El Gobierno ya tomó las reservas del Banco Central (BCRA) para destinarlos al pago de todos vencimientos de la deuda externa de 2010, una medida anunciada este lunes por la presidenta Cristina Kirchner en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa y que fue rechazada por la oposición.
Los fondos ya fueron transferidos a dos cuentas abiertas a nombre del Tesoro, tras la aprobación de la medida por parte del directorio del Central que preside Mercedes Marcó del Pont.
El nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por la Presidenta -en acuerdo de ministros- creó el Fondo de Desendeudamiento Argentino y dejó sin efecto el Fondo del Bicentenario que generó tanta polémica y provocó la salida del ex titular del BCRA, Martín Redrado.
Tras el anuncio de la presidenta, el Central abrió dos cuentas a favor del Tesoro Nacional, una por u$s4.382 millones para saldar deuda a tenedores particulares y otra por u$s2.187 millones para pagos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). En el primero de los casos fue necesaria la firma de un DNU, mientras que en el segundo uno simple ya que se basa en una ley de 2005 que posibilitó el pago de toda la deuda al Findo Monetario Internacional (FMI).
Los decretos
El Poder Ejecutivo publicó a media tarde del lunes una edición extra del Boletín Oficial con los decretos mencionados.
La edición extra contempla los tres nuevos decretos -296, 297 y 298-, poniendo así en inmediata vigencia la normativa que le permite hacerse de las reservas del Banco Central para afrontar el pago de la deuda.
La agencia DyN señaló que en los considerandos de los tres decretos se manifiestan duras condenas a la "judicialización" que el Gobierno entiende generaron los diputados de la oposición y miembros del Poder Judicial, al tiempo que se destaca la política de "desendeudamiento" iniciada en 2003.
Los puntos principales de los tres decretos son:
- Decreto 296: deroga el DNU que creó el Fondo del Bicentenario. Cuestiona tanto las "diferentes actuaciones instadas por diversas minorías parlamentarias" y al Poder Judicial, por entender que "ingresó en el tratamiento de cuestiones de carácter estrictamente político y de incumbencia exclusiva del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo".
Para el Gobierno, de esta manera el Poder Judicial incurrió "en un claro caso de judicialización de lo que por naturaleza pertenece al ámbito de acción política". En la crítica a los magistrados, se indica que "han obviado pronunciamientos que exigen el máximo grado de prudencia para dictar cautelares que avanzan sobre funciones específicas del Poder Ejecutivo Nacional incurriendo en graves excesos jurisdiccionales en menoscabo de los poderes y funciones atribuidas a éste último".
- Decreto 297: dispone la transferencia de u$s 2.187 millones de dólares de reservas del BCRA para cancelar deuda con organismos internacionales. Esas reservas son de "libre disponibilidad" por ser excedentes del respaldo del cien por ciento de la base monetaria.
- Decreto 298: crea el "Fondo del Desendeudamiento Argentino", cuyo objetivo es llevar adelante los pagos de la deuda pública con vencimiento en 2010 con tenedores privados, integrado por u$s4.382 millones.
“El control judicial de la existencia de las circunstancias excepcionales que habilitan el dictado de un DNU ha sido admitido por la Corte Suprema”, señaló el especialista.
Actualmente, con el Congreso en funciones, y ante la falta de urgencia para pagar la deuda, no sería constitucional el dictado de un DNU que dispusiera de las reservas del BCRA para tales fines.
Tratándose de una competencia del Congreso, y estando éste en funciones, “la alternativa constitucional sería el dictado de una ley por el Congreso”, finalizó Maqueda.
Repercusiones
Apenas conocido el anuncio, las quejas de la oposición no se hicieron esperar. La diputada de la Coalición Cívica (CC), Patricia Bullrich, anunció que la su partido volverá a interponer una medida judicial ante los decretos que anunció Fernández de Kirchner, al considerar que la nueva norma y el del Fondo del Bicentenario "son mellizos".
"Son decretos idénticos, con los que quieren pasar por encima del Congreso”, dijo.
Por otra parte, Bullrich adelantó que mandará "una carta documento firmada por Elisa Carrió y el bloque de la Coalición Cívica dirigida a la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont porque no puede hacer uso de los fondos para pagar deuda ya que estaría incumpliendo la función pública al utilizar reservas que la Justicia ya invalidó".
En ese sentido, la diputada de la CC advirtió que si la presidenta del BCRA respondía al requerimiento presidencial "quedaría expuesta a otro tipo de vía y recursos que deberemos tomar".
Poco después, Elisa Carrió envió la mencionada carta documento al Directorio del Banco Central para que se abstengan de transferir fondos al Ejecutivo.
En la misiva, la legisladora de la CC intima a los miembros del Directorio del Banco Central, “a abstenerse de transferir fondos al Poder Ejecutivo Nacional con base en un DNU, porque estando en funciones el Congreso de la Nación el mismo es nulo de nulidad absoluta e insanable".
Según informó la agencia NA, la presentación judicial estará auspiciada por los mismos legisladores que la presentaron inicialmente, es decir, además de Bullrich, se encuentran Federico Pinedo (PRO), Alfonso Prat Gay y Juan Carlos Vega (ambos de la Coalición Cívica).
Esta será otra medida cautelar similar a la que los cuatro legisladores presentaron al viernes 8 de enero pasado, para frenar la implementación del Fondo del Bicentenario, recurso al que dio lugar la jueza María José Sarmiento.
En tanto, Alfonso Prat Gay, diputado por la CC y ex presidente del BCRA, consideró "una falta de respeto decirle al Parlamento que en vez de discutir el tema se emitió un nuevo decreto".
Y, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), el senador Ernesto Sanz, instó al Gobierno a que "mantenga el Congreso abierto y funcionando y que no gobierne por medio de decretos".
Críticas de constitucionalistas
El constitucionalista Daniel Sabsay dijo que el nuevo DNU tiene una “nulidad absoluta e insalvable”, porque significa un “avasallamiento del Congreso y del Poder Judicial”.
“Es una absoluta desobediencia a la Justicia y hay que encontrar el modo de frenarla”, indicó Sabsay, y añadió que “se evita al Congreso y se soslaya una medida cautelar a través de un DNU gemelo”.
Asimismo, el jurista admitió responsabilidades penales de los funcionarios que hayan viabilizado el traspaso de los fondos del Banco Central al Tesoro.
No obstante, Gregorio Badeni adelantó que en su opinión las medidas cautelares en contra el uso de las reservas “siguen vigentes. No se puede soslayar una orden judicial mediante un ardid jurídico. No sé cómo se puede justificar un DNU con el Congreso abierto”, concluyó.
Sin embargo, para el experto Alberto García Lema dijo que “las medidas cautelares sólo rigen para el instrumento para el que se dictaron, no para el nuevo. Habrá que plantear otro amparo y obtener un nuevo pronunciamiento judicial”.
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