A las empresas, les resulta cada vez más dificultoso probar ante los tribunales que el despido de un empleado realmente respondió a una justa causa.
En la Justicia, se evidencia una marcada tendencia a interpretar restrictivamente las pruebas aportadas en el marco de un juicio laboral, lo cual termina traduciéndose en un incremento del resarcimiento previsto -inicialmente- por la compañía al momento de disponer una cesantía.
