Los empleadores pueden organizar el trabajo de sus dependientes de acuerdo al criterio que estimen conveniente para aumentar la productividad y optimizar los recursos de la compañía.
Pero esta facultad -con que cuentan todas las empresas- de realizar modificaciones que involucran a los empleados, conocida como "ius variandi", tiene un límite.
En ese sentido, la firma no puede alterar la esencia del contrato laboral en cuanto al salario, horario o calificación profesional de los dependientes y tampoco puede causarles un perjuicio moral y/o material.
Y esta limitación se ha acentuado tras la reforma del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo que recorta la posibilidad de reubicar personal. Sucede que la normativa vigente busca evitar que el empleador haga uso abusivo de sus facultades de organización y dirección.
En tanto, en el ámbito judicial, se advierte una tendencia de los magistrados a entender como ilegítimos los cambios que efectúan los empleadores, respecto de las funciones de sus dependientes, aún frente a circunstancias concretas.
Dentro de este contexto, se dio a conocer un caso en donde la Cámara laboral ordenó a la compañía a pagar una indemnización a un dependiente como si se tratar de un despido sin justa causa. El empleado se había considerado despedido luego de que le cambiaran su lugar de trabajo, de modo que, a su entender, esto le ocasionaba un perjuicio. Lo llamativo del fallo es que la empresa se había ofrecido a abonar los mayores gastos en que incurriera el trabajador en concepto de transporte, pero ese argumento, igualmente, fue desestimado por los jueces.
Pero esta facultad -con que cuentan todas las empresas- de realizar modificaciones que involucran a los empleados, conocida como "ius variandi", tiene un límite.
En ese sentido, la firma no puede alterar la esencia del contrato laboral en cuanto al salario, horario o calificación profesional de los dependientes y tampoco puede causarles un perjuicio moral y/o material.
Y esta limitación se ha acentuado tras la reforma del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo que recorta la posibilidad de reubicar personal. Sucede que la normativa vigente busca evitar que el empleador haga uso abusivo de sus facultades de organización y dirección.
En tanto, en el ámbito judicial, se advierte una tendencia de los magistrados a entender como ilegítimos los cambios que efectúan los empleadores, respecto de las funciones de sus dependientes, aún frente a circunstancias concretas.
Dentro de este contexto, se dio a conocer un caso en donde la Cámara laboral ordenó a la compañía a pagar una indemnización a un dependiente como si se tratar de un despido sin justa causa. El empleado se había considerado despedido luego de que le cambiaran su lugar de trabajo, de modo que, a su entender, esto le ocasionaba un perjuicio. Lo llamativo del fallo es que la empresa se había ofrecido a abonar los mayores gastos en que incurriera el trabajador en concepto de transporte, pero ese argumento, igualmente, fue desestimado por los jueces.
Cambio del lugar de trabajo
En esta oportunidad, la empresa decidió cambiarle el lugar y las condiciones de trabajo a un empleado, motivo por el cual el dependiente intimó a la compañía para volver a su situación laboral original.
En esta oportunidad, la empresa decidió cambiarle el lugar y las condiciones de trabajo a un empleado, motivo por el cual el dependiente intimó a la compañía para volver a su situación laboral original.
El empleador respondió el telegrama y señaló que se haría cargo de los mayores gastos, luego de una rendición de cuentas.
Pero el trabajador se sintió satisfecho y se consideró despedido, por lo que se presentó ante la Justicia para reclamar las indemnizaciones correspondientes a la ruptura de un vínculo sin justa causa.
El juez de primera instancia rechazó el reclamo. A los pocos días, el dependiente se presentó ante la Cámara para cuestionar la sentencia.
De la evaluación de los elementos de prueba aportados a la causa, los magistrados indicaron que la empresa no explicó de manera precisa las razones funcionales que la habrían conducido a adoptar la modificación de las condiciones de empleo -en particular, el cambio del lugar de prestación de tareas- ni respondió en forma concreta la intimación que el empleado emitiera a fin de que revieran su situación.
"Del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo se desprende con claridad que, para legitimar una modificación al contenido de la prestación de trabajo, debe mediar razonabilidad en el cambio", explicaron los jueces.
