El Juzgado Federal Nª 4 de La Plata, a cargo del juez subrogante José Luis Deglaue ordenó como medida cautelar al Estado y a las empresas Cablevisión y Fibertel arbitrar en forma inmediata los medios necesarios a fin de asegurar a sus abonados la continuidad del servicio de Internet en idénticas condiciones.
Fue en el marco de una acción de amparo presentada por el usuario de Fibertel, Rubén Mario Sarlo.
FALLO
Expte N°105444
Secretaría N°11
//Plata, de septiembre de 2010.
Autos y Vistos:
I. Téngase por evacuada la vista conferida y presente lo dictaminado por el Señor Fiscal Federal a sus efectos (conf.fs.47).
II. Por iniciada la presente ACCIÓN DE AMPARO contra el PODER EJECUTIVO NACIONAL – SECRETARÍA DE COMUNICACIONES y FIBERTEL - CABLEVISIÓN S.A., que tramitará de conformidad con las normas de los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional y las prescripciones de la ley
16986.
Requiérase de los demandados el informe circunstanciado que norma el articulo 8° de la ley 16986 que deberá ser evacuado en el plazo de QUINCE (15) días a partir de su notificación en la forma y bajo el apercibimiento contenido en la citada norma legal. A sus efectos líbrense oficios con adjunción de las copias respectivas, y con relación al Estado Nacional en los términos de la ley 25.344. Martes y Viernes día de nota en secretaría y si uno de ellos fuere feriado, la notificación tendrá lugar el siguiente día de nota (art. 133
CPCC).
III. Que previo a abordar el tratamiento de la medida cautelar innovativa solicitada por el amparista, resulta necesario destacar mi condición de usuario del servicio de Internet de la empresa Fibertel S.A., pero no puedo soslayar el innegable carácter de servicio público que ha adquirido el servicio en cuestión el cual no me
impide analizar el planteo en debate. Que, además, la presente acción no persigue que la garantía de la
prestación del servicio sea a cargo de dicha empresa, por tal motivo no encuentro razones que justifiquen mi
excusación.
IV. La amparista sostiene que la resolución numero 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones de La
Nación, dependiente del poder Ejecutivo Nacional “…amenaza con terminar con la provisión de servicio de Internet y televisión por cable de la “empresa Fibertel – Cable Visión”, y que existe una situación de enfrentamiento entre el Poder Público y la empresa que le proveé contractualmente el servicio que pretende resguardar al cual como ciudadano, dice, resulta absolutamente ajeno.
Aduce que “…las consecuencias próximas de esta confrontación – al expirar el plazo de 90 días otorgado
por la Resolución de marras- me dejará en los hechos sin provisión de mi servicio” que utiliza no solo como
ciudadano y docente privado sino, especialmente, en su función como Magistrado Judicial Bonaerense, Agente Fiscal de Instrucción y Juicio, del Departamento Judicial La Plata.
V. Que, así las cosas habré de analizar si se encuentran satisfechos los recaudos legales que exige el dictado de una medida cautelar como la solicitada, es decir la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la
demora.
Así es que en este estrecho marco de conocimiento no debe procurarse alcanzar certeza acerca de la
existencia del derecho invocado, ni el conocimiento profundo de la materia controvertida en el proceso principal, basta su verosimilitud (conf. C.Nac.Civ.y Com.Fed., “Miranda E. c/Obra Social Pers, Civil de la Nac.”, sala I, 15/4/99; “Procaccini L. c/MEOySP”, Sala II, 12/6/98; CNac.Com, expte “BGM Industrial del Disco c/Sueldo Elio”, Sala A, 26/3/99).
Que la prueba documental aportada, prima facie permite tener por acreditado, la verosimilitud en el derecho invocado, quedando finalmente supeditada al análisis que, en el marco supra señalado, formulara acerca de los efectos del actuar de los demandados.
Ello en relación a los derechos derivados de la calidad de usuario (cliente N°2554011794) y la actividad
que desarrolla la actora, habida cuenta el carácter notorio, de público conocimiento y la importancia de la
modificación que se introduce en la provisión del servicio de Internet.
En ese orden de ideas, la expiración del plazo fijado para la migración de los servicios que se ordena en el
art.3° de la Res.100/2010 SEC, y la consecuente amenaza “con terminar con la provisión del servicio de la empresa “Fibertel-Cablevisión” a la que soy abonado”, exhiben también el grado de certeza requerido en este tipo de medida.
VI. A su vez, el peligro en la demora se encuentra suficientemente patentizado en los perjuicios que
habrían de producirse sí, durante la tramitación de este proceso se iniciaran, continuaran o ejecutaran las
medidas cuyo origen se debate en el presente, o se impide el regular ejercicio de los derechos y libertades
de la parte actora.
VII. Resta analizar, entonces, por imperio de lo normado por los arts. 230 y 232 del CPCC, si la medida requerida es la única idónea para alcanzar la cautela requerida por la accionante.
Ello así toda vez que las medidas cautelares tienen como finalidad evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien la solicita ante la posibilidad de que se dicte una sentencia favorable.
Ninguna duda existe que el mantenimiento de las actuales circunstancias, únicamente puede superarse a través del dictado de un mandato jurisdiccional que disponga la suspensión de eventuales acciones que se contrapongan a una sentencia definitiva a dictarse.
Sólo así habrán de tutelarse en forma eficaz y preventiva los derechos verosímilmente acreditados por la
actora (art. 204 CPCC) y sólo de ese modo la medida cautelar requerida exhibirá la idoneidad propia de la
cautelar normada por los arts. 230 y 232 del cód. cit.
VIII. Por último, teniendo en cuenta que la función de la contracautela es mantener la igualdad de las partes en el proceso, y es un medio que sirve para asegurar, preventivamente, el eventual crédito de resarcimiento por los daños y perjuicios que pudieren resultar de la ejecución de la medida, si el proceso definitivo revelase que fue infundada (conf. C.Nac.Civ.yCom.Fed., sala III, res. 2/3/99 expte “Lapataia SCA c/Parmalat Arg. S.A”; C.Nac.Cont.Adm.Fed, sala I, res.28/4/98, expte “Procaccini L.M. y ot.c/MEOSP”), considero que la caución juratoria habrá de resultar suficiente para tener por acreditado el presupuesto en examen.
Por ello, Resuelvo:
1. Decretar como medida cautelar innovativa que el Estado Nacional y/o Fibertel S.A. y/o Cablevisión S.A. de manera inmediata arbitren los medios necesarios con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio en las mismas condiciones y modalidades con que actualmente se presta.
2. Previo lo ordenado precedentemente deberá la parte actora prestar caución juratoria por ante el Actuario para responder por los daños y perjuicios que la medida pudiera ocasionar.
Todo ello, bajo apercibimiento de desobediencia (art. 239 CP) en caso de incumplimiento. A estos fines líbrense los oficios de estilo. Regístrese.
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