Esto le impide a la persona que alguna vez no pudo afrontar una deuda, quedar vinculada a ella durante mucho tiempo, evitando que aquél vuelva a reinsertarse en el circuito económico.
Una vez eliminada u “olvidada” esa información, el cliente podrá pedir nuevos financiamientos o préstamos. Por este tema, un problema que surge es que no sólo las entidades acreedoras y el Banco Central acaparan dichos datos, sino también otras compañías especializadas que, en ciertas ocasiones, los mantienen aunque se haya excedido el plazo legal de cinco años.
Supresión de datos
En estos casos, surgen varios puntos a tener en cuenta: no sólo el del referido derecho al olvido, sino también la relación entre la entidad acreedora, el Banco Central y las empresas recolectoras de datos crediticios.
Los inconvenientes para el cliente se originaron por una deuda de $10.000 que mantenía con el banco a raíz de un pagaré no cancelado. Debido a los intereses que se acumularon, la suma alcanzó los $37.000. La entidad financiera le informó al Banco Central (BCRA) la mencionada irregularidad, por lo que el deudor fue catalogado como incobrable.
Unos años después, el cliente concurrió a la Justicia para solicitar que se le ordenara al banco acreedor suprimir los datos que lo identificaban como irrecuperable, porque se encontraba excedido el plazo de cinco años previsto en la Ley de Protección de Datos Personales.
La entidad señaló que procedió a pedir la baja del cliente ante la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA, pero luego el damnificado solicitó que además se le ordene a la firma demandada a comunicar al Banco Central, a Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A. y a todas las empresas proveedoras de informes comerciales, para que cancelen y/o supriman de sus bases de datos la totalidad de la información generada por el cliente en relación a la mencionada deuda.
El banco alegó que no mantenía una relación contractual con las firmas aludidas, ya que éstas obtenían los informes de la base de datos del BCRA.
El juez de primera instancia consideró que no era obligación de la entidad bancaria notificar a las empresas de informes comerciales, sino que bastaba hacerlo al Banco Central. El cliente, al ver que no se hizo lugar a su pretensión, recurrió la sentencia ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.
El tema se centró en determinar si resulta procedente la notificación a todas las entidades que proveen información crediticia del cese de la morosidad.
El cliente sostuvo que la información difundida por el banco se encontraba desactualizada, contraviniendo la Ley de Protección de los Datos Personales. El juez de primera instancia había considerado que si aquél deseaba suprimir la información cuestionada de las empresas de informes comerciales, debía promover un proceso de habeas data.
El problema es que hay alrededor de 140 firmas que toman los datos de las bases del BCRA, por lo que si debía demandar una por una se ocasionaría un aumento de la litigiosidad.
Los jueces de la sala A en el caso “Cusanelli, Anibal Pedro c/BBVA Banco Francés SA s/ amparo” explicaron que el amparo presentado por el cliente fue el procedimiento correcto, ya que la procedencia de esta acción sumarísima se encuentra en la necesidad de "reparación urgente del perjuicio" o "cesación inmediata de los efectos del acto lesivo" y que la cuestión "no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes".
Además, el damnificado agregó que, de conformidad a lo previsto en la ley 25.326, se trataría de un supuesto de cesión de información, siendo solidariamente responsables el Banco Francés -en su carácter de cedente-, el BCRA –cesionario- y, por interconexión con este último, todas las empresas de bases de datos que cuenten con información que identifique al banco demandado como acreedor del cliente.
Derecho al olvido
El artículo 26 de la ley mencionada, en su inciso 4°, indica que "sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho".
El fundamento de esta norma, se da en que el mantenimiento de la información crediticia de un deudor en un bancos de datos, cuando éste no ha incurrido en nuevos incumplimientos, lo perjudica en demasía, impidiéndole reingresar en los distintos círculos bancarios y financieros.
Los magistrados, María Elsa Uzal y Alfredo Kölliker Frers, consideraron que el Banco Francés informó al cliente como deudor incobrable ante el BCRA, pero el plazo de cinco años previsto por la norma para hacer efectivo el derecho al olvido había transcurrido holgadamente al momento de iniciarse el proceso judicial. No obstante, el informe comercial negativo subsistió, contraviniéndose de esta manera la normativa vigente al respecto. Por ese motivo, obligaron al banco a comunicarle a todas las empresas de datos de clientes comerciales que actualicen la información.