Es decir, la modificación no debe alterar los puntos esenciales del contrato, ni tiene que ocasionar un perjuicio moral o material al dependiente.
Es decir, se deben reunir las tres condiciones mencionadas para justificar la decisión de los empleadores. La falta de uno de los requisitos torna ilegítima la medida.
En el caso, los camaristas consideraron que no se encontraba acreditada la razonabilidad del cambio.
"Esto significa que debe estar justificado en las necesidades de la empresa, excluyéndose así el uso no funcional de dicha facultad legal siendo el empresario -que decide unilateralmente la alteración de la relación laboral en ejercicio de sus poderes jerárquicos- quien debe justificar el cambio por su relación al fin común de la compañía", agregaron.
Luego explicaron que el ius variandi, tal como se conoce en la práctica a este tipo de modificaciones, no es un derecho discrecional o absoluto del empleador, ya que éste debe ejercitar sus facultades de dirección de modo prudencial.
Vale remarcar que el principio de la "necesaria" justificación de la decisión empresaria en razones de organización de la compañía fue receptado por los tribunales de todas las épocas y todas las jurisdicciones, por cuanto es elemental la exclusión de la arbitrariedad, si la decisión está referida a una modalidad de la actividad pactada con el trabajador.
"Hay derechos contrapuestos a los del empleador y, para disponer de esos derechos, es obvio que se requiere la satisfacción de una necesidad de la empresa", indicaron los jueces.
En este contexto, hicieron lugar al pedido porque concluyeron que la firma no demostró por ningún medio, ni invocó la necesidad objetiva de cambiar el turno de trabajo del empleado.
De esta manera, consideraron que el empleado actuó justificadamente al considerarse despedido, por lo que debía ser indemnizado como si se tratase de un despido son causa.
Pero el trabajador se sintió satisfecho y se consideró despedido, por lo que se presentó ante la Justicia para reclamar las indemnizaciones correspondientes a la ruptura de un vínculo sin justa causa.
El juez de primera instancia rechazó el reclamo. A los pocos días, el dependiente se presentó ante la Cámara para cuestionar la sentencia.
De la evaluación de los elementos de prueba aportados a la causa, los magistrados indicaron que la empresa no explicó de manera precisa las razones funcionales que la habrían conducido a adoptar la modificación de las condiciones de empleo -en particular, el cambio del lugar de prestación de tareas- ni respondió en forma concreta la intimación que el empleado emitiera a fin de que revieran su situación.
"Del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo se desprende con claridad que, para legitimar una modificación al contenido de la prestación de trabajo, debe mediar razonabilidad en el cambio", explicaron los jueces.
Es decir, la modificación no debe alterar los puntos esenciales del contrato, ni tiene que ocasionar un perjuicio moral o material al dependiente.
Es decir, se deben reunir las tres condiciones mencionadas para justificar la decisión de los empleadores. La falta de uno de los requisitos torna ilegítima la medida.
En el caso, los camaristas consideraron que no se encontraba acreditada la razonabilidad del cambio.
"Esto significa que debe estar justificado en las necesidades de la empresa, excluyéndose así el uso no funcional de dicha facultad legal siendo el empresario -que decide unilateralmente la alteración de la relación laboral en ejercicio de sus poderes jerárquicos- quien debe justificar el cambio por su relación al fin común de la compañía", agregaron.
Luego explicaron que el ius variandi, tal como se conoce en la práctica a este tipo de modificaciones, no es un derecho discrecional o absoluto del empleador, ya que éste debe ejercitar sus facultades de dirección de modo prudencial.
Vale remarcar que el principio de la "necesaria" justificación de la decisión empresaria en razones de organización de la compañía fue receptado por los tribunales de todas las épocas y todas las jurisdicciones, por cuanto es elemental la exclusión de la arbitrariedad, si la decisión está referida a una modalidad de la actividad pactada con el trabajador.
"Hay derechos contrapuestos a los del empleador y, para disponer de esos derechos, es obvio que se requiere la satisfacción de una necesidad de la empresa", indicaron los jueces.
