México comenzó a dar cumplimiento a la sentencia emitida el pasado mes de noviembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (norte), con la publicación en el Diario Oficial de esta sentencia histórica que condena por primera vez los feminicidios en esta violenta localidad y obliga a México a investigar y juzgar todos los homicidios vinculados con delitos de género.
La Secretaría de Gobernación publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación la sentencia por el conocido caso del Campo Algodonero, tal y como lo establece el fallo de la CIDH que exige además a México investigar todos los casos de crímenes de género en Ciudad Juárez, donde han sido asesinadas más de 500 mujeres desde el año 1993, según cálculos no oficiales.
El abogado español de las víctimas Emilio Ginés dijo a Europa Press que la publicación del fallo "es un paso hacia adelante" por parte del Estado mexicano que "ha comenzado a cumplir con los plazos" establecidos por la CIDH para el cumplimiento esta histórica sentencia.
Ginés ha explicado que México estaba en la obligación de comenzar a dar cumplimiento al fallo desde que se emitió el 16 de noviembre de 2009, sin embargo, su publicación en el Diario Oficial de la Federación implica que es a partir de ahora cuando el Estado comenzará a poner en marcha los mecanismos legales y gubernamentales pertinentes para acatar el dictamen.
El abogado español admitió que la aplicación de esta sentencia constituye un proceso "muy complicado y muy largo", aunque destacó la importancia de que México reconozca su responsabilidad y sus obligaciones en los casos de feminicidio.
El fallo de la CIDH, que calificó de "alarmantes" estos casos de feminicidio, determinó que las autoridades mexicanas no implementaron las medidas adecuadas para proteger de la violencia a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
Los homicidios por los que ha sido sentenciado el Estado mexicano son los de Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, Laura Berenice Ramos, de 17, y Claudia Ivette González, de 19. Las tres forman parte de un grupo de ocho mujeres asesinadas en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez en el año 2001.
ACCIONES DE MÉXICO
Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Estado mexicano deberá "conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos".También establece que "la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cuál se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona".
Todo ellos deberá "realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos" de la sentencia de la Corte y a través de "funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género".
Las autoridades mexicanas se comprometen además a "proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes". Los resultados deberán "ser públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso".
"El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes", señala el texto.
México también se compromete, tal y como lo establece la sentencia de la Corte, levantar un monumento en honor a las víctimas de femicidios en Ciudad Juárez
RESUMEN DE LA SENTENCIA
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Campo Algodonero
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