El ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, consideró que en torno de la crisis generada tras los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que crearon el Fondo del Bicentenario y la remoción de Martín Redrado al frente del Banco Central, "hay un problema político".
En ese sentido, Zaffaroni adelantó que "lo único que podrá resolver la Justicia es el planteo jurídico, pero el problema político no lo pueden resolver los jueces ni les corresponde".
Cuando se le preguntó sobre la denuncia presentada por el gobierno contra la jueza Sarmiento, que frenó los dos DNU mencionados, Zaffaroni manifestó al diario Página/12: "Me parece poco inteligente, pero no soy quien para indicarle a nadie lo que debe hacer o no hacer".
Dentro de ese contexto, según publica La Nación, el Gobierno admitió por primera vez que sin el Fondo del Bicentenario que utiliza las reservas para afrontar pagos de la deuda, le será imposible cumplir con los gastos proyectados en el Presupuesto 2010.
En el informe presentado ante la Corte Suprema para responder la demanda de San Luis contra la validez del decreto que autorizó al Ejecutivo a usar reservas del Banco Central para pagar deuda se le pide a la Corte rechazar la demanda y sostiene que el Gobierno quiso "optimizar el uso de las reservas que superan las necesarias para preservar la estabilidad financiera".
El informe publicado por el matutino requerido por el máximo tribunal admite que "sin la constitución del Fondo del Bicentenario existen fuertes probabilidades de que el presupuesto 2010 no se pueda ejecutar debidamente, porque no se reúnen las condiciones financieras que se requieren para llevar adelante las operaciones de financiamiento que autoriza el presupuesto, lo que implica la imposibilidad de obtener recursos para hacer frente a vencimientos de la deuda pública, en general, y de los gastos aprobados por el Congreso, en particular".
Por este motivo, el tema podría ser debatido por el acuerdo de ministros en la Corte en la primera semana de febrero, destaca La Nación.
La presentación de San Luis se dio poco después de conocido el DNU 2010/2009. La provincia promovió una acción de amparo, el lunes 28 de diciembre, con la firma del gobernador Alberto Rodríguez Saá y el patrocinio del ex ministro de la Corte, Rodolfo Barra y del fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende.
San Luis planteó la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 2010/2009 por el cual la presidenta Cristina Kirchner –dejando de lado la intervención del Congreso ordenada en la Carta Orgánica del BCRA- dispuso crear el Fondo del Bicentenario y trasladar al Tesoro nacional poco más de u$S6.500 millones a las reservas del Banco Central.
Apenas recibida la demanda de San Luis, la Corte envió la causa a la Procuración General, a cargo de Esteban Righi, y le pidió al Poder Ejecutivo que brindara un informe, lo que implica contestar la demanda.
Sobre estos temas pero haciendo hincapié en la posibilidad de que la Corte intervenga en el caso de Redrado, desplazado de su cargo por decreto, pero mantenido por una decisión judicial, Zaffaroni declaró a Página/12 que el máximo tribunal nacional "no puede hacer nada" de oficio, pero insistió que en esto "más allá de la cuestión jurídica, es obvio que hay un problema político y los tiempos de la Justicia no son los de la política”.
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