En este contexto, hicieron lugar al pedido porque concluyeron que la firma no demostró por ningún medio, ni invocó la necesidad objetiva de cambiar el turno de trabajo del empleado.
De esta manera, consideraron que el empleado actuó justificadamente al considerarse despedido, por lo que debía ser indemnizado como si se tratase de un despido son causa.
Repercusiones
Los expertos consultados recomendaron que todo cambio que decida una empresa de forma unilateral y que afecte los términos de una relación laboral, responda a una razón funcional.
Y destacaron que, con ese fin, la firma debe contar con la conformidad del dependiente involucrado.
"Dentro de la tendencia de generar nuevos focos de reclamos o contingencias laborales, debe darse un lugar de especial atención a la problemática relacionada con el ejercicio del `ius variandi´, en particular, luego de la reforma a ese instituto plasmada en la LCT", sostuvo Ignacio Capurro, socio de Funes de Rioja & Asociados.
"No pasa tanto por intentar tener parámetros fijos como distancia, horarios, sino que pasa por evaluar si existe o no un daño puntual para el trabajador disconforme con la modificación", afirmó Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Unamuno - Darago.
Es por ello que el experto destacó la importancia de una compensación: "Los cambios deben estar acompañados de beneficios que hagan más ventajoso el nuevo horario o lugar de trabajo para el empleado, tal como la implementación de remises o combis que ayuden a ahorrar tiempo de viaje, menos horas laborables, si hay cambio de turno, o un plus salarial, en caso de que dichas medidas no puedan efectivizarse", sostuvo.
"Hay que buscar la forma para que los cambios implementados impacten mínimamente, en la menor cantidad de empleados y, de esta manera, la empresa podrá defenderse lo mejor posible ante un reclamo judicial", agregó.
"Para evitar sanciones, ante cualquier modificación de la relación laboral, y cualquiera fueran los ítems que se alteraran, por ejemplo, lugar, tareas u horarios, la compañía deberá contar con elementos suficientes para su justificación", resaltó Juan Manuel Minghini, socio del estudio Minghini, Alegría & Asociados.
"Las firmas deberán plasmar por escrito, con expresa indicación de los motivos que implican los cambios en la relación de trabajo, y además, saber de antemano que, producido un conflicto o reclamo judicial, podrán probar concreta y fehacientemente la causa invocada", finalizó el especialista.
Los expertos consultados recomendaron que todo cambio que decida una empresa de forma unilateral y que afecte los términos de una relación laboral, responda a una razón funcional.
Y destacaron que, con ese fin, la firma debe contar con la conformidad del dependiente involucrado.
"Dentro de la tendencia de generar nuevos focos de reclamos o contingencias laborales, debe darse un lugar de especial atención a la problemática relacionada con el ejercicio del `ius variandi´, en particular, luego de la reforma a ese instituto plasmada en la LCT", sostuvo Ignacio Capurro, socio de Funes de Rioja & Asociados.
"No pasa tanto por intentar tener parámetros fijos como distancia, horarios, sino que pasa por evaluar si existe o no un daño puntual para el trabajador disconforme con la modificación", afirmó Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Unamuno - Darago.
Es por ello que el experto destacó la importancia de una compensación: "Los cambios deben estar acompañados de beneficios que hagan más ventajoso el nuevo horario o lugar de trabajo para el empleado, tal como la implementación de remises o combis que ayuden a ahorrar tiempo de viaje, menos horas laborables, si hay cambio de turno, o un plus salarial, en caso de que dichas medidas no puedan efectivizarse", sostuvo.
"Hay que buscar la forma para que los cambios implementados impacten mínimamente, en la menor cantidad de empleados y, de esta manera, la empresa podrá defenderse lo mejor posible ante un reclamo judicial", agregó.
"Para evitar sanciones, ante cualquier modificación de la relación laboral, y cualquiera fueran los ítems que se alteraran, por ejemplo, lugar, tareas u horarios, la compañía deberá contar con elementos suficientes para su justificación", resaltó Juan Manuel Minghini, socio del estudio Minghini, Alegría & Asociados.