El abogado Malcolm Leckie, del estudio Grispo & Asociados, señaló que “la sentencia ofrece una solución satisfactoria en consonancia al “derecho al olvido”. En efecto, resulta plenamente lógico y razonable que una entidad bancaria -que brinda información económica-financiera de sus clientes a las bases de datos comerciales- tenga la responsabilidad y obligación de tomar todas las medidas necesarias para que se elimine la información errónea o a la cual corresponda aplicar el plazo establecido, siempre en miras de salvaguardar la protección del individuo”.
Puntos importantes
Por su parte, el especialista Martín Lepiane, del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), consideró que el falló tocó tres temas de actualidad bancaria:
a) Cesión de datos entre las entidades
b) Derecho al olvido
c) Notificación entre el banco acreedor, el BCRA y las empresas proveedoras de informes
Con respecto al primer punto, el experto señaló que “la Ley de Protección de Datos Personales señala que el cedente (el banco acreedor) y el cesionario (quien recibe los datos) son solidariamente responsables por la observancia de las normas aplicables”.
El cesionario podrá ser eximido total o parcialmente de responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el hecho que ha producido el daño. En este caso, el especialista consideró que “la mera recepción de un dato no hace responsable al que lo recibe, si el cedente realizó una declaración sobre la legalidad y corrección de los datos. No resulta justo ni lógico poner en cabeza del receptor la obligación de indagar cuestiones fácticas que no tiene forma de conocer”.
En relación al segundo punto, existe la obligación de eliminar los datos crediticios pasados cinco años, pero aún subsiste la controversia acerca del momento en el cual comienza ese plazo (desde la mora, desde la última información relevante, entre otras posturas). En este caso “no hubo discusión sobre la finalización del plazo máximo, porque el mismo banco pidió ante el Banco Central la rectificación de los datos”, consideró Lepiane.
En tanto, con lo relativo a la notificación, el especialista no estuvo de acuerdo con la Cámara ya que “no existió relación contractual entre el banco y las empresas proveedoras de informes. Estas compañías toman la información del Banco Central y una vez rectificados los datos en la base de éste, el deber de la entidad financiera estaría cumplido”.
FALLO
“Cusanelli Anibal Pedro c/BBVA Banco Francés SA s/ amparo” – CNCOM – SALA A – 14/08/2009
“Habiendo quedado demostrado en autos que Banco Francés informó al actor como deudor con calificación “5” (incobrable) ante el BCRA desde abril de 2003 hasta noviembre de 2007, esto es, cuando la ley N° 25.326 (B.O. 02/11/2000) que consagró el derecho al olvido ya se encontraba vigente, y siendo que, según lo informado por el propio demandado, la deuda reclamada databa del 05/01/1994 –si bien esto no fue probado en autos, ello no fue materia de agravio-, el plazo de cinco años previsto por la norma para hacer efectivo el derecho al olvido había transcurrido holgadamente al momento de iniciarse el presente proceso (05/09/2007), no obstante lo cual, el informe comercial negativo subsistió, contraviniéndose de esta manera la normativa vigente al respecto.”
“El habeas data y el amparo participan de la misma naturaleza jurídica, dado que el habeas data –como se ha visto-, procura la “reparación urgente del perjuicio” o la “cesación inmediata de los efectos del acto lesivo”; en el caso bajo estudio, ello se traduce en arbitrar los medios conducentes para rectificar los datos de las bases de las entidades de informes crediticios que, a todo evento, continúen identificando al actor como deudor moroso, lo cual no resulta sino una consecuencia del mantenimiento en el tiempo de la cuestionada calificación efectuada inicialmente por el banco demandado.”
“De presentarse eventualmente el supuesto aludido y seguirse la decisión criticada, se vería frustrada la finalidad de la acción, dilatando innecesariamente el mantenimiento de la calificación crediticia negativa de Cusanelli –con el consiguiente perjuicio que ello podría acarrear- y obligándolo a iniciar un nuevo proceso de habeas data contra la/s empresa/s que mantuviera/n un dato desactualizado sobre su persona originado en el mismo informe que aquí se analiza y fuera mantenido por Banco Francés –como se vio- excediendo el plazo máximo permitido por la norma, violando su obligación de obrar con prudencia y conocimiento de su actividad profesional e impidiéndole al actor la posibilidad de volver a empezar, que propugna el “derecho al olvido”, al obstaculizarle la celebración de contratos o el acceso al crédito.”
