido radical y acompaña el proyecto de gestión de la señora presidenta–, y haciendo una ecuación muy simple, digo que, por un lado, las provincias aumentarán sus ingresos por la modificación del impuesto al cheque; pero, por el otro, no se podrá asistir a las provincias con deudas porque la Nación estará desfinanciada en cuanto a sus ingresos, los que se verán afectados. Obviamente, el saldo será negativo para las provincias. Tampoco se pueden interrumpir los convenios extraparticipables. Todos sabemos que van surgiendo necesidades diversas de las catástrofes naturales que, a veces, padecen las provincias. Para terminar, señalo que Santiago del Estero tiene un presupuesto equilibrado, sin deudas, y según sus últimas declaraciones el gobernador santiagueño, también está a favor de la creación del Fondo del Bicentenario y está dispuesto a compartir la creación de un fondo destinado a las provincias endeudadas. Es por eso que no podemos sacar de un lado para poner en otro. Además, como Santiago del Estero está creciendo sin detenerse, voy a votar a favor de que el impuesto al cheque continúe en las condiciones en que se encuentra. Sr. Presidente . – Tiene la palabra la señora senadora Fellner. Sra. Fellner. – Señor presidente: en verdad, hemos escuchado durante la tarde de hoy hablar mucho de federalismo. ¡Pero qué poco que se hablado de la Nación! Realmente, esta Argentina es un país muy injusto y muy desigual, sumamente injusto y desigual. Fíjense que las cuatro provincias con mayores recursos fiscales reciben por habitante 10.982 pesos, mientras que las cuatro provincias con menos recursos fiscales reciben 2.914 pesos por habitante. O sea que hablamos de lo que debería ser la Nación Argentina porque lo federal va unido al concepto de Nación. No es lo mismo vivir en un determinado lugar que en otro. Y esa iniquidad que hay entre una provincia y otra tiene como una de sus causantes a la ley de coparticipación, más allá de lo que recaude cada provincia. Escuché, en esta tarde, supongo que por aquellas provincias que están fuertemente endeudadas como la mía –Jujuy tiene una gran deuda con la Nación–, hablar de la fiesta de algunas y que las provincias que no tienen deuda no tienen por qué pagarla. ¿Me pregunto cuál es la fiesta de mi provincia de Jujuy? ¿Tener el 60 por ciento de nuestro territorio que es un territorio de puna? ¿Nuestra fiesta es ser una provincia de frontera?
Señor presidente: ¿usted me puede escuchar? Decía: ¿ser una provincia de frontera que limita con territorios sumamente pobres de los otros países? ¿Esa es la fiesta de mi
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provincia? Alguien habló del Bicentenario. ¿La fiesta de mi provincia es haber tenido doce batallas y un Éxodo Jujeño que devastó y arrasó la provincia para que se dé lugar a lo que hoy llamamos la patria, la Argentina? ¿Esa es la fiesta de mi provincia y que otras que surgieron después y tienen grandes llanuras hoy no tienen que pagar nada? ¿Dónde está el concepto de Nación? Es cierto que los fondos de este impuesto benefician a algunas provincias. Justamente, a aquellas provincias que se ven beneficiadas con la actual ley de coparticipación. Entonces, si se trata de un proyecto de ley que se basa en un concepto de iniquidad para con nuestra provincia, ¿de qué estamos hablando? Todos queremos, y creo que lo he escuchado en el discurso de todos los señores senadores, una nueva ley de coparticipación. Pero basta con que un gobernador o una legislatura de una provincia diga que no la acepta, para que dicha norma se caiga y no pueda ser sancionada. Ahora, aquellas provincias que se benefician con el presente proyecto de ley, ¿aceptarán que se baraje nuevamente y se confeccione otra ley de coparticipación? La verdad es que no, porque el concepto de Nación no lo he escuchado cuando se habló de la fiesta de algunos. ¿Qué sucede con mi provincia de Jujuy? El senador por Córdoba mostraba las grandes cosas que pueden hacerse, pero yo les voy a dar números que pueden buscar o sacar de cualquier página de Internet. Mi provincia recibió en diciembre de 2009 la suma de 138 millones de pesos en concepto de coparticipación. ¿Sabe cuánto gastamos mensualmente en concepto de sueldos? Gastamos 130 millones de pesos en concepto de sueldos netos, sin contar los contratos, los aportes, etcétera. No obstante, mi provincia no recibe 138 millones de pesos en concepto de coparticipación porque está endeudada. Es decir que a esa cifra le restan una determinada cantidad por su nivel de deuda. En consecuencia, mensualmente, a mi gobernador no le alcanza ni para pagar los sueldos. Esto sucede mes a mes. ¿Cuánto llegaría a mi provincia si se aprueba el presente proyecto? Tengo hecho el cálculo: 282 millones de pesos anuales. Pero voy a ir al cálculo más alto realizado por un diputado radical de mi provincia, que fue de 300 millones de pesos anuales. ¿Sabe para qué le alcanza al gobernador de mi provincia esa cifra, y aún quizás le falte algo más? Para pagar anualmente el sueldo de los docentes con el aumento que acaba de otorgarse para que puedan comenzar las clases. Alcanza nada más que para eso. ¿Dónde quedan las obras y dónde queda el resto de los sueldos que deben pagarse en mi provincia? Eso es hablarle a los pobres, señor senador. Los discursos son bonitos pero vaya a los números. Claro que mi provincia es muy pobre. Claro que cuando a alguien le dicen “pero se están perdiendo 300 millones de pesos anuales” hay que contestar que esto no va a impedir que mi gobernador deba venir a pedir acá. Van a tener que venir a pedir exactamente igual que antes. Tendrá que venir hasta que no estemos en condiciones de tratar una nueva ley de coparticipación. Ese es el punto. En ese sentido, yo tengo muchísimo miedo de que el día que se trate una nueva ley de coparticipación −algo que, seguramente, pasará por los conceptos que he escuchado por parte de algunos senadores−, aquellas provincias a las que este proyecto beneficia −porque no tienen deudas− no quieran modificarla; no la van a querer cambiar. Entonces, provincias como las mías seguirán siendo como siempre lo fueron, es decir, marginales, olvidadas y siempre dependientes de los recursos de la Nación. Eso es lo que nos está pasando.
Asimismo, dejémonos de discursos dirigidos a los pobres. Yo también les hablo a los pobres de mi provincia, y les digo que no se dejen engañar. En mi provincia, que está endeudada, para eso le alcanza este proyecto de ley. Además, en Jujuy no hubo ninguna fiesta; la fiesta fue por el nacimiento de esta Patria y, aún hoy, continuamos pidiendo una
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reparación histórica. Por los motivos expuestos y en nombre de mi provincia, votaré en contra de la iniciativa en consideración. Para que no vayan a ser justamente las provincias que actualmente se benefician las que, después, cuando se hable de una coparticipación, digan que no, votaré en contra de este proyecto porque, reitero, quiero una ley de coparticipación sobre la base de la cantidad de población y de la pobreza social y fiscal de cada una de las provincias. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff. Sr. Petcolff Naidenoff. – Señor presidente: creo que, a esta altura del debate, hay algunas cuestiones que no vale la pena reiterar. Fundamentalmente, me refiero a la sucesión de hechos históricos que se generaron a partir de la sanción de la ley 25.413 de competitividad. Pero sí me parece importante señalar que por marzo de 2001, cuando esta ley fue sancionada, este país estaba atravesando una situación fiscal muy compleja, fundamentalmente en el orden nacional. Justamente, ese fue el detonante para que se creara el impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias −regidos por la Ley de Entidades Financieras−, con el propósito de que el Estado nacional pudiera establecer un fondo de emergencia pública administrado por el Poder Ejecutivo nacional que tuviera como propósito central dos destinos: por un lado, preservar el crédito público, y por el otro, avanzar en un proceso de competitividad de las pequeñas y medianas empresas. A partir de 2002, cambia el escenario nacional. Lógicamente, se genera un proceso modificatorio del tipo de cambio; se sanciona la ley 25.570, y se establece un nuevo mecanismo −ya de distribución− mediante el cual el 70 por ciento de los fondos pasan a ser administrados por la Nación y el 30 por ciento restante ingresa a la masa coparticipable. En cuanto al impuesto al cheque, esto significa que, en la actualidad, de cada 100 pesos, 80 sean administrados por la Nación, 5 se destinen a la ANSES −a la seguridad social−, y 15 pesos se coparticipen en el contexto de las provincias argentinas. El eje central de la sanción del impuesto al cheque fue la necesidad de garantizar la sustentabilidad del programa fiscal y económico de la República Argentina en momentos de crisis agudas. Hoy, la situación ha cambiado; me parece que la situación es absolutamente inversa. Hoy, la situación difícil y compleja desde lo fiscal la están pasando las provincias de la República Argentina, sin excepciones. En ese sentido, algunas cuentan con mejores administraciones, y otras sufren un ahogo apremiante que hasta les impide afrontar el pago de salarios. Verdaderamente, la situación fiscal de nuestras provincias es compleja. Ante ese escenario, creo que lo que hoy estamos discutiendo es un primer paso importante −si se quiere, trascendente− para tratar de avanzar en un proceso de dignidad federal. Porque acá se dijo que estamos lejos del 34 por ciento del piso de distribución de recursos coparticipables que prevé la ley 23.548, y que estamos muy lejos de cumplir con los guarismos que prevé su artículo 3°. Pero algún día hay que dar ese primer paso. Creo que estamos en un complejo cuadro político en el marco de la relación entre la Nación y las provincias. Como nunca en la historia de la Argentina, hoy contamos con un gobierno nacional que concentra tantos recursos, más del 70 por ciento, y menos del 30 por ciento se coparticipa a las provincias argentinas. Esto obedece a una lógica de ejercicio de poder; tiene que ver con un gobierno nacional que, a través de la férrea disciplina política y con el manejo de la caja, pretende imponer siempre decisiones con el propósito de garantizar un propio proyecto político. No cuestiono el proyecto; algunos podrán acompañarlo y otros no. Sí cuestiono la pérdida de autoestima en el marco del contexto de nuestras realidades provinciales.
Esto se da por diversos factores. Hay que estar en la piel de los gobernadores de
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provincia y soportar los reclamos de los trabajadores porque no se cuenta con el dinero para afrontar el pago de los salarios cuando los números no cierran. Esto va más allá de la obra pública. En realidad, en diferentes provincias del país, las obras públicas fueron acompañadas por los programas nacionales. Nadie cuestiona la obra pública. Bienvenida sea la obra pública cuando implica inversión en infraestructura y también mejora en la calidad de vida. Hoy discutimos otras cosas; discutimos con el rojo de las cuentas de las provincias cómo podemos afrontar lo elemental; discutimos cómo podemos buscar mecanismos alternativos que nos permitan afrontar el pago de los pasivos. Aquí lo tenemos a mano porque, en realidad, se miente descaradamente. El pretexto del gobierno nacional es decir: “No toquen estos 11 mil millones de pesos que tenemos que distribuir en el contexto de la coparticipación del impuesto al cheque porque, si tocamos, ¿cómo financiamos la caja del gobierno nacional?” Como aquí bien se ha dicho, el presupuesto que se aprobó para el ejercicio 2010 contempla un crecimiento económico del orden de 2,5 por ciento en las propias proyecciones. Hoy, las proyecciones actuales nos hablan de más de 4,5 por ciento. Es decir, este gobierno nacional podrá contar con recursos, más allá de lo que se aprobó, por el orden de los 33 mil millones de pesos, mientras que algunos estiman que pueden alcanzar los 50 mil millones de pesos. Por una parte, se retacea 11 mil millones de pesos bajo la amenaza de eliminar el propio impuesto y, por otra parte, este gobierno va a contar, por fuera del presupuesto, con semejante cantidad de recursos. ¿Cuál es la realidad de la Argentina? El apremio lo tienen las provincias, y el desafío pasa, como representantes de las provincias, por jugarnos por nuestras provincias. Esto no es una cuestión demagógica; esta es una cuestión que la debe entender el propio poder central. Por supuesto que el problema fiscal de las provincias tiene que ver con la Ley de Coparticipación Federal; es central el debate que nos debemos y que tenemos que modificar la norma, pero también somos conscientes de que tenemos un gobierno nacional que no juega como facilitador de acuerdos de las provincias argentinas. Tenemos un gobierno nacional que tiene la capacidad de generar una especie de agasajo para escuchar a nuestros gobernadores pero cuando les baja línea les dice: “¡cuidado, esto no se toca! Y si esto se toca, se elimina el impuesto al cheque”. La verdad es que nadie se cree el cuento. El gobierno no va a eliminar el impuesto al cheque porque estamos hablando de más de 23.546 millones de pesos, que seguramente es la proyección para este año. Y si bien es un impuesto regresivo –y también hay que dar ese debate–, tenemos en claro que si hay recursos excedentes, ellos deben ser coparticipados a las provincias argentinas. ¿Qué significa para nuestras provincias coparticipar el impuesto al cheque? Significa aumentar la capacidad fiscal, contar con mayores ingresos y un manejo mejor del gasto. Claro está, dependerá de cada gobernador de provincia destinar estos recursos de manera eficiente para que nuestros ciudadanos puedan gozar de un mínimo de calidad en cuanto a los beneficios de acceso a la salud y a la educación o mejorar el acceso a la Justicia. Pero eso lo vamos a resolver nosotros en los ámbitos de nuestras propias provincias. No va a venir el gobierno nacional a decirnos qué tenemos que hacer con nuestros recursos, porque lo que discutimos es el crédito para recupero de mayor autonomía. Significa acrecentar la igualdad de oportunidades en las distintas regiones del país; significa lograr un mínimo de avance en el mentado piso del artículo 7° de la ley 23.548, del 34 por ciento de coparticipación federal.
Fundamentalmente, más allá de las deudas pendientes, esto va a significar, en los últimos años, el primer triunfo para el federalismo argentino. Y hablar de federalismo argentino es hablar de estas cosas, porque todo pasa por la caja y por los recursos. No hay
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derecho a observar cómo nuestros gobernadores de provincias peregrinan a Olivos para suplicar recursos que, en realidad, pertenecen a las propias provincias. Mire, presidente, hay algunos indicadores económicos que señalan que el 40 por ciento del gasto público total es ejecutado por las provincias, el 10 por ciento por los municipios y el 50 por ciento por la Nación, y la Nación maneja más del 70 por ciento de los recursos. ¿A qué se debe esa asimetría? A muchas cuestiones: en su oportunidad, las provincias se han hecho cargo de los servicios de educación y de salud. Puede ser, también, que el sistema de recaudación impositiva con el que cuentan algunas provincias argentinas es deficitario y a la eficiencia con que cuenta el Estado nacional. También, tiene que ver, claro está, con una concentración que mete miedo. Pero lo real y concreto es que este es un primer paso y que no hay que tener temor. Repito: acá no se desfinancia la caja del gobierno nacional. Este gobierno nacional ha subestimado los ingresos, y así lo indican las proyecciones. Este es un primer paso de recupero de dignidad. Me parece que como representantes de las provincias argentinas, de un país cuya Constitución nacional consagra una forma de gobierno representativa, republicana y federal, tenemos que bregar, fundamentalmente, para que el lugar de nacimiento de una persona no implique un condicionante en el desarrollo de sus potencialidades futuras. Y condicionar las potencialidades futuras de un ciudadano tiene que ver con recursos. Para finalizar, también quiero hacer referencia a mi provincia, a la provincia de Formosa; a lo que puede significar para mi provincia coparticipar el ciento por ciento del Impuesto al Cheque, que según las estimaciones, puede alcanzar a 353 millones de pesos, aunque algunos calculan que pueden ser más. Yo tengo muchas diferencias políticas con el gobernador, pero soy respetuoso de la decisión popular, porque cuando la gente vota sabe por qué lo hace y lo respeto. Nosotros, desde la Unión Cívica Radical, venimos desde hace 26 años trabajando para cambiar un estado de cosas que no nos convencen y creemos que los formoseños merecemos mucho más. Pero de lo que estoy plenamente convencido es de que quiero un gobernador de pie. No quiero gobernadores que anden por la vida deambulando de rodillas. Y si hay 353 millones de pesos que los formoseños podemos administrar, que lo discutamos en Formosa. ¿Cuáles son las prioridades para mí, como formoseño? Avanzar en un proceso de inclusión social, tratar de que se cumpla con la palabra que alguna vez empeñó nuestro gobernador allá por 1995, cuando la situación para los formoseños era muy difícil y se tuvo que imponer un impuesto solidario por el cual se le rebajó el salario a los trabajadores en el orden del 5, 10 y hasta del 15 por ciento, el cual abarcó a más de 29 mil trabajadores activos y pasivos. Ese descuento fue por 22 meses, y hasta el día de la fecha ningún formoseño que puso el lomo en los momentos difíciles recibió un sólo centavo. El argumento siempre fue el mismo: no había recursos. Pues bien, la provincia tiene obra pública, y a mí me gustaría que, si esto avanza, discutamos cómo podemos, de manera progresiva, avanzar en una devolución del impuesto solidario. Quizás, el gobierno decida otra cosa, pero creo que es una deuda social, porque repito que fue un descuento para trabajadores que han puesto el lomo en los momentos más difíciles.
También, me gustaría discutir otras cosas, porque yo observo que los trabajadores nacionales perciben 180 pesos en concepto de asignación por hijo, y actualmente, un argentino que no tiene trabajo, también percibe 180 pesos por asignación por hijo. Pero las asignaciones por hijo en mi provincia se pagan 45 pesos. Siempre chocamos con la misma barrera: la falta de recursos. No estoy hablando de obras, estoy hablando de una provincia con fuerte dependencia de la coparticipación federal. Sabemos los formoseños lo que implica esta dependencia. Más del 95 por ciento de los recursos se reciben en concepto de
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coparticipación. Se genera muy poco en la provincia. No vengo acá a plantear cuestiones o discusiones de pago chico. Quiero que se entienda. Lo planteo con el mayor de los respetos, porque las cuestiones electorales las discutiremos en 2011, en el ámbito de la provincia de Formosa, pero con estos 353 millones de pesos podemos discutir el recupero de la dignidad ciudadana. Los formoseños sabemos lo que significa para miles de formoseños que perciben 45 pesos por hijo ascender esa asignación a 180 pesos, y el efecto multiplicador que puede tener en la economía formoseña. ¡Ni qué hablar de los trabajadores del Estado, a quienes se les descontó el impuesto solidario! Los formoseños, también, sabemos del efecto nefasto que tuvo la privatización de los servicios públicos, fundamentalmente, de la energía eléctrica. Si bien hoy el Estado se ha hecho cargo, todavía nos duelen las tarifas, porque hay mucha gente que no puede pagarlas. Quizá, también podamos discutir si corresponde destinar 353 millones de pesos para un subsidio que realmente alcance para la gente que no puede pagar. Entonces, me parece que estas cuestiones las tenemos que discutir cada uno en nuestras provincias. Ahora, si el mensaje es: mayor “disciplinamiento”, mayor concentración, venir a golpear las puertas de Olivos para ver cómo podemos obtener, por un atajo, 353 millones de pesos –que los podemos obtener por derecha y con plena dignidad–, creo que vamos por el mal camino. Sinceramente, aspiro a que esto pueda ser aprobado por el Senado de la Nación. Será un primer paso. Asimismo, aspiro a que cuando este proyecto se apruebe en el Senado, también lo apruebe la Cámara de Diputados y que el gobierno nacional entienda que al Congreso también hay que respetarlo. Una vez que contemos con estos recursos, discutiremos en la provincia cómo los destinamos. Ojalá la prioridad para la administración del gobierno provincial sea dar un nuevo paso en un proceso de inclusión social. Los formoseños vamos a estar todos agradecidos si el país todo se pone de pie y avanzamos en serio en recuperar el federalismo en la Argentina. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Torres. Sr. Torres. – Señor presidente: me hubiese encantado hacer un discurso con el espíritu con que lo hizo el –para mí– muy respetado senador Verani. Olvidarnos de culpas y pensar para adelante. Sin embargo, no creo que estemos discutiendo con esa sinceridad, señor presidente. Estamos por cumplir 200 años de historia de la República Argentina. El país no se constituyó en 2003. Todos, creo que la mayoría de los que estamos sentados acá, tenemos culpas por la situación extrema a la que llegó este país. Acá hubo una persona que con su política económica arrastró a la política de varios gobiernos. Se llama Domingo Cavallo. En ese entonces, había gobernadores e intendentes que no se planteaban el tema que ahora sí plantean y con fuerza a este gobierno que está recuperando al país. ¡Y eso sí merece una autocrítica, ese acompañamiento que todos nosotros hicimos en determinado momento! Desfilaban para firmar las actas, las privatizaciones, etcétera. Por eso, yo no voy a aceptar… Sr. Marino. – Junto con Kirchner. Sr. Torres. – Yo también, senador Marino. ¡Sí señor! Yo fui y soy responsable, y me comprenden las generales de la ley, pero no eludo la responsabilidad. Esa es nuestra diferencia. Por eso, señor presidente, creo y niego la falta de respeto hacia los gobernadores. A algunos puede que sí y otros que no, pero yo puedo hablar por los gobernadores de mi provincia.
Voy a hablar de los gobernadores desde 2003 a 2007, porque hubo un senador que se
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refirió al gobierno de la provincia. Nunca el ingeniero Carlos Rovira ni el actual gobernador de 38 años, “Mauri” Closs, vinieron a arrodillarse ante el gobierno nacional. Sí planteamos una conformación y acompañamos un proyecto de país. No se vienen a arrodillar acá, como se está planteando, porque creo que es una falta de respeto. A su vez, considero que repartir los fondos del cheque con una ley de coparticipación injusta es porque no nos interesa solucionar el problema absolutamente para nada. Estamos acentuando las diferencias que plantea esta ley de coparticipación, de la que todos nos quejamos y reclamamos cambiar. ¡Pero es así! Las causales de cada postura son de la oposición. Por eso, algunos partidos nacen para ser opositores y otros, para ser gobierno, señor presidente. No es casual la postura que se tiene, porque las posiciones que se dan acá son muy diferenciadas. Y veo lo que pasó con nuestra provincia. En Misiones, señor presidente, en el presupuesto provincial tenemos 1.200 millones en obras públicas, de los cuales 600 millones financia la provincia. Desde 2003 hasta la fecha, hicimos más de 300 escuelas, muchas de ellas con fondos exclusivamente provinciales. Hace poco inauguramos el hospital más grande del interior del país, una obra que empezó el ingeniero Rovira y que concluyó el gobernador Closs. El hospital más grande del país, más de 300 escuelas y un sinnúmero de hospitales cuya construcción se está licitando, decenas de miles de casas en la provincia que mayor cantidad de kilómetros de pavimento tiene por habitante, y muchas de esas rutas se hicieron con recursos provinciales. Quiero saber si esto es justicia social o no. Teniendo en cuenta esto, puedo coincidir en algunas cosas, cuando hablan de la desfinanciación de las provincias. Obviamente que están desfinanciadas, como herencia de aquella triste historia de Cavallo, cuando se imponía a la política. Nuestra provincia está endeudada, por eso priorizamos, antes que el plan de financiamiento, el PAF –Plan de Ayuda Financiera– y muchos otros aportes que son más importantes. Y doy un ejemplo –para que también se entere el senador de Misiones-, que es el de la localidad de 2 de Mayo, que sufre una injusticia respecto de la ley de coparticipación. Esta localidad recibe 100 mil pesos de coparticipación por mes y recibe un millón y medio con los aportes que hace la Nación en cuanto a asistencia universal por hijo, jubilaciones, etcétera. Ese municipio vive con los aportes que hace la Nación, señor presidente. En ese sentido, quiero ir más allá, porque hice referencia a mi provincia y creo que hay cosas más importantes. Acá, están los medios de prensa, por los que vamos a pasar a la historia por esta etapa de desinformación y por violar el derecho a la verdad que tiene un ciudadano. Se habla mucho de Brasil, de Chile, de Uruguay. Me pregunto si no estudiamos los orígenes o las constituciones de estos países, para ver cuáles son las diferencias que muchos destacan. Por ejemplo, en el caso de Brasil, señor presidente, en su Constitución, se establece que son iniciativas privativas del presidente de la República las leyes que se dan a continuación, entre ellas, las que hacen a la organización administrativa y judicial, la que se refieren a la materia tributaria y demás. Pero, para la modificación de impuestos, la iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo. En Chile pasa algo parecido, y así en el artículo 62 de su Constitución se establece que la iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre en Uruguay, en Perú y en unos cuantos países, excepto en Paraguay y en la Argentina.
Señor presidente: el tomar la iniciativa y que esto lo plantee el Poder Ejecutivo ¿no es una cuestión que está avanzando en todo el mundo y que facilita el desarrollo de esos países? Este tipo de cuestiones no es para discutir. ¿No es más importante discutir las asimetrías internas, de las que hoy hablaban muchos senadores, que se manifiestan en el costo del combustible con respecto a la Capital Federal, y en la calidad de vida de los habitantes? Esto
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es más importante que debatir el impuesto al cheque, por el que van a ser beneficiadas unas pocas provincias. En algunos casos esto va a ser neutralizado, sin beneficio ni perjuicio. Muy pocas serán beneficiadas, pero la mayoría de ellas serán perjudicadas con esta modificación del impuesto al cheque. Apelando a ese espíritu de ir para adelante que proponía tan bien el senador Verani, creo que es necesario que este año del Bicentenario dejemos este tipo de chicanas políticas, que asumamos las responsabilidades que tuvimos en el pasado en la creación de esta situación. Creo que tenemos que dejar de lado estos actos de soberbia, señor presidente. ¿Cuándo podremos discutir un tema que sea uniforme con toda la oposición, o con el arco opositor? En esto no estoy de acuerdo con el senador Verna, a quien respeto, cuando expresa que sería no oficialista. Yo creo que el arco opositor se divide entre sectores no oficialistas, opositores y algunos calificativos que no dije yo sino una senadora que pertenece al mismo arco opositor. Y repito lo que dije en sesiones anteriores: la lógica de la política se tiene que cambiar. Dejemos de destruir, para tener posibilidades de gobernar. Compitamos en función de proyectos y de propuestas –el 2011 está cerca– pero sin desfinanciar a la Nación, ni haciendo proyectos demagógicos como estos, como si fueran a solucionar los problemas a la Argentina. ¿Cuánto tiempo nos paralizó? Hoy decía el joven senador por Córdoba que sesionamos después de cuatro meses. ¿Fue culpa del oficialismo cuando se violaron los reglamentos de esta Cámara, cuando no vinieron a dar quórum, o cuando antes –también le corresponde la responsabilidad a usted, señor presidente– no daba quórum la oposición y nosotros teníamos que lograr que se vinieran a sentar? Habría que aplicar ese descuento del 20 por ciento retroactivamente, para que la situación sea justa y para que se crea que existe una medida para poner en funcionamiento este Congreso. Entonces, no creo en lo que plantea la oposición. Creo que algunos pertenecen al arco no oficialista, que otros son opositores y que otros fueron calificados por algún miembro que integra el arco opositor. Sr. Presidente. – Como no se encuentra presente el senador Colazo, tiene la palabra la señora senadora Morandini. Sra. Morandini. – Señor presidente: tal vez tenga cierta melancolía, porque es mi primera sesión como senadora. La verdad, a los oídos es muy agradable esta polifonía de tonadas. Son muchas tonadas diferentes, aunque pareciera que todavía no somos una sola Nación, como expresó una senadora con relación a las palabras que no nombramos. Pero no voy a quedarme en la apariencia de cómo hablamos por la tonada, porque tal vez mi vicio de profesión son las palabras. Quiero dejar como reflexión, tal vez para eludir un poco el debate del número, que debería llamarnos la atención las cosas que decimos, y cómo las decimos. También es interesante observar estas travesuras que nos hace el calendario. La ley del impuesto al cheque surgió el 24 de marzo de 2001. Ese día todavía no estaba colorado en el calendario, como si fuese una fiesta.
Como me siento una hija política de esa crisis de 2001, cuando el país estalló en mil pedazos, y como me ha tocado homenajear –como lo hago- la forma en que este Congreso sorteó esa crisis, la cual llevó a muchos ciudadanos a entender que la democracia es participación y que la República es división de poderes, venimos a pedir que se modifique
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una ley. Hay treinta y siete proyectos anteriores a este. Se trata de un número mítico, dado que lo necesitamos para simplificar la función del Senado. Y justamente, hay treinta y siete proyectos anteriores a este, que no han podido ser tratados. Siete veces ha sido postergado el debate de este impuesto, que se coincide en afirmar que es distorsivo. Y la modificación que vamos a hacer tiende a que, por cada peso que se recauda de los 15 centavos que vuelven a las provincias, se produzca un aumento a 45 o 50 centavos, en el marco de esa distorsión. Pero de lo que se trata, como se ha dicho aquí, es empezar a construir acuerdos para que finalmente podamos debatir lo que nos pesa sobre este Senado, o sea, que podamos debatir efectivamente la ley de coparticipación. Pero en esto de escuchar las tonadas y lo que se dice de ellas, me decían en Diputados que el Senado es más tranquilo, se debate de otra manera. Y sin embargo, a lo largo de esta dificultad que hemos tenido para poder venir a sentarnos como lo estamos haciendo ahora para debatir, me llamó mucho la atención cómo no hemos erradicado las palabras de confrontación. Se nos acusa de irresponsables, de desfinanciar a la Nación. Son acusaciones permanentes que van cancelando el diálogo; y el diálogo es inherente a la construcción democrática. Escuchaba a la senadora contar su bella fábula del bien y el mal. Tampoco se puede poner en antagonismo el bien y el mal porque precisamente lo que nos hace superar ese antagonismo es que tengamos valores compartidos. Y por eso surgen las leyes, que son las que debemos cumplir y no interpretar. De modo que me parece que estas leyes que han tenido como justificativo la emergencia y surgieron en 2001, se vienen prorrogando pero sigue siendo la emergencia la que las va justificando. Finalmente debemos empezar a construir una normalidad y para ello es necesario que cada una de las palabras tenga el mismo significado para todos nosotros. Porque me temo que si seguimos con este discurso, contaminado por las palabras que descalifican, una vez que eso sucede nos devalúan y luego viene peligrosamente la concepción de creerse dueño y como tal, descalificar, devaluar y después aniquilar. Creo que el pasado nos ilumina a todos en el sentido de que sabemos que es el único lugar al que no queremos volver. Pero para no regresar a ese pasado que nos amenaza como un fantasma, se impone que construyamos normalidad democrática, que dejemos de utilizar la emergencia como chantaje y que entendamos -como decía el poema de Borges- que somos nosotros todos los que estamos acá, que tenemos responsabilidad en la crisis, que somos la justificación de nuestros muertos y que la democracia no es de nadie porque es de todos. Ojalá que esta polifonía de tonadas que es agradable escuchar, se convierta en algo que no debe sonar de manera diferente y que todos nos subordinemos a la Constitución para comenzar, finalmente, a construir la Nación. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso. Sra. Escudero. – ¿Me permite una interrupción? Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso: la senadora Escudero le solicita una interrupción. ¿Se la concede? Sra. Negre de Alonso. – Cómo no, señor presidente. Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra la senadora Escudero. Sra. Escudero. – No pensaba hablar, pero como he sido aludida en este recinto, hago ejercicio de mi derecho a responder.
La senadora por el Chaco hizo referencia a mi posición en 2008 con relación al tema del impuesto al cheque. Allí apoyé la prórroga por un año más diciendo claramente que era un impuesto distorsivo y que realmente desestimulaba la economía en blanco. Sigo
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sosteniendo lo mismo y es la misma posición de la presidenta hoy. No acompañé la prórroga por dos años que se aprobó en 2009. Mi posición hoy es que mientras exista, este impuesto distorsivo se debe coparticipar. Celebro este debate, porque estamos abriendo a la sociedad lo que está pasando. Está en crisis este sistema de distribución discrecional de los recursos después de siete años de gobierno. ¿Qué hicimos? ¿Hemos revertido la desigualdad territorial de distribución del ingreso? No, la hemos profundizado. Y como me gustan los números quiero dar algunos solamente. En el presupuesto nacional la distribución de recursos por habitante y por provincia es absolutamente injusta. Ahora, de esos recursos que plantea el presupuesto nacional los únicos que no se pueden tocar son los de la coparticipación, porque es automática. Pero todos los otros recursos que nos prometen a las provincias, como la realización de obras con recursos nacionales, se cambian después con el uso de los superpoderes, los que permiten sin límite y en forma permanente -por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera- hacer cambios de partidas como se le da la gana al Poder Ejecutivo. Además, el jefe de Gabinete tiene el poder de hacer incorporaciones para ampliaciones del presupuesto. Me refiero a todos los recursos que le ingresan de más al Poder Ejecutivo, y siempre por esta trampa de subestimar el crecimiento. De esa forma, le queda un plus para aplicar derivado de la mayor recaudación por inflación. Obviamente, esto se decide discrecionalmente. Hablemos del presupuesto, ¿cuáles son las provincias más perjudicadas en el presupuesto aprobado? Son las provincias de Buenos Aires, Misiones, Salta, Neuquén, Mendoza y Chaco. Estas provincias reciben un presupuesto promedio de 3000 pesos por habitante. ¿Cuáles son las provincias más beneficiadas? La más beneficiada es la de Santa Cruz, que recibe 11.000 pesos por habitante. ¿Cuáles son los índices de pobreza de las provincias? El índice de pobreza de la provincia de Santa Cruz es de 1,1 por ciento, no obstante lo cual recibe tres y cuatro veces más que lo que reciben las provincias que tienen mayor índice de pobreza. La provincia de Misiones tiene uno de los peores índices: 23.9 por ciento de pobreza. Otra provincia bastante beneficiada es la de Tierra del Fuego que recibe 5.600 pesos por habitante por año y tiene un índice de pobreza del 4 por ciento. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal hizo un estudio sobre el destino de las transferencias no automáticas, es decir las transferencias discrecionales que hizo el Poder Ejecutivo en los últimos cinco años. ¿Dónde está “la fiesta”? “La fiesta” está, obviamente, en Santa Cruz, a la que se transfirieron 5.523 pesos por habitante por año. Es decir que a los 11.000 pesos por habitante que recibe por presupuesto, se le agregan estos 5.523, que en los últimos cinco años ha recibido por transferencias no automáticas. La provincia de Tierra del Fuego, otra vez, es otra gran beneficiada con 825 pesos por habitante por año -una suma mucho más modesta, por supuesto- con un índice de pobreza que es el más bajo del país. El Chaco, con una pobreza del 21 por ciento y cuando hablo de pobreza… Sr. Presidente. – Senadora, se trata de una interrupción… Sra. Escudero. – He sido aludida. Tengo derecho a hablar por haber sido aludida. Sr. Presidente. – Bueno, pero concrete, por favor. Sra. Escudero. – La provincia del Chaco tiene una pobreza de 21.4 por ciento. Los índices de pobreza que estoy dando son los índices urbanos que mide el INDEC. Los que tenemos ruralidad sabemos que esos índices trepan, no se miden por la ruralidad.