"Las firmas deberán plasmar por escrito, con expresa indicación de los motivos que implican los cambios en la relación de trabajo, y además, saber de antemano que, producido un conflicto o reclamo judicial, podrán probar concreta y fehacientemente la causa invocada", finalizó el especialista.
FALLO
Tribunal: Cám. Nac. de Apelaciones del Trabajo - Sala IX
Autos: Mancilla, Walter N. c/ Libson SA y Otro s/Despido
Fecha: 12-03-2011
Cita: IJ-XLIV-502
Autos: Mancilla, Walter N. c/ Libson SA y Otro s/Despido
Fecha: 12-03-2011
Cita: IJ-XLIV-502
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala IX
Buenos Aires, 12 de Marzo de 2011.-
El Dr. Daniel E. Stortini dijo:
I- Llegan los autos a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios vertidos por el actor contra la sentencia dictada a fs. 521/527 a mérito del memorial obrante a fs. 538/549, mereciendo réplica de la contraria a fs. 552/558.
A fs. 531 el perito contador apela la regulación de honorarios por considerarlos bajos. Las demandadas a fs. 532 apelan por altos los emolumentos fijados en la instancia anterior a favor del experto contable.
Buenos Aires, 12 de Marzo de 2011.-
El Dr. Daniel E. Stortini dijo:
I- Llegan los autos a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios vertidos por el actor contra la sentencia dictada a fs. 521/527 a mérito del memorial obrante a fs. 538/549, mereciendo réplica de la contraria a fs. 552/558.
A fs. 531 el perito contador apela la regulación de honorarios por considerarlos bajos. Las demandadas a fs. 532 apelan por altos los emolumentos fijados en la instancia anterior a favor del experto contable.
II- Critica el accionante la sentencia de grado por haber rechazado como una de las injurias que legitiman el despido indirecto la categoría 7 que dice ostentaba y que es pretendida en el inicio.
Sin perjuicio que la demandada, frente a la intimación que se formulara a fin de acompañar la documentación peticionada por la contraria en los términos del art. 388 del C.P.C.C.N., no dio cabal cumplimiento a tal requisitoria (ver fs. 345 1º párrafo y fs. 379) lo cierto es que la prueba testimonial producida me lleva a la convicción que no asiste razón, en este punto, a la queja vertida por el actor.
A fs. 433 declara un testigo propuesto por el actor (Fabián Pfoh) quien dijo que fueron compañeros de trabajo. Afirmó que -el dicente- se desempeñó como jefe de diseño en Libson y que el Sr. Mancilla hacía trabajos de cadetería y que eventualmente buscaba pagos. Manifestó conocer esto por haberlo visto entrar y salir permanentemente con papeles e indicaciones de cuáles eran sus trabajos en la empresa por parte del Sr. Libson o Pablo. Desconoce si al actor se le modificaron las tareas y si cambió de lugar de trabajo.
El análisis de esta declaración no basta para acreditar la postura del demandante ya que surge en forma contundente y clara las tareas de "cadete" que se alegara en el responde.
El testigo Marcos H. Goytia (quien declaró a instancias del actor -ver fs. 445) si bien afirmó que "era cobrador" y hacía trámites bancarios en la calle, tal dicho resulta contradictorio con lo manifestado también en su propia declaración cuando expresó que el "actor efectuaba tareas de cadetería".
En cuanto al Sr. Néstor I. Escalante quien prestara declaración testimonial también a iniciativa del actor -ver fs. 450- dijo ser delegado gremial y que lo conoció porque prestaba servicios en la empresa efectuando los trámites administrativos. Esta declaración tampoco resulta convictiva ya que solo refiere a que el actor realizaba los trámites administrativos, sin hacer mención a las tareas de "cobrador" que es reclamada por el accionante.
La prueba analizada precedentemente me conduce a determinar no probada la tesitura del inicio, tal como lo anticipara.
El testigo Esteban J. Harari quien depusiera a fs. 452 manifestó que el actor hacía las cobranzas, trámites bancarios, entrega de facturas a clientes y al poco tiempo que estaba en la empresa hacía archivo. Por las funciones que cumplía el testigo en la empresa relata el procedimiento que se efectuaba para realizar las cobranzas, y que éstas las llevaba a cabo el propio actor. Sostiene además que era el dicente quien ordenaba las cobranzas.