“En consecuencia, y toda vez que en autos no se ha probado que las distintas bases de datos comerciales hayan procedido a rectificar la calidad de deudor en categoría “5” de Cusanelli que fuera informada en su momento por la entidad demandada, con excepción de las pertenecientes a Organización Veraz S.A., Nosis Laboratrio de Investigación y Desarrollo S.A. y el BCRA, corresponde hacer lugar al agravio vertido por el quejoso, por lo que cabrá que Banco Francés o el accionante, en su defecto, notifiquen dicha situación a las empresas que el último de los señalados indique que mantienen la inscripción desactualizada.”
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.//-
Y VISTOS:
1.)) La apelación.-
Apeló el actor la sentencia dictada a fs. 111/115, toda vez que en ella no se condenó a la entidad bancaria demandada a notificar a las empresas de informes comerciales que toman información del Banco Central de la República Argentina (en adelante, BCRA) que debían rectificar los antecedentes que registraran sobre su persona.-
Los agravios obran desarrollados a fs. 118/121 y fueron contestados a fs. 123/124.-
2.) El accionante sostuvo que la información difundida por el demandado se encontraba desactualizada, contraviniendo el artículo 26, inciso 4°, de la ley N° 25.326 –de Protección de los Datos Personales- (ver fs. 118 vta., primer y cuarto párrafos), no () obstante lo cual, según el criterio esgrimido por el Sr. Juez de grado, si deseara suprimir la información cuestionada de las empresas de informes comerciales, debería promover un proceso de habeas data contra cada una de esas empresas, que serían alrededor de 140 registradas en la D.N.B.D., lo que ocasionaría un indeseado aumento de la litigiosidad.-
Agregó que, de conformidad a lo previsto en el artículo 11, inciso 4°, de la ley N° 25.326, el caso sub examine se trataría de un supuesto de cesión de información, siendo solidariamente responsables el Banco Francés -en su carácter de cedente-, el BCRA –cesionario- y, por interconexión con este último, todas las empresas de bases de datos que cuenten con información que identifique al demandado como acreedor del actor, lo que justificaría la legitimación pasiva del banco demandado y la extensión de la condena a las referidas empresas de informes comerciales.-
3.) Los hechos del caso.-
El actor instó la presente acción, a fs. 18/22, a los fines de que se ordenara a BBVA Banco Francés S.A. (en lo sucesivo, Banco Francés) suprimir los datos referidos a su persona que enviara a las bases de la Central de Deudores del BCRA y de Organización Veraz S.A. y que lo identificaban como deudor moroso en situación "5" (incobrable), por tratarse de información incorrecta, atento no haberse acreditado su origen, y porque –aún en caso de ser cierta- se encontraba excedido el plazo previsto por el artículo 26, inciso 4°, de la ley 25.326, con imposición de costas.-
El emplazado contestó demanda, a fs. 51/53, señalando que, al 05/01/1994, el accionante mantenía una deuda con el banco por un monto de $ 10.000, a causa de un pagaré no cancelado, ascendiendo el saldo adeudado –a la fecha de la contestación de la demanda- a la suma de $ 37.415, en concepto de capital e intereses, lo que justificó que informara a Cusanelli como deudor en situación "5" (irrecuperable) ante la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA, en cumplimiento de la normativa dispuesta por este último en su carácter de autoridad de superintendencia.-
Explicó asimismo que, de conformidad con lo establecido por el artículo 26, inciso 4°, de la ley N° 25.326, procedió a dar de baja al accionante en la categoría "5", dejando de figurar en la Central de Riesgo Crediticio de Organización Veraz S.A. –a efectos de acreditar ello, acompañó un informe expedido por dicha empresa-, encontrándose en trámite la correspondiente baja en la Central de Deudores del BCRA.-
Corrido el pertinente traslado de la referida contestación del emplazado, Cusanelli amplió su demanda -en los términos del artículo 42 de la ley N° 25.326-, a fs. 62/64, solicitando que se ordene a Banco Francés que comunique al BCRA, a Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A. y a todas las empresas proveedoras de informes comerciales, que cancelen y/o supriman de sus bases de datos la totalidad de la información generada por el requerido, inclusive la histórica, de la que surja que resulta acreedor del actor y que éste se encuentra incurso en mora.-
