Las discográficas estadounidenses (RIAA), los estudios de Hollywood (MPAA) y otras asociaciones defensoras de los derechos de autor como la SAG, la AFTRA o la DGA han hecho público un documento conjunto que han enviado a Victoria Espinel, coordinadora de Ejecución de Propiedad Intelectual de EEUU, en el que exponen las medidas orwellianas que, en su opinión, debería adoptar el gobierno norteamericano para acabar con las descargas en Internet.
Las 23 páginas de que consta el documento no tienen desperdicio. Entre otras cosas, sugieren que se debería obligar a los internautas a instalar programas que monitoricen en tiempo real el contenido de sus discos durosla eliminen de inmediato. Unas aplicaciones que, además, dejan claro que existen desde hace tiempo. y, en caso de que encuentren alguna imagen, canción, película, guión o documento que consideraran ilícito,
Es más, consideran que los proveedores de acceso a Internet, como Telefónica, Orange, Vodafone o Jazztel, por citar sólo algunos ejemplos, tendrían que implicarse en su causa y filtrar los contenidos a los que pueden acceder sus clientes, capar los protocolos de comunicación que utilizan los programas P2P y controlar a los internautas que tengan un consumo de ancho de banda elevado.
Si estas medidas te parecen surrealistas, preparate porque vienen curvas. Además de lo que te acabo de referir, estas asociaciones piden al ejecutivo Obama que obligue a los extranjeros que visiten Estados Unidos a rellenar un formulario adicional, además de los que ya debemos cumplimentar actualmente, en el que dejemos claro que no llevamos música o películas piratas encima. Increíble pero cierto.
Asimismo, solicitan la creación de una lista negra de países que no persiguen adecuadamente -desde su punto de vista, claro- a quienes descargan material sujeto a derechos de autor, previo paso a la implantación de sanciones comerciales.
Para acabar, piden que cuando la industria cinematográfica esté a punto de lanzar una película llamada a copar las carteleras de los cines de medio mundo, el gobierno destine un cupo especial de agentes de policía, pagados por supuesto con los impuestos de los ciudadanos, para que investiguen los presuntos casos de piratería, localicen a quienes las distribuyan y los detengan lo antes posible.
¿De verdad creen que la gente va a consentir que instalen en sus computadoras particulares programas que vigilen qué hacen, qué páginas visitan o qué contenidos descargan? ¿En qué mundo viven?
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