Un juez español condenó a penas de prisión y prohibición del ejercicio profesional a directivos de Cadena SER por una nota publicada en una página web y consideró que Internet no es un medio de prensa.
Las asociaciones periodísticas españolas criticaron de la decisión del juez Ricardo Rodríguez Fernández, a la que catalogaron de “insólita, preocupante y aberrante” de condenar al director de la cadena española SER, Daniel Anido, y al director de Informativos, Rodolfo Irago (ambos en la foto), por ser autores de un delito de "revelación de secretos" al denunciar irregularidades en los trámites de afiliación de personas al Partido Popular (PP) español y divulgar los nombres de los implicados.
La sentencia los condenó a un año y nueve meses de prisión, y a las penas accesorias de "inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas " durante el tiempo que dure la pena privativa de libertad impuesta, según informó la cadena SER.
En la misma sentencia, el magistrado afirmó que "el hecho es noticiable, por lo que los acusados podían honestamente pensar que, publicando la denuncia, informaban a la opinión pública de algo que la misma tenía derecho a conocer".
Sin embargo, a continuación, el juez dijo que lo noticiable no era la afiliación al PP de determinadas personas, revelando sus datos, aunque estas fueran irregulares, sino la denuncia de la existencia de irregularidades.
En su sentencia, el magistrado consideró que los acusados cometieron el delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 197 del Código Penal español, argumentando que "la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión radio o prensa escrita), pero debe matizarse que internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal".
Voces en contra
Contra este fallo se pronunciaron diferentes organizaciones profesionales de todo el mundo. Entre ellas, el Instituto Internacional de Prensa (IPI), con sede en Viena, sostuvo que "los periodistas deben ser capaces, en cualquier parte del mundo, de informar sobre asuntos de interés público, sin temer cargos criminales".
Otras organizaciones profesionales, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), entienden que sentencias de este tipo conspiran contra la libertad y debilitan el Estado de derecho.
Al considerar que la página web de una cadena de radio no es un medio de comunicación social, el juez "menosprecia a un sector empresarial que también intenta generar riqueza y puestos de trabajo", dice el presidente de MediosOn.
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