Sustentó su pretensión en los informes emitidos por el BCRA y por Nosis que adjuntó, en los que se lo identifica como deudor en situación "5".-
Asimismo, desconoció y negó la existencia del pagaré por $ 10.000 y que adeude a la demandada la suma de $ 37.415 en concepto de capital e intereses.-
A su turno, Banco Francés contestó la ampliación de demanda, señalando que el accionante había sido dado de baja como deudor en categoría "5" en la base de deudores del BCRA, pasando a figurar sin deudas registradas, tal como surgiría del informe de esa entidad bancaria que acompañó.-
Respecto a la pretensión de que notifique a todas las empresas que proveen información crediticia que eliminen de sus bases los datos referidos a la morosidad del actor, alegó que el banco no mantenía relación contractual que lo vincule con las entidades aludidas y que éstas recababan los datos para sus registros de la base de datos del BCRA.-
Por último, manifestó que no se oponía a que oportunamente se oficie a las empresas de riesgo crediticio señaladas por la actora.-
4.) El thema decidendum.-
Delineado del modo expuesto el cuadro de situación de la controversia a la luz del agravio vertido por la parte actora en esta instancia, el thema decidendum en esta Alzada ha quedado centrado en determinar si resulta procedente la notificación a todas las entidades que proveen información crediticia el cese de la morosidad de Cusanelli respecto de Banco Francés.-
5.) El amparo.-
Como marco referencial, cabe señalar que el amparo es una acción de naturaleza excepcional, contemplada en la Constitucion Nacional para poner fin a situaciones de perjuicio que no pueden ser subsanadas por otra vía. Con acciones de este tipo se trata de restablecer rápidamente cierto orden quebrado, en un contexto de afectación de garantías constitucionales.-
Entre las condiciones de procedencia de esta acción sumarísima se encuentran la necesidad de "reparación urgente del perjuicio" o "cesación inmediata de los efectos del acto lesivo" y que la cuestión "no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes" (art. 321, CPCCN).-
En este marco, destácase que la entidad bancaria demandada es un comerciante de alto grado de especialización, con obvia superioridad técnica sobre la actora. Ello la obliga a obrar con prudencia y conocimiento de su actividad profesional (conf. arts. 512, 902, y 909 Cód. Civil.;; CNCom., esta Sala, in re: "Jinkus, Juan c/ Citibank N.A", del 15/06/2004; idem, Sala B, in re: "Del Giovannino, Luis G. c/ Banco del Buen Ayre", del 01/11/2000, LL y ED, diarios del 12/12/2000, conf. Benélbaz, Héctor A., "Responsabilidad de los bancos comerciales...").-
Consecuentemente, como principio, no es dable apreciar la conducta de la accionada con idénticos parámetros a los aplicables a un neófito, pues su actividad profesional debe ajustarse a un standard de responsabilidad agravada.-
En este sentido, el cliente de un banco usuario de sus servicios se haya colocado, frente a la institución, en una situación de consumidor y, como pauta interpretativa general, autorizada doctrina sostuvo que el art. 954 del Código Civil admite una nueva lectura, en cuanto al consumidor: la inexperiencia es la ineptitud negocial, la falta de habitualidad en el intercambio y la ligereza surge nítida en la sociedad actual. No es ocioso destacar que el proveedor de bienes o servicios en estos tiempos no puede alegar el desconocimiento de errores o defectos, ni escudarse en su falta de intención maliciosa.-
En tal línea de pensamiento, señala Mosset Iturraspe que el derecho del consumidor guarda relación íntima con el mercado y con sus "fallas"; cuanto mayor e importantes sean éstas, mayor será el rol que debe desempeñar como ordenamiento tuitivo (conf. CNCom., Sala B, in re: "Molinari Antonio Felipe c/ Tarrabuela Cía. Financiera S.A.", del 24/11/1999; conf. Mosset Iturraspe, Jorge, "Introducción al derecho al consumidor", en Revista del Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1996, Santa Fe, págs. 14 y 55, Doctrina Societaria, Ed. Errepar, Tomo XI, pág. 905).-
6.) El llamado "derecho al olvido".-
El artículo 26 de la ley N° 25.326 –publicada en el Boletín Oficial el 04/10/2000 y reglamentada por el decreto N° 1.558/2001, B.O. 03/12/2001-, ha consagrado en su inciso 4°, que "sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho".-
De tal forma, se receptó legislativamente el llamado "derecho al olvido", disponiendo que la limitación temporal en el tratamiento de los datos relativos a la solvencia económica financiera de las personas tiene como plazo máximo los cinco (5) años.-