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No quiero molestar más pero quiero decir que con las transferencias discrecionales la provincia de Salta, la provincia del Neuquén, la provincia de Corrientes y la provincia de San Luis son las grandes perjudicadas. Finalmente, señor presidente, quiero decir que cuando voy a tomar un remedio lo que hago es leer las instrucciones. Con relación a la convocatoria a esta sesión quiero que mis colegas que se han estado quejando por la forma de convocatoria, así como el jefe de Gabinete, lean el artículo 64 de la Constitución Nacional, y los antecedentes de los artículos 27 y 28 del Reglamento, que datan del año 1862. Se trata del primer Reglamento de esta cámara; la última modificación del Reglamento se hizo en 2002, y quien la llevó adelante fue la actual presidente de la Nación, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente, ¿qué es lo que nos estamos planteando? Nos estamos planteando qué país o nación, como dijo alguno de mis colegas, queremos.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador Daniel Filmus.
Sra. Negre de Alonso. – En verdad, señor presidente, tengo que empezar diciendo que “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina.” Eso somos, eso es lo que decidieron las catorce provincias argentinas preexistentes, fundadoras de la Nación Argentina, y eso es lo que nuestros antepasados, nuestros constituyentes, eligieron de organización para nuestra querida República Argentina. ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que pedimos? ¿Queremos Nación? Sí, queremos ser Nación, una Nación igual para todos, con igualdad de oportunidades y sin exclusiones. Yo escuchaba atentamente al miembro informante y por eso lo interrumpí cuando hizo una referencia despectiva que luego corrigió. En ese momento pensaba: ¡qué bueno que el gobierno nacional haya podido crear 700 mil nuevos puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires! ¡Qué bueno! Porque queremos ser Nación. ¡Qué bueno que haya podido generar 500 mil nuevos puestos de trabajo en la provincia de Córdoba! ¡Qué bueno! Porque queremos ser Nación. ¡Qué bueno que en la provincia de Santa Fe se hayan creado 200 mil nuevos puestos de trabajo! Por supuesto que nos alegramos y que estamos contentos por ello; por supuesto que es así, porque queremos ser Nación y cumplir con el Preámbulo de la Constitución. Ahora bien, señor presidente, este debate que nosotros estamos dando no significa, como dijo el miembro informante, abrir nuevas puertas a pasillos que van a obstaculizar una futura ley de coparticipación. No, señor presidente. Lo que queremos es igualdad de oportunidades y que no haya exclusiones.
Todos los que estamos sentados acá –creo que todos, porque también he escuchado a algunas colegas que sostuvieron aquí que querían hablarle a los ciudadanos de su provincia para explicarles por qué iban a votar en contra de este proyecto de ley– queremos argentinos mejores. Tal como sostenía la señora senadora Morandini, todos queremos que nos respeten
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nuestras individualidades y diferencias como provincias; me refiero a esas pequeñas diferencias culturales, idiosincrasias y tonadas si se lo quiere graficar, como lo hacía la senadora. Los que estamos acá queremos mantener lo que establecieron los pactos preexistentes que dieron luz a la Constitución de 1853 y que las sucesivas reformas no modificaron. Queremos promover, por voluntad y elección de las provincias que la componen y en cumplimiento de los pactos preexistentes, el bienestar general. Y estamos convencidos de que este es un instrumento –ni el mejor, ni el ideal– para cumplir los objetivos del Preámbulo de promover el bienestar general. Creo que es inexistente el planteo del señor senador Calcagno y Maillmann, o del oficialismo a través de su voz, de que hay desfinanciación. Lo que tenemos que entender, señor presidente, es que somos un Estado federal. En efecto, las provincias preexistentes no elegimos constituirnos como un Estado unitario sino como un Estado federal y, en consecuencia, se nos deben dar los medios para que se puedan cumplir los objetivos de la Constitución. Pedía el señor senador Calcagno y Maillmann que le dijeran qué habría que desfinanciar si es que hay que coparticipar los fondos provenientes de la llamada ley de impuesto al cheque. Planteó que le hicieran una lista de los gastos que debían recortarse, y de todo lo menos que vaya a recibirse. La verdad es que le podría hacer una importante lista, y mientras él hablaba pensaba en Aerolíneas Argentinas, una empresa que sigue siendo del grupo Marsans, ya que nunca se completó el proceso de expropiación. Sus escándalos de corrupción figuran en la tapa de todos los diarios. ¿Quiere saber, señor presidente, cuál es el déficit diario de Aerolíneas Argentinas? Pierde 6.800.000 pesos diarios o 2.482 millones anuales. Eso es lo que aportan todos los argentinos para Aerolíneas Argentinas. Eso es un gasto, además de todo lo que significan los sobreprecios en la compra de aviones, tema que se encuentra en investigación por parte de la Justicia y a lo que no me voy a referir porque no está en nuestras manos. Por otro lado, la Jefatura de Gabinete de Ministros hace una recomposición de partidas y destina 600 millones de pesos a la AFA. ¿Y nuestras provincias? Le quiero decir al señor miembro informante que lamento que no esté presente, que por supuesto tenemos una serie de gastos que podrían ser reducidos. Por supuesto que hay gastos superfluos y hay dineros públicos que son de todos los argentinos, pero que solamente se destinan a una porción de ellos, aunque no diré a quién más y a quién menos. Sin embargo, como senadora y como puntana, me siento absolutamente discriminada en el manejo de los recursos hacia mi provincia. Le decía a la senadora Parrilli que de buena fe la felicito porque trasladar a cincuenta miniproductores del Neuquén a fin de que reciban herramientas es algo muy bueno. Ojalá todos pudiéramos hacerlo porque daríamos una gran ayuda. – Ocupa la presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.
Sra. Negre de Alonso. – En el orden de la obra pública y de todo lo que mencionaba el senador Calcagno y Maillmann, quiero decir que mi provincia no tiene ninguna obra pública realizada con fondos del Estado Nacional. Es más; con los fondos que a la provincia le quedaron atrapados en el corralito –todos saben que los ahorros de los puntanos estaban en la República Argentina, en el Banco de la Nación; no fueron girados al exterior– se llegó a un acuerdo con el ex presidente Néstor Kirchner por el cual se le pagaba el capital y la diferencia por el valor del dólar y los intereses, según lo había ordenado la Corte Suprema de Justicia, con dos grandes obras públicas. Así figura en el convenio que fuera homologado. Se trataba
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de dos diques. Mi gobierno, creyendo en el cumplimiento de los pactos, más allá de que se haya dicho que hay gobernantes que saben hacer buenos acuerdos –el pueblo de San Luis también sabe hacer buenos acuerdos–, licitó los diques y comenzó a ejecutar las obras. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar, el gobierno nacional no giró los fondos; de ahí que hoy se estén realizando con la plata de la provincia de San Luis. Pero ese dinero corresponde a la indemnización que había ordenado la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la única provincia que tenía depósitos en la República Argentina. Nosotros éramos la última provincia argentina y con mucho esfuerzo logramos ahorrar. Sin embargo, sólo recuperamos el capital; la diferencia más los intereses y todo lo que ordenó la Corte no lo pudimos recuperar. ¿Qué quiero decir con esto? Que elegimos vivir en un país federal. Entonces, estamos buscando alternativas, que por cierto no son perfectas, tal como he aclarado. En ese sentido, tuvo razón la senadora Fellner, por Jujuy, respecto del Éxodo Jujeño. ¿Quién le va a discutir a Jujuy la gesta del Éxodo Jujeño? ¿Quién le puede discutir a San Juan, Mendoza, San Luis o La Rioja lo que aportaron para la Campaña Libertadora? Pero eso fue así porque queríamos ser Nación. Ahora bien, el "ser Nación" significa el respeto de las identidades. Y el respeto de las identidades implica que tenemos derecho a gestionar como corresponde. Yo no digo que se haga una repartición igualitaria de los fondos, porque indudablemente que el Norte argentino está atravesando momentos muy difíciles; pero debe existir equidad. Sin embargo, en el caso de mi provincia no hay equidad en el trato. Y no porque no queramos obras públicas, que nos manden ATN o que nos favorezcan con fondos extracoparticipables, como los llaman ahora. Por supuesto que queremos todo eso. Serían muchas las obras que podríamos hacer en San Luis con esos fondos. Entonces, esta es una vía de corrección. Pero ¿cuál es el núcleo duro del problema? El sistema de gobierno; un tema de naturaleza constitucional. ¿Somos federales o no? ¿Somos provincias que nos constituimos en nación porque quisimos o no? Por lo tanto, queremos que se nos respete y dé el lugar y posición que, en el contexto nacional, cada una de las provincias necesita. Es más, nosotros votamos por acompañar el desendeudamiento de las provincias; acompañamos el rescate de las cuasi monedas. En forma unánime acompañamos las provincias que no estaban endeudadas, que creo que en ese momento eran San Luis, Santiago del Estero y, seguramente, Santa Cruz. Brindamos nuestro acompañamiento y nos esforzamos, y ahora resulta que en vez de tener el 214 por ciento de endeudamiento, tienen el 70 por ciento. Es muy bueno que las provincias disminuyan su endeudamiento, pero eso no significó que hayan tenido que venir a pedir los fondos aquí, sino que hubo una buena gestión de los gobernadores y de las poblaciones de las diversas provincias endeudadas, que hicieron un esfuerzo y, gracias a eso, hubo una evolución de 2001 a la actualidad. Ahora bien, las provincias que no se endeudaron −las que ahorraron− también tienen derecho a ser consideradas dentro de esta Nación argentina. El quid de la cuestión es: ¿queremos realmente seguir siendo un país federal? ¿Lo queremos, o preferimos otro tipo de gobierno y, en consecuencia, tendríamos que convocar a una Asamblea Constituyente?
En el caso de San Luis, queremos una Argentina federal. Como integrantes de una de las catorce provincias fundadoras de la Nación argentina, somos argentinos, queremos una Argentina Federal y tenemos solidaridad con nuestras provincias hermanas, tal como lo demostramos en todas las votaciones desde 2002, comenzando por el desendeudamiento. Nos alegramos de todos los fondos, los empleos y las obras públicas que nuestras provincias hermanas consiguen. Pero también queremos que se vuelva a la normalidad, que se termine con la patología, que nuestros gobiernos tengan los fondos que les corresponden. Después, el
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voto de la ciudadanía será el veredicto final, por un sí o por un no, en una buena o mala elección. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Lores. Sr. Lores. – Señor presidente: pertenezco a una provincia que conoce profundamente lo que es la pobreza; una provincia que fue territorio nacional hasta mediados del siglo pasado. Un territorio olvidado, alejado, desposeído, sin representación en el Congreso de la Nación porque éramos un territorio nacional y dependiente permanentemente del poder central, del poder de la Pampa húmeda, del poder de Buenos Aires. El Movimiento Popular Neuquino, que ha sido el único partido que ha ocupado todos los períodos democráticos desde su fundación en 1961, desde su primer gobierno de 1963 ha luchado profundamente por el federalismo, pero por el federalismo en serio, y ha logrado revertir esa situación de enorme pobreza, de marginalidad, de olvido, de indicadores profundos de subdesarrollo con tasas de mortalidad infantil que superaban el 170 por mil en algunas regiones de la provincia. Por entonces yo era médico rural en el Norte del Neuquén, la zona más postergada de la provincia, y conocí muy bien lo que es la pobreza. También conocí muy bien lo que hicieron los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino, en los cuales también ocupé cargos políticos como ministro de Salud y Acción Social entre 1983 y 1987 y entre 1991 y 1995. Sé lo que es revertir la pobreza con planes de salud, de educación, con construcción de carreteras, aeropuertos y viviendas, con una concepción muy profunda del verdadero desarrollo centrado en el hombre, teniendo como un elemento absolutamente complementario, pero obviamente necesario, a la economía. Esta fue la filosofía del Movimiento Popular Neuquino. No quiero subestimar a nadie, pero me parece que se minimiza la discusión del federalismo cuando algunos dicen que, por ejemplo, quienes están de acuerdo con este proyecto de ley son federalistas y quienes no están de acuerdo, no apoyan el federalismo. Señor presidente: le puedo comentar que mi provincia tiene un coeficiente de coparticipación del 1,58 por ciento. Por lo tanto, con este proyecto de ley, recaudaríamos alrededor de 140 millones de pesos anuales. Es decir, un poco más de 10 millones de pesos por mes. El año pasado la provincia logró un PAF del gobierno nacional de 205 millones de pesos y, en este momento, mi gobernador –el cual me ha pedido que defienda esta postura ante el Senado de la Nación, porque trabajamos en equipo, porque somos compañeros, porque hemos llegado al gobierno trabajando juntos–, está tramitando por ese mismo concepto fondos por 400 millones de pesos, 100 millones para el Fondo de Incentivo Docente y una cantidad de dinero muy grande para hacer viviendas. En el período 2003–2007 el gobierno del Movimiento Popular Neuquino, del cual yo no formé parte, había roto totalmente las relaciones con el gobierno nacional. Muchos de ustedes conocen la historia y saben también el porqué. Los muchos intendentes que no eran del Movimiento Popular Neuquino venían muy prestos a Buenos Aires a conseguir recursos en forma directa, intendentes–gobierno nacional, para construir viviendas y para realizar obras en sus respectivos municipios. Así se fue gestando este modelo de gobierno. Personalmente, no comparto este modelo de gobierno y lo digo con total sinceridad, pero hay una realidad: yo tengo una responsabilidad concreta de defender a mi gobernador, de proteger a mi gobierno provincial y de no apoyar una norma que va a transformar nuestro ingreso de fondos en una ecuación absolutamente negativa, en 350 ó 250 millones de pesos, si este proyecto de ley del cheque se aprueba y se aplica en la provincia del Neuquén.
¿Qué pasó con este modelo de gobierno? ¿De dónde salió este modelo de gobierno? ¿Salió de un repollo? No, este modelo salió de estrategias políticas y económicas que en su
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momento fueron acompañadas por una enorme cantidad de gobernadores que no pertenecían al partido gobernante; por una enorme cantidad de intendentes, por una enorme cantidad de legisladores que eran reconocidos como “gobernadores K”, “senadores K”, “intendentes K”, etcétera. ¿De dónde salió este modelo? Salió de las estrategias de transversalidad y de concertación plural a las cuales adhirieron muchísimos políticos que ocupaban cargos relevantes en sus respectivas jurisdicciones; y también muchos que ocuparon cargos importantes en distintos niveles del Poder Ejecutivo, ya no del Poder Legislativo. Y el modelo político de transversalidad y de concertación plural fue acompañado de una estrategia también aceptada por la gran mayoría de todos esos políticos que habían adherido de buen grado al gobierno, porque como devolución recibían muchos beneficios para concretar obras y otros emprendimientos en sus provincias. Ellos aceptaban este modelo de concentración económica y de distribución discrecional o extracoparticipativa –por definirlo de alguna manera– de los recursos de la Nación. Es decir, esto no nació de la casualidad. Esto nació con el respaldo y el apoyo de muchos políticos que no pertenecían al partido gobernante. Lo que pasó después es historia conocida. Todos sabemos cómo fue cambiando la historia política de este país a raíz de lo que ocurrió el 16 de julio de 2008. Acá se dan distintas situaciones: hay senadores que son opositores; hay senadores que ni siquiera pertenecen a un partido político; hay senadores que pertenecen a un partido político, que son oficialistas y que tienen que darle respaldo a su gobierno provincial, y yo personalmente no puedo poner en riesgo la gestión del gobierno de mi provincia aprobando una iniciativa que evidentemente va a ser muy perniciosa para el Neuquén que, como dije, tiene uno de los porcentajes de coparticipación más bajos de todo el país. Mi provincia está luchando profundamente por el federalismo, pero lo está haciendo en otro campo. ¿Por qué tenemos tan bajo nivel de coparticipación? Porque tenemos regalías hidrocarburíferas y por la hidroelectricidad. Y el recurso fundamental proveedor de los mayores ingresos a la provincia del Neuquén es el gas. En efecto, mi provincia está proveyendo el 50 por ciento del gas que se consume en la República Argentina. Además, estamos subsidiando las tarifas del gas a sectores residenciales de alto nivel económico, a las industrias, al comercio, a sectores del turismo, a la agroindustria, etcétera, y llegamos hasta a esa cosa tan ridícula que es que el Neuquén esté subsidiando el GNC que se carga en los vehículos de alta gama, en camionetas 4x4 y hasta en camiones que –como hemos visto– llevan diez o doce tubos de gas. ¿Por qué está peleando la provincia? El Neuquén está peleando y defendiendo el federalismo para que se le reconozca el valor que debe tener el gas en boca de pozo; una vieja lucha de la provincia. En este momento, el millón de BTU ronda los 2 dólares, cuando a Bolivia se le está pagando 5,6 o más dólares y el gas que desembarcan los buques metaneros regasificadores en el puerto de Bahía Blanca se paga más de 10 dólares, siendo que el primer beneficiario de ese gas es el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si comparamos ese gas con el del Neuquén, a 2 dólares, es fácil hacer la ecuación que estoy mencionando. Ese es el verdadero problema que tiene nuestra provincia: un recurso no renovable y que se estima con reservas comprobadas de aquí a 6 años. Entonces, si este tema no es resuelto como corresponde, la provincia del Neuquén se va a transformar en un páramo. Por lo tanto, cuando a mí me hablan de esta ley del cheque y de que nos va a reportar 10 millones de pesos por mes no me hagan alusión al federalismo; el federalismo es una cuestión mucho más compleja.
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Insisto, yo no estoy de acuerdo con este modelo de gobierno; pero este modelo de gobierno no lo impuso el Movimiento Popular Neuquino, sino que contó con el apoyo de muchísimos dirigentes de la política argentina que adhirieron cariñosamente a su desarrollo. En reiteradas oportunidades, también he dicho –y lo repito ahora, a pesar de que ha sido mencionado por una gran cantidad de senadores que me han precedido en el uso de la palabra– que el camino es el que marca la Constitución Nacional. En efecto, la Carta Magna reformada en 1994 establecía un plazo de dos años, hasta 1996, para lograr el acuerdo federal que diera la posibilidad de que se sancionara una ley convenio –con inicio en el Senado– y que se pusiera en marcha otro mecanismo constitucional de redistribución de los recursos de la Nación. Pero esto no fue hecho por nadie, no sólo por el gobierno actual o por el que le precedió. La Constitución Nacional fue modificada en 1994 y el actual modelo de gobierno se impuso en 2003. Por lo tanto, pasaron casi diez años sin que nadie se hubiese ocupado de poner en marcha este mecanismo constitucional establecido en la Carta Magna reformada en 1994. En su momento, acompañé al senador Verani en un proyecto por el que se solicitaba que se respetara el piso del 34 por ciento de la coparticipación; sin embargo, la iniciativa no prosperó. En consecuencia, nosotros hemos dado muestras muy concretas de cómo tenemos que defender el federalismo y de cuáles son las cosas importantes que debemos llevar adelante. Creo que acá tiene que existir realmente un compromiso muy firme de todos los gobernadores y del Poder Ejecutivo nacional de poner en marcha este mecanismo constitucional, a fin de que de una vez por todas salgamos de este atolladero en el que nos encontramos sumidos en este momento. Quiero finalizar mis palabras diciendo que esta norma me parece absolutamente regresiva, inequitativa y que, en función de los coeficientes de coparticipación de las distintas provincias del país, beneficiará seguramente a las provincias muy grandes y también a algunas no tan grandes. En efecto, el senador Viana hablaba de su provincia y –si mal no entendí– creo que mencionó un beneficio de 400 millones de pesos. Por otra parte, la senadora por el Chaco también hizo un análisis de las siete u ocho provincias que no serán de ninguna manera beneficiadas, sino perjudicadas por la aplicación de esta nueva ley. En ese sentido –y lo repito sin vergüenza sino con honestidad y con transparencia–, respaldando lo que me solicita mi gobernador, que es ayudarlo a gestionar la provincia del Neuquén, a sacarla adelante y a poder resolver el problema que en este momento tiene con los maestros, es que votaré negativamente este proyecto de ley. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador José Martínez. Sr. Pérsico. – Pido la palabra para una interrupción. Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador Martínez: el señor senador Pérsico le solicita una interrupción. ¿Se la concede? Sr. Martínez (J. C.). –Sí, señor presidente. Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pérsico. Sr. Pérsico. – Señor presidente: quiero aprovechar para aclarar algunos conceptos que como senador por San Luis me veo obligado a manifestar al Senado. A su vez, quiero explicar mi voto en función de algunas palabras que dijo la señora senadora por San Luis preopinante. Voy a votar acompañando al bloque, porque creo que este modelo ha hecho mucho por nuestra Nación y por nuestra provincia. Y no voy a permitir –por eso no hemos estado dando quórum–, que se tuerza el destino de este modelo que ha hecho tanto por mi provincia.
En este sentido, quiero dejar algunos datos. Seré lo más breve posible para no robarle tanto tiempo al senador. Por ejemplo, según información de las páginas oficiales del gobierno
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de la provincia, el 75,26 por ciento del presupuesto de San Luis son fondos nacionales de coparticipación. Esto sin tener en cuenta que hoy a la provincia, como nuevos fondos y gracias a este modelo, le llegan 180 millones de pesos correspondientes al Fondo Solidario de la Soja, o que 70 millones de pesos van a llegar este año por el Plan de Asignación Universal. Entonces, si no estamos gobernando, no podemos modificar estas ecuaciones económicas para cambiar la historia. Digo esto, porque lo que noto es que cuando ha habido momentos difíciles nos pusimos de acuerdo para sancionar leyes como esta del impuesto al cheque. Ahora, cuando el momento es de crecimiento, nos ponemos de acuerdo para ver cómo modificamos la historia para que esto cambie. Y yo no creo oportuno que esto cambie ni siquiera hoy para mi provincia que, a pesar de esto, se dice perseguida. Quería hacer esta aclaración, senador –le agradezco su tiempo-, porque por ejemplo dijo “no conseguimos ATN”. Hay quienes han conseguido ATN y la provincia no se los ha pasado: los ha retenido por una cuestión política. “Tenemos un cero por ciento de obra”, dijo la senadora. Le nombro una: 50 millones de pesos, una obra en la ruta 7, mejoramiento de los mal llamados ríos nuevos, en San Luis, entre otras que podría nombrar acá. “No nos quieren; no nos dan cosas.” Se adjudicaron 386 viviendas en mi provincia: muy poquitas, pero en un plan de más de cinco mil viviendas. ¡Nunca fueron a rendir la primera cuota y a hacer los trámites para seguir recibiendo dinero! Entonces, pareciera que nos tienen que dar una valija de plata, y no es así: esto es un trámite, son gestiones y hay que cumplir con ciertas cosas. Quiero fundamentar mi voto acompañando a este bloque pues acompaño al federalismo y al crecimiento, porque para mí el federalismo es trabajar todos juntos: municipios –¡nos estamos olvidando de los municipios!–, provincia y Nación, para que al país le vaya bien. Además de todo esto, hoy a mi provincia le mandan mil millones de pesos de las cajas de jubilaciones. En respuesta, mi provincia tiene el 30 por ciento de sus empleados en negro o en subsidios de desempleo. Es decir, no aportan a la caja para nuestros abuelos. Entonces, ese no es el modelo que quiero para mi país. Hoy, mi provincia –también lo dijo el senador Viana; y estoy seguro de que la senadora Quintela comentó lo mismo–, a pesar de que recibe el 90 por ciento de fondos nacionales para gobernar y por eso está equilibrada, tiene el 6 por ciento de coparticipación para los intendentes. De 65 intendentes hay 60 que reciben 40 mil pesos por mes de coparticipación. ¡Está bien! Son intendencias que tienen 4 ó 5 mil habitantes; pero hoy, con 40 ó 60 mil pesos, no se mantienen diez casas de clase media. Seamos claros. Entonces, yo creo que este es un tema dual. Ya termino y le agradezco la interrupción. Rescato muchas cosas que dijo hoy la oposición, como el senador Verani. Por supuesto, cada uno tiene sus verdades. En particular, rescato lo que dijo el senador Verani: “Pongámonos a explicar estas cosas, cada uno con su postura, pero para buscar soluciones: para que a la provincia le vaya bien, para que al país le vaya bien y para que no nos olvidemos de los municipios”. Muchas gracias por la interrupción. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Martínez. Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: quiero abordar un aspecto de la discusión de fondo, que es el modelo de país. Para ello, me tengo que remitir a la famosa Ley de Coparticipación, 23.548, y al contexto histórico en el que fue sancionada.
Esto ocurrió en enero de 1988. Había un gobierno muy débil: el del doctor Alfonsín. Después de todo lo dicho, no vamos a hacer más revisionismo. Lo cierto es que el artículo 1º
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establece que es un régimen transitorio. El artículo 2º fija cuáles son los impuestos que se van a coparticipar y cuáles no: cuál es la masa coparticipable. El artículo 3º fija lo que se denomina la coparticipación primaria: cuánto para la Nación y cuánto para las provincias; 54,6 para la Nación y 42,44 para las provincias. El artículo 4º fija lo que se denomina la coparticipación secundaria: cuánto de eso que corresponde a las provincias es para cada provincia. E insisto en el contexto histórico: un gobierno con debilidad y gobiernos provinciales fuertes. Ahora bien; en 1988 Tierra del Fuego era territorio nacional. Entonces, en el artículo 4º, que distribuye a las provincias, Tierra del Fuego no está porque era el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lo mismo le pasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en ese momento era Municipalidad de Buenos Aires: tampoco tenía el status quo provincial. Entonces en el artículo 4º, de cómo se distribuye la masa que va a las provincias, estas dos jurisdicciones no están. El artículo 7º marca un piso coparticipable del 34 por ciento, al que ya han hecho mención varios senadores. El artículo 8º establece que de lo que corresponde a la Nación ésta fijará un índice o un monto equivalente a los últimos tres presupuestos, que después –como veremos más adelante– fue cambiando a través de distintos acuerdos o pactos fiscales en los cuales se fue corrigiendo; a veces, dándole un índice. Pero el statu quo actual, dentro de la ley de coparticipación federal de impuestos actual para Tierra del Fuego sigue siendo el statu quo de territorio nacional. No está contemplado en la ley que somos una provincia porque los decretos que fijan el índice para Tierra del Fuego siguen haciendo mención al artículo 8º, no al 4º. Esto data, como dije, de 1988. Luego cambia el gobierno nacional y asume el doctor Menem. Entonces, se produce un cambio de visión de qué país queremos o de qué país nos impusieron. Entonces, nos remitimos al primer acuerdo fiscal, del 12 de agosto de 1992. Fue un primer acuerdo que algunos senadores aquí presentes firmaron en su carácter de gobernadores, como Rodríguez Saá o Reutemann; que el actual diputado y ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner también firmó como gobernador de Santa Cruz. ¿Qué fijaba ese pacto fiscal? Una reducción de la masa coparticipable del orden del 15 por ciento para financiar la ANSeS. Las provincias, en este marco o visión política, cedieron a la Nación el 15 por ciento. ¿Para qué esa cesión? Bueno; en ese momento había una visión de país que expresaba el ministro de Economía del doctor Menem, Domingo Cavallo, según la cual había que privatizar todas las empresas del Estado, había que privatizar las jubilaciones y dar los ahorros de los trabajadores a los bancos. Eso, por supuesto, iba desfinanciar a la ANSeS. Entonces, había que dar plata en la ANSeS. Con esta actitud –no estoy haciendo un juicio de valor sobre el pensamiento político de los gobernadores de aquel entonces sino marcando una cuestión objetiva– se acompañó esa visión de país. Después, vino el Pacto Fiscal de 1993 para la Disciplina y el Crecimiento, donde las provincias nuevamente cedieron su capacidad de fijar impuestos propios.
En ese momento Cavallo decía que había que favorecer la inversión y la actividad privada; los impuestos distorsivos de las provincias. Recuerdo que había provincias, como la nuestra, donde teníamos un impuesto en aquel entonces llamado Fondo de Inversión para la Nueva Provincia. Nosotros tuvimos ese statu quo en 1992. Ese impuesto fue derogado. Se trató de un recurso que cedió la provincia en pos de esa visión económica; una visión de país y social donde prevalecía el “dios mercado”. Primó el liberalismo de los 90, que destruyó la industria nacional, que privatizó y enajenó los recursos estratégicos del país, y que fue
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acompañado por estos gobernadores, con estas actitudes, en detrimento de las provincias. En 1995 este modelo económico tuvo su primera prueba de fuego: lo que se denominó mundialmente –y que acá, en la Argentina, padecimos todas las provincias– como la crisis financiera mexicana, o sea, el “efecto tequila”. Entonces, ¿qué buscó esa visión nacional y provincial para hacer frente a esa situación? El ajuste fiscal, la reducción salarial, la recesión en todas las economías regionales, la represión de las protestas populares. Tierra del Fuego en ese momento -año 1995- tuvo el primer muerto en democracia en una protesta popular, reprimida por el gobernador de aquel entonces, del Movimiento Popular Fueguino, que adhirió a esta política y a este modelo de país y que firmó estos pactos fiscales. Después, ni hablar del “efecto arroz”, del “efecto caipirinha”, y siempre era la misma respuesta ante aquella visión de país y aquel modelo económico. ¿Cómo sigue la historia? Cuando asumió el gobierno del doctor de la Rúa, con Machinea como ministro de Economía, hubo un nuevo pacto fiscal, a través del cual se ratifican los del 92 y 93, hay reducción, ratificación del 15 por ciento y de esta política de ajuste; donde ciertas provincias –a las que algunos hicieron mención acá–, con esta política que habían acordado con Cavallo y Menem, entregaron sus cajas provinciales como contraprestación de ese 15 por ciento que habían cedido a la ANSeS. Me refiero a Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la Municipalidad de Buenos Aires. Tuvieron una contraprestación, y se sacaron de encima los pasivos financieros y los pasivos personas: los jubilados. Los absorbió la Nación, en este esquema de visión de la privatización de la seguridad social, de la entrega de la seguridad social al sistema financiero; sistema financiero que destruyó el ahorro de los argentinos. En ese pacto fiscal de 1999 algunos otros senadores, como Verani, Castillo, Reutemann –nuevamente–, Rodríguez Saá y Romero adhirieron. Insisto: no hago un juicio de valor. Fue su visión política. Posteriormente, hubo un pacto en 2002, en el cual se eliminó el piso coparticipable. Había una garantía de que si la Nación no recaudaba cierta cantidad de dinero, no se iba a respetar el piso. Ahí viene la interpretación y la discusión de si el piso también estaba referido en la ley de coparticipación. Se trata de una discusión que creo que se debe dar e ir a fondo. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de esta política y de este modelo? La consecuencia fue la crisis de 2001: nuevamente ajuste fiscal, recesión, desempleo, pobreza. Hacía mención un senador a la cantidad de muertes, al “corralito” y al “corralón”. Eso fue consecuencia de un modelo, de una política que se implementó en la Argentina y que fue acompañada por el contexto de las provincias. Le voy a contar una anécdota, señor presidente. Estaba rindiendo un posgrado en abril de 2002 en España –concretamente, en abril de 2002–. Pasaba por un quiosco de diarios y vi una revista de economía llamada Cinco días. El titular decía: Empresas españolas repatriaron capitales españoles antes del “corralito”. “¡Oh, caramba! ¿Cómo es esto?” ¿Compré el diario y leí la nota: casi 5.000 millones de dólares. Repsol, Telefónica, Banco Francés y Banco Vizcaya, creo que era el otro. ¿Cómo hicieron? Y, cerraron ejercicio irregular el 30 de octubre de 2001, treinta días antes del “corralito”, y repartieron dividendos entre accionistas españoles.