Las tareas que el Sr. Harari describe como las efectivamente fueron llevadas por el accionante no condicen con la definición que establece el CCT 60/89 sobre la categoría 7 requerida, entendiéndose como "cobrador" a aquél que tiene como función específica permanente las cobranzas fuera del establecimiento, preparando por sí los cobros a efectuarse, pudiendo tener a su cargo la adjudicación y liquidación de los documentos de acuerdo con los plazos y formas de pago establecidos.
A la prueba testifical aportada por el actor debe sumarse la prueba producida por la contraria, que corrobora también la tesitura del responde, es decir que el Sr. Mancilla cumplía tareas de acuerdo a la categoría de cadete que se encuentra también contemplada en la convención citada precedentemente.
Así Cristian F. Alfaro dijo que "...el actor en Libson SAS era cadete...porque hacía trámites administrativos..." (ver fs. 422/423). En igual sentido se expidió Gómez Aranda, Jorge M. (ver fs. 447) quien refirió que "...el actor era cadete...realizaba tareas de archivo...sacaba fotocopia, hacía trámites bancarios, y pagos de impuestos y servicios...". El Sr. Castañares, Jorge O. (fs. 448/449) sostuvo que "...el actor era cadete de la empresa... lo sabe porque (el dicente) se ocupaba de trasladar correspondencia... que (él) se encargaba del despacho en el corro de las cartas documentos, de la entrega en mano de alguna correspondencia al sindicato, traslado de correspondencia...las tareas del actor era la entrega de correspondencia ya preparada, simplemente la entrega...que el actor hacía todo el archivo...".
Las declaraciones testimoniales analizadas precedentemente me convencen de otorgarles valor probatorio a sus dichos (arts. 90 LO y 386 C.P.C.C.N.) lo que me lleva a desestimar en este punto el agravio vertido por el actor y confirmar la sentencia apelada.
III- El accionante critica la sentencia de grado en cuanto se rechazó las requeridas diferencias salariales. Adelanto que la queja que esgrime no tendrá favorable recepción en esta alzada.
En efecto, el apelante se limita a manifestar en forma meramente dogmática que en el decisorio de grado no se hizo lugar al reclamo, omitiendo indicar concretamente con cifras y cálculos precisos cuáles serían los importes por los que -a su entender- debieron haber prosperado las diferencias en cuestión, incumpliéndose de tal modo con la crítica concreta y razonada que se exige en el art. 116 de la LO.
Obsérvese que no se efectúa en el memorial cálculo alguno a fin de posibilitar la revisión en esta instancia acerca de la procedencia del reclamo ni se especifica el monto que le correspondería percibir de receptarse la postura bajo análisis. Es decir, no se determina ni el cálculo ni la cuantía de la pretensión y a la cual el apelante se considera acreedor, careciendo la crítica de una pauta imprescindible para establecer la medida y alcance del aducido agravio y el interés concreto del recurso (conf. art. 116 de la LO).
Dicha falencia constituye un obstáculo insoslayable para el progreso de la queja pues impide a esta alzada pronunciarse sobre el planteo en la medida en que se aprecia que la jurisdicción de esta instancia revisora técnicamente se encuentra limitada al "agravio", ya que de lo contrario se estaría violando el debido proceso y la garantía constitucional de legítima defensa de la contraparte (art. 18 CN).
Advierto también que la remisión en forma generalizada y en abstracto a otras piezas del expediente -en el caso, a las conclusiones y cálculos que se desprenden del peritaje contable- tampoco cumple con el requisito de determinación del agravio establecido por el citado art. 116 de la LO al no mediar una crítica concreta y razonada del pronunciamiento recurrido. Ello porque la idoneidad de la crítica debe autoabastecerse en el propio escrito de expresión de agravios.
Nótese que era menester en el caso la determinación del alcance y la medida del interés en la alzada, porque deviene una carga importante e inexcusable para expresar agravios que el recurrente concrete por qué considera que debería hacerse lugar al reclamo y en su caso cuál sería el cálculo y su correspondiente monto sobre la base de lo actuado, aspecto que no advierto cumplido en el memorial en examen.