Ha sostenido esta Sala que el "derecho al olvido" configura una limitación temporal para el acopio de la información crediticia de las personas, con el propósito de permitir la recuperación de aquel individuo que superó una situación adversa y procura reinsertarse en la actividad económica, circunstancia que resultaría prácticamente imposible si se permitiese que esta información se mantenga por un lapso indefinido de tiempo, ya que, como es de público conocimiento, es práctica generalizada que hoy en día, para efectuar cualquier solicitud de índole comercial, previamente, se suele requerir un informe crediticio de la persona en cuestión, obstaculizándose el acceso a créditos o la celebración de contratos en el caso de existir información negativa (conf. CNCom, esta Sala A, 30/09/2009, in re: "Yas Dardo Guido c/ Bankboston N.A. s/ Sumarísimo").-
Sentado ello, es posible sostener que este derecho tiene su principal fundamento en el hecho de que el mantenimiento de la información crediticia de un deudor en bancos de datos, cuando éste no ha incurrido en nuevos incumplimientos, lo perjudica en demasía, impidiéndole "volver a comenzar" (suerte de "fresh start") (conf. CNCom, esta Sala A, 30/09/2009, in re: "Yas...", op. cit.).-
7.) Procedencia del agravio.-
Hecho este encuadre de la acción de la que aquí se trata, como así también del obrar exigible a una entidad bancaria y del llamado "derecho al olvido", señálase que la presente demanda fue iniciada el 05/09/2007, siendo contestada por el emplazado con fecha 27/12/2007. En dicha presentación, Banco Francés afirmó que el accionante le adeudaba, al 05/01/1994, un pagaré no cancelado por un monto de $ 10.000, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, no obstante lo cual, efectuó una suerte de allanamiento tácito a la pretensión del actor al proceder –de conformidad con lo solicitado en el escrito de inicio- a dejar de informarlo en situación "5" por haber transcurrido los cinco años previstos por el artículo 26, inciso 4°, de la ley N° 25.326, gestionando la baja de Cusanelli en la base de datos de Organización Veraz S.A. –lo cual acreditó con el informe agregado a fs. 50- y comprometiéndose a hacer lo propio respecto de la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA. Respecto a esta última cuestión, sin embargo, se advierte que de la contestación brindada por el BCRA a fs. 96/103 surge que el actor fue calificado por el banco demandado como deudor moroso, por última vez, en noviembre de 2007, es decir, hasta el mes previo a la contestación de la demanda, por lo que el allanamiento podría reputarse efectivo, si bien ello no fue acreditado en la presentación referida.-
Habiendo quedado demostrado en autos que Banco Francés informó al actor como deudor con calificación "5" (incobrable) ante el BCRA desde abril de 2003 hasta noviembre de 2007 (ver fs. 96/103), esto es -como se vio más arriba-, cuando la ley N° 25.326 (B.O. 02/11/2000) que consagró el derecho al olvido ya se encontraba vigente, y siendo que, según lo informado por el propio demandado, la deuda reclamada databa del 05/01/1994 –si bien esto no fue probado en autos, ello no fue materia de agravio-, el plazo de cinco años previsto por la norma para hacer efectivo el derecho al olvido había transcurrido holgadamente al momento de iniciarse el presente proceso (05/09/2007), no obstante lo cual, el informe comercial negativo subsistió, contraviniéndose de esta manera la normativa vigente al respecto.-
Pues bien, el Sr. Juez de la anterior instancia declaró abstracta la presente acción de habeas data, al determinar que el demandado había demostrado haber rectificado la información que pretendía el actor con anterioridad al dictado de la sentencia, y desestimó la solicitud de que se condene al banco a notificar a cada una de las empresas que proveen información crediticia a efectos de que procedan a la actualización de sus antecedentes, por cuanto la normativa del BCRA nada ordena al respecto y en la base de deudores de éste, de la cual las entidades referidas extraen los datos para sus propias bases, el accionante ya no figuraba como deudor moroso. Finalizó aclarando que, en caso de que las aludidas empresas no procedieran a rectificar los datos cuestionados por el actor, éste podría proceder por la vía pertinente, si así lo creyera conveniente. Cabe señalar