¡Ninguno de los grandes multimedios que hoy repiquetean permanentemente sobre el modelo dijo nada! Porque si hubieran dado información y alertando al común de la gente no les habría pasado a muchos que les fueran confiscados por el “corralito” y por el “corralón”
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los pocos ahorros que tenían. ¡Pero no vi a ningún periodista de estos grandes multimedios o grandes comunicadores sociales golpeando un banco con un martillo! Eso fue consecuencia de un modelo de país y de una visión económica. Claro; cuando comenzó el gobierno de Néstor Kirchner nosotros, que cuestionamos severamente estas políticas llevadas adelante por el gobernador Estabillo y por el gobernador Manfredotti –después por el gobierno de de la Rúa–, decíamos que a esto había que buscarle no la solución financiera o lo que le impone el Consenso de Washington sino una solución donde el Estado tiene que intervenir y ayudar activamente a los sectores más vulnerables. Cuando empezó el gobierno de Kirchner, nosotros, siendo vecinos de Tierra del Fuego –habíamos visto todo lo que había pasado en los 90–, lo mirábamos con bastante recelo. El anteaño pasado, cuando se planteó ya la prórroga de la ley del cheque –el Presupuesto 2009 y el 2010, donde habíamos sido muy críticos–, cuando vimos que ante la crisis mundial financiera, una de las peores desde la década del 30, se encaraba con políticas proactivas, con políticas de intervención del Estado, con más Estado, con un modelo económico que no era de los 90, con la senadora Díaz por supuesto decidimos acompañar, porque era lo que siempre decíamos que tenía que hacerse. Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, vaya redondeando. Sr. Martínez (J. C.). – Sí, tengo treinta minutos como presidente de bloque, señor presidente. Sr. Presidente (Pampuro). – ¡Ah, perdóneme! Sr. Martínez (J. C.). – Entonces, en aquel momento dijimos que íbamos a acompañar el presupuesto; que íbamos a acompañar la prórroga de la ley del cheque. Dijimos en noviembre del año pasado que íbamos a acompañar la prórroga por dos años; acompañamos la estatización del sistema jubilatorio, porque era lo que correspondía; y también acompañamos la estatización de Aerolíneas porque creemos en un Estado activo y que las empresas del Estado tienen que subsidiar los desarrollos regionales. Por supuesto, hay muchas cuestiones que con el gobierno actual de la presidenta Kirchner no estamos de acuerdo. Pero sí estamos de acuerdo con el modelo económico, con la visión política, con el subsidio universal para la niñez –estaba viendo datos concretos publicados hasta por el mismo monopolio Clarín–, luego del cual se aumentó el 20 por ciento la matrícula escolar, con la reducción de la indigencia en un 70 por ciento y de la pobreza en un 30 por ciento, con el crecimiento que va a tener el PBI entre el 0.7 a 1.7 como consecuencia de este plan que nosotros -desde los sectores de la CTA- venimos planteando desde los 90. ¿Cómo no vamos a acompañar esto? Por supuesto, creemos que hay que dar las herramientas en esta crisis financiera que todavía no terminó para desarrollar estas políticas activas: la política de contención social; esta política de un Estado proactivo y no volver a los 90, como pretenden algunos, de las políticas liberales, donde el “dios mercado” se tiene que hacer cargo, donde todo lo tiene que manejar el sector privado y financiero, donde hay que garantizar reserva al sector financiero. La verdad es que nosotros no adherimos a eso, por más que nos planteen que no podemos volver a nuestras provincias, por más que el monopolio Clarín –el monopolio multimediático– permanentemente saque notas y extorsione. Porque hablan del autoritarismo y de la chequera del gobierno nacional, ¿y el autoritarismo de estos grandes grupos de poder que extorsionan permanentemente y muchos le tienen miedo porque están en campaña electoral para el 2011 y no quieren que los escrachen? Veamos eso.
En cambio, nosotros actuamos por convicción. En ese sentido, debo decir que en verdad me molesta muchísimo cuando algunos plantean que hay quienes vienen aquí a
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arrodillarse y hablan de la indignidad de los pueblos del interior que vienen a la Casa Rosada. ¡Estamos podridos! Porque cuando en su momento nosotros pensábamos que había algunas cosas que no se podían acompañar prácticamente éramos los ídolos de la dignidad, porque les convenía. Pero ahora pareciera que somos los delincuentes que nos arrodillamos y entregamos las banderas al gobierno nacional. Nosotros sentimos eso como una falta de respeto y como un “ninguneo” permanente. Lo mismo pasa con el hecho de que no integremos ninguna comisión. Eso es una falta de respeto al pueblo de Tierra del Fuego y no a dos de sus senadores. En ese sentido, quiero hacer una salvedad: nosotros hemos presentado una demanda judicial y estamos planteando que en el proceso de formación de las leyes, en la discusión en comisión donde no se nos permite participar como minoría, todo lo que resuelva este Senado es nulo hasta tanto no se regularice esa situación. El Poder Judicial decidirá al respecto. No lo quisimos hacer, pero igualmente venimos aquí, damos la cara y el debate. Esta es nuestra posición ideológica, que puede gustar o no, pero que planteamos en función de nuestras convicciones. Es lo mismo por lo que hemos peleado y discutido en nuestra provincia durante toda la época nefasta de los 90. Porque no sólo enajenaron nuestros recursos naturales, sino que la política de Cavallo llevó casi a la extinción a la industria de Tierra del Fuego, porque planteaba que había que sustituir la industria nacional por la importación. Pues bien, hemos podido discutir esto con el gobierno nacional y hemos reflotado una visión de país y de la región. Estamos avanzando, como decía el señor senador Lores, para ver cómo aportamos desde la provincia. Hay algunos que nos consideran poco menos que parásitos. Incluso hablaron de que el impuesto tecnológico iba a servir a unos piolas que viven en Tierra del Fuego y que iba a encarecer y agrandar la brecha tecnológica. Lo real y concreto es que los grandes multimedios – por ejemplo, los diarios de Córdoba, que dependen de esos multimedios – salieron a reconocer que los televisores LCD han bajado un 28 por ciento. No han subido, sino que han bajado. Esto es producción y trabajo de Tierra del Fuego. Ahora estamos habilitando el gasoducto San Martín II, que va a transportar 18 millones de metros cúbicos. Porque en la matriz energética argentina, lamentablemente, la cuenca neuquina se está viniendo abajo y quien va a aportar el gas que necesita la Argentina va a ser la cuenca marina austral en jurisdicción de la Tierra del Fuego y en los mares del sur. Estamos trabajando en eso con una visión de país. Se planteaba, por ejemplo, que las retenciones a la agroindustria o al agro son confiscatorias. La retención a la exportación de gas y de petróleo es del 100 por ciento. Inyectamos gas y petróleo, como muy bien decía el señor senador Lores, subsidiando a todo el aparato productivo argentino, desde la generación eléctrica hasta la producción de acero, de agroquímicos, la calefacción domiciliaria e industrial y todos los procesos industriales, inclusive los 10 millones de metros cúbicos de GNC que se usan en la zona central son subsidiados. Nosotros no lo vemos mal porque tenemos una concepción y un modelo de país. Queremos trabajar en eso porque si no cada provincia se convierte en una pequeña isla que quiere lo suyo y que las demás se jodan. – Ocupa la presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos. Sr. Martínez (J. C.). – En ese esquema y por estas convicciones, señor presidente, es que no acompañaremos con nuestro voto el proyecto en consideración. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – La verdad es que esta nueva constitución del Senado nos permite tratar temas que son importantes para nuestras provincias, ya sea con iniciativas que vienen de años
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anteriores o por iniciativas promovidas por los nuevos senadores. Pero lo importante es dar el debate, porque hasta hace muy poco, hasta el 10 de diciembre, esto era impensable. Creo que también es parte de lo que el 28 de junio votó la sociedad argentina que reclamó varias cosas, entre ellas, el federalismo. Estoy siguiendo el debate y he escuchado a todos los señores senadores. Recuerdo la primera sesión en la que el senador Verna, de la provincia de La Pampa, le contestaba al senador Pichetto que en los temas importantes para La Pampa íbamos a trabajar juntos; de hecho, lo estamos haciendo. Si bien en muchas cosas tenemos diferencias, no es este el caso. Y cuando un peronista y un radical coinciden es porque algo está bien. Si ya es difícil coincidir y coincidimos, indudablemente, es porque se trata de un asunto importante. Sigo el debate y casi me animo a pensar que quienes venimos a defender las provincias, el federalismo, nos vamos a transformar en traidores a la patria. En ese sentido, he escuchado discursos terribles. Lástima que no esté el señor senador Torres, el converso Torres, porque hablar de que somos chicaneros, demagogos y del proceso de privatizaciones no me parece correcto. No estuve nunca con el menemismo, pero recuerdo que cuando se privatizó YPF la hoy presidenta de la Nación, en la Legislatura de su provincia, logró aprobar una resolución para instar a los legisladores nacionales que representaban en ese momento a la provincia de Santa Cruz que apoyaran la privatización de YPF porque resultaría muy bueno para su provincia. Entonces, ¿en qué estamos? Sí me quiero quedar con algunos discursos excelentes en el sentido de no buscar culpables, ya que en la Argentina se vive buscando culpables o tirando piedras para ver quién pega más fuerte o a quién le pegamos más fuerte. Pero en el medio queda la gente que vive en las provincias. Quiero ser sintético en honor al tiempo y a que aquí ya se ha dicho casi todo. Sí creo que todas las provincias argentinas tienen problemas. Algunas tienen un endeudamiento desorbitante, otras una deuda social y otras tantas una deuda de infraestructura que compromete el futuro de generaciones. Pero, en definitiva, todas las provincias argentinas están en la misma situación. Y esto no es más que un producto de la iniquidad fiscal en la relación Nación-provincias. Pero parece que adecuarse a la Constitución también está mal. La Constitución nacional es muy clara cuando dice que los recursos coparticipables no deben ser inferiores al 34 por ciento, y lo cierto es que en la actualidad son inferiores a ese porcentaje. Esto no es chicana ni demagogia sino la realidad. Hay proyectos presentados, entre ellos uno de mi autoría como el que está en consideración, que buscan respetar el piso de coparticipación. Si se empieza a devolver lo que tanto le han sacado a las provincias argentinas, comenzarán a recuperarse distintas cosas, fundamentalmente, la dignidad. Los que estamos sentados aquí hemos venido con la convicción de trabajar en un país federal, con igualdad de oportunidades y donde ninguno de los presentes tenga que agradecer que nos den una limosna sino que podamos pedir lo que nos corresponde. Se trata del esquema ideal para vivir en una República. Señor presidente: hay muchos temas para tocar, pero voy a ser breve. Justamente, se dice que van a desfinanciar al Estado nacional. En ese sentido, en lo primero que tendrán que ponerse de acuerdo será en los discursos. Por un lado, escuchaba al señor miembro informante, a quien respeto mucho −el senador Calcagno y Maillmann−, decir que si se aprueba este proyecto los fondos que se girarán a las provincias desfinanciarán al Estado nacional. Y, por otro lado, uno escucha a los funcionarios del área de Economía del gobierno decir que eso no sería ningún problema. Por lo tanto, hay algo que no está bien, o alguien falta a la verdad.
Todos los que estamos aquí sentados pensamos lo mismo, o sea, que el impuesto al
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cheque es distorsivo, recesivo, que facilita las operaciones en negro y que castiga, por supuesto, a nuestros empresarios, comerciantes, industriales y, también, a los que trabajan por derecha. En consecuencia, todos queremos derogarlo. Ahora bien, también hay que reconocer que la señora presidenta dijo que lo derogará el año que viene. Permítanme no creer eso, por varias razones. En primer lugar, porque me quedo con el discurso del senador Calcagno y Maillmann. En ese sentido, creo que los oficialistas son muy buenos federales de la boca hacia afuera, y muy buenos unitarios a la hora de ejecutar y de repartir recursos. Por consiguiente, no creo en lo manifestado por la señora presidenta. Además, no le creo porque el año pasado, cuando se votó el presupuesto nacional, justamente por primera vez el oficialismo pidió la prórroga del impuesto al cheque por dos años; es decir que se extendía su vigencia hasta terminar su mandato, en 2011. Por esos motivos, me tomo la atribución de no creer en esa manifestación de la presidenta. En cuanto a los aportes del Tesoro nacional sucede exactamente lo mismo. Hay 9 mil millones de pesos retenidos acerca de los cuales quisiera saber si están, si no se transformaron en un asiento contable. Espero que estén. Y si están, verdaderamente lo ideal será que se redistribuyan en virtud de la gran cantidad de necesidades que tienen las provincias; además, es dinero que les pertenece. Por lo tanto, pienso que sería importante que también respecto de ese aspecto se practicara el federalismo, que es el paso que tenemos que dar rápidamente. Algunas de las cosas que pretendemos lograr considero que ni deberíamos debatirlas −porque son así, porque lo dicen las leyes y la Constitución−, tales como el respeto del mínimo del 34 por ciento de coparticipación. No nos olvidemos que todas las provincias argentinas, además, aportan el 15 por ciento de su coparticipación para financiar la ANSeS, y que eso se dio en un esquema de país distinto, ya que la República atravesaba una situación muy complicada; incluso, hasta se tomaba a cuenta de otros impuestos. Hasta que pudo revertirse la situación, gracias a Dios y −también hay que decirlo− al contexto internacional que les tocó vivir a los gobiernos de Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: precios del petróleo por las nubes y valores de nuestros commodities nunca vistos. Y a eso hay que sumarle el establecimiento de impuestos recesivos, tales como las retenciones agropecuarias. Entonces, a veces es fácil tener superávit y caja, pero hay que tener en cuenta que los momentos fueron distintos. Al respecto, a otros gobiernos les tocó gobernar con todo en contra: con precios del petróleo por el piso, con el mundo que casi no compraba nuestros commodities y, además, con tasas internacionales terriblemente altas. Acerca de este último aspecto los radicales −sobre todo durante el gobierno de Alfonsín− podemos hablar con propiedad. Por lo tanto, me parece que si en su momento la ANSeS quedara deficitaria, de todas maneras estaría muy bien lo que hayan hecho las provincias argentinas. Pero también estaría muy bien que cuando la ANSeS fuera superavitaria, ya que se trata de dinero de nuestros jubilados −el gobierno nacional ya fue por esa caja; ya fue por varias, y ahora trata de ir por la única que creo que queda, que son las reservas−, los fondos les sean devueltos a las provincias. Y si la ANSeS llega a ser deficitaria en algún momento, no me caben dudas de que todos los gobernadores de provincias y los senadores que estamos aquí volveremos a colaborar con ella.
Espero que este proyecto hoy se transforme en ley. Creo que los que defendemos a las provincias y los que queremos cumplir con la Constitución −porque aquí no venimos a inventar nada, sino a cumplir con lo que dice la Carta Magna−, si logramos la sanción de este proyecto, podremos devolverles dignidad a nuestros gobernadores y a los habitantes de cada una de las provincias. Asimismo, si logramos esto, no sólo van a recuperar la dignidad nuestros gobernadores, sino que también este Parlamento funcionará como debe, como un
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poder autárquico y autónomo; en síntesis, como uno de los tres poderes de la República. Porque también vamos a terminar con que muchos gobernadores argentinos les dejen los teléfonos colorados a los senadores tratando de cambiar su pensamiento, tratando de incitarlos a que voten a favor del gobierno porque, si no, se le terminan las limosnas que vienen a pedir todas las semanas o todos los meses a la Capital Federal. También se dijo aquí que es muy fácil ser senador de la oposición. ¿Qué quisieron decir? A ver, soy senador de la Unión Cívica Radical y en mi provincia soy un senador de la oposición. El gobierno de mi provincia es peronista. Algunos dijeron aquí que es fácil cuando se es oposición. Yo trabajé toda la vida, desde que estoy en este Senado, acompañando lo que es bueno para mi provincia, lo que es bueno para el país y, por supuesto, poniéndome absolutamente en contra cuando se nos quiere avasallar, cuando se nos quiere subestimar o cuando se quieren violar las leyes. Quiero rescatar a un senador de la Nación, que es el senador Artaza, Es un caso distinto al mío porque es un senador del oficialismo de su provincia. Soy testigo, como seguramente muchos aquí, de las presiones que ha tenido. Sin embargo, el discurso que hizo hoy el senador Artaza me llena de satisfacción. La verdad, que tener un par como Nito, y que pertenezca a mi partido, no es menor. Porque más allá de las presiones que puede tener de su gobernador, que es un gobierno al cual defiende, del cual participa y con el cual quiere colaborar, lo que no esta haciendo Nito es renunciar a sus principios. Lo dije hace muy poco en algún discurso aquí; a veces los radicales perdemos elecciones pero no perdemos principios. Más allá de felicitarlo a Artaza, insto a que todos nos pongamos la camiseta de nuestras provincias y que por encima de esa nos pongamos la de la Nación. Y que, por favor, aquellos que dicen que somos demagogos, aquellos que dicen que somos chicaneros, que por lo menos piensen que nos votaron a todos para defender a las provincias, para devolver la autonomía, para devolverle dignidad y para que podamos tener en la Argentina tres poderes absolutamente independientes. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano. Sr. Cano. – Señor presidente: a lo largo de este debate se plantearon algunas cuestiones que merecen una reflexión. En primer lugar, así como reivindicamos el rol del senador Artaza, quiero agradecer profundamente la actitud de la senadora del oficialismo que permitió, por el hecho de haberse sentado en su banca, que hoy estemos debatiendo temas que, lamentablemente, estaban vedados desde hace bastante tiempo en el Congreso de la Nación. Lo que definitivamente debemos entender es que el Congreso de la Nación, a partir del 28 de junio del año pasado, dejó de ser una escribanía que legitimaba las decisiones que tomaba el matrimonio Kirchner. En ese sentido, hay que contextualizar la historia de nuestro país y de las provincias, porque en el año 2003 el gobierno de los Kirchner asumió con un presupuesto nacional que rondaba los 66 mil millones de pesos mientras que el presupuesto ejecutado el año pasado rondó los 270 mil millones de pesos. Esto es bueno para el país y para las provincias.
Sin embargo, cuando uno habla de contextualizar el manejo y la concentración de recursos, durante siete años nunca se ha convocado a debatir la coparticipación federal. Por eso, irónicamente decía en la sesión pasada –ahora lo puedo decir mirando a la cara a mis colegas, como me gusta a mí decir las cosas, de frente– que pensaba que nos iban a rendir un homenaje a los senadores porque por primera vez en siete años convocaron a hablar de coparticipación federal a los diputados y senadores. Porque muchas veces se enteraron de decisiones del matrimonio Kirchner a través de los medios de comunicación, aún siendo oficialistas, y también que los gobernadores nos iban a agradecer el hecho de que los hayan
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convocado a todos a hablar de un nuevo régimen de coparticipación federal. Ahora, estuvieron seis o siete años para darse cuenta de que el Impuesto al Cheque es un impuesto distorsivo, a lo cual adherimos. Yo presenté un proyecto de coparticipación del Impuesto al Cheque, y los fundamentos están. Sería bueno tomarlo como pago a cuenta de IVA o de Ganancias. ¿Demoraron seis o siete años en darse cuenta, después de que se apropiaron de fondos de las provincias que hubiesen significado saldar el 54 por ciento de la deuda pública que las provincias tienen con la Nación? Entonces, me parece que es positivo que estemos discutiendo estos temas. Le decía al senador Calcagno, a quien escuché atentamente, que creo absolutamente que la fundamentación que él hace la hace desde sus convicciones. Evidentemente no coincidimos en la visión que tenemos de lo que es el federalismo y de lo que es la legalidad, o de la diferencia entre la legalidad y la discrecionalidad. Acerca de las ampliaciones presupuestarias del presupuesto subestimado por esta lógica durante todos estos años del gobierno nacional yo decía que el Ministerio de De Vido recibió algo más de 1.500 millones de pesos de ampliación presupuestaria de lo que recibe en todo concepto la provincia de Tucumán. Por supuesto que ahí aparece Jaime, aparece la discrecionalidad y aparecen los hechos de corrupción; porque cuando hay discrecionalidad, cuando hay facultades delegadas y cuando hay ampliaciones presupuestarias que son manejadas por el jefe de Gabinete, que en una actitud realmente repudiable y lamentable que no se condice, no con la persona de Aníbal Fernández, porque en otra oportunidad tal vez podamos hablar de la historia del personaje, de la ambigüedad del personaje, que alguna vez hasta supo ser prófugo de la justicia, trata de “jefe de una banda” al vicepresidente de la Nación y a nosotros, los senadores, que en todo caso lo que estamos haciendo es honrar el rol que la sociedad nos dio... ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué planteamos el tema del federalismo, del Impuesto al Cheque y del INDEC, que ya no lo decimos solamente los que estamos en la oposición, porque el propio presidente provisional del Senado dijo que al INDEC no le cree absolutamente nada? ¿Por qué coincide esta “banda”, como la califica este personaje que hoy es progresista, como son los Kirchner, y que en la época del menemismo declaró a Menem visitante ilustre de El Calafate, con el matrimonio Kirchner, y lo alababa en actos públicos diciendo que acompañaba la transformación de la Argentina cuando se privatizaban las empresas nacionales y que ahora es estatista? Antes eran privatistas, con Menem, y ahora son estatistas con los Kirchner.
¿Por qué nosotros coincidimos, los senadores del peronismo federal, del radicalismo? Porque nuestras propuestas fueron justamente estos temas: fue discutir el federalismo, discutir la coparticipación, discutir la relación Nación-provincia. Estas fueron las propuestas con las cuales nos presentamos el 28 de junio del año pasado. Y a veces uno veía las propuestas que en otras provincias llevaba el referente del peronismo disidente o federal y coincidía. Entonces, obviamente, lo que estamos haciendo es ser coherentes con la manera en que nos presentamos ante la sociedad argentina. Y el oficialismo tiene todo el derecho de opinar de manera contraria, porque ellos se presentaron de otra forma, y aquí nadie califica, pero digamos las cosas como son. Yo soy opositor porque el pueblo de Tucumán me votó para que sea oposición y para que sea contralor de los actos del gobierno, lo cual no implica que en muchas situaciones vamos a estar de acuerdo, como lo estuve en la Legislatura provincial, en donde hay 44 legisladores oficialistas, que es lo que votó el pueblo de Tucumán. Esa elección del 2007 a la que hizo referencia el senador Mansilla es real. Tuvo un amplio apoyo el gobernador y eso le dio una mayoría en el Poder Legislativo. He sido oposición y en muchos casos he acompañado propuestas del gobierno, porque de eso se trata.
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Ahora, en algún momento, tenemos que clarificar las cosas, porque uno escucha a algunos senadores que hicieron campaña política con Elisa Carrió planteando feroces diferencias con este gobierno nacional. Y si de pronto han encontrado que se equivocaron cuando se presentaron ante la sociedad, planteándose como una alternativa diferente, y hoy acompañan a este gobierno, está bien que aquí se lo diga y públicamente. Entonces, señor presidente, nosotros creemos que 27 años de democracia, y en vísperas del Bicentenario, esto debe necesariamente significar un punto de inflexión para aprender de los errores del pasado, errores que seguramente hemos cometido todos. Y a partir de este punto de inflexión tenemos que empezar a discutir los temas que necesariamente tenemos que discutir, que la clase política tiene que discutir y que, lamentablemente, como decía, estaban vedados en el Congreso de la Nación. Hablo de temas que ni a Morales, ni a Rodríguez Saá, ni a ninguno de los senadores que formamos parte de este Senado y que somos opositores se nos ocurrió instalar en esta agenda, sino que es lo que votó en un 70 por ciento el pueblo argentino el 28 de junio del año pasado. Y ese cambio de escenario es el que nosotros tenemos que representar acá. Entonces, debemos incorporar a la agenda política temas de los que nadie habla. No entiendo y no logro hilvanar una actitud coherente cuando se dice que si coparticipamos el impuesto al cheque, las provincias van a dejar de recibir fondos por otro lado. Eso no tiene absolutamente nada que ver con coparticipar diez mil millones del impuesto al cheque. El senador Calcagno dijo que si se coparticipan esos diez mil millones de pesos se viene la hecatombe en el país. Pero hace unos días el ministro de Economía dijo todo lo contrario, que no afecta a la Nación argentina ni a las provincias la derogación total de este impuesto al cheque. Entonces, ¡pongámonos de acuerdo! Cuando nosotros planteamos la coparticipación de acuerdo a la ley de coparticipación federal, los recursos están de las subestimaciones presupuestarias año a año, como el año pasado, con más de 40 mil millones de ampliación presupuestaria. Entonces, señor presidente, como senador por la provincia de Tucumán voy a apoyar absolutamente esta iniciativa porque significa que mi provincia reciba de manera directa dos millones de pesos por día, 50 millones de pesos por mes y más de 500 millones de pesos al año. También significa que esos fondos públicos van a ir incorporados a los presupuestos provinciales que serán aprobados por el Poder Legislativo y que entrarán bajo el control del Tribunal de Cuentas de las provincias, de manera automática. Además, hay que decir que si uno suma los presupuestos ejecutados por el gobierno nacional y los presupuestos ejecutados por las provincias argentinas durante los siete años de la gestión del kirchnerismo, el Estado nacional manejó más de 850 mil millones de pesos, es decir, el 75 por ciento; y entre las provincias sólo se distribuyó el 25 por ciento. También hay algunas verdades que las vamos a reconocer y hay otras que no son tan verdades. Digo esto porque Tucumán, por una buena gestión provincial, recibió –porque es una de las provincias más beneficiadas– fondos por otros planes de vivienda. Pero el año pasado, no recibió absolutamente en concepto de coparticipación de ATN. De la misma manera, al no ejecutarse el 34 por ciento del piso que establece la ley de coparticipación federal, si se suman todos estos recursos, Tucumán recibiría mucha más plata de manera automática y por la aplicación de las leyes y de la Constitución Nacional de las que recibe discrecionalmente, porque no vaya a ser cosa que mañana el gobernador de la provincia de Tucumán se oponga a alguna medida del gobierno nacional y le ocurra lo que le ocurrió a algunos gobernadores del Frente para la Victoria, a los que casi le incendian las provincias cuando se pusieron del lado de la producción y del campo.
De esto se trata, señor presidente, de qué entendemos por discrecionalidad, por
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legalidad y por federalismo. Repito, marquemos un punto de inflexión, en 27 años de democracia y en vísperas del Bicentenario, y homenajeemos quienes venimos de Tucumán a nuestro comprovinciano Juan Bautista Alberdi, cuando hablaba del rol que tiene el Senado, como sistema mixto en el parlamento para defender los intereses federales, que no son incompatibles con los intereses de la Nación. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cimadevilla. Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: a lo largo de esta tarde y en este debate, se han abordado cuestiones relativas a cómo se reparten los impuestos entre la Nación y las provincias lo que lleva, en la actualidad, a que estas últimas reciban menos del 30 por ciento de la masa coparticipable. Pero creo que ésta es una consecuencia de un tema que no podemos dejar de abordar, porque tiene también su correlato en otra cuestión, que es la manera como se gerencia el poder en la Argentina. Hoy, el poder en nuestro país se gerencia de una manera discrecional, habiéndose armado un esquema de concentración de recursos en manos del matrimonio presidencial, habiéndose despojado a las provincias de esos recursos y habiéndose hecho votar una ley de superpoderes para que esos recursos sean administrados a su antojo, modificando el Consejo de la Magistratura para que garantice impunidad y –por si fuera poco, en este esquema– echando mano de la Ley de Medios. Este es el esquema de poder que, hoy, impera en la Argentina. En esto –debo decirlo– han tenido mucha responsabilidad algunos gobernadores. Recuerdo que, en mi provincia, advertíamos al hoy gobernador Das Neves la trampa en la que íbamos a caer como estado federal apoyando iniciativas del kirchnerismo. Hoy, el gobernador Das Neves es un crítico de la gestión de Kirchner, pero actúa de la misma manera. En mi provincia, el gobierno se queda con el 90 por ciento de la coparticipación federal y tan sólo el 10 por ciento se coparticipa a los municipios. Y de las regalías petroleras, el gobierno provincial se queda con el 84 por ciento y coparticipa a los municipios sólo el 16 por ciento. Creo que, también en este caso, se debería predicar con el ejemplo. Esto marca en la Argentina una necesidad, la de recuperar para el Congreso de la Nación la gestión, para hacerse cargo de los temas centrales de un funcionamiento republicano. Para ello, el Congreso tendrá que tener el control del presupuesto, de la ejecución del mismo, el control del gasto y de los ingresos generados por la actual estructura impositiva. Esto, hoy, no existe. El presupuesto debe ser tomado como un eje central de las políticas públicas. De allí la necesidad de su rediscusión a esta altura del año. Y si algo es evidente en nuestro país es la carencia de instrumentos consensuados, no arbitrarios, para la distribución de los recursos fiscales. Es necesario en la Argentina volver a procedimientos normales y previsibles para ordenar la distribución de gastos e ingresos que le den sustento a cualquier política pública. No puede el Poder Ejecutivo, respecto del gasto público, reasignar recursos sin control. Y esta discusión por supuesto que la damos estando la dirigencia política argentina en falta, como decía muy bien el senador Verani. No tenemos aún una ley de coparticipación federal a pesar de la manda de la disposición transitoria de la Constitución de 1994. No participan las provincias porque no se ha creado el organismo fiscal federal que prevé el artículo 75 de nuestra Constitución en lo que se refiere a las políticas fiscales y su reparto. Es la Nación, de manera unilateral, la que viene distribuyendo fondos en el país y toda la participación recaudatoria, con ausencia de la opinión de las provincias, está en manos de la AFIP.
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Es cierto que es necesario recuperar el federalismo, pero lo vamos a hacer en la medida en que estemos dispuestos a cambiar la manera de gerenciar el poder en la República. Y es necesario discutir una nueva ley de coparticipación y no ser tan escépticos, como la senadora por Jujuy, porque la propia Constitución nos da las pautas sobre las cuales tenemos que discutir. Y no es sólo en función de lo que cada provincia produce, sino también -lo dice expresamente- de la solidaridad y la equidad. Y hacer previsibles los gastos en cualquier presupuesto es mucho mejor que manejarlos de manera discrecional. Así que voy a acompañar, junto con mi bancada, el dictamen a favor de la ley de cheque, pero haciendo votos también para que podamos ponernos de acuerdo en una nueva ley de coparticipación federal y que todos los integrantes de este Congreso volvamos a darle el protagonismo que la Constitución le ha reservado en lo referente a todos estos temas fiscales.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Juan Carlos Marino.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el senador Roldán. Sr. Roldán. – Señor presidente: más allá de la discusión puntual con respecto a esta ley tan importante para las provincias argentinas, el debate central acá es cuándo y cómo vamos a hacer realidad la forma de Estado que manda nuestra Constitución nada menos que en su artículo 1°. Y esto tiene que ver con la distribución territorial del poder, más allá de que acá estemos discutiendo distribución de dinero. Lo cierto es que la deformación de nuestro sistema, de nuestra forma de estado, tiene que ver con que no se cumple lo que he mencionado. No se cumple la razón de ser de nuestra forma de estado que tiene que ver con las autonomías provinciales. Y lo que es más trágico y más grave es que acá peyorativamente siempre se dice que nosotros no somos más un estado federal, sino mas bien unitario. Y permítanme decirles que nosotros no alcanzamos ni siquiera a ser un Estado unitario. Francia, Chile y Uruguay son estados unitarios, pero no por ello sus gobernantes se atreven a maltratar a sus conciudadanos y a distribuir inequitativa e injustamente sus recursos. De esto se trata. Y lo digo porque creo que hay una cuota de patriotismo que necesitamos, en especial la dirigencia política, para ponernos de acuerdo de una vez por todas para hacer realidad esto del federalismo. Tenemos que aprender de nuestros próceres. Estamos retrocediendo el camino que ellos nos enseñaron. Porque todos sabemos que nosotros como Nación nos constituimos cuando los caudillos, aquellos jefes políticos que tenían poderes muy importantes, casi al extremo de ser autoritarios dijeron un día: tenemos que ser una nación, tenemos que ser un país civilizado. Y para ello nos legaron una constitución. Por todos es sabido que el constitucionalismo tiene como principio, como objetivo, la limitación del poder a través de una fórmula cierta y escrita que es la Constitución. Pero hoy, aparentemente, de lo que expresa y manifiestamente se dijo acá –en forma tácita se lo ha reconocido– estamos en manos de un caudillo. Y lo más grave es que está a la sombra del poder formal, porque no lo ejerce formalmente pero sí de hecho.
Acá se dijo que algunos senadores prefieren resignar la operatividad del federalismo en la Argentina y que las cosas se hagan institucionalmente, porque de esa manera reciben beneficios en forma arbitraria. Permítanme decirles que acá se usa mucho la palabra discrecionalidad, pero la discrecionalidad no implica arbitrariedad porque se tiene que hacer dentro del marco de la legalidad, y acá se lo hace en forma ilegal. Se somete a las provincias a situaciones indignas, y no solamente se ha producido una deformación en lo que tiene que ver con los recursos y con el estándar de vida que deberían tener los correntinos
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sino que últimamente fue tristemente célebre la conducta del gobernador Ricardo Colombi, quien fue protagonista de uno de los hechos de corrupción más grave de la vida institucional de este país. Fue electo gobernador llevado por la Unión Cívica Radical y, a días de asumir, se manifestó a favor de la candidatura de Néstor o de Cristina Kirchner, so pretexto y con el justificativo de que de esa manera iba recibir beneficios la provincia. Es decir que para poder gobernar una provincia, en este país hay que ser un sinvergüenza político, defraudar a los ciudadanos que han confiado en la palabra y desconocer el compromiso que ha tenido ese dirigente. Estas son las cosas que tenemos que discutir los argentinos, si de una vez por todas queremos ser un país en serio, si de una vez por todas queremos actuar correctamente y dejar de estar buscando el atajo y peleándonos entre provincias. ¡Qué lejos estamos del legado de nuestros próceres que nos exhortaron en el mismo Preámbulo, como se mencionó acá, a constituir la unidad nacional! Y estamos acá chicaneándonos y viendo qué punto más, qué punto menos de coparticipación le toca a uno o a otro, cuando sabemos muy bien que la torta que tenemos que repartir es la de la coparticipación primaria. Eso es lo que nos han sacado a las provincias so pretexto de realizar grandes obras en la Argentina, grandes obras que dan grandes dividendos a los funcionarios que las ejecutan, porque el grado de corrupción que hay en este gobierno no tiene antecedentes en la Argentina. Sr. Mayans. – De la Rúa, otro delincuente. Sr. Roldán. – Seguramente De la Rúa tendrá muchos defectos pero sinceramente tener que vivir en un país que se maneja de la manera en que se maneja…
– El señor senado Mayans realiza manifestaciones fuera de micrófono.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Mayans, respeto, por favor. Después tendrá la palabra usted. No dialoguen señores senadores. Sr. Mestre. – Porque ustedes están inmaculados... Sr. Roldán. – Seguramente, si causé alguna reacción ha de ser porque alguna razón tendré. Porque, en todo caso, si lo que dije hubiera sido falso, no hubiera causado molestias de ningún tipo. Lo cierto es que este es el país en el que vivimos, pero creo que los argentinos nos merecemos y necesitamos algo mejor. Más allá de los desencuentros y, quizá, de las molestias que le pueda haber causado al senador, yo lo invito a ponernos de acuerdo porque este no es un problema de Corrientes ni de Formosa, sino de todos los argentinos. Porque creo que la sociedad argentina ha entendido que el federalismo no es solamente una abstracción o una formalidad, sino que cuando lo hagamos realidad en nuestro país el derramamiento de los recursos, el estándar de vida de todos nuestros ciudadanos, con independencia del lugar geográfico en el que se encuentren, será parejo y tendrá un mismo trato, que es lo que corresponde. Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Colazo. Sr. Colazo. – Simplemente, quiero hacer una apreciación y dos aclaraciones. Además, voy a pedir la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones, dado que ya se han dicho muchas cosas en esta sesión.
