La portabilidad numérica garantiza que cada usuario de celular sea el dueño de su número. El Gobierno decidió apelar las sentencias y llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, para frenar el proceso que está pendiente desde el 2000.
El plazo se cumplió a principios de noviembre, pero antes de que finalizara el plazo impuesto por la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, el Poder Ejecutivo presentó su apelación.
"Es una maniobra del Estado para dilatar lo inevitable", expresó al diario Clarín Horacio Bersten, coordinador jurídico de la Asociación de Usuarios y Consumidores, la entidad que se presentó ante la Justicia en nombre de los usuarios de los más de 43 millones de líneas de celulares que hay en el país.
Bersten estimó "en un término habitual hay que pensar en dos años" para esperar el fallo de la Corte.
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