Sin perjuicio de lo expuesto, remarco que las consideraciones vertidas por el apelante en punto a que la sentenciante se ha apartado de las conclusiones del experto contable resultan improcedentes, pues la selección y valoración de las pruebas es función privativa de los jueces de la causa. Por ende, la apreciación del dictamen pericial es facultad exclusiva de los jueces, quienes tienen respecto de la prueba pericial la misma libertad de apreciación que para los restantes medios de prueba, pudiendo en consecuencia apartarse de las conclusiones del experto, las cuales no le resultan obligatorias ni vinculantes (art. 386 C.P.C.C.N.).
En consecuencia, por los motivos expuestos, cabe desestimar la queja esgrimida en el punto por carecer el planteo de la entidad recursiva exigida por el art. 116 de la LO.
IV- Por último corresponde dar tratamiento al agravio del actor sobre el cambio de lugar de trabajo.
En el caso de autos corresponde señalar que la accionada no explicó de manera circunstanciada las razones funcionales que la habrían conducido a adoptar la modificación de las condiciones de labor -en particular el cambio del lugar de trabajo del actor- ni respondió en forma concreta la intimación que el trabajador emitiera a fin de que revieran la situación (art. 65 LCT), ya que únicamente hizo referencia que se le abonará los mayores gastos de traslado y que fuera sujeto a rendición de cuenta.
Repárese en que del art. 66 LCT se desprende con claridad que para legitimar una modificación al contenido de la prestación de trabajo debe mediar razonabilidad en el cambio, que éste no altere esencialmente el contrato y que de él no se derive perjuicio moral o material para el trabajador, verificándose uniformidad en la doctrina (Juan C. Fernández Madrid "Ley de Contrato de Trabajo Comentada" -en colaboración con López y Centeno- 2da. ed. actualizada t.I p.500) y la jurisprudencia (C.N.Trab. sala II en Trab. y Seg. Soc. 1978 p.737, id. 1979 p.155, sala VIII en D.T. 1992-B-p.2072) en punto a que deben reunirse las tres condiciones para justificar la decisión patronal y que la falta de uno de los requisitos torna ilegítima la medida.
Pues bien en el "sub lite" no encuentro acreditada la razonabilidad del cambio. Esto, en el decir de la doctrina y la jurisprudencia, significa que debe estar justificado en las necesidades de la empresa, excluyéndose así el uso no funcional de dicha facultad legal (Justo López, "Fundamentos y límites del ius variandi" en Leg. Trab. t.XV p.65, especialmente p.79/80; C.N.Trab. sala IV en Leg. Trab. t.XV p.100, id. sala III en D.T. 1958 p.149, id. sala II en Trab. y Seg. Soc. 1978 p.737, entre muchos otros) siendo el empresario -que es el que decide unilateralmente la alteración de la relación de trabajo en ejercicio de sus poderes jerárquicos- quien debe justificar el cambio por su relación al fin común de la empresa (eficacia del proceso productivo de bienes y servicios).
Cabe tener presente que el "ius variandi" no es un derecho discrecional o absoluto del empleador, quien debe ejercitar sus facultades de dirección de modo prudencial. El principio de la "necesaria" justificación de la decisión empresaria en razones de organización de la misma empresa ha sido receptado por los tribunales de todas las épocas y todas las jurisdicciones por cuanto es elemental en esta materia la exclusión de la arbitrariedad en tanto la decisión está referida a una modalidad de la actividad pactada con el trabajador. Hay derechos contrapuestos a los del empleador y para disponer de esos derechos es obvio que se requiere la satisfacción de una necesidad de la empresa (Juan C. Fernández Madrid "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo" t.II p. 1013).
Y digo que el requisito de razonabilidad no aparece en el "sub examine" por cuanto la accionada no demostró por ningún medio (y ni siquiera lo invocó) la necesidad objetiva de cambiar el turno de trabajo de la actora. Más aún, esta circunstancia fue negada categóricamente en el responde.