La apreciación es la siguiente: recuerdo que cuando estaba en Córdoba –yo pasé 25 años ahí y 30 en Tierra del Fuego– era delegado de la UOM en la Fiat Concord, que era una fábrica de automóviles. La solicitada que vi en el diario Clarín ayer me hizo recordar cuando los compañeros nos juntábamos para ver en qué lista estábamos. O sea, que repudio totalmente la solicitada arbitraria que publicaron para convocarnos para hoy aquí. No estoy
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sentado en esta banca por esa solicitada, sino por mi bloque y por el respeto que tengo por todos mis pares. A su vez, voy a hacer dos aclaraciones para hacer un aporte a lo que decía el señor senador Martínez, del ARI: nosotros vivimos en una provincia bendecida por Dios, que es Tierra del Fuego. Por ello, con muchas de las cosas que escuché hoy aquí no estoy de acuerdo. Tengo dos camisetas puestas: una de Belgrano de Córdoba y otra de Tierra del Fuego. Por esta última voy a votar en contra de esta modificación de ley de coparticipación del impuesto al cheque. Por otra parte, señalo que generamos más divisas para la provincia de la Tierra del Fuego con el programa de asistencia financiera que con esta iniciativa. Por ello, tenemos el apoyo de los dos senadores del ARI y de la gobernadora de la Tierra del Fuego –que también pertenece a ese partido politico–. Asimismo, yo también voy a votar en contra de este proyecto de ley. Asimismo, quiero decir que yo no tuve la suerte de ser profesional; sí la tuvieron mis dos hijos. Incluso, una hija mía es abogada y escribana. Yo no soy escribano, sino que soy un senador electo por el pueblo de la Tierra del Fuego y me debo a esa provincia que me adoptó hace más de treinta años. No soy ningún escribano y creo que ninguno de los que estamos acá actuamos como tal, más allá de que pueda haber alguno que ejerza esa profesión. Creo que estamos acá defendiendo a este gobierno federal y popular, que es el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dio a Tierra del Fuego un montón de cosas; digo esto como ex gobernador y ex intendente dos veces. Fíjense que acá me hicieron llegar una inversión que se hizo en Tierra del Fuego recientemente: ¡500 millones de dólares! Todas estas inversiones en obras públicas, en salud, en educación, en vivienda, etcétera, se han realizado gracias a esta presidenta de la Nación. Por ello, en agradecimiento del pueblo de la Tierra del Fuego vinimos hoy aquí los tres senadores por esa provincia para votar en contra de este proyecto de ley, con el objeto de seguir ayudando a nuestra provincia – tal como lo está haciendo la señora presidenta hasta el día de hoy–. Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Mayans. Sr. Mayans. – Señor presidente: quisiera saber si en mi calidad de vicepresidente de bloque tengo algún tiempo adicional para poder hablar… Sr. Presidente (Marino). – Tiene diez minutos. Sr. Mayans. – Al señor senador Sanz y a todos los demás, ¿también le corresponden diez minutos? Sr. Presidente (Marino). – Exactamente. Sr. Mayans. – Perfecto. En ese sentido, es injusto esto del tema de los bloques ya que algunos hacen bloques unipersonales y tienen treinta minutos para hablar y nosotros no podemos hacerlo por más de diez minutos. Sr. Presidente (Marino). – El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical tendrá su tiempo, como lo tiene el presidente del Frente para la Victoria y como lo tienen los presidentes de los bloques unipersonales. Pero usted tiene el mismo tiempo que el resto de los señores senadores. Sr. Mayans. – Ahí está el problema. La verdad es que el tiempo es injusto. Sr. Presidente (Marino). – Es un problema de Reglamento. Sr. Mayans. – Hay que arreglar eso porque no nos podemos expresar. Sr. Presidente (Marino). – Le solicita una interrupción la señora senadora Negre de Alonso, ¿la concede? Sr. Mayans. – Que no me corten el reloj.
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Sra. Negre de Alonso. – Tengo la solución. Tiene que hacerse presidente de bloque. Así tendrá los treinta minutos. Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Mayans. Sr. Mayans. – Voy a tratar de resumir. En este país alguien dijo hace un tiempo que a este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. También hay un concepto básico de nuestros principios que dice que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Tampoco nadie se realiza en un país que no se realiza. De ahí que en estos esquemas de distribución de recursos tiene que estar presente la solidaridad y la comprensión ya que hoy nos puede ir bien y mañana mal. Quizás haya alguna catástrofe que dificulta nuestra economía y se va a necesitar de la solidaridad de los otros Estados. Este país tiene dos problemas. Uno es la deuda externa y el otro es la deuda interna. La deuda externa es lo que viene jaqueando al sistema democrático desde sus inicios y, lamentablemente, algunos gobiernos no pudieron resolverla, tal el caso del doctor Alfonsín. El doctor Alfonsín debió irse seis meses antes de concluir su mandato dejando una hiperinflación de 5000 puntos –y no hago un ataque sino que aludo a la realidad–, precisamente, jaqueado por ese problema. Se debió ir antes porque no pudo resolver el problema. Dejó el país con una deuda de 100 millones de dólares. Es decir, quiebra del país, con hiperinflación y sin recursos. Cuando llega el gobierno de la Alianza sucede lo mismo. Deja 180 mil millones de deuda externa y un PBI de 100 mil millones, todo lo cual equivalía a un quiebre del país. El otro problema, como dije, es la deuda interna, que algunos tienen la visión de cómo resolverla. Veamos cómo son los dos esquemas de resolución. El gobierno de la Alianza le dijo a las provincias que tuvieran déficit cero y que se arreglaran como pudieran. De ahí que la única verdad es la realidad. Hay dieciséis provincias que emitieron bonos, entre ellas, dos muy importantes en lo que hace al PBI nacional, la de Buenos Aires y la de Córdoba. La de Buenos Aires representa el 40 por ciento del PBI nacional y la de Córdoba el 15 por ciento. Hablamos del 55 por ciento del PBI del país. Imaginen a estas dos provincias emitiendo bonos. ¿Qué recauda este país? Bonos. Cuando hay dieciséis provincias que emiten bonos, el país recauda bonos. Entonces, en estos dos puntos estratégicos a resolver –son problemas que vienen desde 1983 a la fecha– se ha tenido una visión diferente. Por ejemplo, el gobierno del doctor Kirchner solicitó una quita precisamente por la quiebra que existió en el país, y tuvo éxito en esta tarea. De tener 180 mil millones de dólares de deuda y un PBI de 100 mil millones de dólares, cuando se retira del gobierno la deuda ascendía a 117 mil millones de dólares y el PBI era de casi 300 mil millones de dólares. Esto, indudablemente, cambia la relación deuda-PBI. Fue exitoso y, en ese sentido, debo reconocer que tuvo el acompañamiento de distintos sectores de la oposición porque era un problema general que había que trabajarlo en conjunto. Pero el país creció y eso permitió resolver el gravísimo problema. El otro problema pendiente, que veo que preocupa a algunos senadores de provincias amigas, es el tema de la deudas que, por distintas razones, se han ido generando a lo largo del tiempo. Algunos hablan de provincias mal administradas y de provincias que tuvieron problemas en los tiempos de la caída de Alfonsín que debieron sacar créditos para pagar los sueldos. Pero la única verdad es la realidad: tenemos ese país.
¿Por qué tuvieron que emitir bonos las provincias? Porque se trataba de 28 mil
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millones de dólares. Por eso, aquí no podemos hablar de "Nación contra provincias". Hay que considerar que, en su momento, se firmaron diversos pactos. Para que las provincias pudieran recuperar el 85 por ciento de la coparticipación, se firmó un pacto a través del cual la Nación se hizo cargo de ese grave inconveniente. Y en cuanto al 15 por ciento, se les dio la posibilidad de ir resolviendo el problema de la deuda. Entonces, reitero, no podemos hablar de "Nación contra provincias", de "provincias contra Nación" o de "la plata que nos robaron", entre otras barbaridades que se manifestaron. Hay que considerar los diversos pactos que se celebraron desde el inicio de la democracia a la actualidad y todos los problemas que tuvimos. Asimismo, hay provincias que fueron promocionadas, algunas durante veinte años. Y me alegro de que les haya ido bien. Sin embargo, mi provincia no recibió promoción de ningún tipo. Si el Chaco, Corrientes, Formosa o Misiones, que están a dos pasos del Paraguay y a tres del Brasil, también hubieran sido beneficiadas por las promociones, tal vez, habríamos alcanzado un alto grado de desarrollo industrial, nos hubiera ido mejor y, por ejemplo, no hubiésemos tenido el problema de la deuda. Sin embargo, no tuvimos esa suerte. Entonces, a algunas provincias les fue bien y a otras muy mal; y analizar sus situaciones nos lleva más que diez minutos. Ya que se habló del tema de la distribución, debo decir que la última recaudación que tuvo el gobierno de la Alianza fue de 2.200 millones de pesos, y que, actualmente, se alcanzan los 30 mil millones. Entonces, imagínense cuánto recibían las provincias en aquel momento. Además de tener el 90 por ciento de la coparticipación confiscada, su recaudación era pésima. Entonces, esos son los dos problemas que estamos tratando de subsanar. ¿Cómo se desarrolló todo este tiempo la relación Nación-provincias? A través de leyes convenio, que se inician a propuesta del Poder Ejecutivo luego de que analiza, junto con los gobernadores, las situaciones que los afectan. Aquí hay muchos senadores que fueron gobernadores y saben el origen de casi todos los pactos desde 1983 a la fecha. Y esos convenios fueron ratificados por el Poder Legislativo nacional y por las legislaturas provinciales. Por eso, no puede hablarse tan livianamente del tema y decir "lo que hicieron en aquel tiempo...", pues todos conocemos lo que sucedió y el tratamiento que tuvieron tanto la deuda externa nacional como la de las provincias. En virtud de que nadie se realiza en una comunidad o en un país que no se realiza, debe resolverse el problema de las deudas de las provincias, que en su momento estaban libradas a su suerte frente a los bancos. En este sentido, en tiempos de la Alianza, nosotros llegamos a tener 36 por ciento de tasa de interés. Al respecto, hay que tener en cuenta que no es igual que una provincia negocie en forma unilateral a que cuente con el respaldo del gobierno nacional y del Banco Central; es absolutamente distinto. En consecuencia, este tema no puede tratarse en forma unilateral. Aquí estamos discutiendo sólo la posibilidad de contar con un 24 por ciento más de coparticipación. Pero con eso no resolvemos el problema del país. Para muchas provincias, incluida la mía, este tratamiento unilateral sin el acuerdo previo de todos los gobernadores es altamente negativo. Entonces, aquellos que dicen que defienden a sus provincias están haciendo todo lo contrario, porque por un 20 por ciento, están afectando una negociación, lo cual es altamente perjudicial. Hay que tratar el conjunto de los problemas. Por ese motivo, de la Rúa les pidió a los gobernadores que lo ayudaran a resolver el problema que tenía. Y así nació el impuesto al cheque, que es una ley y un recurso absolutamente de emergencia para tratar de resolver, precisamente, los inconvenientes que enfrentaba el gobierno y que eran insostenibles.
Esa era la situación por la que pasábamos. Y ni hablar de lo que fue la renegociación
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de la deuda externa. Se trató de una negociación corrupta, vergonzosa, lamentable y desastrosa, que dejó postrado al país. Y cuando le tocó negociar con las provincias, les dio la espalda; les dijo "arréglense como puedan". Entonces, no podemos decir aquí que la Nación estafó a las provincias, porque eso no es cierto; es una gran mentira. Si repasamos los pactos fiscales celebrados desde el principio de la democracia hasta la fecha, advertiremos que todos juntos hemos hecho un gran esfuerzo y que cada uno hizo lo que pudo en esa difícil situación. No vengamos a decirle aquí al pueblo argentino que con el 20 por ciento del impuesto al cheque vamos a resolver todos los problemas, porque es una mentira. Sr. Presidente (Marino). – Senador, si puede ir redondeando, se lo agradezco. Sr. Mayans. – Voy a tratar de redondear. Esta es una ley convenio; necesitamos la firma de todos los gobernadores y tiene que ser ratificada por el Poder Legislativo. Entonces, por más que diga la señora senadora Escudero que no, esta es una ley convenio. Por lo tanto, se necesita mayoría especial para poder rectificar esta ley convenio, sino la ley no existe. Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito una interrupción. Sr. Presidente (Marino). – Corresponde el uso de la palabra al senador Romero. ¿Le permite una interrupción a la señora senadora Escudero? Sr. Romero. – Cómo no. Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Escudero. Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero aclararle al senador preopinante que la ley convenio aprobada por las provincias es la de coparticipación federal y que la norma que crea el impuesto al cheque no es ley convenio. No ha sido ratificada por las provincias. Sr. Mayans. – Está ratificada. Sra. Escudero. – No, señor senador. Sr. Presidente (Marino). – Senador Mayans, por favor. Sra. Escudero. – Esa es la equivocación que tiene. La única ley convenio es la de coparticipación federal. Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Romero. Sr. Romero. – Señor presidente: no voy a usar todo el tiempo que me autoriza el artículo 163 del Reglamento como autor del proyecto, pero sí voy a utilizar más de 10 minutos. A esta altura del debate, han girado varios argumentos reiterados por ambas posiciones. Sin embargo, en quienes defendemos la coparticipación del impuesto al cheque no he observado que se dijera que con esta norma acabamos con los problemas. Al contrario, han sido muy contundentes los señores senadores y senadoras de que esto es un comienzo, de que esta es una posición política para desandar muchos años de desaciertos y de creciente centralismo que ha ido habiendo en la distribución de los fondos. No voy a hacer historia, pero esto comienza cuando en la década infame, allá por el 30, las provincias, lamentablemente, comenzaron a ceder la recaudación a la Nación. Y aquellos constituyentes visionarios, como Alberdi, que diseñaron un modelo pensando en el futuro y no basado en el pasado, soñaron un país federal. Sin embargo, esa dicotomía argentina entre federalismo y centralismo, que lleva tantos años como el bicentenario, hace que cada tanto este tema entre en danza. Tampoco es cuestión de provincias malas o buenas, o de Nación mala o buena, sino que es una dicotomía como muchas de las que los argentinos no pudimos resolver para darle Justicia y equilibrio al país.
Aquí, muchos senadores cuentan las bondades y las ventajas de este modelo que les asigna recursos, obras y progreso, pero nosotros queremos que todo el país tenga esa
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posibilidad de crecer equilibradamente. Nunca me he sentido egoísta con otras provincias que han tenido promociones o recibido grandes obras, pero lo cierto es que el desequilibrio es muy grande. Como gobernador de mi provincia durante doce años –período durante el cual la hemos ordenado, no hemos solicitado nada extra y fuimos un modelo de gestión autónoma–, pude apreciar que el federalismo que se soñó en el país no es solamente el de la declamación y el político de la división territorial. La base de la autonomía política provincial está en la autonomía económica, y eso es lo que se ha ido perdiendo. No voy a culpar a este gobierno, porque este mal de la centralización es antiguo. Aunque también es cierto que este gobierno no ha hecho nada, a pesar de los discursos y las actitudes previas, tanto del ex presidente como de la actual presidenta, cuando él era gobernador o cuando ella compartía este lugar en el Senado, o en la misma Convención Constituyente. Aquí estuvimos varios gobernadores –como señaló el senador por La Pampa– pidiendo que, desde el momento de su creación este impuesto fuese coparticipable. Después se hicieron gestiones y se logró ese 30 por ciento que está menguado por varios otros acuerdos, pero lo cierto es que, si bien no resuelve el tema, estamos cumpliendo con la Constitución, que justamente dice que si un impuesto no tiene afectación específica es coparticipable. Y es lo que ha sucedido, porque desde la última reforma, ya en la época del doctor Kirchner –en 2006–, este proyecto deja de ser de afectación específica, tal como dice el programa fiscal económico, y el artículo 75, inciso 2), de la Constitución expresa claramente que es coparticipable. Se ha hablado mucho de que estamos desfinanciando algo. ¿Qué vamos a desfinanciar? Si le transferimos 10 mil millones a las provincias, les vamos a evitar a ellas que vengan a pedir 10 mil millones. Por lo menos la Nación, tendrá el pretexto de decir “miren, como ahora les estoy mandando automáticamente 10 mil millones, no me vengan a pedir dinero extra”. Lo cierto es que acá se ha hablado del programa de financiamiento ordenado, o algo similar. En realidad, yo no conozco el nombre exacto porque, felizmente, Salta nunca adhirió a ese programa, ya que este significa que nos prestan dinero que, por otro lado, nos lo quitan. De esa manera, las provincias están contentas, pero tienen que venir a renovar una deuda todos los años; tienen que venir a renovar un crédito y hacer la fila de lo que yo llamo la domesticación que el gobierno viene ejerciendo, en la cual van ordenando políticamente a las provincias. Yo conozco a gobernadores –muchos de ellos son amigos míos– que actúan por convicción, y eso es obediencia debida, pero también sé de muchos otros que actúan por estado de necesidad, porque, si no les renuevan ese préstamo anualmente, no pueden subsistir políticamente, dado que –como se ha dicho aquí– la carga de la presión en educación, en salud, en políticas sociales y en seguridad está sobre las provincias. Lo que queremos hacer aquí es ir dándole previsibilidad a la distribución de recursos. Estamos pidiendo que, incluso, la Nación pueda decir “de los 23 mil millones que distribuimos discrecionalmente, vamos a restar estos 10 mil que el Congreso ha destinado directamente”. Está bien, 10 mil irán por vía directa y 13 mil seguirán siendo discrecionales. Ese enojo, ese capricho y esa negativa no la entiendo. Cumplimos con la Constitución; entonces, no entiendo por qué semejante enojo si, además, esto puede llegar a ser neutro desde el punto de vista financiero y económico. ¿Qué hay: capricho, soberbia? ¿Por qué ese enojo, esa crispación, y por qué decir que esto es dañino y que no se lo puede aceptar? ¿Por qué es inaceptable?
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Esas son las cosas que nos suceden con este gobierno y que también nos ocurrieron a los argentinos en muchas épocas: el no encontrar acuerdos, el no encontrar más que puntos de fricción; pasó con el campo y con muchas leyes que aquí no se quisieron revisar, y ahora va a pasar con este proyecto. Aquí ya se pinta una posibilidad apocalíptica de funcionamiento del país si este proyecto llega a ser aprobado. Creo que el hecho de que un senador que representa a las provincias admita la imposibilidad de aprobar la coparticipación es no cumplir con el mandato que tiene; lamentablemente, es un síntoma de no tener creencias en las propias fuerzas y en el mandato constitucional. La Carta Magna, entre las cláusulas transitorias, nos impuso hace varios años aprobar una ley de coparticipación. Lo más novedoso de esas cláusulas transitorias es que dicen que, si admitiéramos que esto es quitarle recursos a la Nación, eso no está prohibido para las provincias, pero sí para la Nación. La cláusula transitoria sexta –refiriéndose a la coparticipación durante este período hasta que se dicte la nueva ley– dice que “…no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación”. Obviamente, acá dice que a las provincias no se les puede bajar; pero a la Nación, sí. Contrariamente, a la Nación sí, porque eso es lo que determinaron los convencionales. Además, ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿Nos vamos a poner a discutir la coparticipación para que las provincias se peleen por las migajas? ¿Vamos a inventar otros indicadores sociales o de población? Si es así, de lo que hay, debemos darle la mitad a la provincia de Buenos Aires, porque justamente gracias al país desequilibrado que tenemos es donde se concentró la mayor cantidad de pobreza, de gente del interior que durante cincuenta años tuvo que moverse desesperanzadamente para obtener las respuestas que las provincias no podían darle por la inequidad de la coparticipación. Sr. Mayans. – Pido la palabra para una interrupción. Sr. Presidente. – El señor senador Mayans le solicita una interrupción. ¿Se la concede? Sr. Romero. – Sí, señor presidente. Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Mayans. Sr. Mayans. – Quiero preguntarle algo al senador: si en abril de 2002, cuando se firma la ley convenio entre la Nación y las provincias, y donde se habla de todo este esquema de coparticipación –incluso, de la ley del impuesto al cheque–, era gobernador de la provincia de Salta. Sr. Romero. – Exactamente. Sr. Mayans. – Y acá está ratificado el convenio por la provincia de Salta. Sr. Romero. – Le digo que no firmamos el Programa de Financiamiento Ordenado. A ese me refería, porque nunca hemos tomado financiamiento. Sr. Mayans. – Pero la ley 25.570 sí la firmó. Sr. Presidente (Marino). – Señor senador: a ver si nos organizamos. Usted pidió una interrupción, haga su planteo y, después, el senador le contesta, porque no podemos transformar esto en un diálogo. Sr. Mayans. – La ley 25.570 está ratificada por la provincia de Salta. Según tengo entendido, en ese entonces era gobernador el doctor Romero. Y aquí habla de todo este esquema, de una ley convenio que se firmó y hoy estamos tratando. Sr. Presidente (Marino). – ¿Terminó la interrupción, señor senador? Sr. Mayans. – Sí, señor presidente.
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Sr. Presidente (Marino). – Continúa en uso de la palabra el señor senador Romero. Sr. Romero. – Señor presidente: dado el conocimiento que tengo del senador Mayans, voy a tomar lo que dice como una chanza y no como una chicana. Lo voy a tomar como una chanza porque, obviamente, esto no quita ni da argumentos, tanto a él como a mí. Como dije, hace muchos años que venimos concentrando la distribución de recursos, y es tiempo de desandar ese camino, de cumplir con la Constitución y de contar con una ley de coparticipación. No se trata de quitarle a unas provincias para darles a otras. Esa es una aproximación errónea al tema. Por otro lado, mencioné que Salta no necesitó del financiamiento ordenado; pero también es cierto que las provincias, ante el estado de necesidad, siempre fueron cediendo. Además, como el propio oficialismo sostiene que este es un modelo exitoso y que estamos en el mejor de los mundos, en crecimiento, enhorabuena que también crezcan los ingresos de las provincias. Y no estoy hablando del ingreso nominal, que es superado año a año por la inflación, sino que hablo de la distribución grande de recursos. Por otra parte, el señor senador por Formosa dijo que la ley debe ser convenio. Cuando la Constitución Nacional se refiere a “ley convenio”, es porque primero debe ser una ley y, después, un convenio. En consecuencia, no es convenio que luego se debe convertir en ley si no, diría “convenio ley”. Se trata, reitero, de una ley, la de coparticipación, que la podemos discutir, analizar y aprobar y, luego, para su funcionamiento –nunca quedó en claro si debe contar con el ciento por ciento o una mayoría puede imponer algo a una minoría–, las provincias tienen que adherir vía sus propias legislaturas. Pero no porque sea difícil sancionar esta norma debemos dejar de pensar y de trabajar para que sea posible. En ese sentido, sé de dónde van a salir los recursos para las provincias: obviamente, volviendo a la distribución del 54 por ciento para las provincias y el 46 por ciento para la Nación. De ahí surgirá que cada provincia tendrá el doble de lo que tiene. Sin embargo, lograremos algo mejor: evitaremos ese estado de necesidad, de velada extorsión que se vislumbra, a veces, respecto del miedo de que la Nación se enoje y deje de dar plata. Porque la Nación –que no es la Nación, sino la Presidencia, ésta u otra– no puede tener ese poder discrecional de someter a las provincias. Porque eso es lo que convertiría a la Argentina en un país no federal. Yo, por lo menos, mientras fui gobernador de mi provincia, no tuve que mendigar, solicitar nada extra, ni pedir las cosas que prometieron y que aún no se cumplen, como cientos de obras que están paradas en Salta, que la Nación prometió en 2007 y encaró, pero que no ha terminado. Eso es lo que impide a las provincias planificar. Cuando ellas tienen recursos, pueden hacer planes a cinco años. Pero depender de la buena voluntad, del lobby, o del comportamiento de los legisladores en este Congreso no es sano para la República. Ese es el problema que tiene nuestro país. Como gobernador también aprendí que si no hay un cambio de paradigma, en el desarrollo nacional van a seguir esas diferencias, esas ventajas circunstanciales que hoy reciben por habitante la Tierra del Fuego o Santa Cruz, tres veces más que mi provincia. Eso podrá durar un tiempo. Antes, estaban los celos por La Rioja o por las provincias que tenían un régimen especial. Lo que necesitamos es un modelo de crecimiento y de equilibrio para el país, que signifique igualar. Nosotros, en Salta, para alcanzar la zona de mayor ingreso, necesitaríamos crecer más que la Nación durante cien años. Y eso no se le puede pedir a la gente pobre, a la del interior, a la del Norte, que tiene el mayor índice de pobreza; no se les puede pedir que esperen cien años.
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Tiene que haber un esfuerzo, una sinergia de la Nación, como ha sucedido en Europa, donde las zonas más ricas ayudaron a las más pobres para que hubiera una convergencia y un equilibrio. Eso es lo que hay que hacer en el país. Y decir esto no es una cuestión de política electoral de hoy, sino un deber de los argentinos pensando en el futuro, porque si queremos que el país cambie, no podemos mirar todo el tiempo el pasado y repetir los errores, sino hacerlo hacia el futuro para salir adelante. Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani. Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos ante el abordaje de un tema fundamental, que es cómo recomponemos esta inequitativa relación tributaria entre la Nación y las provincias. Esto se realiza hoy a partir del debate por la sanción de la coparticipación plena de la ley de impuesto al cheque y se da en un contexto en el que, lamentablemente, vivimos una situación de decadencia institucional a la que nos vamos acostumbrando día a día. – Ocupa la Presidencia el vicepresidente primero del H. Senado de la Nación, senador Juan Carlos Romero. Sr. Giustiniani. – Me pregunto cuál es el sentido de haber hecho una convocatoria diferenciada –tres reuniones– a los gobernadores. Si la presidenta de la Nación tiene necesidad de intercambiar ideas con los gobiernos provinciales, a través de sus gobernadores, ¿por qué se hacen tres reuniones? ¿Cuál es el mensaje que se da a la sociedad argentina? Es legítimo. En la Argentina, todo se va acompasando al realismo político. Es el realismo político que escuchamos esta noche. – Ocupa la Presidencia el presidente provisional del H. Senado de la Nación, senador José Juan Bautista Pampuro. Sr. Giustiniani. – Santa Fe tiene deudas, pero no es de las provincias amigas. No tiene PAF. Hasta hace un tiempo, ni siquiera sabíamos qué era el PAF en mi provincia. Esta es la realidad. Y esa es la decadencia institucional. No existen reglas de juego. Sólo hay que incorporarse al proyecto político del que gobierna, no importa la ideología, ni el programa; no importa lo que se lleva adelante. Importa decir, con este realismo político, que yo me incorporo y, así, voy a tener obras para mi provincia. Señor presidente: quiero que quede constancia en la versión taquigráfica de que el día que tenga que decir en este recinto que voto contra mis convicciones un proyecto porque así va a hacerse una obra pública en mi provincia, renuncio a mi banca porque eso constituye una decadencia de la política. Entonces, este es el liberalismo político al cual nos vamos acostumbrando. ¡Nosotros somos senadores de la Nación y representamos al pueblo de nuestras provincias! No representamos al gobernador de la provincia. No es el gobernador el que nos tiene que decir a los senadores qué debemos votar en este recinto. Nuestra responsabilidad es votar de acuerdo con nuestras convicciones, representando al pueblo de nuestras provincias, que fue el que nos eligió. Entonces, creo que este es un punto de abordaje fundamental, porque nos vamos a acostumbrando a una realidad que, precisamente, no es virtuosa.
Cuando hablamos de la inequidad en la distribución de los fondos entre la Nación y las provincias, es importante hacer algunas referencias históricas. En el gobierno de Juan Domingo Perón, en 1951, el 48,8 por ciento se distribuía para la Nación y el 51,2 por ciento para las provincias. En 1963, durante el gobierno de Arturo Illia, el 58 por ciento se destinaba a la Nación y el 42 por ciento para las provincias. En 1973, con la ley 20.221 del gobierno de Cámpora, el 50 por ciento correspondía a la Nación y el 50 por ciento a las provincias. En 1988, durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, por medio de la ley 23.548, se asignó el aproximadamente el 45 por ciento para la Nación y el 55 por ciento para las provincias. Hoy, señor presidente, el 75 por ciento se destina a la Nación y el 25 por ciento a las provincias, de
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acuerdo con los datos que surgen del presupuesto aprobado por este Congreso para 2010; de esto estamos hablando. Un solo punto del presupuesto en el debate de la distribución entre la Nación y las provincias en cualquier país federal produce un terremoto político. Acá vamos en un plano inclinado, que tiene su explicación; no es obra del Espíritu Santo. Tiene una explicación concreta: vivimos con un sistema tributario, que es la gran materia pendiente. En ese marco, no habrá combate posible a la pobreza estructural en la Argentina si no se reforma el sistema tributario. Y este sistema tiene dos ejes coherentes: es inequitativo entre los que más y menos tienen. ¿Por qué? Porque el gravamen que más recauda es el IVA, que es un impuesto indirecto al consumo. Por supuesto, los pobres son más –¡millones!–, siendo los que más gastan y consumen. Por lo tanto, son los que más aportan al IVA: de cada 100 pesos que gastan en alimentos los sectores populares, 21 pesos van al IVA. Esto explica por qué nadie toca este impuesto: porque se recauda de manera muy fácil. Pero es el más injusto de todos. Entonces, tenemos el segundo eje inequitativo: la distribución entre la Nación y las provincias. Es decir, tenemos un país centralista e injusto desde el punto de vista tributario. Si no se modifica el esquema tributario no se va a modificar lo sustancial de la distribución del ingreso. Entonces, no tendremos ni mejora de la calidad institucional, porque seguiremos en un manejo discrecional de los recursos, ni tendremos en profundidad una mejora en la distribución del ingreso al no abordar entre todos –esto es responsabilidad del gobierno y del Parlamento– la reforma del sistema tributario. Ante este panorama, hacemos peleas gigantes sobre cuestiones que no son lo central. Porque lo central sería eliminar el IVA de los productos de la canasta básica de alimentos; lo central sería –como se expresó acá– gravar la renta financiera. ¡Nadie quiere desfinanciar a la Nación! Son 8.000 ó 9.000 millones, de acuerdo con las cuentas que se hagan; algunos llegan a 10.000. Eso significa el monto que iría a las provincias si se aprobara esta coparticipación plena de la ley del cheque. El impuesto a la renta financiera aportaría al país alrededor de 10.000 millones de pesos anuales. Entonces, estos son los debates que nosotros tenemos que dar, porque el país federal sigue siendo letra muerta en la Constitución Nacional. No es casual que ya haya muchas provincias que estén en una situación muy grave y tengan juicios contra el Estado nacional. No debe haber muchos antecedentes de varias provincias argentinas, entre ellas la mía, Santa Fe, que tenga tres juicios contra el gobierno nacional. No es casual que, en el término de dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya tenido que convocar a audiencia de conciliación de partes a las provincias de Córdoba y de Santa Fe por los juicios que tienen contra la Nación. Estamos hablando de esto: estamos hablando de los fondos, estamos hablando de los recursos. El tercero y cuarto impuestos que concretan, junto con IVA y Ganancias, más del 90 por ciento de la recaudación nacional, son las retenciones agropecuarias y el impuesto al cheque respectivamente. Lo cierto es que, prácticamente, no coparticipan: sólo las retenciones agropecuarias con el fondo sojero, desde hace poco tiempo. Sólo llega al 15 por ciento lo que va a las provincias con el impuesto al cheque. ¡Claro que es distorsivo este impuesto! Lo dijimos siempre. Lo tenemos que sacar; se dijo siempre; hay consenso. Pero mientras exista, se tiene que coparticipar el ciento por ciento. No hay explicación de por qué no se hace eso hoy mientras exista el impuesto al cheque. Estamos todos de acuerdo si dentro de dos años resolvemos que desaparezca el impuesto al cheque y lo reemplazamos; pero mientras exista, no hay explicación de por qué el gobierno nacional se apropia del 85 por ciento.
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Entonces, creo que el debate de reformular el sistema tributario argentino junto con una nueva ley de coparticipación federal no puede quedar en una propuesta idealista. Es una necesidad del país que, mientras no la concretemos, resulta muy difícil que avancemos en una Nación más justa. Nosotros venimos a sostener la necesidad de esta coparticipación del impuesto al cheque porque significaría un alivio para las provincias argentinas. Todos sabemos lo traumático que son las negociaciones salariales cuando empieza el año. ¡Cada vez es más traumático! No es casual que todavía existan provincias argentinas con conflictos; con miles de chicos que no empiezan sus clases, que hayan perdido muchos días de clases. Esto pasa porque los salarios de los trabajadores en cada uno de los presupuestos provinciales tienen una rigidez y una composición tal que cada vez implica una proporción mayor sobre el presupuesto total de cada provincia. Por lo tanto, estamos en una situación muy grave, en la que se tienen que negociar salarios con reclamos absolutamente legítimos y justos de los trabajadores conn niveles de inflación crecientes. Allí, los trabajadores se sientan a una negociación en paritarias para defender su derecho legítimo a no haber pulverizado sus ingresos después, a lo largo del año, y con gobiernos que cada vez tienen menos herramientas para dar satisfacción a esos pedidos. Considero que el tema de la recomposición de las finanzas de las provincias es una tarea fundamental; resulta una tarea básica que hoy empieza a cobrar un poco de realidad. Entonces, convoco a una reflexión en este sentido. ¡Que no pongamos también este tema en el punto de un combate, de quién gana y quién pierde; de quién derrota a quién! Porque nosotros escuchamos muchas cosas que, a fuerza de repetición, parece que quienes las dijeran estuvieran convencidos de que es así. Nadie quiere transformarse en “maestro ciruela”, pero basta leer la Constitución nacional en su artículo 75 para saber que, cuando estamos planteando la coparticipación plena de la Ley del Cheque, no queremos cogobernar. Si uno ve la Constitución nacional, verá que el Congreso de la Nación tiene plenas facultades para los tributos, para los impuestos. Tan así es que los constituyentes del 94, sabiendo que tenemos un régimen presidencialista, prohibieron expresamente en materia tributaria los decretos de necesidad y urgencia, dejando el tema exclusivamente en cabeza del Congreso de la Nación. Ahora, de acuerdo con la Constitución nacional, hay una sola ley que debe ser iniciativa del Poder Ejecutivo nacional: la Ley de Presupuesto de la Nación. Entonces, no sé qué estamos diciendo, cuando el Congreso toma una iniciativa de discutir un impuesto, al manifestar que quiere cogobernar. Por supuesto que hay que hacerlo en un nivel de responsabilidad; por supuesto que hay que hacerlo en un nivel de consenso y de concertación; por supuesto que hay que hacerlo en un nivel donde debemos cuidar cómo hacemos para no desfinanciar a la Nación. Pero en este lugar –de hecho, deberíamos estar todos del mismo lado, porque es el lugar federal por esencia: el Senado–, la pregunta inmediata es cómo hacemos para que no se sigan desfinanciando las provincias. El plano inclinado de financiamiento de las provincias no se detiene, y solamente la herramienta que le queda a las provincias es pedir al gobierno nacional que con discrecionalidad –no es una chicana la palabra, es así– resuelva a quién asiste y a quién no asiste.
