En la disputa entre la oposición y el oficialismo se instaura el Consejo de la Magistratura, ya que fue señalado por los dirigentes políticos contrarios al Gobierno como el organismo que se convirtió desde el 2006 en “la espada de Damocles” de los jueces.
Desde el recambio legislativo, por el cual la oposición se convirtió en mayoría en el Congreso, la reforma del Consejo de la Magistratura fue uno de los temas principales para “provocarle una derrota” a la Casa Rosada.
Sin embargo, las negociaciones para acordar un proyecto de ley unificado en la oposición no fueron fáciles y generaron varias reuniones fracasadas. Pero luego de dos meses de idas y vueltas, la diputada de Proyecto Sur, Alcira Argumedo, explicó que el dictamen que reelaboraron los asesores y el propio presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Gil Lavedra (UCR), “refleja los acuerdos” alcanzados con la oposición.
Superadas las diferencias, el dictamen de mayoría fue firmado por el plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.
De esta forma, el proyecto opositor quedó listo para llegar al recinto en la próxima sesión ordinaria, ya que cuenta con una preferencia para desembocar en el pleno del cuerpo apenas consiga la firma del dictamen. Pero según confirmaron no se tratará este miércoles.
Argumedo comentó que la centroizquierda aceptó negociar cuando el resto del Grupo A (UCR-PRO-CC-Peronismo Federal) accedió a reducir las facultades del presidente de la Corte Suprema dentro del Consejo de la Magistratura.
“Los sectores de la oposición habían presentado un proyecto para el Consejo de la Magistratura. Planteamos una serie de propuestas, como que el presidente de la Corte podría presidir el Consejo pero con limitaciones, con un voto de desempate pero sin manejo de fondos”, explicó Argumedo. A la vez, subrayó que “las decisiones deben quedar en manos del plenario del Consejo, de las decisiones colectivas”.
Además, sostuvo que “el segundo factor de acuerdo fue la necesidad de incorporar sectores que no sean exclusivamente del derecho", porque -afirmó- "las leyes no caen del cielo, hay factores sociales y culturales”. “También, el control del presupuesto del Poder Judicial tiene que ser colectivo, y la última instancia la tiene el plenario”, resaltó Argumedo, y aseguró que su sector pidió “hacer una evaluación trimestral o cada seis meses por sorteo de los juzgados y las cámaras”.
En minoría, son cinco los dictámenes. Ellos pertenecen a los diputados oficialistas Jorge Yoma, Diana Conti y Alejandro Rossi quienes cada uno presentaron su propio proyecto de ley. Además, los aliados Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) y Hugo Prieto (Concertación).
En definitiva, los números son ampliamente favorable a la oposición ya que unida no puede ser vencida.
Corto debate
En una reunión simbólica para realizar la firma de los dictámenes hubo un corto debate que no estaba previsto pero para hacer “tiempo” el diputado Adrián Pérez hizo uso de la palabra y habilitó los discursos.
El diputado de la Coalición Cívica sostuvo que el dictamen de la mayoría mantiene “una composición muy equilibrada a la hora de tomar decisiones en el Consejo”.
Sin embargo, el diputado oficialista Alejandro Rossi –autor de proyectos de ley-, manifestó que se perdió una magnífica oportunidad para realizar una profunda revisión crítica al funcionamiento del Poder Judicial”. Y disparó contra el dictamen de la oposición: “El dictamen de la mayoría es un proceso involutivo que no va a cumplir con ninguno de los objetivos que tiene”. “Se pierde la oportunidad de incluir la participación popular” porque se tiene a “favorecer la corporación judicial”.
En este sentido, el diputado kirchnerista Gerónimo Vargas Aignasse explicó que “el 95 por ciento de las votaciones del Consejo estuvieron todas consensuadas, lo que marca que no hubo una dependencia del Poder Judicial con el Gobierno”. “Acá no hay una bajada de línea del Poder Ejecutivo”, aseguró.
En cambio, la diputada Patricia Bullrich (CC) negó las afirmaciones de Vargas Aignasse y afirmó que el proyecto de ley de la oposición se elaboró basados en la “presión que ejerce el Gobierno a la Justicia”. “Los jueces sentían que tenía el aliento del Gobierno en la nuca”, dijo. Y remató: “Queremos la independencia de la Justicia”.
Luego, el diputado aliado al oficialismo Hugo Prieto disparó: “El proyecto de la oposición fue construido por una mirada coyuntural para provocarle una derrota al Gobierno pero no soluciona los problemas de la Justicia que verdaderamente preocupan a la gente”.
Sus duras palabras provocaron la reacción de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño (Peronista), quien le contestó: “No conoce el dictamen y no lo leyó”.
A pesar de este cruce, la reunión fue corta y con un clima distendido ya que las fuertes discusiones fueron a puerta cerradas.
Al final, como cierra simbólico habló la parte que trabó por varias semanas la firma del dictamen. La diputada de Proyecto Sur Alcira Argumedo dijo: “Apoyamos esta propuesta porque consideramos que es un aporte a la democratización de las instituciones”.
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