Por ello, no acreditada la existencia de alguna razón funcional para esa decisión, el cambio resultó ajeno a las previsiones del citado art. 66, razón por la cual entiendo que la denuncia del vínculo fue justificada en los términos de los arts. 242 y 246 LCT.
Por ende corresponde revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la acción en cuanto persigue el cobro de indemnización por despido, preaviso e integración mes de despido (arts. 232, 233 y 245 de la LCT).
V- Resta efectuar la liquidación por la que en definitiva prosperará la acción. Tomando en consideración la remuneración indicada en la sentencia de $1.525 que arriba firme a esta alzada, el actor resulta acreedor a los siguientes conceptos y montos: indemnización por despido: $15.250; preaviso c/sac: $3.293,33; integración mes de despido c/sac: $1.652,08; art. 16 Ley Nº 25.561: $7.625; art. 2 Ley Nº 25.323: $10.097,70; sac: $111.13 y vac. prop.: $871,13 (estos dos últimos de acuerdo a la sentencia), lo que hace un total de $38.900,37, que deberá ser abonado por las accionadas en forma solidaria con más los intereses conforme lo dispuesto en la instancia anterior.
VI- Atento el nuevo resultado del juicio, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios dispuestos en origen (art. 279 C.P.C.C.N.) lo cual torna abstracto los recursos deducidos con relación a estos temas.
Propongo que las costas de ambas instancias se impongan a las demandadas en forma solidaria y a tales efectos -y por las tareas cumplidas en primera instancia- sugiero regular los honorarios correspondientes a la representación letrada del actor en el 16,5%, los de la de cada una de las demandadas en el 13% y del perito contador en el 7%, en todos los casos sobre el nuevo monto de condena incluyendo intereses (art. 38 LO y ccdes. ley arancelaria, arts. 3 y 12 Decreto Ley Nº 16.638/57).
En cuanto a las de alzada, cabe imponer las costas de alzada a cargo de las demandadas vencidas en forma solidaria (art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación letrada de la actora y de cada una de las demandadas, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la ley arancelaria).
VII- Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: 1) Modificar la sentencia apelada y en consecuencia, elevar el importe de condena a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 38.900,37), que deberá ser abonado por las demandadas en forma solidaria con más los intereses conforme lo estipulado en la instancia anterior; 2) Confirmar la sentencia atacada en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; 3) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios dispuestas en origen e imponerlas en ambas instancias a las demandadas vencidas, a cuyos efectos -y por las tareas cumplidas en primera instancia- regulase los honorarios correspondientes a la representación letrada del actor en el 16,5%, los de la de cada una de las demandadas en el 13% y del perito contador en el 7%, en todos los casos sobre el nuevo monto de condena incluyendo intereses (art. 38 L.O. y ccdes. ley arancelaria, arts. 3 y 12 decreto Ley Nº 16.638/57); 4) En cuanto a las de alzada se fija la cuantía de los estipendios de los respectivos memoriales en el 25% de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior.
El Dr. Álvaro E. Balestrini dijo:
Por compartir los fundamentos del voto precedente adhiero al mismo.
El Dr. Mario S. Fera no vota (art. 125 LO).
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
1) Modificar la sentencia apelada y en consecuencia, elevar el importe de condena a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 38.900,37), que deberá ser abonado por las demandadas en forma solidaria con más los intereses conforme lo estipulado en la instancia anterior;
2) Confirmar la sentencia atacada en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios;
3) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios dispuestas en origen e imponerlas, en ambas instancias a las demandadas vencidas, a cuyos efectos -y por las tareas cumplidas en primera instancia- regulase los honorarios correspondientes a la representación letrada del actor en el 16,5%, los de la de cada una de las demandadas en el 13% y del perito contador en el 7%, en todos los casos sobre el nuevo monto de condena incluyendo intereses (art. 38 L.O. y ccdes. ley arancelaria, arts. 3 y 12 Decreto Ley Nº 16.638/57);
4) En cuanto a las de alzada se fija la cuantía de los estipendios de los respectivos memoriales en el 25% de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior;
5) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
Daniel E. Stortini - Álvaro E. Balestrini - Mario S. Fera
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