Considero que hoy vamos a dar sanción a este proyecto de ley. Creo que va a ser un gran paso hacia adelante en esta recomposición de estos tributos entre la Nación y la provincia para que ese dicho tan popular que es patéticamente cierto que se usa en todo el interior –“Dios existe en todas partes pero atiende en Buenos Aires”– termine, y pasemos a una realidad del país federal. En definitiva: que lo que hemos resuelto todos los argentinos
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como sistema de convivencia sea una realidad. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Ernesto Sanz. Sr. Sanz. – Señor presidente: sin perjuicio de que los argumentos políticos respecto de este asunto los formulará el presidente de nuestra bancada, y atento a que en un tema de esta naturaleza todos los señores senadores y las señoras senadoras han hecho mención a su representación provincial –que, en definitiva, es el elemento más genuino por el que estamos acá sentados–, sólo voy a hacer una mención de naturaleza política. Luego, me voy a introducir en un aspecto jurídico que me interesa aclarar. La mención de naturaleza política es que no he encontrado, entre todos los argumentos políticos que podría utilizar como representante de la provincia de Mendoza, algo más fuerte y más contundente como que el pasado 28 de junio más de 400 mil mendocinos – exactamente, 413.164 mendocinos – votaron para que yo, esta noche, estuviera aquí defendiendo el proyecto que tiene el carácter de dictamen de mayoría. Y lo digo de esta manera porque, en esta composición especial de la Cámara de Senadores, probablemente, haya aquí senadores sentados que tienen mandatos de hace varios años y, por lo tanto, no sé si han podido discutir en sus procesos eleccionarios este tema en particular. Yo sí lo pude discutir: más aún, quien habla era candidato en primer término –y me acompañaba la actual senadora Laura Montero– de una agrupación política que instaló el tema de la reforma de la coparticipación del impuesto al cheque como uno de los temas centrales.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D. Julio César Cleto Cobos.
Sr. Sanz. – Hasta podría decir que, en el ranking de valoración de las propuestas y programas que le ofrecimos a la comunidad de Mendoza para ser sus representantes en el Congreso de la Nación, esta cuestión ocupaba el primer lugar. Por consiguiente, no encuentro en este momento mayor argumentación, ni más sólida, ni más contundente, ni más potente que decir que el 52 por ciento de los electores de Mendoza me habilitaron para estar hoy aquí votando como lo pienso hacer. En segundo lugar, me voy a referir a la cuestión jurídica. Esta noche no estamos modificando la distribución del impuesto al cheque. Si esa es la noticia, lamento comunicar que, en términos jurídicos, nosotros hoy no estamos modificando esa distribución. Lo que estamos haciendo es regularizando o, mejor dicho, adecuando jurídicamente con el formato de una ley, una modificación sustancial que se produjo en 2006 aquí, en esta Cámara de Senadores, más precisamente, en noviembre de 2006, y que, hasta hoy, ha tenido o arrastra sobre sus espaldas un grosero vicio de inconstitucionalidad en su implementación. Las razones por las cuales han transcurrido tres años y medio de una operatividad inconstitucional habrá que buscarlas en distintos espacios o argumentos. Muchos de los discursos que se han formulado acá se vincularon con la devaluación del sistema federal, con la debilidad de los gobernadores de provincia o de los fiscales de Estado de cada una de esas provincias que tienen que velar por el patrimonio de sus respectivas provincias o con un sistema judicial aletargado –para no usar términos un poco más duros–. Pues bien, habrá que buscar esas razones en algunos de esos aspectos. Pero, en verdad, esta ley se transformó en inconstitucional desde noviembre de 2006, pero ha sido operativa y está siendo operativa hoy como una ley de la Nación, sin que haya habido en el camino ninguna actividad para modificarla, salvo algunas generadas por distintas provincias –sin caer en el error de olvidarme de alguna otra, tengo para mí que la provincia de San Luis ha planteado esta cuestión en una demanda ante la Corte; no sé si alguna otra provincia también hizo algo parecido–.
Para entender mejor el análisis jurídico, me permito hacer un recordatorio de tipo
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teórico, y es que nuestra Constitución establece que todos los impuestos nacionales, absolutamente todos los impuestos establecidos por el Congreso –con la sola excepción de los derechos aduaneros, acerca de los que hay una larga discusión sobre su naturaleza jurídica, impositiva, derechos y aranceles–, son un derecho inalienable de las provincias argentinas. No hay ningún impuesto, ni indirecto ni directo, que pueda dejar de lado a las provincias argentinas. Sí se podría tomar un atajo respecto de este precepto constitucional a través de dos vías. Una, es una ley convenio que, desde luego, nadie se la imagina; una ley convenio donde las provincias cedieran absolutamente todos los recursos a favor de la Nación. Podría ser una ley convenio de esta naturaleza, más allá de que no haya antecedentes en la legislación argentina. La otra, es el camino del artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional, que es la de la afectación específica. Esto es cuando las 25 jurisdicciones, las 24 provincias y la Nación –pongo el acento en que la Nación juega a los efectos de este tipo de legislación como una parte más, no es la Nación y 24 partes, sino 25 partes, aunque con distintas proporciones–, por vía de la afectación específica, se ponen de acuerdo y, en lugar de distribuirlas como lo marca la ley convenio madre que, en nuestro caso, es la ley 23.548, deciden destinar los recursos a una distribución diferente. En consecuencia, cualquier disposición que pretenda alterar este derecho de las provincias debe ser realizada –insisto– mediante una ley convenio o a través del atajo previsto en el artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional. Ese artículo establece que debe hacerse a través de una mayoría especial, la que significa la mayoría absoluta de la Cámara, la mitad más uno de los miembros totales de la Cámara. ¿Qué pasó con este impuesto a lo largo de su historia? Y me voy a referir al tema de la afectación específica y no a la naturaleza jurídica de la ley convenio, que luego será mencionada. Desde su nacimiento, la afectación específica estuvo destinada al sostenimiento de la ley de emergencia, ya que la creación del impuesto era concomitante con el nacimiento de la Ley de Emergencia en 2002, la 25.561. En 2006, y acá me detengo, ocurrió una cosa por demás relevante e interesante. Cuando el Poder Ejecutivo envía en 2006 el proyecto de prórroga de este impuesto, como lo hacía cada fin de año –ya que tenía una vigencia temporal de un año, salvo el último que tuvo una vigencia temporal de dos y fue votado a fines del año pasado–, lo hace ingresar por la Cámara de Diputados y se produce una cuestión muy curiosa desde el punto de vista institucional y con gran relevancia jurídica. Y vaya si la tiene, ya que es lo que sostiene el fondo de nuestro argumento. Me refiero, concretamente, a que el Poder Ejecutivo cambia en su redacción la afectación específica y, en lugar de destinarse al sostenimiento de la Ley de Emergencia, sostiene que dichos recursos –hablamos del 70 por ciento, porque el 30 por ciento iba a ser coparticipable– iban a ser destinados al pago de los servicios de la deuda pública. Es decir que ya había un cambio de afectación específica porque, obviamente, entre 2002 –afectación específica a la Ley de Emergencia– y 2006, había ocurrido un episodio no menor como era la regularización de la deuda pública a partir de la aprobación del primer canje, tal como se lo llama hoy, allá por los años 2004 y 2005. Así es como ingresa el proyecto con ese cambio de redacción en la Cámara de Diputados. Es interesante ir a la versión taquigráfica del debate de la Cámara de Diputados. A mi juicio, de una manera inconsulta con el Poder Ejecutivo –si se hubiera hecho la consulta no lo habría permitido–, y mucho más aún sin el rigor jurídico de alguien que hubiera puesto la mirada constitucional en ese debate, simplemente, porque se dio un debate político y, en el fragor del debate, se "metió la pata". Estaba buscando otra palabra para explicarlo, pero no hay frase más precisa que "se metió la pata".
A instancias de la diputada Graciela Camaño, creo que la apreciación política era la
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siguiente: cómo se iba a permitir que una ley que tenía por destino el pago de los servicios de la deuda pública −que había sido un logro y motivo de reconocimiento, atento a que había sido una norma aprobada por unanimidad de todos los sectores−, iba a estar sometida en su cumplimiento, de alguna manera, a una cuestión tan espuria como este impuesto al cheque, que todo el mundo reconocía que era un impuesto distorsivo y que, además, tenía una vigencia temporal anual y que daba en cierta forma la "vuelta al círculo", ya que la cuestión financiera, a su vez, pagaba el tema financiero. En definitiva, existía una interpretación de naturaleza política en el sentido de que era impropio hacer la vinculación entre el pago de la deuda con el impuesto al cheque. Y así, sin más que con una discusión en el recinto de la Cámara de Diputados, se eliminó, precisamente el párrafo relacionado con la afectación específica del pago de los servicios de la deuda pública. Y lo que se votó en Diputados y luego ingresó en el Senado vino con la afectación específica nada más que en cuanto al sostenimiento del programa fiscal y monetario o del programa económico del gobierno. No fue un debate que pasó desapercibido en el Senado. Citaré algunos fragmentos de la discusión porque, como suele decirse, todos estamos sometidos a los archivos; y respecto de este tema, estoy involucrado personalmente. En la versión taquigráfica del 29 de noviembre de 2006, página 54, tuve un cruce con el senador Capitanich, quien hacía las veces de vocero y defendía las posturas económicas del oficialismo. Con el permiso de la Presidencia, me permitiré releer aquella discusión: Ahora quiero referirme al 70 por ciento que tiene asignación específica. Quisiera detenerme en este punto, porque podríamos tener una dificultad jurídica con lo que vamos a votar. La asignación específica que llega desde la Cámara de Diputados es para consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico. Quiero recordar que cuando este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo lo había enviado con una afectación totalmente distinta: solventar los pagos de la deuda pública; así venía escrito por decisión del Poder Ejecutivo. Cuando uno analiza la versión taquigráfica correspondiente al debate de Diputados, advierte que allí se produce una reflexión de algunos diputados de un bloque en particular −recuerdo que, en ese momento, la diputada Camaño tampoco pertenecía estrictamente al bloque del Frente para la Victoria−, indicando que está muy mal que el impuesto al cheque, que grava la producción, etcétera, vaya a solventar el pago de la deuda −este era el argumento, que era un impuesto que gravaba la producción y que no se podía con eso solventar el pago de la deuda−. Hacen una disquisición muy política, de mucho contenido político más que técnico. Lo cierto es que el bloque oficialista en Diputados admite la reflexión o la sugerencia, modifica la afectación específica y ahí es donde, en vez del pago de la deuda pública, aparece esto de, comillas −que es lo que está vigente−, a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico. Yo dije en ese momento: estoy convencido de que esta nueva redacción podrá dejar tranquilo políticamente a alguien desde el punto de vista político, pero en verdad coloca a este artículo frente a un grosero vicio de inconstitucionalidad en materia de distribución. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza a jugar, al no haber una afectación específica real, el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución. Entonces, a mi juicio este impuesto se torna absolutamente coparticipable, por haber violado el concepto de asignación específica. Haberlo destinado al pago de la deuda pública, como lo quería el gobierno, transformándolo ahora en una cuestión tan global y general, que es prácticamente como decir "pase a Rentas Generales", lo convierte en coparticipable.
Hubo más argumentos, porque hubo respuesta del senador Capitanich que, en ese momento, se ciñó –si uno lo lee– estrictamente al concepto teórico de que esto corresponde al
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artículo 75, inciso 3), porque sí. En ese momento, las cosas se resolvían así. El senador Capitanich decía “porque sí”, íbamos a votar y él tenía la razón de cerca de 50 votos. Está bien, es lo correcto; y uno se quedaba con estas cosas que hoy, cuatro años más tarde, sirven para algo. Yo pensé que en algún momento me iban a servir. Ahora bien, hoy, lo que estamos haciendo, insisto, no es modificar nada que no se haya modificado. Esto se modificó sustancialmente en noviembre de 2006, se le quitó la asignación específica y, desde ese momento, al pasar al Rentas Generales, al sustentar el programa económico, que es una forma de explicar el pase a Rentas Generales, dejó de tener asignación específica. Por lo tanto, hoy, con una simple derogación del artículo 3° de la ley actual, no estamos haciendo otra cosa que, con la herramienta de una ley común, lo digo mirando a las autoridades de la Cámara, no con una ley especial que requiera mayoría especial, devolverle la constitucionalidad perdida a una ley que tiene que respetar... Sr. Pichetto. – ¡No hay límites! Sr. Sanz. – Estoy hablando con absoluto respeto. Y si el senador Pichetto quiere una interrupción, se la doy. Es más, estoy tratando de argumentar con absoluto respeto una cuestión jurídica que es opinable. Puede usted tener otra opinión, senador. Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto. Sr. Pichetto. – Usted sabe bien la valoración intelectual que tengo por usted pero, sinceramente, esta interpretación forzada vuelve a colocar en riesgo, porque es el presidente de la Cámara de Senadores el que va a tener que interpretar qué número requiere el Senado para votar este proyecto de ley. Durante todo este tiempo, todos estos días previos, se sostuvo a lo largo y a lo ancho de los medios de comunicación la necesidad de contar con 37 votos. Usted lo ha dicho, incluso, públicamente. Hoy, el senador Giustiniani lo dijo en un programa de televisión. También, lo dijo el senador por la provincia de Santa Cruz. Esta interpretación grosera invalida esta norma que van a votar por simple mayoría, si es que, además, el presidente convalida una nueva violación, no ya al Reglamento, sino a la Constitución Nacional. Senador Sanz, le pido que reflexione. Sé que no tenían otro camino que inventar este artilugio jurídico porque no logran los 37 votos, no los tienen. Como no tienen los 37 votos, el camino que les quedaba era retirarse y dejarnos sin quórum, sin sustento, o inventar este artilugio que reconozco que tiene una creatividad interesante. Sin embargo, cuando uno revisa los antecedentes de 2006, se va a dar cuenta de que la votación se hizo con la mayoría que requiere la Constitución. Y durante los últimos ocho años, nos apuraron permanentemente y tuvimos que votar cada una de las prórrogas de la Ley del Cheque con la mayoría especial porque, si no, no se prorrogaba. Esa es la historia. Además, porque veía venir este tema, tengo todos los antecedentes y después, cuando me toque el turno, lo voy a ampliar. Me parece que este debate nos enriquece. También quiero llamar a la reflexión: no violentemos la Constitución. Ya no el Reglamento, señor presidente. Que no lo obliguen a violentar la Constitución, porque aquí corresponde aplicar el artículo 75, inciso 3), que requiere de una mayoría especial. Esta es la historia del Senado con respecto a este tributo. Mayoría especial de 37 votos, mucho más para modificar el curso de las asignaciones y la distribución en las provincias. Digo esto con respeto. Me parece que está equivocado y vamos a plantearlo luego, cuando me toque hablar en el cierre. Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz. Sr. Sanz. – Prefiero el tono de que a usted le parece que yo estoy equivocado y no el tono de que estamos violentando groseramente y haciendo todas las cosas que usted dijo al principio.
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Si estoy equivocado o no es una cuestión de interpretación. Acepto la que usted pueda tener, pero la mía no la inventé esta noche. Traigo una versión taquigráfica de noviembre de 2006. Y si antes no se dio este debate fue porque cada año, en virtud del número –que, obviamente, superaba abrumadoramente los 37 votos que tenía el bloque que el senador Pichetto conducía–, nunca estuvo en discusión. Nunca se dio una situación como esta desde 2006 en adelante, pero en 2006 yo la discutí y, por eso, creo tener autoridad para plantear esto hoy. Pido que no se hagan otras interpretaciones más que las que podamos tener desde el punto de vista jurídico, que no se hagan adjetivaciones de esto. Si nuestra interpretación es incorrecta, pues que se rebata y se den todos los argumentos. Yo no estoy agraviando a ninguna interpretación que pueda tener el bloque de la mayoría. Podría utilizar adjetivos si cupieran, pero no los estoy usando y tampoco me interesa hacerlo. Yo tengo una interpretación jurídica de que ésta es una ley simple. Tengo la interpretación de que es una ley simple porque, a partir de 2006, perdió la afectación específica, y al perder la afectación específica dejó de ser una ley especial, y si dejó de ser una ley especial, no requiere mayoría especial. Por lo tanto, tengo derecho a pedir –por lo menos, tengo derecho a pedirlo, independientemente de cómo se resuelva– que a la hora de la votación no se exija la mayoría especial. Felizmente, el sistema bicameral tiene elementos de interpretación. Felizmente, hay interpretaciones de la Constitución que no nos corresponden y que no nos pertenecen a nosotros. Nosotros no somos intérpretes de la Constitución, ni aun teniendo la mayoría para poder ejercerla. No somos los intérpretes de la Constitución. Por lo tanto, dejo pedido, más allá de las argumentaciones políticas, que por estas razones jurídicas, al momento de ponerse a votación, se tenga en cuenta que ésta es una ley simple y no una ley especial. Sr. Mayans. – Como no consiguieron 37 votos, ahora cambian. ¡Cualquier cosa! – Varios señores senadores hablan a la vez. Sr. Petcoff Naidenoff. – Es una posición jurídica de 2006. Sr. Mayans. – Es una vergüenza, presidente. Es un mamarracho jurídico. Sr. Petcoff Naidenoff. – ¡Pero cállese! Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá. Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: imaginaba qué pensaría Alberdi, qué pensarían los que suscribieron los pactos preexistentes y que, después de las batallas, se sentaban a firmar los tratados de paz –y el más grande tratado de paz que firmaron fue esta Constitución–; qué pensarían respecto de confundir la discusión del federalismo con la discusión de las conveniencias de las amistades. Lo que estamos discutiendo esta noche es lo que establece la Constitución sobre los impuestos. Cuando se dictó la Constitución, las provincias preexistentes delegaron facultades en el gobierno nacional y se reservaron todas las no delegadas. Y en materia de impuestos, se le dio a la Nación el cobro de los derechos de importación y exportación del puerto de Buenos Aires que, desde el punto de vista económico, era lo más importante que tenía la República Argentina en aquella época. No había fábricas ni grandes comercios ni grandes empresas. Había un puerto por el que entraban y salían las mercaderías y un extenso territorio con muy poca población. El máximo recurso existente estaba dado por los derechos de importación y de exportación. Después, se estableció un sistema de impuestos directos e indirectos y un sistema que determinaba que, en casos especiales, la Nación podía cobrar algún impuesto en concurrencia con las provincias.
En 1930, en la llamada “Década Infame”, el famoso ministro de Economía Pinedo se animó a enviar la primera ley audaz, que fue el Impuesto a las Ganancias. Se trataba de un
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impuesto que hasta ese momento, según la Constitución, correspondía a las provincias. No obstante, logró instituirlo temporalmente, creo que por cinco años, y como todo lo que es transitorio en la Argentina pasa a ser permanente, sin ningún sistema de distribución, fue todo para la Nación. Van avanzando los tiempos, las provincias empiezan a reclamar, negocian prórrogas del impuesto y se establece un sistema parecido al actual, de toma y daca, y algunas provincias fueron pellizcando una parte de ese Impuesto a las Ganancias. A partir de ahí, se empezaron a dictar otros impuestos y se fue generando este sistema impositivo argentino equivocado. Luego, aparecen algunos progresos con el fin de establecer algunas normas de distribución. En otras épocas, el sistema de los gobernadores de concurrir al Ministerio del Interior a pedir dinero para sus provincias era el sistema habitual. En 1988, fruto de esta democracia, hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales, con sus representantes sentados en una respetuosa mesa de discusiones. Y aquí, tal vez, tenga razón el senador por Tierra del Fuego, cuando dijo que el gobierno del doctor Alfonsín, en ese tiempo, estaba en un momento de debilidad, pero que también los que suscribían el convenio eran los que estaban en la fortaleza de saber o de pensar que podían ser el futuro gobierno. No obstante, se estableció un régimen que fue aceptado por todos, un régimen transparente: de los impuestos que cobraba la Nación, se estableció el 54 por ciento para las provincias y el 46 por ciento para la Nación. Además, se estableció un sistema de distribución secundaria, que es mucho más complejo que el sólo numerito, ya que hubo otras formas de distribución que aún existen y que compensaban. Por eso, hay valores que no tienen una lógica. Tenían una cierta arbitrariedad, pero tuvieron la virtud de ser el fruto del consenso y de la aceptación de todos los gobiernos provinciales en aquella época. Eso fue lo que permitió un sistema de distribución automática de los recursos. Luego, empieza la crisis, la hiperinflación, una nueva hiperinflación y el primer acuerdo fiscal. Ante la necesidad de la Nación de cubrir los problemas económicos graves a nivel nacional, se firmó el primer acuerdo fiscal. Yo fui parte de él y varios de los que están aquí sentados también fueron parte. Ese acuerdo fue fruto de arduas e intensas negociaciones. En la discusión, las provincias cedían algunas cosas y la Nación otras. Por ejemplo, fue motivo de una gran discusión la administración de los fondos FONAVI. A partir de ese acuerdo fiscal, dejó de administrarlos la Nación y se estableció un sistema de distribución para que los administrara cada provincia. Pero no era lo mismo que en la Secretaría de Vivienda de la Nación se estableciera qué cupo tenía la provincia y que tuvieran que venir acá ministros y contratistas –parecido a lo que pasa ahora-, que el sistema por el cual cada provincia administrara y se hiciera responsable de su plan de viviendas. También hubo muchas cosas solidarias que se discutieron en esas épocas.
Cuando se llevó a cabo la reforma constitucional, hubo una fuerte discusión, que también tenía contenido político. Era una muy fuerte discusión. En esa oportunidad, la máxima defensa del federalismo la ejercieron la actual presidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner, que era constituyente por Santa Cruz, y su esposo, Néstor Kirchner, que también era constituyente por la provincia de Santa Cruz. Lo que querían corregir era que las provincias no tuvieran un sistema de negociación desde la debilidad, sino desde la fortaleza. Y Kirchner dijo que nunca se iba a dictar la Ley de Coparticipación Federal, porque los intereses unitarios, los intereses centralistas, los del país desproporcionado y plagado de injusticias iban a estar por encima de la Nación, del conjunto y de una distribución equitativa y solidaria de los recursos. Lo estoy diciendo con palabras mías. No son las palabras que emplearon Cristina Kirchner ni Néstor Kirchner. Pero era un
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debate importante. El principal protagonista del otro lado era Cafiero, que fundamentalmente defendía los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que participaba en el debate, era el fondo del Conurbano bonaerense. Se discutía todo eso. También se discutía, un poco, el futuro de la política. En esa discusión, se estableció la cláusula de la ley convenio, se estableció la cláusula de dictar una ley de coparticipación federal y se estableció una cláusula respecto de que no se podía disminuir lo que cada provincia percibía. Ninguna modificación podía afectar lo que cada provincia percibía. Hubo otros acuerdos fiscales. Hubo una crisis en 2001. Siempre hubo un gran debate. Más aún, puedo garantizarlo porque fui cinco veces gobernador de San Luis y participé en todos estos acuerdos, menos en el de 2002, que fue el único que no firmó la provincia de San Luis. Los demás sí los firmé. Pero ese no se firmó, y felicito a la gobernadora por no haberlo firmado, que nos permite reclamar el piso del 34 por ciento, etcétera. Pero siempre fue el fruto de un acuerdo. Probablemente, radicales, peronistas y partidos independientes tenían sus corazoncitos y eran más blandos o más duros, levemente, con respecto a su afinidad con el gobierno nacional. Pero los gobernadores defendíamos los intereses de las provincias y estábamos unidos en esa defensa de intereses provinciales, que además eran todos parecidos: la pobreza, el endeudamiento, la falta de financiamiento, la transferencia de las escuelas, la atención de la salud, etcétera. Eran temas iguales para todas las provincias. Lo que logramos fue establecer definitivamente un régimen de coparticipación federal que antes no estaba en la Constitución Nacional, porque anteriormente todos los impuestos eran nuestros, pero los cobraba la Nación, quien se los quedaba. Entonces, en esa reforma constitucional establecimos un gran logro, o lo que creímos que era un gran logro, dado que en vista de los resultados, no fue tal. Así, se estableció que todos los impuestos –absolutamente todos–, eran coparticipables. Es decir, que todo lo que cobraba la Nación era coparticipable, salvo las asignaciones específicas. Luego, la picardía, las circunstancias, las avivadas y la Argentina sin calidad institucional, desde mi punto de vista con un rumbo equivocado, fue haciendo con cada impuesto una asignación específica y se fue trampeando el sistema de coparticipación. De tal forma, llegamos ahora a esta realidad. Y de aquel 50 por ciento que en términos generales se distribuía para las provincias –el otro 50 por ciento era para la Nación, o a veces más, y a veces menos–, se pasó al sistema actual, con un 25 por ciento para las provincias y un 75 por ciento para “papá Nación”, la cual distribuye como Papá Noel a los amigos. Es decir, “si sos amigo, te doy, y si no sos amigo, no te doy. Si sos amigo y vas a votar en las próximas elecciones de tal forma, tomá un plan de 500 casas. Si no sos amigo te van a decir que no trajiste tal papelito, o el otro.” No vaya a creer, señor senador Pérsico, que la provincia de San Luis, que ha mostrado una solvencia enorme en la administración pública –reconocida absolutamente–, no va a saber rendir cuentas o tramitar 300 viviendas. La pequeña provincia de San Luis, con los fondos del FONAVI y el recupero, construyó en la época de la democracia 60.000 casas. Pero, por supuesto, se necesitan más viviendas, porque San Luis crece. Sin embargo, no las conseguimos, porque no estamos dentro del equipo de los amigos. Así mismo, quiero explicar al señor senador Giustiniani que hay tres grupos: los amigos, los más o menos amigos y los que no son amigos. Parece que Santa Fe, San Luis y la ciudad de Buenos Aires, somos los no amigos. No se por qué. Incluso, no se por qué vamos juntos. En cuanto a Chubut, está entre los medio amigos (Risas.) La verdad es que no se entienden estas categorías. Pero así lo decide la presidenta, y así se hará.
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Ahora bien, volviendo al tema de debate, todos los impuestos son coparticipables. Lo que simplemente estamos tratando es de ir a una situación de normalidad y que en vez de ser un regalo de Papá Noel esos fondos –que sirvan para la construcción político partidaria personal de un grupo– formen parte de reglas objetivas, tal como establece la Constitución. Que sean reglas iguales para todos. Que sea algo equitativo, solidario, y que se comprendan las diferencias. Que se tengan en cuenta los índices de pobreza, de marginalidad, y que se tenga en cuenta el endeudamiento. Señor presidente: esto no importa ninguna desfinanciación para la Nación. La mayoría de las provincias debe estar incluida en estos planes que se han señalado, de refinanciamiento, que no se cómo se llaman. Si se cobran, le resultará neutro a la Nación. Creo que es lo que se está buscando con el mecanismo de la norma que queremos dictar. No significa que se tendrá que transferir a las provincias. Simplemente éstas tendrán un alivio y no tendrán que peregrinar, como corresponde. Deben poder saldar sus deudas con el dinero que les corresponde. Esto es de estricta justicia. Se podrán buscar los argumentos que se quiera. Además, no entiendo por qué si nosotros dictamos la ley se van a quedar sin los beneficios que tienen. No sé por qué les van a quitar las cosas. ¿Los amenazan? ¿Les dicen: “si votás la ley no te damos más casas”? No tiene nada que ver. Por eso digo que se asombrarían –creo– los firmantes de los pactos federales, nuestros constitucionalistas, los que lucharon por el federalismo en la Argentina, con aciertos y errores. En la Argentina tiene que darse un debate sobre este tema. Debemos discutir las esferas de competencia. Eso es lo que discuten los países federales. En los Estados Unidos, por ejemplo, estaban discutiendo eso con relación al sistema de salud: si al poder la Nación hacer un sistema de salud que abarcara a todos los Estados, cada uno de ellos tenía derecho a hacer el propio. El presidente personalmente iba a explicar al Senado y a la Cámara de Diputados, dialogaban, y encontraron una solución. Si es buena o no, allá ellos. Nosotros tenemos un sistema constitucional que debemos respetar. Nuestra Constitución es el tratado de paz, de convivencia; allí están los objetivos que tiene el país, no los que tiene un gobierno, una persona, o una administración circunstancial, que puede tener en otra jurisdicción o competencia -la de una provincia o la de un municipio- una persona simpática o antipática, amiga o no tan amiga. Eso no tiene nada que ver con el sistema constitucional, con el sistema de distribución de los bienes, de los servicios y de la riqueza. Tenemos que distribuir equitativamente la riqueza y poder sentirnos en este país todos argentinos, con derechos igualitarios. Y en lugar de estar echándonos la culpa de lo que pasó en la historia debemos buscar la forma de mirar al futuro. La comisión también se ha expedido sobre los ATN. Y es el tema que deberemos tratar en pocos días. Hay 10.000 millones de ATN que se crearon en su momento con el 1 por ciento de la coparticipación federal de los recursos que nos corresponden a todas las provincias. Cedimos ese dinero para un fondo solidario con el objeto de atender los desequilibrios financieros de las provincias. Pues bien, las provincias que tienen desequilibrio financiero no pueden usar los ATN y sí el PAF, que funciona así: “Te lo doy si me das”. Esto es un fondo que está creado para ser distribuido equitativamente y en forma transparente. Entonces no entiendo los argumentos. Creo que debemos tratar el tema de los ATN. Y me refiero a los que no se usaron, los que están guardados, los que pertenecen a las provincias y no se distribuyeron.
También creo que debemos tratar la ley de coparticipación federal. Y para hacerlo
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debe estar en la agenda. Lo que pasa es que gobernaron seis años y nunca estuvo este tema en la agenda. Si nunca fue convocada la Comisión de Coparticipación Federal. Felicito al senador Verna, quien con su impronta y su personalidad dio a esa comisión –desde mi punto de vista– una vida extraordinaria y hoy ha puesto en la agenda del Parlamento este tema. Me parece que debemos continuar en este camino. Voy a votar desde mis convicciones y con alegría a favor del federalismo, de que se distribuyan los fondos objetivamente, para que a cada uno toque lo que corresponda; que la Nación, al final del camino, tenga lo que le corresponde y asuma las esferas de competencia pertinentes y que las provincias tengan lo que les corresponde y asuman las responsabilidades de administrarlo bien y que cada uno se haga responsable de su buena administración, de la buena gestión de los fondos y de lo que haga desde el derecho que tiene a administrar sus propios recurso. Me parece que si no lo comprendemos, que si pensamos que no vamos a tratar una ley de coparticipación federal porque nos vamos a aferrar a que esto nos conforma, le doy la seguridad a la senadora por Jujuy, que planteó esta desconfianza, que no es así. Estamos dispuestos a dictar una ley de coparticipación federal. Estamos dispuestos a discutirla, queremos que sea consensuada, que se reúnan los gobernadores y la presidenta, que discutan el tema y que vuelva a tener vida el federalismo en la Argentina. Obviamente, esto le haría un gran favor a la Argentina, así como también que respetemos las diferencias, las diferentes culturas y tradiciones y que atendamos los distintos problemas y los desequilibrios existentes en las provincias. Y tratemos de nivelar y mejorar la situación para todos los argentinos. Tenemos que tratar la ley de coparticipación federal. Por último, quiero hacer una referencia a los municipios. Estoy de acuerdo con que hay que apoyar a los municipios y que sería bueno incorporar en esta y sucesivas leyes normas que les garanticen los fondos necesarios para que cada uno de ellos también tenga la posibilidad de administrar y gestionar sus fondos. Que se discuta cuánto se queda la Nación, cuánto se quedan las provincias, cuánto los municipios, y las distintas esferas de competencia para que cada uno sepa cuáles son las cosas que tienen que hacer. La señora Cristina Fernández de Kirchner en el discurso de la Convención Constituyente, que sería bueno que lo repasen, se quejaba de que el gobierno nacional de la época tenía un Ministerio de Educación sin escuelas. Y sigue existiendo, sigue lo mismo, y pasaron seis años, con posibilidad de corregir. Si esas convicciones que ella tenía siguen vigentes, creo que deberían discutirse hoy porque eso corresponde a la necesidad que tienen los pueblos del interior, de tener participación y protagonismo. Las provincias argentinas, los pueblos del interior, tienen altos índices de pobreza, altos índices de desocupación. Dios quiera que el país mejore, tenemos situaciones muy difíciles en todas las provincias argentinas y debemos solucionarlas entre todos los argentinos. Esa es la gran tarea. Por eso, considero que tenemos que mirar hacia el futuro y no dramatizar estas cosas. No hay connotación de otro tipo más que instalar el debate del federalismo en la Argentina para que tengamos al final del camino una ley de coparticipación federal. Creo que todos los argentinos nos merecemos tener una ley de coparticipación federal y claras las esferas de competencia. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Creo que el mejor homenaje que podemos hacer al año del Bicentenario es justamente empezar con un debate federal que esperamos no termine en este debate de la coparticipación del impuesto al cheque, sino que continúe con un tema que hemos resuelto ayer en un plenario de comisiones entre la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos, que tiene que ver con el reparto de los
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ATN, y que esto pueda continuar también con otros proyectos de ley que vayan reponiendo la vigencia de la ley 23.548 que, como ley convenio de coparticipación, ha sido desarticulada durante el tiempo. El mejor homenaje que podemos hacer en el año del bicentenario va a ser este porque, en verdad, hace 200 años elegimos la dignidad y la independencia. Empezamos primero, con el grito revolucionario el 25 de mayo y luego concretamos nuestra libertad e independencia. Decidimos vivir con dignidad, sino que también esa decisión llevó implícita la idea de organizarnos como pueblo, lo que se concretó después con la sanción de nuestra primera Constitución Nacional a través de nuestras bases de organización nacional, que produjeron un gran debate y que son el sustento de nuestro sistema de vida y convivencia, de nuestro sistema de gobierno, del régimen republicano representativo y federal y del sistema de división de poderes. Desde aquel momento y hasta ahora se profundizó primero el debate en el poder originario. El debate central de la Confederación de provincias estaba en el debate doctrinario acerca de dónde reside el poder originario, si en los municipios o en las provincias, y el criterio de organización nacional fue que el poder originario residía, y reside todavía, en las provincias. Por eso nuestra Constitución dice que son las provincias las que delegan en el gobierno nacional una serie de facultades para que podamos lograr la organización nacional. Así que el mejor homenaje que podemos hacer es, justamente, este debate: o sea, volver a discutir sobre si las provincias detentan o no el poder originario. Y debatir sobre la cuestión federal es debatir también sobre la autonomía; pero, fundamentalmente, sobre la autonomía política. Debatir sobre la cuestión federal implica también el debate sobre la independencia política de los estados federales para saber si es cierto que todavía reside el poder originario en los estados federales. Creo que ese es el punto que se ha planteado durante toda la jornada, con la participación de los senadores a favor de una posición u otra. Creo que había un eje común que tenía que ver con la autonomía, nada más que con visiones distintas. Como he escuchado la justificación de parte de legisladores que responden a las ideas y a las posiciones del gobierno nacional en torno de cuál es la interpretación que hacen de la implementación de las políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo; o sea, de qué manera esa mirada que tiene el oficialismo sobre la aplicación de políticas públicas por parte del gobierno nacional fortalece la autonomía de los estados federales. En verdad, el debate está planteado allí. Desde nuestro punto de vista, nosotros decimos desde la oposición que, justamente, el debate federal y la autonomía tienen que ver con reponer la ley de coparticipación federal y la autonomía de los estados federales, restringiendo la discrecionalidad y las decisiones arbitrarias que toma el gobierno nacional sobre las provincias. Ese ha sido el debate a lo largo de toda la noche. Y para agregar u ordenar tal vez algunos datos que tienen que ver, justamente, con esa discusión habría que hacer algunos números grandes para saber cómo estamos a esta altura, después de la sanción de la ley 23548 que establecía que de cada 100 pesos las provincias tenían que recibir 57 pesos y el resto el gobierno nacional. Durante todo este tiempo ha habido tres acciones concretas que han deteriorado la relación entre Nación y provincias y el principio de autonomía política de los estados provinciales, poniendo en riesgo el concepto originario de que el poder originario reside en las provincias.