que se ha dicho -sin entrar en el debate doctrinario- que el habeas data y el amparo participan de la misma naturaleza jurídica, dado que el habeas data –como se ha visto-, procura la "reparación urgente del perjuicio" o la "cesación inmediata de los efectos del acto lesivo"; en el caso bajo estudio, ello se traduce en arbitrar los medios conducentes para rectificar los datos de las bases de las entidades de informes crediticios que, a todo evento, continúen identificando al actor como deudor moroso, lo cual no resulta sino una consecuencia del mantenimiento en el tiempo de la cuestionada calificación efectuada inicialmente por el banco demandado. En efecto, de presentarse eventualmente el supuesto aludido y seguirse la decisión criticada, se vería frustrada la finalidad de la acción, dilatando innecesariamente el mantenimiento de la calificación crediticia negativa de Cusanelli –con el consiguiente perjuicio que ello podría acarrear- y obligándolo a iniciar un nuevo proceso de habeas data contra la/s empresa/s que mantuviera/n un dato desactualizado sobre su persona originado en el mismo informe que aquí se analiza y fuera mantenido por Banco Francés –como se vio- excediendo el plazo máximo permitido por la norma, violando su obligación de obrar con prudencia y conocimiento de su actividad profesional e impidiéndole al actor la posibilidad de volver a empezar, que propugna el "derecho al olvido", al obstaculizarle la celebración de contratos o el acceso al crédito.-
En consecuencia, y toda vez que en autos no se ha probado que las distintas bases de datos comerciales hayan procedido a rectificar la calidad de deudor en categoría "5" de Cusanelli que fuera informada en su momento por la entidad demandada, con excepción de las pertenecientes a Organización Veraz S.A. (ver fs. 50), Nosis Laboratrio de Investigación y Desarrollo S.A. (ver fs. 85/87) y el BCRA (ver fs. 96/103), corresponde hacer lugar al agravio vertido por el quejoso, por lo que cabrá que Banco Francés o el accionante, en su defecto, notifiquen dicha situación a las empresas que el último de los señalados indique que mantienen la inscripción desactualizada.-
8.) Régimen de imposición de costas.-
Habida cuenta que lo aquí expuesto determina la modificación –aunque más no sea parcial- de la sentencia de grado y que esa circunstancia impone adecuar la distribución de costas efectuada en la anterior instancia, corresponde que este Tribunal se expida nuevamente sobre el particular, en orden a lo previsto por el artículo 279 del CPCCN.-
Sentado ello, recuerdo que el principio general en esta materia es que la parte vencida en el juicio deba pagar todos los gastos de la contraria, pues éstos son corolario del vencimiento y se imponen no como sanción sino como el resarcimiento de los gastos causídicos que debe reembolsar el vencido (conf. CNCom., esta Sala A, 01/09/1987, in re: "Iglesias Enrique c/ Pianotours S.R.L."; idem, 28/04/1989 "Servigas del Interior S.A. (en liquidación) c/ Agip Argentina S.A. s / Ordinario").-
La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunidades que el artículo 68 del CPCCN consagra el principio del vencimiento como criterio rector en materia de costas, el cual encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota, de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (CSJN, Fallos, 312:889, entre muchos otros).-
En este marco conceptual, no puede sino concluirse en que las costas de primera instancia deben ser impuestas al demandado, en atención a que su conducta motivó que el actor promoviera la presente demanda para lograr la rectificación de los datos informados (arts. 68 y 70, inc. 1°, CPCCN).-
Respecto a las costas de Alzada, también corresponde imponerlas al requerido, en su condición de vencido (art. 68, CPCCN).-
9.) Por todo ello, esta Sala RESUELVE:
a. Admitir el recurso interpuesto por la parte actora;
b. En consecuencia, modificar la sentencia apelada, ordenándose al demandado efectuar las notificaciones previstas en el punto 7;;
c. Imponer las costas del proceso, tanto en esta como en la anterior instancia, del modo establecido en el punto 8.-
Devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso con copia de la presente resolución. La Señora Juez de Cámara Dra. Isabel Míguez no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).//-
Fdo.: María Elsa Uzal, Alfredo Arturo Kölliker Frers
Ante mí: Valeria C. Pereyra, Prosecretaria de Cámara
0 comentarios :
Publicar un comentario