Primero, debemos tener en cuenta el tema de la descentralización de los servicios educativos y de salud. Ha habido durante todo este tiempo una descentralización de esos
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servicios; tan así es que el Estado nacional no paga sueldos de docentes, no tiene a su cargo el servicio educativo y tampoco los servicios de salud que se prestan en las provincias y esta transferencia de servicios ha hecho que las provincias deban hacerse cargo de una mayor cantidad de erogaciones sin tener como contraprestación los recursos necesarios para ello. Hoy las provincias gastan dos puntos más del producto bruto en salud y educación que antes de la transferencia. Esto equivale anualmente a 20 mil millones de pesos. Hay otras cuestiones, aunque son tres los ejes centrales del deterioro de la relación Nación-provincias. Uno tiene que ver con el desvío de fondos provinciales para la ANSeS. Durante el 2009, las provincias contribuyeron con el sistema previsional con la suma de casi 26 mil millones de pesos. Es decir, las provincias hacen un aporte importante para el funcionamiento del sistema previsional; 20 mil millones por un lado y 26 mil millones por el otro. El segundo eje tiene que ver con la coparticipación de los fondos del denominado impuesto al cheque. El tercer eje es la creación de impuestos que se coparticipan poco o que desde 2006 no cumplen -como bien se dijo- con lo que fija la Constitución Nacional. En el caso del llamado impuesto al cheque, su no coparticipación en forma total, significa que las provincias resignan la suma de diez mil millones de pesos. En estos tres conceptos, las provincias tienen una sobrecarga de 56 mil millones de pesos a erogar, lo cual pone en riesgo la autonomía política y el principio de independencia política de los Estados provinciales. Mientras tanto, hubo un incremento de la participación de las provincias en el gasto consolidado. Del 33 por ciento en los últimos años, las provincias deben hacerse cargo del 40 por ciento del gasto consolidado. O sea, menos recursos y más asignación de gastos. En definitiva, las provincias están en un nivel de mayor dependencia respecto del gobierno nacional, lo cual configura el gran debate. La ley 23.548 establecía la suma de 57 pesos y ahora, como bien se ha planteado aquí, las provincias ni siquiera reciben el 34 por ciento que había fijado como piso el artículo 7° de la ley de coparticipación. El conjunto de las provincias reciben un 25 por ciento del total de la recaudación. También hay una disminución de las transferencias automáticas y un incremento de las transferencias discrecionales. Eso es cierto. Quizás el argumento más sólido del oficialismo es que la Nación entrega mayores recursos de manera discrecional. Y ahí está el debate ya que es el punto esencial vinculado con el principio de autonomía e independencia. Como digo, es cierto que ha habido un incremento del gasto discrecional. Si se comparan el 2008 y el 2009, los incrementos de las transferencias discrecionales de recursos fueron del 18 por ciento para un año y del 26 por ciento para el siguiente. Entonces, es cierto que hay un incremento de las remesas de recursos discrecionales por parte del gobierno nacional. Paralelamente, ha caído el sistema de transferencias automáticas ya que del 82 por ciento en el 2008 se pasó al 74 por ciento en 2009. Esta es la situación que se viene produciendo y que, fundamentalmente, la actual gestión del gobierno nacional ha estado profundizando en los últimos tiempos en desmedro de las provincias. Quiero dar algunos datos porque en el debate de la discrecionalidad del gasto hay dos temas. La cuestión de la discrecionalidad en sí misma y la injusticia que genera un criterio discrecional por parte del gobierno nacional.
Tengo el dato del ejercicio 2009. De 12.854 millones de pesos que transfirió discrecionalmente el gobierno nacional en materia de programas habitacionales, obras
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urbanas, construcción de escuelas y obras y caminos de obras de infraestructura vial y asistencia a las provincias con aportes del Tesoro –no se trata de ATN–, la provincia de Buenos Aires recibió 3.795 millones, mientras que la provincia de San Luis −que es "el último orejón del tarro−, por todos esos conceptos, recibió 45 millones durante 2009; y la provincia de Santa Cruz −que es la segunda en la grilla− recibió 964 millones de pesos. Ese es el problema. Estamos hablando de la distribución que obtuvimos del Ministerio de Infraestructura en concepto de programas habitacionales, obras urbanas, construcción de escuelas, Dirección de Vialidad y asistencia del Tesoro a las provincias. Con relación a la Dirección Nacionalidad de Vialidad, mientras que la provincia de Buenos Aires recibió 554 millones de pesos para obras viales, la provincia de Santa Cruz recibió 531 millones de pesos. Y le tocó peor suerte a Santa Fe que, por ese concepto, recibió 300 millones de pesos, en comparación con la provincia de Santa Cruz que, reitero, percibió 531 millones. Esto habla del nivel de discrecionalidad existente. Asimismo, la Capital Federal recibió 142 millones; el Neuquén, 88 millones; Catamarca, 94 millones; y La Pampa, 41 millones. Esta última provincia es la tercera, comenzando de abajo. Del total de los 12 mil millones, La Pampa recibió 124 millones, mientras Santa Cruz, 894 millones. Hablamos de esa cuestión, de que la discrecionalidad genera injusticia. ¿A costa de quiénes? De los pueblos de San Luis, de La Pampa o de Corrientes. Por ejemplo, Corrientes recibió 113 millones de pesos del total de 12 mil millones. ¿Por qué motivo? ¿Por qué las decisiones que se toman aquí, en Balcarce 50 o en el Ministerio de Infraestructura, tienen que ver con un criterio que beneficia o perjudica a determinadas provincias? ¿En razón de qué criterio? ¿Es justo que tengamos que seguir manteniendo un sistema arbitrario de presión del gobierno nacional sobre las provincias? Es cierto que está en debate si los gobernadores y las provincias terminan siendo rehenes de un sistema que es injusto y perverso. Verdaderamente, está muy mal que se distribuya de esta manera. Y a esto hay que sumarle la fortaleza del argumento del oficialismo, que consiste en decir: "se han hecho todas estas obras". Son dos las cuestiones. La primera, es la decisión. En ese sentido, me referiré al caso de las provincias de Jujuy, de Salta y de Tucumán, que pertenecen al NOA. En mi provincia, se hizo una obra en el Acceso Sur, respecto de la cual, verdaderamente, nos hubiera gustado discutir su realización. Se gastaron 250 millones de pesos, y hubiera sido bueno que el pueblo jujeño discutiera si quería una obra de infraestructura de ese tipo o una obra de riego que permitiera incorporar a las 20 mil hectáreas de producción de tabaco o las 10 mil destinadas a los cañeros independientes −para la producción de caña con mano de obra intensiva−, 20 mil ó 30 mil hectáreas más, para modificar el producto bruto y, de esa forma, pasar de tener en la industria del tabaco a 40 mil trabajadores en lugar de los actuales 20 mil. Sin embargo, no nos permitieron tomar esa decisión autónoma con relación a qué hacemos con 250 millones de pesos. Vino el gobierno nacional y dijo: "estos 250 millones de pesos están destinados a esta obra", cuando, en realidad, nosotros deberíamos haber debatido si queríamos otro tipo de obra de infraestructura. Pero también tenemos hecho un estudio sobre los precios. Porque este sistema, que es perverso y discrecional, además, genera un esquema de sobreprecios de la obra pública. Como dije, hicimos varias comparaciones, porque en el caso de la obra del Acceso Sur, planteamos una denuncia penal.
En este sentido, tomamos un tramo de 5 kilómetros y comparamos su costo con el de una obra realizada por el gobierno de Salta, con fondos propios, durante la gestión del ex
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gobernador y actual senador Romero. En 5 kilómetros de obra que desarrolló Salta para el acceso al aeropuerto −se trató de la misma obra, con los mismos puentes y demás−, se gastaron 35 millones de pesos, mientras que para la misma cantidad de kilómetros, en Jujuy, se pagaron 100 millones de pesos. Asimismo, en 2007, sobre un camino de 22 kilómetros a Faimallá, efectuamos un trabajo en la provincia de Tucumán. Mientras que esta provincia pagó 100 millones de pesos, a raíz de alrededor de 4 millones de pesos por kilómetro de pavimento, San Luis pagó 1 millón de pesos el kilómetro. De esto estamos hablando. Sr. Rodríguez Saá. – Kilómetros de autopista. Sr. Morales. – Incluso, le agradecimos al gobierno de San Luis que nos brindó la información de cuánto era el costo de obra pública, con recursos provinciales. De esto estamos hablando; estamos hablando de discrecionalidad; estamos hablando de un sistema de sobreprecios; estamos hablando de que la discrecionalidad genera injusticia. Esta es la discusión federal. Tiene que ver con el debate de la independencia de las provincias y de si. Realmente volvemos doscientos años atrás y preservamos el concepto del poder originario en los gobiernos provinciales. De esto estamos hablando cuando nos referimos a la coparticipación del impuesto al cheque y de estas cuestiones. También se dice que si le sacamos 10 mil millones de pesos a la Nación. vamos a afectar los recursos y le vamos a producir un gran daño al gobierno. Esta es la segunda línea argumental del oficialismo. La primera es que las provincias reciben más plata. y está visto qué es lo que ocurre con ejemplos concretos. No quiero mencionar la obra de Choele Choel-Pico Truncado, que tiene un informe de la Auditoría General de la Nación, donde un tramo vale 10 y otro 200 ó 300. Hay miles de ejemplos, pero yo solamente me referí a las obras del NOA, que es la zona en donde vivo. El otro argumento que plantea el oficialismo tiene que ver con que vamos a afectar los recursos y pondremos en riesgo la precaria situación del Estado nacional. No es verdad; ya se ha planteado aquí que la pauta de crecimiento del 2,5 por ciento va a ser superada holgadamente y va a alcanzar un 4,5 por ciento del producto bruto. Esto va a significar entre 35 mil y 50 mil millones de pesos de recaudación adicional. Estamos hablando de que esta decisión importa no un cambio cuantitativo en el presupuesto, porque los recursos siguen siendo los mismos, sino un cambio cualitativo del gasto, es decir, un cambio en quién decide el gasto. La decisión que podemos adoptar hoy con esta reforma o con la derogación que podamos producir de la ley de impuesto al cheque vigente tiene que ver con un cambio cualitativo. No tiene nada que ver con la cantidad del presupuesto; la recaudación va a seguir siendo la misma. Entonces, también es débil este argumento del oficialismo. En ese sentido, va a haber apelaciones a que seamos responsables. Ayer, en el debate de las reservas, nos decían que tengamos cuidado con la derogación de los decretos de necesidad y urgencia, porque se pone en riesgo la reapertura del canje. Eso no tiene nada que ver. Ahora nos van a decir que si modificamos la ley de impuesto al cheque pondremos en riesgo la reapertura del canje. La reapertura del canje es un proceso autónomo, que va a ser exitoso, porque quienes compraron títulos a 30 dólares ahora van a cobrar 50 dólares o más. Tienen una ganancia del 70 ciento. Les conviene, porque quienes quedaron fuera del canje compraron devaluados los títulos y van a tener una superganancia del 70 por ciento. El tema de la reapertura del canje es un proceso autónomo que no tiene nada que ver con las decisiones políticas que tomemos en materia de DNU y con la modificación del impuesto al cheque. No nos corran con esos argumentos que no tienen nada que ver.
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La actitud que tiene la oposición es de un alto grado de responsabilidad. En ese sentido, hemos ofrecido alternativas en cada uno de los frentes de debate que tenemos con el gobierno. Y en este tema, estamos discutiendo la cuestión de la autonomía política de las provincias. Este segundo argumento tampoco tiene sentido cuando empezamos a ver los números del presupuesto. El tema de la coparticipación no sólo lo plantean las provincias y los intendentes, sino todos. Los gobernadores con que uno se cruza en cualquier evento lo saben. Esta es una bandera federal. Lógicamente, cuando vienen a Olivos, tienen que ir de rodillas, porque de lo contrario no les envían los recursos. En verdad, hablamos de si los gobernadores e intendentes siguen siendo rehenes del gobierno nacional o no. Este es el verdadero debate. La Iglesia también ha elaborado un documento, que ha generado ruido, que tiene que ver con la pobreza, porque este debate también tiene que ver con la cuestión de la pobreza. En el punto correspondiente a los cambios estructurales consensuados, de largo plazo, la Iglesia plantea garantizar la independencia de las provincias y municipios delegando responsabilidades y asignando los recursos necesarios. Y en el inciso g) del punto quinto, que se refiere a las principales políticas públicas a implementar en el período 2010-2016, habla de una reforma impositiva que establezca una coparticipación federal que tenga en cuenta el principio de subsidiariedad y, por ende, sea acorde a las acciones a cargo de las provincias y municipios, como educación, seguridad, salud, etcétera. Esto lo plantea la Iglesia. Es decir que todos los sectores de la sociedad argentina están discutiendo sobre este tema que traemos a debatir como un asunto de la agenda de la oposición. Entonces, la lucha es la misma de hace doscientos años, es la lucha por la dignidad. Un pueblo digno es un pueblo que es autónomo. Un pueblo digno es un pueblo que es independiente. Un pueblo digno es un pueblo que es libre. Si no hay libertad, no hay dignidad. Y un pueblo digno es un pueblo que tiene garantizados sus derechos. No es posible la libertad, la independencia, la autonomía y la garantía de los derechos ciudadanos si, realmente, no volvemos a la aplicación de la ley de coparticipación en el sentido en que fue aprobada en 1988, es decir, respetando la independencia política de los gobiernos provinciales. Muchos hombres y mujeres dieron la vida por este país, y nosotros creemos que esos hombres que dieron su vida y que pusieron todo su compromiso se merecen este debate que estamos dando sobre la cuestión federal. Quiero hacer una referencia al tema de la Constitución Nacional, por lo que ha planteado el señor senador Ernesto Sanz. Como él bien ha dicho, ya en 2006 ha dejado de tener asignación específica la modificación al artículo 3° de la ley de impuesto al cheque. Tiene razón el señor senador Pichetto. Es así, porque la estructura de la Constitución Nacional establece este criterio que está plasmado en el artículo 75, incisos 2) y 3). Allí está la estructura conceptual que yo quiero esbozar porque, seguramente, vamos a tener que plantear algunos cambios para que podamos realizar una votación que... Sr. Verna. – Solicito una interrupción, señor presidente. Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción, señor senador? Sr. Morales. – Sí. Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Verna. Sr. Verna. – Señor presidente: nosotros hemos hecho llegar a la Secretaría Parlamentaria un proyecto de modificación a la redacción del artículo 1°del proyecto. Creo que es mucho mejor redactar el artículo 1° diciendo “Derógase el artículo 3° de la ley 25.413 y sus modificaciones”.
¿Por qué? Porque en este caso, al derogarse la modificación en la distribución, pasa al régimen general de impuestos que se distribuye por la ley 23.548 y, entonces, queda
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claramente demostrado que es la distribución de un impuesto previsto en el artículo 2° de la ley 23.548 y encuadrado en el artículo 75, inciso 2), de la Constitución Nacional. Creo que esta redacción es mucho más adecuada. Esa es la propuesta que hemos alcanzado a la Secretaría Parlamentaria y es la que estamos proponiendo que se vote. Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales. Sr. Morales. – ¿Cuál es el criterio general que establece la Constitución, que justamente preserva este principio del poder originario y que las provincias delegan en el Gobierno nacional? El inciso 2) del artículo 75 de la Carta Magna le da la atribución al Congreso de la Nación de imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias; imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Entonces, ¿cuál es el criterio general? Que todo impuesto es coparticipable. El criterio general plantea que la Cámara de origen para la creación de impuestos es la de Diputados. Sin perjuicio de ello, existen antecedentes sobrados de modificaciones realizadas por el Senado a impuestos ya creados y que cumplen con el principio de que la Cámara de origen es la de Diputados. Hay miles de ejemplos, y acá tengo unos cuantos que puedo leer. No obstante, este es el principio general. Para apartarse de este principio general, el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución Nacional menciona lo siguiente: “Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la cantidad de los miembros de cada Cámara”. ¿Por qué se requiere de una mayoría especial? Porque se trata de una cuestión que se sale del principio general de la norma, del primer párrafo del inciso 2) del artículo 75 de la Carta Magna y, entonces, se genera una afectación específica. Si hay una afectación específica que saca recursos del criterio general de que todos son coparticipables, requiere de una mayoría agravada. Por ello, es que en este caso se requiere de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Por eso, como dice el senador Pichetto, siempre para el caso del impuesto al cheque, por tener en el artículo 3° una asignación específica, lógicamente se requiere de la mayoría absoluta. Y en caso de que hubiera –como dice– creación o modificación, que es algo que podría haber llevado a dudas el dictamen de comisión, el cambio que plantea el senador Verna es pertinente. Entonces, la derogación del artículo 3° nos pone ante la situación de que estamos tratando una ley de impuestos, que tampoco es una ley convenio, como dijo el senador Mayans. No estamos frente a una ley convenio. No estamos ante una modificación de la ley 23.548 que deba ser avalada por las provincias. Hablamos de una modificación, por ley simple, de un impuesto que ya está creado, con la derogación de un artículo que generaba la afectación específica. Si en este momento estuviéramos creando o modificando una asignación específica, correspondería la mayoría absoluta y, también, encuadrarla en el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Hay muchos ejemplos de esto; daré sólo algunos. El 5 de noviembre de 2008, consideramos el dictamen en el proyecto de ley por el que se incorporaba el artículo 25 bis a la ley 19.800, de actividades tabacaleras. Me refiero al impuesto tabacalero, al Fondo Especial del Tabaco, por el que se establece un adicional al precio de venta al público de cada paquete de cigarrillos. Aunque hubo 51 votos, las autoridades de la Cámara establecieron que
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se aprobaba con más de la mitad de los votos emitidos. Acá están los antecedentes, señor presidente. Fue un proyecto de modificación de un impuesto, originado en el Senado. Digo esto para desarticular cualquier argumento del oficialismo de que la Cámara de origen es la de Diputados. Y hay otros ejemplos de leyes que tienen origen en el Senado y que modifican impuestos ya creados, cumpliendo el precepto de Cámara de origen la de Diputados. En este sentido, cito la ley 26.360, de promoción de inversiones y de bienes de capital y obras de infraestructura; la ley 25.082, de distribución de impuestos sobre intereses pagados y costos financieros y del impuesto a las ganancias, y la ley 24.699, de prórroga del plazo de las obligaciones tributarias asumidas por las provincias, entre otras. Estos son antecedentes que dan cuenta de proyectos de modificación de leyes de impuestos, generados desde el Senado, luego convalidados por la Cámara de Diputados. Este caso que acabo de plantear, el del impuesto al cigarrillo, no sólo se originó en la Cámara de Senadores sino que ha requerido de la simple mayoría de los presentes, porque es una modificación de una ley simple. Está claro cómo la Constitución plantea que tiene que haber una mayoría agravada cuando se trata de una desafectación de un impuesto, porque el criterio general es que todo impuesto es coparticipable. Eso ha quedado claro. Hay otro antecedente más, que tiene que ver con el dictamen sobre un proyecto que crea un régimen nacional para el uso de fuentes renovables de energía, destinado a la producción de energía eléctrica, votado el 15 de septiembre de 2006 por más de la mitad de los presentes, que establece un tratamiento especial y modifica el criterio general de aplicación del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias Estos son algunos de los ejemplos, entre otros, que dan cuenta de que para modificar una ley de impuestos, una ley simple, si no hay una afectación específica, es atinada la reforma que propone el señor senador Verna, porque lisa y llanamente plantea la derogación del artículo 3º de la ley. Y estamos hablando de derogar, no de crear una nueva asignación o de modificar esa asignación para que vaya a otro lado. Estamos hablando de una derogación. Así que, atendiendo a la propuesta que hizo el señor senador Verna, a esta moción y a los argumentos que acabamos de expresar, queremos que la propuesta enviada a Secretaría sea sometida a votación en general y, cuando corresponda, a su tratamiento en particular. Por este motivo y porque creemos que la lucha por la dignidad de los pueblos de las provincias tiene que ver con la lucha por la autonomía y la independencia política de los estados provinciales, viene bien que empecemos el año del bicentenario con esta sesión, debatiendo la cuestión federal. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto. Sr. Pichetto. – Señor presidente: compartimos los loables fines expresados por el señor senador Morales: la recuperación de la dignidad, de la integralidad, el concepto de Nación, que es algo que no escuché esta noche. Pero primero, quiero empezar por lo jurídico. Acá hay senadores que han ingresado a esta Cámara y creo que estamos en un año muy complicado, en el que no se aceptan los resultados. Y cuando no se aceptan los resultados, rompemos el Reglamento o, si no, rompemos la Constitución. Además, rompemos la tradición de la Cámara, algo a lo que ya estamos acostumbrados en estos días. En estos tres meses, hemos roto todas las tradiciones. Ahora, estamos rompiendo, destrozando con argumentos, con artilugios, toda la historia de precedentes desde 2002 a la fecha.
Para cada una de estas modificaciones o prórrogas de la ley de impuesto al cheque, en el momento en que se votaba, cada secretario decía claramente que estábamos frente a una asignación específica y a una votación especial para la que se requería mayoría, y se contaba el número de senadores que votaban. Esto ha sido así y no quiero estar leyendo ley por ley;
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pero si quieren, lo hago; y también podemos efectuar el repaso de los órdenes del día que tengo aquí sobre mi banca. El secretario Estrada, desde que ingresó, cada vez que terminaba la votación hacía mención específica a que se había votado con la mayoría especial que fija el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución Nacional. Entonces, yo pido que reflexionemos. No quiero hacer –como dijo el senador Sanz– un discurso descalificador. Pero, realmente, están equivocados, gravemente equivocados. Él incorporó el concepto de gravedad institucional. Se están sentando precedentes harto peligrosos. Vale todo, señor presidente, y lo usan a usted para hacer convalidar este tipo de situaciones de “vale todo”. “Como voy perdiendo, como no logro los treinta y siete votos, entonces, cambiamos la Constitución y su interpretación de los últimos años”. ¡No dejemos que esto ocurra, señor presidente! Usted debe cuidar la aplicación de la norma, la historia de este Congreso, cómo se reguló este impuesto y cómo se votó cada una de las veces que hubo que votar. Hubo que hacerlo con la mayoría que fija la Constitución, no el Reglamento, sino la Constitución en su inciso 3º del artículo 175. Estamos frente a una asignación específica, y no la puede modificar ninguna catarata de palabras mal dichas desde el punto de vista jurídico, que ha formulado el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Por otra parte, quiero también contestar algunas de las expresiones vertidas por el señor senador Sanz. Me parece importante desentrañar ese debate de 2006, que también tuvo su resultado en términos de la votación con la mayoría especial que fija la Constitución en ambas Cámaras. ¡Nunca una prórroga ni una modificación de la asignación específica, como en el caso de 2006, que tenía además la misma finalidad y el mismo destino dentro del marco porcentual que le correspondía a la Nación, se dejó de votar con la mayoría especial que fija la Constitución! Pero me interesa dar lectura a lo que dijo el senador Capitanich, que era el miembro informante de la mayoría y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Remarco esto porque resulta muy importante, en función de algo que voy a señalar a posteriori de la lectura de los dichos del senador Capitanich en el debate del 2006.
Es cierto todo lo que afirmó el senador Sanz de su exposición particular, dicha como un senador en el marco de ese debate. Y el senador Capitanich, como miembro informante, dijo: Señora presidenta [seguramente, era una mujer quien presidía la sesión en ese momento]: pedí justamente una interrupción para no dejar escapar el tema, porque me parece que amerita una evaluación desde el punto de vista técnico. El artículo 3º de la ley 25.413 establece, efectivamente, que el 70 por ciento de este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a los gastos que ocasione la emergencia pública declarada en el artículo 1º de la ley 25.561. Es un caso parecido a la ley 25.239 y a la ley 25.717, en su artículo 11, respecto de la finalidad del financiamiento del sistema de la seguridad social. Siempre ocurre así desde el punto de vista de la especificidad. Lo que usted indica [se refería al senador Sanz], que es importante, se refiere a las diferencias entre la redacción del proyecto original y la redacción del proyecto del recinto. En realidad, fue la diputada Graciela Camaño la que propuso la reforma en la versión taquigráfica obrante. Entonces, cuando se plantea el Título V y otras disposiciones –el artículo 6º– habla de la sustitución en el marco de lo normado [escuchen bien esto: habla de la sustitución en el marco de lo normado] del artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional. Es importante remarcar que el artículo 75, inciso 3, de la Constitución establece la mayoría especial, desde el punto de vista de la afectación de los recursos. En este sentido, el artículo 75, inciso 3), dice que es atribución del Congreso establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría
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absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. Por lo tanto, para eso se necesitan treinta y siete votos, en virtud de la mayoría especial de esta Cámara. Continúa indicando que la ley, en su artículo 3º, decía que el 70 por ciento de este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a la atención de los servicios de la deuda pública, contribuyendo a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico. En realidad, se suprimió el párrafo que hace mención a la atención de los servicios de la deuda y el objetivo de contribuir a la sustentabilidad del sistema económico. En definitiva, se preserva la finalidad para la cual se estableció la afectación específica. Esto lo decía el miembro informante. ¿Por qué es importante lo que dice el miembro informante? Es importante en orden a la interpretación de las normas. La Corte Suprema tiene sentados reiterados precedentes que ratifican claramente que es doctrina que la primera regla de la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la voluntad del legislador. Si bien es cierto que las palabras o conceptos vertidos en el seno del Congreso con motivo de la discusión de la ley son, en general, simples manifestaciones de opinión individual –como lo fue la del senador Sanz–, no puede decirse lo mismo de las explicaciones o aclaraciones hechas por los miembros informantes de los proyectos, pues tales explicaciones e informes constituyen, según la doctrina y la jurisprudencia, la fuente propia de la interpretación: fallo de 2005 en la causa “Salta, provincia, c/ Estado nacional s/ acción de amparo”. Está sentado ya de manera reiterada que el espíritu del legislador en la interpretación de las normas se define fundamentalmente por las expresiones del miembro informante; en este caso, el senador Capitanich, quien tenía esa función, dado que era el presidente de la Comisión de Presupuesto cuando se debatió el tema. Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito una interrupción. Sr. Presidente. – Senador Pichetto: el senador Sanz le pide una interrupción. ¿Se la concede? Sr. Pichetto. – Cómo no. Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Sanz. Sr. Sanz. – Con ese criterio que usted dice de que la Corte lo que ha hecho es dar validez a la interpretación que hicieron los miembros informantes respecto de cuestiones dudosas, la verdad es que, en estos casos concretos, cualquier afectación que pudiere hacer el bloque de una mayoría circunstancial, luego ser votada y explicada por el miembro informante adquiriría validez constitucional; y no es eso lo que ha querido hacer la Corte. Ello es así a punto tal que, si usted sigue leyendo la contrarréplica de esa versión taquigráfica, verá que yo contesto a esto que acaba de indicar que manifestó Capitanich diciéndole que la supresión del párrafo del pago de los servicios de la deuda pública es, precisamente, la condición de especificidad que tenía en la Cámara de Diputados. Entonces, finalmente, constituye una interpretación acerca de cuál es el alcance de la asignación específica. Pero insisto: lo que usted acaba de leer de la Corte no ha convalidado la interpretación del miembro informante, a mi juicio. Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto. Sr. Pichetto. – Son numerosos los fallos: 182.486, 186.258, 200.165, 281.147, 302.973, 312.529 y otros. Ha sido la línea que ha sostenido la Corte. Las opiniones particulares son legítimas, por cierto, y reflejan el parecer del legislador, pero para interpretar la norma, prima el criterio del miembro informante.
Respecto de lo que usted dice, también, el ex senador Capitanich le contestó en el cierre del debate: la segunda cuestión que quería poner en consideración era que, desde el punto de vista de la distribución del impuesto al cheque, en definitiva, entendemos que las
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modificaciones que se hacen al proyecto de ley que estamos en condiciones de aprobar cumplen los requisitos de afectación específica. Por lo tanto, las modificaciones que se introdujeron en la Cámara de Diputados de la Nación no ameritan poner en duda una eventual inconstitucionalidad [que usted había planteado] sino, muy por el contrario, los recursos son de afectación específica, permiten al Tesoro Nacional afectarlos claramente al mantenimiento de la sustentabilidad del programa económico. Esta es la interpretación de la Corte, no la mía. Es una línea clara desde el punto de vista de cómo se interpretan las normas y cuál ha sido, además, la doctrina pacífica de esta Cámara de Senadores, donde en cada una de las prórrogas, hemos votado con mayorías especiales haciendo mención puntual, clara y categórica por parte del secretario parlamentario, de que se votaba con la mayoría requerida en el artículo 75, inciso 3). El camino que ha iniciado San Luis –para aportar un elemento mayor– recurriendo a la Corte define claramente que son asignaciones específicas que requieren de la aprobación, según lo establece el artículo 75, inciso 3) y, por lo tanto, es materia de discusión en el ámbito de la Corte Suprema. Hay algunas declaraciones de senadores que han abonado este criterio. La senadora Escudero dijo la semana pasada –no hace un año– en este recinto, con motivo de la sesión en minoría… Sr. Rodríguez Sáa. – Pido una interrupción. Sr. Presidente. – El senador Rodríguez Sáa le solicita una interrupción. Sr. Pichetto. – ¡Cómo no! Sr. Rodríguez Sáa. – La provincia de San Luis no firmó el acuerdo, no le comprende el acuerdo. Por eso tiene una demanda, no porque sea una asignación específica. No, nosotros no firmamos el acuerdo, aunque, tramposamente, en la sanción de la ley, donde firman todos, se incluye a la provincia de San Luis. Pero no firmó el acuerdo. No firmó el acuerdo, por eso estamos en juicio, porque el Estado nacional no cumple. Sr. Pichetto. – Es interesante dar lectura al orden del día de esa sesión en minoría ,porque la senadora Escudero –que en ese momento nos acusaba de querer vaciar el Congreso– decía claramente: Según nos hacen creer, el problema es que pusimos primero el tema del impuesto al cheque; pero quiero recordar que el artículo 75, inciso 3), de la Constitución exige para establecer o modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables que hace falta la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. Entonces, hacían falta treinta y siete votos en esta sesión para poder aprobar el proyecto de ley del cheque. Estaba claro que no los teníamos, que contábamos solamente con treinta y seis votos. Entonces ¿por qué no bajaron? ¿Por qué no bajaron si no teníamos los treinta y siete votos que exige la Constitución? No lo hicieron porque la estrategia era que el Senado no sesione. Hoy también algunos senadores que, en distintos programas de televisión… Sra. Escudero. – Una interrupción; he sido aludida. Sr. Pichetto. – Cómo no, senadora. Sra. Escudero. – Quiero decir que el artículo 75, inciso 3), exige una mayoría especial cuando se detraen recursos coparticipables para darles una afectación específica; eso es así. Con la redacción que tenía el texto del dictamen, hacía falta, porque estábamos dando asignaciones específicas. La propuesta de modificación de hoy es la derogación. Para derogar afectaciones específicas no necesito mayoría especial. La mayoría especial se necesita cuando se quiebra el principio de que todo impuesto es coparticipable. Por eso es que se ha propuesto la modificación.
Sr. Pichetto. – La verdad es que tengo respeto intelectual por muchos senadores. A veces, lo que me violenta es que nos subestimen la inteligencia y que quieran articular expresiones
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para justificar lo injustificable. ¡Muchas veces me han dicho a mí, como miembro informante del oficialismo, que justifico cualquier cosa! Pero, la verdad, esto es poco sólido; resulta inconsistente, señor presidente. ¡Se cae a pedazos! Lo que van a hacer es generar una norma, si es que la sacan –si es que la Presidencia avala esta interpretación–, que no tiene ningún valor ni ninguna entidad; ¡que no pasa ni siquiera por un juez de faltas de Villa Echenagucía! Porque ningún juzgado puede resolver esta norma que no tiene legitimidad. Lo digo con todo el respeto que tengo por los jueces de faltas de Villa Echenagucía. (Risas.) Señor presidente: en la última prórroga que hicimos por dos años, se dice claramente que se cumple con la mayoría especial que fija la Constitución. La verdad es que no quiero ser redundante. Yo espero que exista criterio, tino; que podamos resolver de acuerdo con la Constitución. Ya no de acuerdo con el reglamento: de acuerdo con la Constitución. Ahora quiero hacer mención a algunas referencias que se han hecho acá desde lo político, porque me parece que también son importantes. Muchos senadores se arrogan la vindicación de la dignidad de las provincias. Yo también considero y opino, fundamentalmente, que, como hombre que represento a una provincia de la Patagonia, me interesa el destino de esa provincia. Siempre estoy preocupado por ella. Por otra parte, quise gobernarla; así que me interesa el destino de los rionegrinos, como seguramente a todos los otros senadores les interesa su provincia de origen y defienden sus intereses. Esto es algo que nos vincula y nos une a todos. Esta es la Cámara federal. Señor presidente: estamos debatiendo un tema que, indudablemente, en materia federal, es de discusión y de participación necesaria, primaria, excluyente de los gobernadores de provincias. Incluso, en algunos discursos, hasta se subestimó el rol de los gobernadores: los consideran personajes pusilánimes que se vienen a arrodillar ante el gobierno central o a rogar para que les manden la plata, o sea, personajes de menor cuantía a los que no hay que respetar nada. Y yo digo que por algo son gobernadores y están gobernando las provincias, para lo que han tenido una legitimación popular. Yo creo que no podemos hacer ese tipo de evaluaciones. Justamente, muchos de esos gobernadores, la gran mayoría de los que han ido a dialogar con la señora presidenta, han sostenido la inconveniencia de tratar este tema de manera apresurada. Estamos tratando un dictamen en el cual el oficialismo no participó. Se trató esa noche de impulsos desatados, de ese vendaval que arrolló todo y que citó a Marcó del Pont en el término de media hora y dictaminó sobre el proyecto de ley del cheque en horas de la noche, a las 20. Pero nosotros no participamos, tampoco lo hicieron los gobernadores y no se convocó a nadie. Este es el dictamen que estamos tratando. ¿Qué pedimos? ¿Qué venimos pidiendo? Que se postergue esta discusión para tratar de hacer un trabajo serio. Porque a la presidenta, que está a cargo de la administración nacional, le vamos a tocar los recursos del Estado nacional sin decirle con qué los vamos a reemplazar, y en el medio de un proceso de presupuesto en marcha; ese es el momento en que le vamos a decir que va a dejar de percibir 9 mil millones y sin aclararle con qué los reemplazaremos, con qué resolveremos este bache que va a tener el presupuesto de la Nación. Además, ni siquiera le permitimos terminar el diálogo con los tres gobernadores que, finalmente, van a concurrir a dialogar con ella el jueves de esta semana. No permitimos un proceso de evaluación o de cierre de este diálogo entre los gobernadores y la señora presidenta de la Nación para que, quizá, hasta de allí pueda surgir alguna alternativa que pueda resultar una salida inteligente, responsable y consensuada.
Yo escuché con atención al señor senador Verani. En verdad, su discurso me dejó la sensación de que, indudablemente, él no está satisfecho con esto; así lo expresó claramente.
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Tal vez, podríamos haber trabajado con más tiempo, con más prudencia y con más responsabilidad. Precisamente, la responsabilidad, señor senador Morales, es todo un tema; para mí, es un tema central de la Argentina que estamos viviendo. Miren: hay países como Colombia o como Canadá, donde las iniciativas en materia de impuestos que tienen que ver con la administración central del país están en cabeza del presidente porque él es quien tiene la visión completa e integral de la administración. Las leyes deben tener origen en el Poder Ejecutivo; eso no lo tenemos en nuestra Constitución, pero tampoco nunca ocurrió un hecho como este. En la historia parlamentaria que va desde la transición democrática, desde 1983, a la fecha, siempre ha habido un espíritu colaborativo en las Cámaras de Diputados y de Senadores con el Poder Ejecutivo de turno. Yo no recuerdo ningún hecho por el cual se desfinanciara al gobierno con alguna ley que se votara. Siempre hubo, además, responsabilidad institucional de los grandes partidos para que los presidentes, a mitad de período y cuando se modificaba la situación parlamentaria, arribaran al final de su mandato con todas las atribuciones y sin desfinanciar al Estado nacional. En ese sentido, voy a recordar la última etapa del gobierno de Alfonsín, el inicio de la gestión de Carlos Menem, con la participación de ese gran legislador que fue César Jarovlasky, quien posibilitó la sanción de leyes económicas importantes en ese período crítico de hiperinflación, o el período donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Antonio Cafiero, colaboró con el doctor Alfonsín, aportando los votos necesarios para aprobar el presupuesto y otras leyes impositivas en la última etapa de la gestión de aquel, allá por los años 1987 y 1988, antes de las elecciones, lo que indudablemente le valió al doctor Cafiero la descalificación como colaboracionista del gobierno radical. Y miren lo que voy a decir: creo que le provocó un demérito en el proceso interno que vivimos en el peronismo, cuando se eligió la fórmula presidencial, donde compitieron Menem y Cafiero. Creo que la responsabilidad extraordinaria de Antonio Cafiero en ese momento histórico fue fundamental para que el gobierno del doctor Alfonsín pudiera tener los instrumentos necesarios en el Parlamento. Hay otros países centrales que, indudablemente, tienen una sofisticación y una cultura que todavía aquí no se ha logrado. Ojalá que lo podamos hacer. Creo que, si se recuperan verdaderamente los partidos nacionales en la Argentina, se puede construir una democracia de partidos y de programas que, indudablemente, le darán estabilidad al sistema político y hasta, quizás, se puedan encontrar hasta situaciones como ocurren en Inglaterra. Me refiero a que cuando el oficialismo pierde en las elecciones de medio tiempo las representaciones de mayoría, la minoría le quita los representantes para que el oficialismo pueda imponer el modelo. El 80 por ciento u 85 por ciento de las leyes que se votan tanto en España como en Inglaterra y Francia son normas que tienen su origen en el Poder Ejecutivo. Sra. Escudero. – Este es un sistema presidencialista. Sr. Pichetto. – Sí, estamos en un sistema presidencialista. Y viene bien esta reflexión que me hace la senadora por Salta –que es positiva, aunque no le va a dar derecho a una interrupción–. No es un sistema europeo y parlamentario, en donde a mitad de tiempo se cambia el gobierno y se cambian las leyes o reglas económicas.
En ese sentido, recuerdo la cohabitación de Chirac con Balladur. Gobernaba el sector de la derecha o liberal en Francia, y gana el socialismo en las elecciones de medio tiempo, asume Baladour y hay una cohabitación de las dos fuerzas, algo típico o característico del gobierno francés. Un presidente que viene de la derecha y un primer ministro que viene de la izquierda, y cambia el modelo y el programa económico, lo pone a discusión en el
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Parlamento y, como tiene mayoría, lógicamente, aprueba las leyes que impone el primer ministro. Esto, indudablemente, permite resolver los procesos de crisis que se manifiestan en los sistemas presidencialistas cuando el oficialismo pierde la mayoría en algunas de las Cámaras o cuando hay un sistema de equilibrios o de paridad muy inestable, como el caso del Senado que, en muchos casos, determina cuestiones vinculadas al bloqueo. Comprendo la indignación de algunos medios de comunicación cuando dicen que el Senado no sesiona. Les quiero decir que el Congreso americano, en el marco de la crisis, estuvo más de cinco meses sin sesionar. Para ser más preciso, el parlamento canadiense hace dos meses que está bloqueado porque el oficialismo ha perdido la mayoría parlamentaria. Entonces, tampoco hay que dramatizar estas cuestiones ni ponerlas en el plano de que el mundo se va a caer si el Senado no sesiona. Esto ocurre en los países centrales y en la realidad política. Puede ocurrir que la sociedad defina con su voto situaciones de equilibrio, y mucho más en los sistemas presidencialistas. Nuestro sistema es presidencial y, además, tiene un instrumento que permite resolver situaciones de bloqueo como el DNU, un instrumento que posee raigambre constitucional. Este es otro debate que vamos a dar oportunamente y sobre el cual no voy a avanzar, ya que esperamos dar la discusión en profundidad cuando se trate el tema del uso de las reservas. No sé si es conveniente o bueno para la oposición avanzar en modificaciones de carácter impositivo y afectar situaciones económicas del Estado central. ¿Por qué? Porque si las consecuencias son negativas, van a pagar el precio sin estar a cargo del gobierno. Creo que la oposición, y esta es una reflexión particular, se tiene que preparar para ser gobierno y preparar su plan y su modelo de gobierno, si es que les toca gobernar por el voto de la ciudadanía. No creo que sea conveniente que ahora interfieran en decisiones propias de administración que son muy delicadas y muy sensibles para el país. Estas son algunas de las reflexiones que quería dejar expresadas y considerar que está en usted la responsabilidad de hacer la interpretación. Desde ya que si se optara por una interpretación que vulnerara la historia parlamentaria de este impuesto, y se lo considerara una asignación específica, lógicamente que se abrirían caminos −ahora sí− de nulidad absoluta, como le gusta decir a la diputada Carrió, quien también ha encontrado una nueva construcción en el tratamiento de los DNU, consistente en la derogación por nulidad. Se trata de una figura interesante que oportunamente discutiremos. De procederse de esa manera, se abriría un esquema de judicialización interminable que le daría a la presidenta todas las condiciones de factibilidad para la instrumentación de un veto. Por lo tanto, considero que deben hacerse las cosas bien. Escuché decir en muchas oportunidades que había que debatir y aceptar el resultado. Hoy tuvieron el quórum, tuvieron el número, estamos debatiendo: aceptemos el resultado. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales. Sr. Morales. – Señor presidente: simplemente quiero plantear una cuestión de orden. Solicito que se ponga en consideración la interpretación. No tiene que interpretar la Presidencia. La moción concreta −de orden− es que por Presidencia se ponga a votación la adopción del criterio establecido en el marco del primer párrafo del inciso 2) del artículo 75 de la Constitución nacional, o sea, que para la votación de este tipo de iniciativas se requiere la mayoría simple de los miembros presentes. Señor presidente: solicito que ponga a votación esta interpretación. Es una moción de orden, y pido que se vote. Interpretamos nosotros, señor presidente. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: justamente, el senador Sanz dijo que nosotros, los senadores,
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no teníamos que interpretar estos temas. Y ahora, el presidente de su bloque quiere someter a votación esa cuestión. Sr. Morales. – No estuviste atento. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz. Sr. Sanz.- Señor presidente: sólo para aclarar, debo decir que no era sobre la interpretación de la mayoría, sino sobre la interpretación de la asignación específica; es decir, si había o no había asignación específica. No dije lo expresado por el senador Torres. Sr. Presidente. – Permítanme efectuar algunas consideraciones. Sé que ha costado mucho iniciar esta sesión; que fueron muy complejas las relaciones que se han tenido. Asimismo, considero que es un tema muy importante para el país y que, en consecuencia, debe tener toda la validez y la fuerza necesaria para implementarlo o no implementarlo. Con respecto a algunas de las apreciaciones que aquí se han hecho, como fui gobernador de una provincia tengo una interpretación similar a la de la senadora Sonia Escudero, a pesar de que sé que el senador Pichetto no la comparte. Me ha tocado actuar en situaciones similares, y siempre cuando uno sale de una situación general que está prevista para ir hacia algo que se aparta de ella tiene que ponerle algún "cinturón de seguridad". Ahí es cuando justamente se exige alguna mayoría, como en este caso, absoluta. Sr. Gioja. – Como en este caso. Sr. Presidente. – Sin embargo, cuando se sale de esa situación y se vuelve a lo general, en las situaciones que a mí me han tocado, se requiere, como bien lo expresó la senadora Escudero, mayoría simple. Ahora bien, he escuchado acá que se han transitado aquí, por analogía, algunas situaciones particulares, inclusive haciendo referencia a cómo la señora presidenta, para evadir de alguna forma un decreto que estaba en la justicia, generó un decreto paralelo o similar. Y lo cierto es que dicho decreto está en vigencia y se logró el objetivo. En este caso veo una analogía similar. Y lo digo con todas las de la ley porque el texto del proyecto original, como bien se dijo aquí y fue reconocido por el bloque que lo trajo a consideración, estaba incluido en el marco del artículo 75, inciso 3). La propuesta que hace el senador Verna sale de ese marco, a mi modo de interpretar, pero no deja que uno interprete que se le está buscando, como bien dice ahí, una vuelta para conseguir, a lo mejor, una mayoría simple para la aprobación. Voy a someter a consideración la moción, después harán todas las presentaciones como ya han hecho en otras sesiones. Sé que es un tema difícil y complejo. Quiero proponer al bloque de la mayoría que lo deje en comisión para aclarar estas dudas constitucionales. Si esto no se acepta, voy a someter a consideración la propuesta del senador Morales. Tiene la palabra el señor senador Romero. Sr. Romero. – Sabemos que tenemos dificultades institucionales. No quiero desvirtuar su rol, usted sabe, presidente, que en mi caso personal, como muchos de aquí, lo hemos defendido en su rol, pero tampoco queremos que se aparte del mismo. El artículo 33 del Reglamento establece que el presidente no discute ni opina sobre el asunto que se delibera. Con todo respeto, le pido que apliquemos el artículo 33 del Reglamento. Sr. Presidente. – Está bien, pero estamos en una situación particular. Por eso me permití que me dieran el uso de la palabra. Ya termino. Hago esta propuesta y, si no la aceptan, voy a someter a consideración la propuesta del senador Morales. Tiene la palabra el señor senador Mayans.
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Sr. Mayans. – Presidente: lo complejo de este tema es que estamos modificando la Ley de Presupuesto Nacional y la Ley de Coparticipación Federal por simple mayoría. Es una aberración. Lo mínimo que deberían tener son 37 votos. Estamos modificando la Ley de Coparticipación Federal y la Ley de Presupuesto Nacional. ¡Una aberración, presidente! Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Viana. Sr. Viana. – Señor presidente: vine hoy con mucha expectativa a este debate. ¿Por qué? Porque creo en la necesidad de construir consensos importantes. En lo particular tengo una opinión distinta a mi bloque, y lo he manifestado, pero también tengo la opinión de que esta ley necesita una mayoría especial, porque así lo establecimos y así lo votamos todas las veces. Comparto su opinión en el sentido de que debemos seguir trabajando en esto a fin de buscar esa mayoría, porque así como apoyo una ley de coparticipación del impuesto al cheque, también digo que hay que respetar la Constitución. Si no, ¿qué vamos a llevar? Si bien existe una gran expectativa en las provincias de que lleguen más recursos, vamos a terminar en una judicialización o que una ley no la podamos tratar más durante este año y que se aborte una gran posibilidad para todos aquellos que estamos en el interior del país. Quiero dejar sentada esta posición y llamar a la reflexión a todas las fuerzas políticas, porque esta es una ley importante para el país, para buscar esos puntos de coincidencia necesarios para salir adelante. Son momentos difíciles. Ahora, si mantenemos posiciones inflexibles y vamos a forzar una interpretación, lógicamente vamos a derivar en la judicialización y en el veto de una ley con justificación, cuando el objetivo superior, y creo que hay voluntad política de muchos senadores, es que realmente esta ley llegue a buen puerto. Señor presidente: acompaño su propuesta de que vuelva a comisión para un debate más serio, de forma de buscar el consenso necesario que no tuvo el debate. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales. Sr. Morales. – He planteado una moción de orden en el sentido de que la interpretación la haga el pleno. Ponga a consideración la interpretación y luego al consideración el proyecto. Es moción de orden, no hay debate. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a reiterar lo que formó parte del contenido de mi discurso. Nosotros consideramos que usted debe poner a votación este tema, considerando que es una derogación de una asignación específica lo que ha planteado el proyecto del senador Verna y, por lo tanto, corresponde considerar la norma que establece la Constitución en el inciso 3) del artículo 75, mayoría especial. Esta es nuestra interpretación y nosotros pedimos que, después de este largo debate, haga votar sobre esta base y conforme hemos votado siempre este impuesto. Sr. Viana. – Señor presidente... Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Viana. Sr. Viana. – Yo hice una moción de orden clara de que vuelva a comisión. Sr. Presidente. – Pero está la moción del senador Morales, y yo dije que la iba a someter a votación por los conceptos que yo he vertido. Se va a votar la propuesta del senador Morales. Por favor, levanten la mano… Sr. Pichetto. – Votemos por medios electrónicos, señor presidente. Sra. Escudero. – Votemos electrónicamente, presidente. Sr. Presidente. – Se identifican, entonces, los señores senadores. Sr. Mayans. – Es una “truchada” total. Es lo mismo que yo interprete si tal artículo de la Constitución vale o no vale.
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Sr. Morales. – Que decida el cuerpo si para la aprobación se requiere mayoría simple. Esa es la moción de orden. Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero dejar claro que la interpretación y la decisión de la aplicación de las normas y de la Constitución es una atribución de esa Presidencia y de los secretarios parlamentarios; no es del cuerpo. Usted tiene que velar por el cuidado de las normas y de la Constitución. Quiero decir nada más que eso para que quede constancia. Sr. Presidente. – Está bien. Yo, haciendo un poco de extensión y analogía, quiero decir que los artículos 224 y 225 del Reglamento, si bien hablan del reglamento, expresan que cuando se reclame la observancia del reglamento, si se juzga que se lo contraviene, el presidente lo hará observar; mas si el miembro a quien se supone contraventor, u otro, sostiene que no existe contravención, se resolverá inmediatamente a través de una votación sin discusión. Yo, por extensión, lo voy a someter a consideración y lo que decida el cuerpo será la opinión y me haré responsable después de todo lo que sabemos. Se va a votar. – Se practica la votación por medios electrónicos. – Durante la votación dice el: Sr. Secretario (Estrada). – Falta la senadora Bortolozzi. Sr. Presidente. – Senadora Bortolozzi: indique su voto, por favor. Sra. Bortolozzi. – Pido que me autoricen a abstenerme de votar, porque considero que estamos votando algo indebido. Esta decisión la tenía que tomar Presidencia. De todas maneras, ya que he molestado con el uso de la palabra a esta hora y después de diez horas y media de debate, quería decir –no me dieron la palabra oportunamente– que coincido con el senador Viana en que lo mejor sería que vuelva a comisión. Eso es todo. Por ahora me abstengo de esta votación. Sr. Presidente. – Se va a votar la abstención. – Se practica la votación. Sr. Presidente. – Queda aprobada.
– Se concluye la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la moción.
– El resultado de la votación surge del Acta N° …….1
Sr. Presidente. – Ahora vamos a someter a votación la propuesta del señor senador Verna en general y en particular. Sr. Viana. – Yo había hecho una moción, presidente. Sr. Presidente. – Ah…, perdón. Hay una moción del senador Viana que voy a someter a votación. Solicita que el tema vuelva a comisión… Sr. Morales. – ¿Qué vamos a votar, señor presidente? Sr. Presidente. – Que el tema vuelva a comisión. –Varios señores senadores hablan a la vez. Sr. Presidente. – ¿Retira la moción, senador Viana? Sr. Viana. – Si no hay acompañamiento, la retiro. Pero dejo sentada la moción.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Viana. – Señor presidente: si se puede leer cómo quedó la redacción... Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Dice: “Artículo 1°. Derógase el artículo 3° de la Ley 25.413 y sus modificaciones. “Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional”. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto Sr. Pichetto. – Quiero pedir que al final de la votación, por Secretaría se deje constancia de cuántos son los votos que obtuvo este tema. Sr. Presidente. – Así será. Sr. Pichetto. – Adelanto que nuestro bloque votará negativamente. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Marino. Sr. Marino. – Quiero aclarar que entre todos los proyectos presentados uno es justamente de mi autoría. Se trata del expediente S.-3440/09 que, por simplificarlo, decía exactamente lo mismo que lo que vamos a votar ahora, es decir, “Artículo 1°. Derógase el artículo 3°…” Por supuesto, me refiero a la ley del impuesto al cheque. Por lo tanto, cuando el senador Nikisch lo puso a consideración, fue por una cuestión de hacer un dictamen en común. En definitiva, es la sencillez del primer proyecto presentado. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Viana. Sr. Viana. – Quiero dejar sentado que cuando dije que iba a acompañar este proyecto había impulsado modificaciones que no las pude hacer en la comisión. Evidentemente, la comisión no tomó en consideración ninguna modificación, incluso que se coparticipe a los municipios el 50 por ciento, que era la base esencial de un proyecto federal para que, realmente, la coparticipación de este impuesto llegue hasta el final. Por lo tanto, no se condice con lo que he fundamentado inicialmente en esta sesión. Por eso, no voy a acompañar este proyecto. Evidentemente, si ese es el artículo, no refleja el espíritu que hemos elaborado y que he planteado acá. Sr. Presidente. – En consideración, en general y en particular en una sola votación el proyecto de ley. SI no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 35 votos afirmativos, 33 negativos.
– El resultado de la votación surge del Acta N° …….…1
Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto de ley por simple mayoría, con la constancia de la observación que hizo el senador Pichetto. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. 8
MANIFESTACIONES
Sr. Presidente. – Pasamos al tema siguiente. Tiene la palabra el señor senador Morales. Sr. Morales. – Señor presidente: vamos a pedir la incorporación del expediente C.D.-109/09, sobre mediación. Ha expirado la vigencia de esta ley. Por lo tanto, solicito que se ponga a consideración ahora.
Luego, pedimos la consideración del Orden del Día 55/2010, referido a las cuentas sueldo. A su vez, queremos poner a consideración una preferencia para que el pleno apruebe el plan que hemos acordado en las reuniones plenarias de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión para los decretos de necesidad y urgencia 2010 y 298, y también para el proyecto de ley, con cinco iniciativas, que se está tramitando
1 Ver el Apéndice.
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en esas comisiones, vinculado a la utilización de reservas. Es una moción concreta de preferencia para la próxima sesión. Por lo pronto, solicitamos que a continuación se incorporen los dos temas a los cuales hice referencia con anterioridad. Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor senador Pichetto. Sr. Pichetto. – Estamos dispuestos a tratar la Ley de Mediación. Lo que habría que definir es si votamos la sanción que viene de Diputados. Es un dictamen en mayoría. Pero, si vamos a iniciar un debate interminable sobre esa Ley de Mediación, nos levantamos y nos vamos. Pero si existe la voluntad de resolver una cuestión que ya cuenta con media sanción, la votamos y avanzamos. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Fernández. Sr. Fernández. – En realidad, antes de iniciar el tratamiento de la Ley de Mediación, nosotros hemos arribado ayer y hoy a la reunión de Labor Parlamentaria, con un acta complementaria, o un acta que debiera ser leída por usted, acta en la cual se restituían los lugares en las comisiones al bloque del Frente para la Victoria y donde se materializaban las renuncias, a distintas comisiones, del senador Castillo, del senador Menem y del senador Juez. Por distintos motivos, que tienen que ver con la agenda que estamos tratando, esto –que era previo– se viene postergando. Me gustaría que tratemos, como habíamos acordado, que era en forma previa, la aprobación de esa acta, que se le dé lectura, a fin de definir una cuestión de absoluta irregularidad que hemos denunciado desde el mes de marzo, y que persiste a la fecha, a los efectos que por lo menos esto esté terminado definitivamente, y recordar que también había un compromiso de los integrantes de los distintos bloques respecto de la Comisión Bicameral del Mercosur, que efectivamente también era pretendida por un representante de la provincia de Tierra del Fuego, y que el compromiso había sido resolverlo.
– Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. – Silencio, por favor. Sr. Fernández. – Como del dicho al hecho empieza a haber un gran trecho, me gustaría que esta cuestión primaria la resolviéramos, porque es una situación irregular que no nos gustaría que persista en el tiempo para que después, obviamente, como dijo el senador Pichetto, avanzáramos con el resto de los órdenes. No veo por qué motivo, esto que era previo lo estamos dejando para el final de la sesión, porque pareciera que lo podemos tratar con anterioridad toda vez que se han dado los dos temas cuyo tratamiento era requisito previo para su consideración. Lo planteo como una moción de orden, concretamente, señor presidente. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero. Sra. Escudero. – Yo había pedido la palabra para el tema mediación. Sr. Presidente. – Estamos terminando de ordenar la sesión. Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá. Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: había una propuesta de acta que estábamos dispuestos a firmar para hacer una sesión de común acuerdo. Pero la sesión no se hizo de común acuerdo, se llevó a cabo porque obtuvimos los 37 votos. No obstante, hay una parte para la que sí estamos dispuestos, que es lo que dice el acta, que es respetar el acuerdo primitivo de ocho y siete.
Lo del Mercosur fue aclarado permanentemente en esa discusión: es un tema que compete al interbloque federal. No hay ningún problema en conversarlo, pero no está
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decidido. Sr. Presidente. – Senador Morales: como bien lo señaló usted al comienzo de la sesión, la propuesta del senador Fernández pasa por convalidar el acta de labor parlamentaria para, después, proseguir con los temas. Sr. Morales. – No. No, señor presidente, discúlpeme. Estaba viendo el tema de mediación. Hagamos otra reunión de labor parlamentaria, discutamos y, en la próxima sesión, volvamos a plantearlo. Reitero lo que dijimos en la reunión de labor parlamentaria. Nosotros tenemos la mejor predisposición para resolver el tema de las tres comisiones, de que la composición sea de 7 miembros del oficialismo. Quiénes van a ser los integrantes, quiénes van a ser los miembros, es algo que quisiéramos discutir. Así que, en este momento, no podemos resolver. Entonces, pedimos que, para la próxima sesión, ratifiquemos lo que vamos a trabajar, aceptando esta petición que hace el oficialismo de que, de 6 miembros en las tres comisiones, pasen a 7 miembros. Pero es un asunto que estaba planteado, como dijo el senador Rodríguez Saá, en un acuerdo global, con muchos temas. Especialmente, sobre la base de actitudes de nuestra parte. Hemos cedido en el planteo de la comisión bicameral de los DNU. Hemos cedido en ese planteo, sin perjuicio de la judicialización, y hemos cedido en el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia sobre el tema de las reservas. También, aceptamos el cambio del orden del día y mocionamos nosotros, habiendo obtenido quórum, para que se tratara primero el pliego de Marcó del Pont. Luego, con el tema de las comisiones, estamos de acuerdo. Pero no con el texto que está escrito en el acta, con los miembros. Pedimos al oficialismo un tiempo para discutir cómo van a ser los cambios, de manera tal que, como grupo político, tengamos un acuerdo. Pero no hemos conversado todavía. Para la próxima sesión, seguramente, lo vamos a tener resuelto. Es el compromiso que establecimos en la reunión de labor parlamentaria y que ratificamos aquí. Pero no vamos a aprobarlo ahora. Sr. Pichetto. – Señor presidente: usted se dará cuenta de que es muy difícil la situación, porque no se cumple con ningún acuerdo mínimo. Usted tenía que hacer las resoluciones, cubrir los lugares, complementar y cumplir con el principio de proporcionalidad, pero ahora volvemos para atrás. Y este tema queda abierto y no se cumple. Entonces, señor presidente, hay una frustración muy grande. Tenemos que volver a discutir esto. Ya lo habíamos discutido y cerrado, y el presidente iba a hacer las resoluciones en el día de la fecha. Esto fue lo que acordamos, senador Morales. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Juez. Sr. Juez. – Señor presidente: generosamente, puse a su disposición mi lugar en la Comisión de Acuerdos, con el fin de que eso destrabara un conflicto que tenía a este Parlamento y, particularmente, a este Senado paralizado. Generosamente, le comuniqué a usted, en su oportunidad, que teniendo la facultad y la posibilidad de accionar jurídicamente –siendo integrante de la Comisión de DNU–, no lo iba a hacer, porque no comparto la judicialización de la política. Eso permitió destrabar la situación y que usted pudiera emitir una resolución por la que se retrotrae esa comisión a la otrora comisión nombrada en diciembre. Respecto de la reunión de labor parlamentaria de hoy, todavía estamos esperando que vuelva, con la respuesta que a la media hora iba a tener, el bloque oficialista, a fin de contestarnos si iniciábamos y cómo esta sesión.
Finalmente, los bloques no oficialistas decidimos entrar al recinto, y no voy a contar
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la historia de cómo arrancó el día de ayer, con la presencia de la senadora por Formosa en esta sesión. Yo quiero mantener mi palabra, pero quiero ser absolutamente claro. La predisposición de ceder el lugar, que fue votada en la primera sesión de esta Cámara, en la Comisión de Acuerdos, tiene una condición sine qua non, que es encontrar generosidad, amplitud, criterio, voluntad y decisión. Y debo decirle, señor presidente, sin querer retractarme de lo que le ofrecí para que usted pudiera resolver el tema, que no he visto ninguna de esas conductas hoy. Aquí estamos sesionando por la situación fortuita de que la senadora se sentó en la banca. De lo contrario, esta sesión no se hubiera llevado adelante. Con lo cual, quiero decir aquí, al pleno del cuerpo que, manteniendo mi predisposición de ceder ese lugar en una comisión que entiendo es importante para mi provincia –lo he manifestado en más de una oportunidad–, pongo como condición sine qua non encontrar en el bloque del Frente para la Victoria condiciones de trato igualitario y de respeto. Hoy no las he sentido. Con lo cual quiero decir –en la próxima reunión de labor parlamentaria lo seguiremos charlando– que no estoy dispuesto en este momento a ceder mi lugar en la Comisión de Acuerdos. Lo discutiremos en su oportunidad. Cuando haya reciprocidad a un gesto de estas características, tendrá usted mi compromiso y mi renuncia por escrito. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Castillo. Sr. Castillo. – Señor presidente: en el mismo sentido que el expresado por el señor senador preopinante, nosotros también habíamos tenido una actitud en este aspecto a los efectos de colaborar. Pero estábamos esperando que vinieran a firmar el acta. Sin embargo, el acta no se firma. Entonces, si se tienen actitudes de grandeza deben ser compartidas y servir para destrabar. Uno no cambia los pensamientos de que las conductas individuales se deben someter a los objetivos e intereses generales. No los voy a cambiar. Pero esta postura queda revocada hasta que haya una voluntad de todos de tratar de salir de este camino en el cual estamos. Sr. Presidente. – Senador Morales: le hago una consulta personal. ¿Está dispuesto a someter a consideración el referéndum de la senadora Alperovich? Sr. Morales. – Sí, señor presidente. La decisión que tomamos en labor parlamentaria fue con la firma de casi todos los presidentes de bloque que expresamos una mayoría de senadores. Faltaba sólo la del presidente del bloque del Frente para la Victoria, que representa a 32 senadores. Delegamos en la Presidencia ad referendum del pleno la firma de una resolución que reponía, como lo hizo, cuatro miembros por el oficialismo y cuatro por la oposición en la Comisión Bicameral de DNU e incorporaba parcialmente –porque es un tema que todavía hay que terminar de resolver- al senador Lores y a los dos senadores de Tierra del Fuego. Mociono que se ponga a consideración la integración de la Comisión Bicameral de DNU en primer término y, luego, la participación de los senadores por el Neuquén y por la Tierra del Fuego. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pérez Alsina. Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: trataré de conceptualizar lo de hoy para contribuir a lo que decía recién el senador Pichetto.
La reunión de labor parlamentaria no la hemos podido terminar como tal porque había tres condiciones específicas que debían ser cumplidas, respecto de las cuales creo que tenemos que hacer un paraguas y continuar en la próxima. Esas condiciones eran: aceptar lo que proponía el bloque oficialista acerca de las comisiones -lo aceptamos en ese momento-, aceptar el orden del día que había leído el senador Morales y de ahí, formular y formalizar el
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quórum. Hoy, por circunstancias determinadas, no se dieron esas tres situaciones, porque no se consiguió el quórum en la forma que habíamos acordado en labor parlamentaria. Propongo que dejemos eso en suspenso y continuemos para tratar de destrabar definitivamente esto, porque hay predisposición de las comisiones. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá. Sr. Rodríguez Saá. – Estoy de acuerdo con que se trate la delegación que se ha efectuado en la Presidencia para la modificación y la reincorporación de la senadora por Tucumán a la comisión, con la aclaración de que el Interbloque Federal tiene libertad para votar afirmativa, negativamente o abstenerse –voy a pedir autorización para hacerlo–, en razón de que, en dicha comisión –donde se van a tratar los DNU, que, según anticipó el señor presidente del bloque del Frente para la Victoria, van a ser el método para gobernar en emergencia–, no se nos va a dar quórum. Y la comisión, 8 a 8, no se va a poder reunir, como no lo ha hecho en todos estos días, pese a que la resolución fue dictada por la Presidencia y faltaba la homologación de este cuerpo. En consecuencia, cuando en los tiempos futuros se empiece a gobernar por DNU y la comisión no se reúna, sepan que nuestro Interbloque ya había anticipado y denunciado que esto podía suceder. El presidente del bloque del Frente para la Victoria me dijo que aseguraba que la comisión se iba a reunir. Sr. Romero. – Quiero fundar mi oposición, no a la incorporación de la señora senadora por Tucumán, por la cual tengo un gran afecto y respeto, y que tiene los méritos para estar en la comisión. Lo que sí pienso es que la falta de acuerdo político nos está llevando a judicializar todo. Personalmente, voy a apoyar lo que la mayoría decida en cuanto a la incorporación y modificación en las comisiones mientras no se trate de un doble juego en el que, por un lado acordamos y, por otro lado, seguimos la batalla judicial. No sé cómo se resuelve el caso de la Comisión del Mercosur, pero no quiero tener una espada de Damocles por el hecho de que estamos haciendo intervenir a la Justicia en todo. Creo en el principio –que antes era absoluto y que hoy es relativo– de que las cuestiones de los cuerpos son relativas al tratamiento propio del cuerpo. Hay alguna excepción, y en ese sentido es cierto que existen un par de fallos en los cuales la Justicia tuvo que intervenir en el tema de los derechos y garantías de quien fue elegido. Pero aceptar que intervenga en las cuestiones de conformación de comisiones, creo que no corresponde porque, con ese criterio, un día, los jueces van a venir a preguntarnos quiénes están en la comisión, van a opinar sobre el dictamen, y no creo que sea propio de este cuerpo. Por lo tanto, aclaro que esta no es una opinión sobre la incorporación de la senadora por Tucumán, sino un punto en contra de la aceptación por este cuerpo de la intervención de los jueces en cuestiones absolutamente internas, no ya del Senado, sino de las comisiones. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Lores. Sr. Lores. – Señor presidente: quiero aclarar, en función de la alusión que hizo el senador Morales a mi problema con las comisiones, que eso está prácticamente resuelto, en función de que el Frente para la Victoria me ofreció ubicación en cuatro comisiones, reemplazando a cuatro senadores de ese bloque que dieron un paso al costado para que yo me integrara. Ya salieron los decretos, uno firmado por el senador Pampuro y otro por el senador Marino, por los cuales estoy en cuatro comisiones. Y tengo un ofrecimiento de hacer una gestión –que no sé si arribará a buen fin– por parte del senador Verani, para incorporarme en un cargo que ha quedado vacante en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Con lo cual tendría las cinco comisiones que establece el Reglamento del Senado para cada senador.
Sr. Pichetto. – Simplemente, le quiero contestar al senador Juez que cuando bajé, ya estaban aquí en el recinto. Y nosotros tuvimos una reunión de bloque en donde estuvimos analizando
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las distintas circunstancias, y el tiempo que yo fijé, indudablemente , sobrepasó el marco de la reunión. O sea que no existió intención alguna de engañar, sino que la manera en que se dieron los acontecimientos me impidió informar cuál fue el resultado. Pese a eso, hablé con el senador Pampuro y le pedí que hablara con usted. Teníamos la posición de no bajar; al reunirse el quórum, bajamos. Con respecto al tema de las comisiones, estamos haciendo un reclamo legítimo que nos corresponde. Nos corresponde en función de la proporcionalidad, y surge, además, del Reglamento. Acá no estamos planteando mayorías; estamos fijando un criterio para que se resuelva la injusticia de dejarnos seis representantes en tres comisiones permanentes. Así que había un compromiso de resolver este tema hoy, que usted iba a firmar y que, por lo visto, no se ha hecho. Este es un tema que nosotros vamos a sostener y a plantear como una condición sine qua non para normalizar, porque si no, no hay buena fe y no hay palabra alguna de que se cumpla. Y en orden al tema de la senadora de Alperovich, lo que ha habido acá es una sentencia judicial que le pidió a usted, como presidente de la Cámara, o le exigió, que cumpliera con la restitución. Ahora, si este compromiso de la Cámara implica también no continuar con la apelación, esta es una instancia que evaluaremos, que resuelve la cuestión administrativa, que restablece los equilibrios en la Comisión de DNU y cierra un capítulo. Nosotros no tenemos interés en que esto se profundice judicialmente. Si el camino es cerrar esta instancia y notificar a la Cámara de Apelaciones, a donde usted apeló, que este tema está resuelto, tenemos toda la voluntad de hacerlo. Esto está cerrado y hay ocho y ocho. Además, los hechos determinan que hemos cumplido: en la Comisión de DNU, cada vez que hemos sido convocados por el secretario, senador Petcoff Naidenoff, y por la secretaria, diputada Conti, hemos asistido. Incluso, el 30 de diciembre hemos asistido para tratar el DNU del Bicentenario. Después, en el mes de enero, estuvimos tratando varios decretos más. Y no pudimos hacerlo porque impugnamos el armado de la comisión, que fue lo que demoró la convocatoria al tratamiento del último decreto de la presidenta. Así que si volvemos a los equilibrios, que quede la comisión con los secretarios, y vamos a seguir bajando cada vez que seamos convocados, por supuesto, dentro del plazo que establece la ley. Porque ahí no hay forma de eludir lo que establece la ley reglamentaria de DNU: dentro de los diez días, la comisión se debe reunir, y así lo hemos hecho siempre. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales. Sr. Morales. – Señor presidente: debe poner a consideración la moción para que el cuerpo ratifique la delegación que hicimos en usted para resolver el tema de la Comisión Bicameral y la incorporación de los tres senadores que he referido. Sr. Pichetto. – ¿Qué hacemos con la apelación judicial? Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero. Sra. Escudero. – Señor presidente: yo también pido autorización para abstenerme de votar en este tema, porque no creo que se deba consentir este precedente de que los senadores tenemos un derecho subjetivo a participar de algunas de las comisiones. La participación en las comisiones y la proporción en que cada grupo político participa de ellas es una decisión del cuerpo y tiene que ver con las proporcionalidades políticas. Por lo tanto, pido autorización para abstenerme de votar. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fernández. Sr. Fernández. – Señor presidente: a mí me gustaría que por Secretaría se leyera el artículo 73, porque en él se aborda el plazo que duran los integrantes de las comisiones permanentes, que es de dos años a partir de su elección. Eso hace a un derecho que, además, reconoció el juez.
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Pero, además, este es el fundamento por el cual, a lo largo de la reunión de labor parlamentaria, nosotros dijimos, contra la propuesta de derogar parcialmente un acta complementaria, que era necesaria, para integrar una comisión y para que se nos restituyeran los lugares de los cuales fuimos desplazados, una actitud de los distintos senadores para renunciar a ser integrantes de esas comisiones. De lo contrario, estaríamos violando el artículo 73, que dice que, una vez que los senadores han sido designados, duran dos años en sus cargos. Y esto corre para la Comisión de DNU y, también, para las comisiones permanentes. Entonces, para dar a los integrantes del Frente para la Victoria los lugares que les corresponden en las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Acuerdos y Presupuesto y Hacienda, era necesario que esos senadores renunciaran a sus cargos. Entonces, este es el motivo, no un capricho, de lo que le planteamos a usted para que se resolviera esta situación. No hay ninguna otra cosa que eso, independientemente de que, después, se determine a quiénes se reemplazará en las comisiones. Por ello es necesario que, una vez que identifiquen a esos senadores, estos presenten sus renuncias. Si no, es una oferta en abstracto que, en realidad, lo único que hace es dilatar el cumplimiento de la palabra empeñada, y así nos seguimos encerrando en incumplimientos permanentes, que se están reiterando a diario. Esto no es algo nuevo. Usted, señor presidente, fue testigo presencial de la reunión de labor parlamentaria donde esto fue perfectamente aclarado. A partir de ahí, sería bueno que también se leyera el artículo 32. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero. Sra. Escudero. – Veo que aquí se ha cambiado el criterio, porque yo fui excluida de la Comisión de Asuntos Constitucionales después de votar en contra de la destitución del doctor Moliné O’Connor. De modo que en ese momento, se interpretó que pertenecía al grupo político y que el grupo político tenía derecho a esa mayoría. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fernández. Sr. Fernández. – Señor presidente: la integración de la senadora Sonia Escudero en infinidad de comisiones hasta el año pasado fue porque era integrante del Frente para la Victoria. De esas comisiones, jamás fue removida, justamente, porque estaban vigentes los plazos hasta la nueva modificación. Esto le consta y la verdad es que queremos salir de esta situación. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: concretamente, creo que no es oportuno que se desista de la operación. Cautelarmente, usted ha cumplido ad referendum del pleno. De ahí a desistir de la apelación sin que emita un pronunciamiento la alzada, creo que mínimamente significa un conflicto de poderes. Entiendo que usted ha cumplido la orden ad referendum del cuerpo pero, personalmente, sostengo que hay que seguir con la apelación y que se pronuncie la Cámara. Y si es necesario llegar a la Corte Suprema de Justicia, así será. Porque ahora, todo va a ser así. Acaba de decir el señor senador por Tierra del Fuego que ha pedido la nulidad de todos los actos realizados desde que empezaron las sesiones ordinarias, tanto en las comisiones como en otros ámbitos. No es así. Esto es un conflicto de poderes, y si necesitamos que se expida la Corte Suprema de Justicia, habrá que esperar que así lo haga. De esa manera, sabremos qué rol cumple cada poder en la República Argentina. Personalmente, y le pido a los senadores que me acompañen, entiendo que, si bien se ha cumplido cautelarmente y la senadora ha sido reintegrada, propongo que se sigan los carriles normales y, además, que se le dé al cuerpo parlamentario la importancia que él tiene. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: se pone a consideración una delegación en Presidencia que
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surge de un acuerdo político. Las interpretaciones sobre los caminos judiciales, oportunamente, las tomará la Presidencia. Esto tiene que ver con un acuerdo político que, tampoco, desde nuestra votación a favor de la resolución que ha firmado y por la delegación que hicimos, significa admitir que se hayan tomado oportunamente en su momento las decisiones que se tomaron. Lo dejamos en claro desde que empezó aquella primera reunión que fue mencionada por el señor senador Pichetto. Me refiero al carácter provisorio de la integración de la Comisión Bicameral que el juez utilizó de otra manera. Ese fue un planteo de mi autoría. Para destrabar la situación, quedó integrada la Comisión Bicameral, aunque se trataba de una integración provisoria. En la versión taquigráfica, consta que, cuando se terminaban de integrar las comisiones en el mes de febrero, se iba a terminar la integración de la Comisión Bicameral. Comparto, además, lo que ha planteado la señora senadora Escudero. Esto no significa admitir el criterio de que el lugar pertenece a la persona sino al grupo político. La Unión Cívica Radical va a acompañar este acuerdo político porque va a tener una actitud distinta de la que ha tenido el oficialismo en forma permanente. Hasta el 10 de diciembre, el oficialismo, representando el 58 por ciento de las bancas del recinto, ocupaba el 76 por ciento de los cargos. Nosotros no vamos a tener esa actitud sino que tendremos la predisposición de acordar. En consecuencia, que no se nos venga a decir si hicimos bien o mal, si nos excedimos o no nos excedimos, porque como muestra de buena voluntad y de predisposición es que se buscó ese acuerdo. El voto de la Unión Cívica Radical en este marco implica no admitir ninguna de las cuestiones que se han planteado y está de acuerdo con la postura expresada por la señora senadora Escudero. Le solicito que someta la cuestión a votación. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. Sr. Pichetto. – Señor presidente: no sé a qué acuerdo político se refiere el senador Morales. Y le pido que tenga cuidado con las expresiones, porque luego, la diputada Carrió lo acusa de acuerdos espurios. No he participado en ningún acuerdo que tenga que ver con este tema. Lo quiero decir claramente. Esta es una decisión que ha tomado el sector de la oposición en el marco de una sesión en minoría. Nosotros no participamos. Además, señor presidente, le digo algo que expuse en el recurso administrativo y que también fue uno de los elementos centrales de la acción planteada en sede judicial. La Ley 26.122, que reglamenta la comisión de seguimiento de los DNU, establece que son los presidentes de las Cámaras quienes eligen a los representantes y no el pleno. No quiero seguir con esta discusión. Por lo tanto, solicito que se cierre el debate, y dejo de manifiesto que debe completarse la integración de las comisiones permanentes, cumplirse con el compromiso asumido hoy por la mañana y continuar con el tema relacionado con la mediación que figura en el orden del día, si es que lo vamos a votar. Caso contrario, levantemos la sesión. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales. Sr. Morales. – Señor presidente: levanto la moción. No vamos a tratar nada. Propusimos que se tratara el proyecto de ley de mediación. Además, apelando a la responsabilidad del oficialismo, tenemos dos proyectos importantes que tratar... − Manifestaciones en las galerías. Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Morales. – ...que no tienen nada que ver con las tensiones que se están generando en este
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debate. Sr. Presidente. – Senador Morales: ¿entonces retira su moción? Sr. Morales.- Así es, señor presidente. Ese tema lo trataremos en otra oportunidad, cuando logremos discutirlo en la reunión de labor parlamentaria. Por lo tanto, solicito que pasemos a considerar el proyecto de ley de mediación. 9
O.D. N° 54/10
LEY DE MEDIACIÓN
Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, en mayoría y minoría, en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la Ley de Mediación. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. − Se practica la votación. Sr. Presidente. – Aprobado. En consideración en general. Tiene la palabra la señora senadora Escudero. Sra. Escudero. – Señor presidente: voy a informar el dictamen por la mayoría, que propone aprobar la modificación de la ley de mediación tal como fue sancionada por la Cámara de Diputados. Este tema se discutió mucho, tiene algunas fallas de técnica legislativa, pero consideramos que supera en mucho a la legislación vigente. En primer lugar, quiero informar acerca de cuál es nuestra competencia para legislar sobre la mediación. El Congreso de la Nación tiene competencia en esta cuestión pues la mediación se origina en una ley procedimientos que está estrictamente limitada a la justicia federal y a la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires. Es decir que esta ley no se aplica a la justicia ordinaria de las provincias; no les interesa porque cada una de ellas tiene la facultad, y así lo hizo, de dictar su propia ley de mediación. También quiero decir que en atención a que en abril −dentro de unos pocos días− vence la vigencia de la norma, se le dio un tratamiento rápido en las comisiones de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, que actuaron en plenario. La iniciativa ingresó el 24 de noviembre de 2009; se giró a las comisiones el 30 de noviembre; el 11 de marzo se citó a los senadores, y el 18 de marzo se escucharon a 15 instituciones que pidieron ser oídas. El proyecto busca dos cosas: darle estabilidad a un sistema que funciona desde hace quince años y que ha demostrado ser muy eficaz para reducir la litigiosidad judicial, y optimizarlo aprovechando la experiencia de todos estos años de funcionamiento. Avanza mucho en la especialidad, es decir, en la capacitación de los mediadores, determinando la especialidad del mediador familiar. Este tema de la mediación familiar se vincula también con una omisión que tiene la ley vigente −que a través de esta iniciativa modificaremos−, ya que no admitía la mediación en asuntos de familia. Los jueces realmente la admitieron por vía jurisprudencial y, por ello esta norma no sólo recoge la posibilidad de la mediación en temas de familia, especialmente los matrimoniales, sino que también tiende a estimular la formación específica de los mediadores. El debate en comisión de las aproximadamente quince instituciones que vinieron a ser oídas era acerca de si se admitía o no que otros profesionales que no fueran abogados podían ser mediadores. Sobre eso giró la discusión; nadie hizo objeciones de otra naturaleza.
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Aquí quiero decir claramente que la mediación que estamos regulando, y sobre la única que lo podemos hacer, es la que tiene que ver con el procedimiento judicial que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia nacional; es aquella que tiene lugar una vez que ya se produjo un conflicto jurídico y una de las partes recurre a un abogado porque quiere iniciar un proceso. Ahí se dispara este procedimiento que obliga a someterse a mediación antes de iniciar el juicio. El acuerdo de mediación establece derechos y obligaciones, por lo tanto, el mediador tiene que ser un experto en Derecho, porque debe saber cuáles son los derechos que se pueden negociar, cuáles son los indisponibles por las partes, cuál es el límite del orden público y, por supuesto, cuál es el procedimiento y de qué forma tienen que ser hechas las notificaciones y los distintos pasos para ser válidos. La jurisprudencia ha reconocido en el mediador el carácter de oficial público. En consecuencia, los documentos emitidos por ellos son instrumentos públicos y corren con responsabilidad civil, penal y patrimonial. No voy a extenderme mucho. Quiero hablar un poco de la vigencia, que fue un poco el ruido que se escuchó en el debate en comisión. El artículo 63 establece que esta norma que estamos considerando entrará en vigencia a los 90 días de su sanción. Quiere decir que, tal como lo dispone la ley vigente, se deroga a partir de la entrada en vigencia de este nuevo texto, que será en 90 días. Sin embargo, el artículo 58 establece además una norma transitoria de ultractividad, que dice que hasta tanto se cumpla el plazo de los 90 días, el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria –es decir, el vigente– se llevará adelante con los mediadores inscriptos en el Registro. La otra aclaración que quiero hacer es que la única norma que tiene plazo de vencimiento en la actual ley de mediación es el artículo 30, que establece la obligatoriedad de la mediación. Es decir que si existe alguna interpretación que diga que queda un vacío, este sería con relación a la obligatoriedad de la mediación. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema es absolutamente abundante en que el esfuerzo de interpretación tiene que ser de acuerdo a la voluntad del legislador. Asimismo, de los artículos 58 y 63 queda absolutamente claro que esta nueva norma entrará en vigencia a los 90 días; y hasta que llegue ese plazo, que es para la organización del nuevo Registro de Mediadores, sigue vigente la ley actual que estamos modificando. Quiero decir también, para tranquilidad de estados provinciales, que ni siquiera se aplica en la Justicia Federal de las provincias, porque el artículo 43 expresamente dice que el proyecto quedará en suspenso en los juzgados federales en todo el ámbito del territorio nacional hasta tanto se implemente un sistema en cada una de las provincias. Es decir, este es un tema de la ciudad de Buenos Aires que viene funcionando muy bien desde hace quince años. Hay 4.700 mediadores inscriptos que tienen hoy una gran preocupación y una gran angustia, porque todos estos años que han dedicado a este trabajo y a esta capacitación se ponen en peligro ya que no estaríamos definiendo el tema en el plazo oportuno. Quiero decir también que el tema fue muy bien tratado en la Cámara de Diputados, que ha introducido treinta y dos modificaciones al proyecto que remitiera el Poder Ejecutivo. – Murmullos en el recinto. Sra. Escudero. – Señor presidente: me están cortando, pero creo que he cubierto casi todos los temas. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: soy miembro informante del dictamen en minoría.
Efectivamente, se llevó a cabo una reunión muy importante en la sede del Senado y
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las tres cuestiones controvertidas en este tema eran: en primer lugar, si mediadores tenían que ser sólo los abogados o debíamos incorporar otras disciplinas; en segundo lugar, la obligatoriedad o no de la mediación; y en tercer lugar, una cuestión que planteé yo –y creo que en su momento también lo hizo en una reunión de legisladores el senador Juez, por Córdoba–, con respecto al tema familiar. Como aparentemente no hay posibilidad de incorporar modificaciones y esta obligatoriedad es sólo para la Ciudad de Buenos Aires, el senador Basualdo había presentado un proyecto –que era uno de los temas que queríamos agregar–, para que la mediación se pudiera hacer extensiva también a los juzgados federales. En cuanto al tema en debate –que como dijo la señora senadora Escudero acá entró el 30 de noviembre, o sea que se empezó a tratar inmediatamente después que empezaran las sesiones ordinarias–, se pronunciaron a favor de que mediadores sean únicamente los abogados la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Unión de Mediadores Prejudiciales, el Club de Abogados de Mediadores y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Resolución de Conflictos –Unidad de Mediadores–, el Centro de Resolución de Conflictos como entidad formadora y la Dirección del Registro Nacional de Mediadores -RENACLO- y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Fueron siete entidades y la representante del Ministerio quienes se pronunciaron a favor de que fuesen exclusivamente los abogados. Con respecto a la otra postura, porque este era el núcleo duro del debate –y quiero aclarar que yo adelanté opinión en el sentido de que no me iba a pronunciar para que no se me tildara de corporativa, porque soy abogada e indudablemente uno va hacia esa tendencia; quería dejar perfectamente claro esto–, se presentaron el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Interdisciplinaria de Mediación en la Cultura y la Sociedad, la Universidad Nacional de Córdoba, la diputada Bertol en representación de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, el Centro de Resolución de Conflictos de la Asociación Federal de Arquitectos, el Ministerio de Justicia de Córdoba y el Director de la Licenciatura en Resolución de Conflictos y Mediación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. De esas catorce entidades siete estuvieron por la postura de que sean sólo abogados y siete por la postura de que sea interdisciplinaria. La segunda cuestión que se planteó fue respecto de la obligatoriedad o no de la mediación prejudicial. Al respecto se pronunciaron a favor de la obligatoriedad el Club de Abogados de Mediadores y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Unión de Mediadores; y en contra de la obligatoriedad se pronunció la Asociación Interdisciplinaria de Mediación en la Cultura y la Sociedad, hizo una exposición para ampliar a todas las otras personas capacitadas la diputada Bertol –que había pedido participar expresamente– y el Centro de Resolución de Conflictos de la Asociación Federal de Arquitectos. Estas personas que se pronunciaron sobre la interdisciplinariedad de los mediadores expusieron experiencias y resultados exitosos en el ámbito de sus colegios profesionales, etcétera. De todos modos, reitero que me voy a abstener de pronunciar a favor o en contra de este tema, porque creo que me siento involucrada por ser abogada y quiero ser absolutamente imparcial. Además, vino gente de San Luis a participar de estas reuniones.
En efecto, había propuesto simplemente dos modificaciones. Por eso, se había acordado en la comisión insistir con un dictamen de prórroga. Fundamentalmente, a mí me
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preocupaba lo atinente a la mediación familiar. ¿Y por qué digo que me preocupaba y me preocupa esto? Porque a los mediadores se le otorgan facultades para intervenir en el régimen de visitas de menores e incapaces y en la tenencia de menores. Curiosamente, en el ámbito del Poder Judicial se obliga a participar al Ministerio Público en estas cuestiones. Además, en el ámbito de la mediación, cuando el mediador, a su criterio, considera que es una cuestión riesgosa para los menores, recién ahí le da intervención al Ministerio Público. En ese sentido, me parece que, en virtud de lo que establece el Código Civil y la ley de Ministerio Público, debía incorporarse la posibilidad de que este organismo estuviera presente, es decir, que se lo incorporara. Eso era lo que yo había propuesto en la comisión. Ahora bien, hay otro tema que, en definitiva, lo podrá solucionar la presidenta por medio de un veto, que es la superposición de artículos. Se han derogado parcialmente las modificaciones que había establecido la ley vigente, del Código Procesal Civil. Entonces, sobre el mismo tema hay superposición de artículos. Se deja vigente una serie de artículos –porque no se deroga totalmente la ley– y se incorporan otros sobre el mismo tema. En definitiva, es una cuestión formal y preferentemente admite un veto parcial. ¿Cuál es la temática y por qué proponíamos un mes de prórroga? Hace un rato hablábamos de esto con algunos miembros del bloque oficialista. Simplemente, para resolver ese punto. En la versión taquigráfica se puede leer que se habló de discriminación y de exclusión de las otras disciplinas. Por lo tanto, esta prórroga era para resolver ese tema en el cual me iba a abstener. No obstante, creo que hubiera sido importante que hubiéramos incorporado en el régimen de menores algunas cuestiones que considero primordiales. Ese era el sentido de la prórroga y lo que habíamos acordado, a fin de realizar una o dos reuniones más y ver si podíamos incorporarlo; no obstaculizar. Sé que se trata de una institución muy exitosa, y no únicamente en Buenos Aires, ya que a esas reuniones asistieron mediadores del interior del país. A su vez, muchas provincias han venido acompañando este proceso con un tiempo bastante seguido al de la Ciudad de Buenos Aires. En efecto, son experiencias absolutamente exitosas. Por ello, creía que con una simple prórroga de un mes podíamos hacer un debate más profundo. Entonces, no es que exista disidencia respecto de la institución –sí está muy cuestionado quién puede ser mediador o no–, sino que, simplemente, en mi caso quería incorporar eso. Si los senadores acompañan este proyecto y consideran que hay que tratarlo, yo directamente me abstendría. Mi disidencia era respecto del tema familiar. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik. Sr. Pichetto. – No, presidente. Estamos mal… Sr. Cabanchik. – ¡Pará viejo! ¡No hablé en toda la sesión de diez horas y no me querés dejar hablar un minuto! Les agradezco mucho, compañeros, y correligionarios también. Como senador por la Ciudad de Buenos Aires me gustaría opinar y pedir permiso para insertar. Seguramente, luego se votará la inserción. Simplemente digo que voy a acompañar el dictamen de mayoría, la sanción de Diputados. Me parece que hay una expectativa muy importante sobre este tema. Creo que son atendibles muchos de los argumentos que ha dado la senadora Negre de Alonso pero, como toda ley, es y será perfectible, y podrá sufrir nuevas modificaciones. Atento a las experiencias exitosas en distintas disciplinas y en otro tipo de mediaciones, que han funcionado mientras esta se encontraba vigente, creo que ellas pueden seguir, por más que este régimen privilegie la intervención de los abogados, efectuándose en tal sentido una modificación más adelante.
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La Ciudad de Buenos Aires debe contar con este régimen. Es muy importante la expectativa de que no haya más prórrogas, que esto se asiente de manera permanente. Y seguiremos trabajando para perfeccionarlo. Por eso quería pedir permiso para insertar. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Filmus. Sr. Filmus. – Con la misma brevedad que el senador Cabanchik, solicito permiso para insertar. Al mismo tiempo, quiero señalar que es necesario ampliar la competencia de esta norma a otras disciplinas que puedan participar perfectamente y aportar a la mediación. De modo que, con ese sentido, solicito la inserción. Sr. Presidente. – ¿No hay más oradores? Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: solicito que se someta a votación mi abstención y la posibilidad de insertar los fundamentos de ella. Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de abstención de la senadora Negre de Alonso. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. Se van a votar los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.1 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y una abstención.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº……...1
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.1 10
C.D.-96/09
CARGOS BANCARIOS DE OPERACIONES REALIZADAS SOBRE LAS CUENTAS SUELDO
Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión, referido al vencimiento de impuestos, tasas, gravámenes y cargos bancarios de las operaciones realizadas sobre las cuentas para el pago de remuneraciones, cuentas sueldo. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. En consideración en general el proyecto. Tiene la palabra el senador Artaza. Sr. Artaza. – Señor presidente: realmente nos reconforta estar tratando hoy este proyecto que indudablemente constituye un acto de justicia para los trabajadores argentinos, ya que reafirma la intangibilidad de sus salarios, además de su integralidad.
Como ustedes saben, esta iniciativa ha sido aprobada con el consenso y unanimidad de la Cámara de Diputados. Y hace justicia, sobre todo hoy, con millones de trabajadores que
1 Ver el Apéndice
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cobran sus haberes a través de cuentas sueldo, por cuyas tarjetas reciben descuentos permanentes, no estando garantizada la intangibilidad de su salario. El concepto legal de “sin adicionales” no existía, así que se está haciendo justicia. Me alegro de que haya consenso para tratar esta norma. Creo que tiene que ser el norte de este Senado buscar acuerdos para debatir, como lo hemos hecho hoy. Considero que se está haciendo justicia, además, cumpliendo con tratados internacionales del trabajo y cumpliendo con la ley 20.744. Creo que era injusto que los bancos se quedaran permanentemente con parte del salario de los trabajadores. Así que hoy espero que podamos aprobar esta norma rápidamente. Quiero hacer una salvedad en materia de reglamentación. Además, tenemos el CBU, es el Código Bancario Único, por el cual los trabajadores, directamente, pueden elegir su caja de ahorro o su banco para cobrar donde sea, según la reglamentación de la norma. También, quiero resaltar que no son las pymes las que van a tener que asumir este cargo financiero sino los bancos, ya que reciben el efecto colateral de tener a millones a las cuales acceder a través del marketing. Además de millones de personas. Espero que no se me escape nada de lo que pensaba expresar como fundamento, señor presidente. Tenía treinta y cinco páginas para leer, pero dada la hora... Sr. Presidente. – Puede hacer inserciones, senador. (Risas.) Sr. Artaza. – Cómo no (Risas.) Más que nada, quiero destacar que esta situación vulneraba la Constitución nacional y diversos tratados internacionales, como expresé. Pero, sobre todo, debo decir que hoy estamos respetando el principio de intangibilidad e integralidad del salario que, en la actualidad, los trabajadores no tenían. Así, millones de trabajadores se verán beneficiados por esta norma que ha logrado unanimidad en la Cámara de Diputados. Espero que aquí la podamos votar y tener la aprobación de mis pares del Senado. Sr. Presidente. – Si no hay más senadoras ni senadores que quieran hacer uso de la palabra, corresponde votar las inserciones. Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Resultan aprobadas.1 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola votación, el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54 votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº.......1
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. 1 Se harán las comunicaciones correspondientes.
11
O.D. N° 24/10
O.D. N° 25/10
P.E.-368/09
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE TRATADOS INTERNACIONALES
Sr. Pichetto. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay tres tratados internacionales cuya consideración va a solicitar el señor senador Filmus. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus. Sr. Filmus. – Señor presidente: obran en Secretaría los órdenes del día 24 y 25... Sr. Secretario (Estrada). – Sí, señor senador. El Orden del Día Nº 24 se refiere a una enmienda de la Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares del 26 de octubre de 1979 aprobada en Viena, Austria. Por su parte, el Orden del Día Nº 25 aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, aprobado por las Naciones Unidas el 13 de abril de 2005... Sr. Filmus. – También hay un Tratado sobre Libre Comercio entre el Mercosur y el Estado de Israel. Sr. Prosecretario (Canals). – ¿Qué número tiene? Sr. Filmus. – Se identifica con el número 368/09; pero ya tiene más de siete días de aprobación por parte de la comisión. O sea: no tiene orden del día, pero ha sido aprobado hace más de siete días. Se podría votar sobre tablas ahora... Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se procederá a votar el tratamiento sobre tablas Se requieren dos tercios de los votos
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda habilitado el tratamiento sobre tablas. Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. - Aprobados. 1 12
MANIFESTACIONES
Sra. Escudero. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero. Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito que se apruebe en una sola votación el paquete de proyectos de comunicación y resolución. Por otra parte, pido que por Secretaria se redacte un texto de declaración unificado por el que se manifieste pesar por el fatal accidente que costó la vida al presidente de Polonia, así como condenando los atentados terroristas en el subterráneo de la ciudad de Moscú. Son dos temas que si no son tratados ahora, seguramente, perderán vigencia. Sr. Presidente. – ¿Se agregarían a los que están aquí? Sra. Escudero. – Sí. Hay varios proyectos. Por eso pido directamente que por Secretaría se unifiquen los textos. Sr. Pichetto. – Señor presidente: no estamos dispuestos a votar los proyectos en paquete, porque no conocemos el contenido de las declaraciones y las resoluciones. Por lo tanto, no queremos votar cosas que puedan agraviar o lesionar al gobierno. Sra. Escudero. – Son las que estaban en el acta desde hace semanas. Sr. Pichetto. – No las tenemos registradas, senadora. Respecto de las que expresan pesar por el fallecimiento del presidente de Polonia y por el atentado en Moscú, no tengo problema; pero pido que se postergue el tratamiento de las demás declaraciones y resoluciones por no conocer su contenido. Reitero: no queremos votar cosas que puedan agraviar o lesionar al gobierno.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – ¿Lo dejamos para la próxima? Sr. Pichetto. – Le pido que los posterguemos. Sr. Presidente. – Bien. 13
DNU 2010
DNU 298
PROYECTO DE LEY SOBRE USO DE RESERVAS. MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Morales. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales. Sr. Morales. – Formulo una moción de preferencia para que en la próxima sesión –como hemos acordado, en quince días– se puedan tratar los decretos de necesidad y urgencia 2010 y 298, y el proyecto de ley sobre uso de reservas, con dictamen de comisión. Hemos comprometido la firma del dictamen, de manera tal que podamos fijar como agenda para la próxima sesión estos dos temas. Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo? Sr. Pichetto. – Hay acuerdo. Lo único que nosotros ponemos como prioridad y como punto primero, por las razones que di en el ámbito de la comisión, es el proyecto de ley de reservas. Sr. Presidente. – Resolvemos eso en labor parlamentaria y, ahora, ponemos en consideración la preferencia. Se necesitan dos tercios… Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá. Sr. Rodríguez Saá. – ¡Pongamos espíritu de acuerdo! Lo que está planteando el senador Morales está clarísimo. Si vamos a tener el despacho del tema de reservas, ¿por qué no lo vamos a poner en ese orden? Sr. Pichetto. – Tienen mayoría. Voten e impongan esa mayoría. Sr. Rodríguez Saá. – Bueno, parece que el senador quiere alterar el orden. Sr. Pichetto. – Ustedes tienen mayoría. Lo ponen y se vota. Sr. Rodríguez Saá. – ¡Pero estamos acordando! (Risas.) Si no hay acuerdo, yo voto en contra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales. Sr. Morales. – Yo pedí una preferencia para tratar los temas en el orden en que los he planteado. Pongámosla en consideración. Sr. Presidente. – En el orden que ha propuesto el senador Morales. Sr. Verna. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Verna. Sr. Verna. – Señor presidente: la pregunta es para el senador Morales. Él está proponiendo una preferencia con despacho para la próxima sesión, dentro de quince días. ¿Eso significa que la semana que viene no hay sesión? Sr. Morales. – No; para la semana que viene tenemos… Sr. Verna. – Entonces no es para la próxima sesión sino para dentro de quince días. Sr. Presidente. – La propuesta, entonces, para aclaración del senador Verna, es para el miércoles 28. El próximo martes se resolverá si hay sesión. En consideración la moción formulada por el senador Morales. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. – Se practica la votación. Sr. Presidente. – Aprobada.
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EXPRESIÓN DE PESAR POR ACCIDENTE AÉREO
Sr. Presidente. - A continuación, corresponde considerar si se trata sobre tablas la moción referida a la expresión de pesar por el accidente aéreo en el que fallecieron el presidente de Polonia y miembros de su gabinete. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda habilitado el tratamiento sobre tablas. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.1 Sin más temas por tratar, queda levantada la sesión.
– Son las 2 y 54 del jueves 15 de abril de 2010.
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